Transparencia en España

El balance 2018 sobre el grado de implantación de la transparencia en el Sector Público Vasco concluye que el Gobierno ha realizado “profundos avances” hasta ofrecer, en la actualidad, una información de “calidad, precisa, completa, actualizada, contextualizada, relevante y abierta” a la ciudadanía
El informe destaca que como hito 2018 la incorporación de Euskadi a la Alianza Internacional por el Gobierno Abierto (OGP), lo que permite alinear la forma y el modo de abrir los gobiernos, interactuar con la ciudadanía y promover la Gobernanza colaborativa 

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde, en su reunión de hoy, al “Informe de Balance 2018 sobre el grado de implantación de la transparencia en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su Sector Público”. Es el cuarto año que el Gobierno Vasco elabora este documento, dando, así, cumplimiento al compromiso adquirido el 13 de enero de 2015, cuando aprobó el conjunto de medidas para regular el acceso a la información pública, la publicidad activa y el avance de la cultura de la transparencia y el buen gobierno. 

La comunitat de reutilitzadors i altres perfils professionals que treballen a partir de dades obertes creix constantment a l'Administració catalana, a mesura que s'aprofundeix en les seves aplicacions a diferents àmbits. Les sessions #Cafèamb Dades, que en fomenten el coneixement i l’ús, mostren la potencialitat de creixement d'aquest nou sector que ja s'anomena la quarta revolució industrial.

“El intercambio de datos es un facilitador clave del crecimiento, el empleo y la competitividad para Europa, así como para el Mercado Único Digital previsto por la Unión Europea. (..) Reutilizar datos puede ahorrar costes, tiempo y vidas”. Así comienza el nuevo informe del European Data Portal (EDP), Analytical Report 12: Business-to-Government Data Sharing, cuyo objetivo es fomentar el suministro de datos del sector privado a organismos públicos (Business to government en inglés o B2G) en condiciones preferenciales para su reutilización.

A través de este formulario podrás inscribirte en el Concurso de Reutilización de Datos abiertos.

Bases en este enlace

En el marco de su estrategia para el impulso de la reutilización de patrimonio digital, y con el apoyo de Red.es, la Biblioteca Nacional de España (BNE) ha desarrollado en el último año una línea específica de trabajo de análisis, apertura y publicación de los datos que genera, en formatos abiertos y reutilizables y siguiendo políticas y estándares RISP (Reutilización de la Información del Sector Público). Como resultado, ya están disponibles en datos.gob.es (y con ello también en el Portal Europeo de Datos) 137 conjuntos de datos, bibliográficos e institucionales, de gran valor tanto para bibliotecas como para investigadores y reutilizadores en general.

Las negociaciones entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea para la revisión de la Directiva sobre datos abiertos e información del sector público, conocida como Directiva PSI, han llegado a su fin con un acuerdo por el que se facilitará la disponibilidad y la reutilización de los datos del sector público.
(...)

Fuente original de la noticia (Comisión Europea)

10ª Conferencia Internacional de Reutilización de Información del Sector Público
Agencia Española de Protección de Datos
Madrid, 23 de Octubre de 2018

Como hemos apuntado, en nuestro ordenamiento, el uso privado de documentos, información o datos en poder de la administración y organismos públicos está regulado en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

Esta Ley, que ya había sido objeto de una modificación anterior para adaptarla a la Directiva 2013/37 de reutilización de documentos del sector público y a la propia Ley 19/2013 de transparencia, y que ahora, recientemente, ha sido modificada por la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que recordemos entrará en vigor el próximo 9 de marzo de 2018 y con ella, esta nueva modificación cuyo alcance comentamos hoy. 

La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aunque en la mente de la mayoría sea un instrumento de detección y prevención de la corrupción, es un instrumento más a disposición de las administraciones públicas y las empresas de un territorio para crear inteligencia y, por ende, riqueza y desarrollo territorial. Para que ello ocurra, solo se debe aprovechar y explotar la información y los datos contenidos en los sistemas de información y en los documentos que forman parte de los expedientes administrativos. ¿Se está aprovechando y explotando la información? ¿Cómo se logra? ¿Qué se está haciendo? 

Quien me conozca al menos un poco sabe que tengo una obsesión casi enfermiza por los datos que se generan en el Congreso de los Diputados y su forma de publicarlos. Puede parecer poco pero llevo desde 2012 repensando formas de reutilizar dichos datos con el objetivo de mejorar la forma en la que la ciudadanía se mantiene informada sobre el principal foco de debate parlamentario en nuestro país: el Congreso de los Diputados.

Cada vez hay más datos disponibles online (el famoso “open data” en inglés). Muchos de ellos están siendo liberados por organismos públicos (ayuntamientos, gobiernos regionales, estatales,…) pero también por empresas privadas. Un ejemplo, el portal de datos europeo tiene más de 400.000 fuentes de datos abiertos registradas.

De hecho parece que cada institución, por pequeña que sea, tiene que crear su propio portal de datos abiertos para mostrar lo bien que cumplen con sus promesas de transparencia con la ciudadanía. Hasta aquí todo bien. El problema es que hay muchos datos abiertos pero nadie que los sepa utilizar.

De acuerdo con todo lo anterior, destacamos las siguientes normas en proyecto (incluimos las del llamado Derecho Digital, por su conexión con la administración electrónica, las normas presupuestarias y financieras, y las normas sobre empleo público), así como los objetivos principales de cada una:

Datos del dereho de acceso a la información pública correspondientes al mes de agosto de 2017. 
Acceda a los todos los datos en formato XLS   Descargar en formato ODS
También puede descargarse el informe completo en formato PDF
Para más información acceda al Portal en cifras.

El Consell ha aprobado el decreto que desarrolla la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana en materia de transparencia.
Este decreto regula aspectos de la Ley como es el caso de las obligaciones de publicidad activa, el derecho de acceso a la información, el régimen de reclamaciones y el régimen sancionador en materia de transparencia.
A su vez, incorpora ciertas novedades que amplían la ley. Incluye una regulación específica de las condiciones de reutilización de la información pública, la organización administrativa de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental en materia de transparencia y, en especial, la regulación del Consejo de Transparencia encargado de garantizar el derecho de acceso a la información, de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y garantizar y promover la observancia de las disposiciones de buen gobierno. 

El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOGV aunque, dada la complejidad técnica que implica, los órganos directivos competentes en materia de transparencia y de sistemas de información y comunicaciones planificarán de manera coordinada el despliegue de todas estas medidas.

Con algunas décadas de diferencia respecto a otras democracias, en España desde hace tres años tenemos legislación para asegurar la transparencia y el acceso a la información pública. A nivel estatal también disponemos de una ley de reutilización de la información pública, para la cual el acceso a la información es clave. ¿Cómo se está implantando la transparencia y la reutilización de la información en las administraciones públicas? ¿Se está obteniendo el beneficio económico que las leyes indican? ¿Qué problemas están surgiendo? " 

Montserrat Garcia Alsina. Professora d'Informació i Documentació de la UOC