Transparencia en España

El sindicato ha explicado que en La Rioja, el análisis realizado en el último trimestre de 2019 en contratación pública refleja una caída de un 26 % entre el precio de licitación y el de adjudicación.

La Federación de Construcción y Servicios de CCOO ha creado el Observatorio Sectorial de la Contratación Pública para realizar un seguimiento sobre los pliegos de licitación, mediante la identificación del precio de partida al que sale cada servicio licitado y el precio final por el que se concede.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha trasladado al consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, una propuesta con ocho asuntos para mejorar la transparencia en materia de Función Pública en una nueva etapa en la Junta en la que el sindicato desea «aire fresco» en la gestión y «renovadas actitudes».
CSIF ha reclamado «más claridad» y acceso a la información en cuestiones como las relaciones de puestos de trabajo (RPT), las comisiones de servicios, las promociones internas temporales, la Mesa General de Negociación de los empleados públicos, la productividad y gratificaciones extraordinarias (bufandas), el
personal temporal e interino, la falta de convocatorias de bolsas abiertas y permanentes o las retribuciones de alta dirección.

El 28 de septiembre de 2018 el Sindicato de la Administración Pública (SAP) fue el primer sindicato español en firmar la Declaración de Cádiz sobre Transparencia. El objetivo de esta declaración es promover la cultura de la transparencia en España como herramienta para la mejora de las instituciones y de la actuación pública, en beneficio de todos los ciudadanos de nuestro país.
El SAP lleva trabajando en transparencia y apertura de las instituciones muchos años y siguiendo esta línea queremos promover la Transparencia en la Universidad y la adhesión de los candidatos a Rector en la UCM, los sindicatos universitarios, de toda la comunidad Universitaria y de cualquier ciudadano que quiera adherirse a ella.

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha informado en un comunicado de prensa que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía le ha dado la razón para que la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir que gestiona los hospitales de Montilla, Puente Genil y Peñarroya en la provincia de Córdoba, así como varios hospitales también en la provincia de Jaén, entre ellos el Hospital de Andújar, publique en el plazo máximo de un mes, la relación detallada nominalmente de las personas aspirantes a la bolsa de empleo de dicha agencia. Así mismo deberá contemplar dicho listado cuatro cifras numéricas aleatorias del DNI de cada aspirante, cosa que no ocurre hasta la fecha, lo cual genera serias dudas acerca de la transparencia y legalidad en la oferta de empleo temporal de dicha Agencia Sanitaria.

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado miércoles el Sistema de Integridad Institucional y uno de los elementos que lo componen, el código de conducta para los altos cargos. Sin embargo, otro de los pilares de dicho programa, el código de conducta de los empleados públicos, tendrá dificultades para salir adelante a causa del rechazo frontal de los sindicatos.
Fuentes de la Consejería, cuya titular, Noelia Arroyo, dimitió el pasado miércoles para centrarse en su candidatura a la alcaldía de Cartagena por el PP, indicaron tras el Consejo de Gobierno que hay conversaciones con las organizaciones sindicales sobre el código ético de los funcionarios, y que se trabajaba también para la pronta puesta en marcha del buzón ético de denuncias y el registro de grupos de presión, otros elementos del Sistema de Integridad.

El director general de Participación Ciudadana, José Luis García Gascón, y los representantes de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, Raquel Payo, secretaria de Política Institucional y Salud Laboral; y Javier Ortega, secretario de Organización y Finanzas; han mantenido una reunión de trabajo, a petición del sindicato, sobre la Ley de Participación Ciudadana que está en pleno proceso participativo.

Se plantea esta importante cuestión a raíz de la Sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en su Sentencia nº 101, de fecha 3 de julio de 2017, que considera que los representantes legales de los trabajadores no tienen derecho a obtener un copia íntegra del contrato suscrito entre dos entidades públicas al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIPBG).
Los hechos fueron los siguientes. Los sindicatos UGT, CCOO y USO presentaron demanda de conflicto colectivo contra la entidad pública empresarial ENAIRE y la sociedad pública AENA, S.A., solicitando que se dictase sentencia en la que se reconozca el derecho de los representantes legales de los trabajadores a que les sea entregado una copia completa, con sus anexos, del Acuerdo de Prestación de Servicios de navegación Aérea suscrito entre ENAIRE y AENA, S.A. con vigencia de 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2021.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha dado la razón al Sindicato General de Trabajadores de Extremadura (SGTEx) en su reclamación a la Consejería de Medio y Rural, Políticas Agrarias y Territorio sobre el estado de los vehículos d

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que depende del Parlamento de Canarias, insta al Ayuntamiento de Icod de los Vinos a entregar la información pública solicitada, sin éxito, por el funcionario y delegado sindical de STAP Canarias en el consistorio, Justo Caridad.

