Transparencia en España

Se incorporan expertos de fuera de la cámara y se hará un convenio con el ente de transparencia de la Generalitat
Núria Orriols
BarcelonaUna de las cuestiones que puso en evidencia el caso de las licencias por edad en el Parlament -destapado por el ARA- es que el sistema de transparencia falló: la cámara tardó nueve meses en entregar la información solicitada por este diario sobre el dinero que se destinaba a pagar a funcionarios que ya no trabajaban. Es por eso que una de las cosas que acordó la mesa es que la vicepresidenta segunda y diputada del PSC, Assumpta Escarp, prepararía un informe y propondría una remodelación del sistema de transparencia para mejorarlo. Y así lo ha hecho: este miércoles la mesa del Parlament ha acordado por unanimidad el primer cambio en el sistema actual con el objetivo de que la cámara tenga unas "normas propias" y no se generen "dudas".

El Síndic de Greuges ha constatado que hay una "cifra inaceptablemente alta" de solicitudes de acceso a la información que quedan sin respuesta --unas 2.000-- y ha insistido en crear unidades de información y adaptar el procedimiento de acceso para contribuir a mejorar estos datos.
Se trata de una de las conclusiones del 'Informe anual sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno' de 2021 que ha presentado el Síndic de Greuges este lunes en el Parlament, ha explicado el organismo en un comunicado.

Elisabet Samarra, presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, ens ha explicat com funciona el seu departament.

Miguel Àngel Gimeno se pone a disposición del Parlament para ayudar en la crisis desatada por el acceso a la información pública sobre las licencias de edad.

Las garantías de la transparencia en la gestión del Parlament se escapan del control que la ley encarga al Síndic de Greuges o a la Comisión del Derecho de Acceso a la Información Pública. La Oficina Antifraude es la otra entidad con esa potestad en la Administración y su director, Miguel Ángel Gimeno (Binèfar, Huesca 71 años), se pone a disposición de la presidencia de la Cámara para ayudar en la actual crisis interna. Una simple petición de información pública sobre condiciones laborales ha hecho tambalear todo el sistema interno de transparencia del Parlamento.

Desde que en julio de 2008 se creara la posibilidad de acceder a la licencia por edad en el Parlament, se han concedido 62 solicitudes de este régimen especial que permite cobrar sin trabajar. Según datos entregados por la misma cámara catalana en el marco de la petición de transparencia que hizo el ARA, se autorizaron siete durante la presidencia de Ernest Benach, cuando empezó el sistema especial, y a partir de aquí han ido aumentando de forma exponencial: se dieron catorce con Núria de Gispert, once con Carme Forcadell y hasta dieciocho durante el mandato de Roger Torrent. Durante este 2021, con la presidencia de Laura Borràs, se han concedido 12, a pesar de que no se están ejecutando, puesto que la mesa ha decidido acabar con este régimen especial y estudia si las puede revertir después de que el ARA destapara el lunes que el Parlament destina 1,7 millones de euros anuales a retribuir a 21 funcionarios que ya no trabajan.

El exletrado mayor del Parlament pidió su dimisión el pasado 23 de diciembre de dicha comisión por las injerencias de otros entes en su labor
Laura Fàbregas
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha anunciado esta mañana en una entrevista en TV3 la dimisión de tres miembros del órgano de Transparencia de la Cámara catalana. Se trata de Antoni Bayona, ex letrado mayor del Parlament, la letrada Anna Casas y Blanca Martínez, jefa del área de archivo gestión documental. Los tres eran miembros de la comisión de acceso a la información pública, pero tras las injerencias de la dirección de estudios parlamentarios, presidida por Rosa Felicitat Escrihuela, han optado por abandonar el ente.

La Mesa del Parlament ha amonestado al Govern por ocultar información solicitada por Ciudadanos. Se trata de una medida sin precedentes que pone de manifiesto la opacidad de la Generalitat respecto al gasto público en general, y de los viajes de los altos cargos en particular.
La Mesa ha adoptado esta decisión durante una reunión donde se ha analizado la petición de amparo de la diputada de Cs, Susana Beltrán, quien se dirigió al Govern para pedir información sobre el viaje que el exconsejero de Acción Exterior, Alfred Bosch, realizó a Estados Unidos y Gran Bretaña.

La presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública lliurant la memòria al president
El president, Roger Torrent, ha rebut avui de mans de la presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), Elisabeth Samarra, la memòria anual d'aquest òrgan, que el 2017 va rebre prop de 500 reclamacions noves i en va resoldre 629.
La GAIP és l'òrgan de garantia creat per la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per atendre les reclamacions que qualsevol persona pot plantejar si considera que les administracions catalanes o els seus sectors públics no han atès adequadament la seva sol·licitud d'informació pública.
Des que es va constituir, el juliol del 2015, la comissió ha rebut 1.330 reclamacions: 44 el 2015; 561 el 2016; 496 el 2017, i 273 fins al 25 de juliol d'enguany. D'aquestes 1.330 reclamacions, ja n'ha resolt 1.094.

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha lliurat avui al president, Roger Torrent, el tercer Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquest informe avalua anualment el compliment de la llei sobre aquesta matèria, aprovada al final del 2014, i recull recomanacions per millorar-ne l'aplicació.
En conferència de premsa, Ribó ha explicat que l'informe, amb data d'aquest mes, evidencia un "alentiment general en el compliment" de la llei, "malgrat que hi ha avenços concrets".