Transparencia en España

Los proyectos de ley de transparencia, de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción y de modificación de la ley de Ordenación decaen
La agenda de regeneración política, uno de los compromisos del gobierno PP-Cs, no verá la luz en esta legislatura por el adelanto electoral. La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, dirigida hasta hace unos días por Francisco Igea (Cs), quería empujar en 2022 lo que considera que es una de sus señas de identidad donde gobierna, una vez que la pandemia cedía protagonismo a la vacunación. Con ese objetivo envió a las Cortes, en la recta final del año, dos de sus proyectos de ley estrella, los de transparencia y de creación de la oficina contra el fraude y la corrupción.

Corrupción: organismo nocivo el documental, elaborado por Pandora Box TV, ha sido visto por más de 1.200 universitarios y universitarias a través de la actividad de docufórum del Servicio de Formación de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF).
El debate sobre la corrupción en nuestra sociedad y sus efectos, así como los costes tan perjudiciales que suponen para los intereses colectivos se incorporó a las aulas de las universidades valencianas en 2019.
La necesidad de una cultura de la prevención del fraude y rechazo a la corrupción pasa por promover la necesidad de una ética cívica exigente entre toda la ciudadanía y, significativamente, entre las generaciones más jóvenes que están en las universidades y los institutos.
Este documental, realizado gracias al micromecenazgo, expone los testimonios de los alertadores de la llamada “corrupción de proximidad” y cuenta con el coloquio posterior en el que participan representantes de la AVAF, académicos y jueces que tratan sobre las iniciativas institucionales llevadas a cabo en los últimos años para mejorar la lucha contra la corrupción.

Te explicamos en qué consiste esta directiva europea, qué avances han llevado a cabo los Estados miembros y en qué punto se encuentra en el caso de España
Por Mar Tomico
España ha llegado al 17 de diciembre sin una legislación propia para la protección de las personas que informan sobre infracciones del derecho de la Unión, también conocidos como alertadores o “whistleblowers”. No obstante, no es el único Estado miembro que ha incumplido el plazo para transponer esta directiva europea: solo tres de los Veintisiete tienen leyes propias al respecto.
Dinamarca, Suecia y Portugal ya cuentan con legislación propia aprobada para integrar esta normativa en el ordenamiento jurídico. Por el contrario, países como Chipre, Hungría y Luxemburgo no han empezado a legislar esta materia.
Te explicamos en qué consiste esta directiva europea, qué avances han llevado a cabo los Estados miembros y en qué punto se encuentra en el caso de España.

Desde el Ministerio de Justicia afirman a El Salto que llevarán el proyecto de ley al Consejo de Ministros en enero.
Ter García
Si casos de corrupción como Gürtel, Taula o Bankia salieron a la luz fue por la denuncia que realizaron personas que, por su trabajo, conocieron las irregularidades y delitos que se estaban cometiendo y se atrevieron a denunciarlo. Personas como Rosa Pérez Garijo o Ana Garrido, que tras denunciar, sufrieron acoso y denuncias.
En diciembre de 2019, la Comisión Europea aprobó la Directiva para la protección de las personas que informan de violaciones de las leyes de la Unión. La norma europea ordena a los Estados miembros que elaboren una ley que disponga canales de denuncia y medidas de protección en entidades públicas y privadas para las personas que informen sobre asuntos relacionados con delitos o irregularidades en compras públicas, servicios financieros, lavado de dinero, financiación del terrorismo, seguridad del transporte, protección ambiental, seguridad nuclear, seguridad alimentaria, salud de los animales o o salud pública, entre otros. Y daba de plazo dos años.

El Índice de Integridad de la Defensa Gubernamental (IDG) o Governance Defense Index (GDI por sus siglas en inglés) 2020, publicado este martes por Transparencia Internacional o Transparency International (TI), revela que un 62% de los países tienen un alto riesgo de corrupción en defensa y seguridad. En esta edición se han evaluado y puntuado 86 países en cinco áreas de riesgo: financiera, operativa, de personal, política y de adquisiciones, asignando una puntuación global a través de una escala del 0 al 100 que evalúa el riesgo de corrupción –desde riesgo crítico (puntuación de 0 a 16) a riesgo muy bajo (puntuación del 83 al 100)–.

Se ha publicado el séptimo informe trimestral de la Estrategia de lucha contra la corrupción y fomento de la integridad, que define los avances recogidos durante el 3r trimestre de 2021.
La Estrategia cuenta actualmente con 46 subactuaciones completadas (51,7%), 37 subactuaciones en curso (41,6%) y 6 subactuaciones no iniciadas (6,7%).

El órgano encargado de fiscalizar las instituciones gallegas reconoce que la corrupción es "el reto más relevante para los próximos años" y hace pública una batería de medidas con las que tratará de atajar usos dolosos de los recursos públicos. También aumentará la prevención sobre la puntualidad o las ausencias injustificadas del funcionariado
Javier H. Rodríguez
El órgano encargado de fiscalizar las instituciones públicas gallegas refuerza su plan de prevención de riesgos de gestión con la intención de prevenir posibles usos fraudulentos de las finanzas públicas. De esta forma, el Consello de Contas de Galicia ha aprobado una declaración institucional de compromiso ético y su Plan de prevención de riesgos de gestión, con mención especial a los potenciales casos de corrupción.

El Pleno de Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves la elección de Ricardo Vicente Puyol Sánchez como director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que ha prosperado en segunda votación una vez que ha obtenido el apoyo de 62 votos favorables y 45 votos en blanco, cuando el listón lo tenía en los 55 escaños que configuran el umbral de la mayoría absoluta en la Cámara autonómica.

