Transparencia en España

Ambas entidades dan la razón a la central sindical y reconocen la “opacidad” y las “dificultades” por parte de la entidad para acceder a información pública, por lo que elevarán a Les Corts un informe negativo
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha obtenido el aval tanto del Consejo Valenciano de Transparencia como del Síndic de Greuges para que el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón le entregue diversos documentos pendientes desde 2021. Entidades que, a su vez, reconocen en sendos informes la “opacidad” demostrada por parte del Consorcio, así como las “dificultades” que ha interpuesto a la hora de permitir el acceso a información de carácter público.

El organismo de control falla a favor de un tutor y reprocha a Educación que «parece olvidar la importante misión que desempeña la conformación de una opinión pública informada, crítica y activa»

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha fallado a favor del Ayuntamiento de Benidorm que recurrió la resolución del Consejo de Transparencia de la Generalitat que le obligaba a elaborar un listado sobre el estado de las licencias de los comercios de la localidad. La sentencia, a la que ha tenido acceso Alicante Plaza, señala como uno de los motivos las dificultades del Consistorio para filtrar estos datos. Se trata de la misma petición –y el mismo solicitante– que se hizo sobre los hoteles de Benidorm, para lo que sí que se llegó a entregar esta documentación, como ha venido contando este diario.

El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana ha instado al Ayuntamiento de Benejúzar a que incoe el procedimiento sancionador contra el o los responsables de la posible comisión de faltas graves o muy graves por el incumplimiento reiterado de la obligación de suministro de información pública a los concejales del Grupo Popular desatendiendo el requerimiento expreso del Consejo. Solicita además al Ayuntamiento que comunique al Consejo el resultado del procedimiento sancionador incoado, tal y como establece la resolución del Consejo de Transparencia de fecha 28 de enero de 2022.

Los responsables del Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana se les agota la paciencia con el Ayuntamiento de Santa Pola. Lo dijo su presidente, Ricardo García Macho, en una entrevista a Plaza, y lo confirma en la última resolución remitida al consistorio, al que insta, de una vez por todas, a iniciar el procedimiento sancionador contra el o los responsables de la posible comisión de faltas graves o muy graves por no facilitar la información solicitada por particulares o grupos políticos.

El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana ha instado al Ayuntamiento de Santa Pola a que incoe el procedimiento sancionador contra el o los responsables de la posible comisión de faltas graves o muy graves expresada por no facilitar el acceso a un expediente administrativo, tal y como había reclamado reiteradamente el portavoz socialista, Lorenzo Andreu. En concreto, se refiere a un expediente administrativo sobre el pago de horas extraordinarias a agentes de la Policía Local en julio de 2019, al poco de acceder el nuevo equipo de gobierno formado por ediles del Partido Popular.

La EMT asegura que este órgano no ha tenido en cuenta sus alegaciones y que existe un "defecto de forma muy grave" porque se dictó antes
El Consell de Transparencia ha requerido a la Empresa Municipal de Transportes de València (EMT) que entregue al PP más de 21 bloques de información que suponen más de un centenar de documentos en el plazo de 30 días, según ha informado el grupo municipal 'popular' en un comunicado.
De esta forma, el Consell de Transparencia ha resuelto a favor de los concejales del PP Carlos Mundina y Marta Torrado, por su reclamación al no facilitar información a su grupo. La resolución estima parcialmente la reclamación del PP ya que deja fuera cinco bloques de un total de 26 de documentación que se pidió una vez presentada la reclamación ante el Consell de Transparencia. Estos cinco bloques deberán tramitarse en una nueva reclamación.

«El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig deberá completar en tres meses la información que falta, colocarla en el espacio de la Transparencia para evitar su dispersión en otros espacios de la web municipal y actualizar los datos existentes en cumplimiento de la Ley 19/2013 sobre publicidad activa». Es la resolución del Consejo de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Generalitat tras la denuncia que hace ahora un año presentaron los dos concejales no adscritos, Juan Manuel Marín y Auxi Zambrana.