Renfe-Operadora se ha opuesto al mandato del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) para publicar el salario del personal directivo no sujeto al convenio colectivo que trabaja en la compañía. La entidad pública empresarial llevará a los tribunales del Contencioso-Administrativo la resolución del Consejo de Transparencia para evitar publicar esa información.
La solicitud de acceso a la información, presentada por el sindicato CGT-Sector Federal Ferroviario al amparo de la Ley de Transparencia, requería a Renfe los salarios de los directivos cuyos contratos y emolumentos no están fijados por el convenio colectivo de la empresa. A día de hoy, se desconoce cuántos empleados (en CGT estiman "al menos 800 personas") se encuentran bajo este rango y a cuánto ascienden sus salarios, así como las cláusulas a las que están sujetos.

   La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado "la falta de una reglamentación objetiva y transparencia" en la concesión de las comisiones de servicio para cubrir ciertos puestos vacantes en la administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha emitido una Resolución a la reclamación interpuesta por la Federación de Empleadas y Empleados Públicos (FeSP) de UGT Almería contra el Ayuntamiento de Almería, por la que obliga al consistorio a facilitar parte de la información y documentación que la organización sindical viene solicitándole desde hace meses.

La Ley 19/2013 de Transparencia se aplica a todas las administraciones públicas y a todo el sector público estatal, así como a otras instituciones, como son la Casa de Su Majestad el Rey, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, los sindicatos y las organizaciones empresariales.

Actualmente, todas esas instituciones publican sus cuentas actualizadas en sus respectivas webs, excepto CC.OO. y UGT, según ha comprobado este periódico tras analizar más de sesenta portales de partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Así sucede con la CEOE, el sindicato de funcionarios CSIF y la mayor federación de trabajadores autónomos ATA.

"Da la razón de nuevo al Sindicato Independiente de la Policía Local de Jerez por la denegación de información pública
Comunicado del SIP:

..."

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado que el reglamento de la Generalitat que desarrolla la Ley de Participación y Colaboración Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales discrimine a los sindicatos minoritarios. No obstante, sí anula un artículo.
De esta forma, el TSJCV, en una sentencia de 19 de julio, estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por CSI·F, USOCV, Intersindical Valenciana y Sindicato Independiente (SI) contra varios artículos del reglamento sobre la Ley de Participación.

El secretario de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, ha anunciado la creación este mismo año de un portal de transparencia del propio sindicato para dar a conocer tanto a los afiliados como a la sociedad en general el destino de las subvenciones públicas que recibe la organización.

En una entrevista a la agencia Europa Press, el secretario regional de UGT ha apostado por avanzar más en democracia interna para dar respuesta de este modo a una de las principales demandas de la sociedad. "Hay que ser más transparentes de lo que se ha sido hasta ahora", ha admitido el líder regional de UGT, que ha asegurado que el sindicato trabaja ya para ser más transparente, especialmente en todo lo que concierte a las subvenciones públicas.

La dirección confederal de laUnión General de Trabajadores ha puesto en marcha nuevas actuaciones en materiade transparencia, que empezarán a ser visibles a finales de año, y cuyo objetivo es poner a disposición de los ciudadanos información completa enrelación a los recursos públicos que reciben y gestionan todas las estructurasdel sindicato a través de convenios, programas o subvenciones, así como denuestra actividad.
Así lo ha avanzado elSecretario de Organización de UGT, Rafael Espartero, durante su intervención enel seminario “Transparencia en sindicatos y organizaciones empresariales”organizado por Transparencia Internacional y el Consejo de Transparencia y BuenGobierno con el objetivo de analizar la implementación de las obligaciones dela Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno a este tipo de organizaciones.