Transparencia en España

El Ministerio de Defensa tendrá que divulgar sus gastos en publicidad institucional, según acaba de determinar un juzgado de Madrid que desestima el recurso que presentó este departamento contra una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Este es el primer caso de trasparencia sobre las campañas publicitarias de los ministerios que se resuelve en los tribunales. Hay otros siete pleitos abiertos en diferentes juzgados pendientes de sentencia.

El ministerio de Fátima Báñez ha llevado a los tribunales al Consejo de Transparencia para ocultar esta información. De los 67 juicios de este tipo, 46 han sido iniciados por la Administración
Por Jesús Escudero

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha instado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a facilitar a la Asociación de Internautas información sobre los estudios realizados para determinar el daño causado por la copia privada entre 2012 y 2015, según ha informado la entidad en un comunicado.

El Consejo de Ministros ha acordado destinar ese dinero a "mejoras informáticas" en el ámbito de la Justicia
Es la respuesta de Rafael Catalá a la crisis que abrió el fallo informático de LexNet, que dejó al descubierto miles de documentos judiciales
Las demandas de jueces, fiscales y abogados siguen sin abordarse: no se simplifican aplicaciones ni se aleja al Ministerio del control de los servidores

La reorganización de la estructura ministerial traslada las competencias sobre transparencia y gobierno abierto del Ministerio de Presidencia al de Hacienda y Función Pública, concretamente a la Dirección General de Gobernanza Pública (artículo 16), dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública (artículo 13), 

Documento consolidado BOE-A-2017-9012

Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

"Artículo 13. Secretaría de Estado de Función Público: (...)

ñ) El fomento de los programas de atención al ciudadano y la gestión del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.

o) el impulso, la coordinación y el seguimiento de los planes de gobierno abierto, en iniciativas orientadas al desarrollo de los principios de la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la colaboración.

p) La coordinación de las unidades de información de la Administración General del Estado previstas en el artículo 21 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Dictar, de forma conjunta con la Subsecretaría del departamento, indicaciones para la dinamización e impulso del derecho de acceso."

Por supuesto, con toda esta barbaridad, sin precedentes en ningún sistema digital, las redes arden, todo el mundo exige explicaciones, pero el Ministro está de vacaciones.

MELCHOR SAIZ-PARDO. MADRID / COLPISA 04/08/2017 05:00 H
Los fallos de seguridad en los sistemas informáticos del Ministerio de Justicia se han convertido en la pesadilla de este verano de su titular, Rafael Catalá. A las críticas prácticamente unánimes de todos los operadores jurídicos sobre LexNet (el sistema de intercambio de información entre los abogados y los tribunales) se han sumado las peticiones urgentes de explicaciones en el Congreso y, desde ayer, las reclamaciones de «dimisiones» por parte del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia de los responsables de que LexNet dejara la semana pasada sin protección datos y documentos de los sumarios que se instruyen en toda España.

No es siquiera la primera vez que el Gobierno pleitea contra el Consejo de la Transparencia –otro órgano nombrado por el propio Gobierno– para esconder información que debería ser pública. Desde que entró en vigor la ley de Transparencia, el Gobierno ha presentado 37 recursos en la Audiencia Nacional ante 37 preguntas cuyas respuestas el Ejecutivo prefiere no contestar.

eldiario.es pidió el listado de modificaciones de contratos de obra del Ministerio de Fomento para conocer en qué proyectos se multiplicaron los costes sobre el precio de adjudicación
El Consejo de Transparencia (CTBG) ha dado la razón a este medio y asegura que la ley obliga a publicar los sobrecostes en adjudicaciones de obra pública
Ahora, el Gobierno acude a los juzgados para mantener ocultas las modificaciones de contratos de obra adjudicados desde 2008

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Aecoc, la asociación empresarial que reúne a más de 27.000 empresas de la industria y la distribución, han firmado un acuerdo de colaboración, que estará vigente hasta el fin de 2020, para dotar de más competitividad y transparencia al sector agroalimentario español.

El Ministerio de Presidencia, que impulsó la ley de Transparencia, insiste en ocultar sus políticas sobre Gobierno Abierto a pesar de su derrota inicial en los tribunales
Una sentencia judicial le obligó a ser transparente y publicar documentos relacionados con la aplicación de planes de mejora administrativa
El Gobierno ha presentado hasta el momento 48 recursos en los tribunales para no revelar solicitudes amparadas en la Ley de Transparencia
Por Raúl Sánchez

Hasta ahora, sólo han trascendido algunos nombres gracias a procesos judiciales, un puñado de sentencias e investigaciones periodísticas como las de Los Papeles de Panamá y Los Papeles de la Castellana. El resto los mantiene bajo llave el Gobierno, que se ha negado reiteradamente a publicar el listado y recurrió en la Audiencia Nacional (ganó) la resolución del Consejo de Transparencia que le obligaba a dar a conocer, al menos, qué sociedades se beneficiaron de la amnistía. Transparencia se negó a seguir pleiteando para evitar que el Supremo sentase jurisprudencia y Hacienda se salió con la suya. La lista sigue bajo llave.

eldiario.es pidió esta información al Portal de Transparencia para saber si el reparto de dinero se hace de forma objetiva o el gobierno beneficia a algunos medios de comunicación

El Consejo de Transparencia (CTBG) ha dado la razón a este medio y resuelve que el interés público por conocer el reparto de publicidad está por encima de cualquier otro

Ahora, 8 de los 13 ministerios van a poner una demanda por lo contencioso administrativo en la Audiencia Nacional para esquivar la resolución que les insta a dar a estos datos"

Por Raquel Ejerique y Raúl Sánchez

El concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Roque Ortiz, ha agradecido al presidente de Adif, Juan Bravo, la "plena disposición al diálogo" que ha quedado patente en su visita de este viernes a Murcia, en la que el AVE "se ha sometido hoy a una jornada de diálogo, participación y transparencia inédita hasta ahora" y que "ha servido para despejar hasta la última duda que pudiera existir acerca de su próxima llegada soterrado a la ciudad".

El secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, y la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, han firmado un protocolo de colaboración entre ambas instituciones para promover la difusión, sensibilización y formación en la cultura de la transparencia entre el alumnado de Educación Primaria y Secundaria de los centros docentes del sistema educativo español y su profesorado.

"Un ciudadano presentó una solicitud de acceso a la información dirigida al Ministerio del Interior que tenía por objeto conocer información relativa a su entrevista personal en el proceso selectivo convocado por resolución de la Dirección General de la Guardia Civil."

La DG estimó dar acceso parcial a la información, lo que recurrió el solicitante ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que estimó su recurso e instó al Ministerio a dar la información solicitada, resolución que fue recurrida por el Ministerio ante el Contencioso.

El recurso del Ministerio del Interior contra la resolución del CTBG fue desestimado por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº10 en sentencia 159/2016. Posteriormente, la sala séptima de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional desestima también la apelación del Ministerio contra la sentencia.

Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (3278 KB · pdf)

Sentencia nº 159/2016 del Juzgado Central contencioso-administrativo nº10 (372 KB · pdf)

Sentencia en apelación nº 10/2017 de la Sala de lo contencioso-administrativo sección 7ª de la Audiencia Nacional (4641 KB · pdf)

El Ministerio de Fomento ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra una resolución del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno que le insta a publicar el reparto de complementos de productividad en 2015 entre los empleados del Ministerio con mayor nivel jerárquico, la mayoría puestos de confianza y de libre designación.

El abogado del Estado argumenta que el CTBG no tiene competencias para obligar a que se entregue una información.

Presenta un recurso a la sentencia que le obligaba a identificar a los pasajeros de los aviones oficiales.

Por Eva Belmonte y Miguel Ángel Gavilanes.

"Y finalmente hubo fumata bianca. Un nuevo gobierno y algunos nuevos ministros. Los desafíos siguen siendo los mismos. La Transformación Digital de un país. La prórroga ha terminado y el tiempo apremia. Uno de los ministerios más interesantes desde el punto de vista económico no es ni el de Hacienda ni el de Economía, curiosamente será el de Energía, Turismo y Agenda Digital de Alvaro Nadal. Precisamente por ese último apellido."

La Fundación Hay Derecho insiste y el Ministerio se resiste a facilitar tres de los siete nombrados por Fernández Díaz sin ser miembros de la Policía.
Se excusa en el derecho a la intimidad o en que cuatro meses después no se le había comunicado el reconocimiento a uno de ellos.
La iniciativa de Hay Derecho surgió al desvelar eldiario.es que el ministro hizo comisario honorario al director de La Razón, Francisco Marhuenda.

Los detalles de la amnistía fiscal continuarán siendo secretos, al menos a corto plazo. La Justicia se ha opuesto a la publicación de las sociedades extranjeras declaradas en los modelos 720 y 750, anulando una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en la que instaba a la Agencia Tributaria a ello.

"Debo reconocer que el Real Decreto de reestructuración de los departamentos ministerialesno me ha dejado indiferente. Siempre desde la óptica de la administración local y la administración electrónica, y con la presunción de inocencia por delante porque, como dicen los locutores deportivos, “queda mucho partido”, solo puedo afirmar que se vislumbra poco respeto por la autonomía local; y ninguno por el nuevo empleo público, directivo, integrador e innovador, que siempre defendemos."

El BOE de 4 de noviembre publica el Real Decreto de reestructuración de los departamentos ministeriales https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/04/index.php?t=c. Su alcance –como corresponde a este tipo de normas organizativas- es limitado, pues solo alcanza a enumerar los departamentos que el Decreto de la Presidencia del Gobierno crea, define genéricamente sus funciones y determina las Secretarías de Estado asignadas a cada uno de ellos. De tan parca información, no obstante, se pueden extraer algunas primeras constataciones e hipótesis por lo que afecta a cómo quedan en la agenda política del nuevo gobierno los asuntos concernientes a Administración y Función Pública. Veamos.

Tras meses de zozobra e incertidumbre política, las aguas vuelven a su cauce aparente. No podía haber más contraste entre las enormes expectativas generadas por el realineamiento político y electoral de los últimos tres años y la fotografía del nuevo Consejo de Ministros tras la toma de posesión de sus miembros.

Álvaro Nadal, hasta ahora jefe de la Oficina Económica de la Moncloa, es el nuevo ministro de Energía, Turismo y ... Agenda Digital. Desaparece de la cartera que ocupó José Manuel Soria la legislatura pasada la responsabilidad sobre Industria (que hereda ahora Luis de Guindos en Economía) y se añade ahora el término Agenda Digital, nuevo en la nómina ministerial pero utilizado por el Gobierno de Rajoy desde el año 2012.