La corrupción sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social que, además de socavar la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, distorsiona los mercados y afecta de forma desproporcionada a los más vulnerables.

Un informe de la Oirescon conmina a tomar medidas de protección para los denunciantes, en buena parte funcionarios. En 2020 se recibieron 130 notificaciones

De acuerdo al Informe Anual de Supervisión 2021 de la Oirescon, las represalias se dirigen contra los denunciantes internos de las instituciones, principalmente los funcionarios; también contra quienes interponen las denuncias desde otros ámbitos, como lo son “proveedores, subcontratistas, etcétera”. A lo largo de 2020 se registraron 130 notificaciones sobre posibles fraudes en la administración, de las cuales 93 (un 72%) llegaron a través del buzón de denuncia de las agencias antifraude. Las 37 restantes se efectuaron por correo, presencialmente o por registro.

La «denuncia anónima» en la lucha contra la corrupción. Especial referencia a la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante

Rafael Aliaga Rodríguez. Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía.
Diario La Ley, Nº 9895, Sección Tribuna, 20 de Julio de 2021, Wolters Kluwer
Resumen
El tratamiento y la consideración de la denuncia anónima como fuente de noticia de hechos criminales o ilícitos, ha experimentado una considerable evolución en los últimos años de modo que, aun no habiendo culminado, ha recibido un auténtico respaldo de la mano del derecho de la Unión Europea. El presente trabajo va a discurrir por una inicial y breve referencia histórica; un recorrido por la evolución reciente de la denuncia anónima en el derecho positivo; para continuar con el tratamiento que la jurisprudencia ha venido haciendo; así como la visión que la doctrina académica tiene al respecto; relataremos un reciente caso que nos permitirá contemplar las ideas actuales que vagan por la mente del legislador: el equilibrio entre la utilidad del anonimato y el riesgo de la denuncia falsa.

La Generalitat de Cataluña ha aprobado la obligatoriedad de que todos sus altos cargos y el personal directivo de las empresas públicas tengan una instrucción en ética e integridad pública. “Se trata de una formación de nueva creación que tiene como objetivo reforzar la cultura ética dentro de la Generalitat y su sector público, de acuerdo con lo que prevé la estrategia de lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la integridad pública”, según una nota del propio Govern.
Mercè Crosas, secretaria de Transparencia y Gobierno Abierto, señaló que es necesario “generar conciencia, sensibilizar y fomentar un cambio cultural que incorpore la integridad ética dentro de la organización, juntamente con una supervisión efectiva y una evaluación de su impacto”.

El Parlamento de Andalucía ha aprobado sin votos en contra la ley contra el fraude y la corrupción, que incluye la creación de una oficina anticorrupción y protege especialmente a la persona denunciante, para lo que se ha contado con el apoyo de PP, Cs y Vox, y la abstención de PSOE y Adelante Andalucía.

El ayuntamiento ha sacado a licitación el contrato para contar con un servicio de asesoramiento jurídico en la lucha contra la corrupción.
Tiene un presupuesto de 13.068 euros, IVA incluido, y una duración de un año, con la posibilidad de prorrogarlo uno más, y el objetivo del mismo es “el estudio de posibles incumplimientos a partir de las denuncias derivadas de la ciudadanía así como la revisión de la correcta aplicación en la tramitación de expedientes administrativos en la contratación pública” o cualquier otro ámbito “contrario a los principios del buen gobierno”.

Con este programa se trata de dar un paso más en la política institucional de integridad de la Administración autonómica, que ya había tenido un avance relevante en el año 2015 con la aprobación del Programa de impulso democrático.
Entre los objetivos de este programa se encuentran:
adoptar una serie de medidas que contribuyan a la mejora de los estándares éticos en el sector público autonómico de Galicia,
desalentar las prácticas potencialmente irregulares e inadecuadas en los ámbitos más sensibles a los riesgos de gestión,
y, en definitiva, el correcto funcionamiento de un sistema sólido de control interno de los dichos riesgos, dentro de un marco de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
En definitiva, este programa supondrá no solamente un refuerzo de las medidas ya iniciadas sino que además incorporará todos los elementos necesarios para la consolidación en el sector público autonómico de un sistema sólido y avanzado de integridad, objetividad, eficiencia y transparencia en el funcionamiento de la Administración pública gallega y en el desempeño de la función pública.
En ejecución de dicho programa la Xunta de Galicia desarrollará, en el período comprendido entre el año 2021 y el año 2024, un total de 24 medidas, englobadas en seis ejes de actuación.

• Programa marco de integridad institucional y prevención de riesgos de gestión 2021-2024 

La Sala de Actos del Parlament balear ha acogido este viernes el acto de constitución del Observatorio Ciudadano contra el Fraude y la Corrupción, un nuevo espacio "para favorecer la participación activa de la ciudadanía a favor de la transparencia".
Así lo ha definido el director de la Oficina Anticorrupción de Baleares, Jaume Far, durante la reunión constitutiva de este nuevo observatorio. "Los ciudadanos son fundamentales en la lucha contra la corrupción", ha destacado Far durante su intervención.
Un total de seis entidades se han sumado al convenio marco que se ha firmado este viernes, que está abierto a cualquier entidad sin ánimo de lucro que quiera luchar a favor de la transparencia.
Fundación Iniciativas del Mediterráneo, Fundación Ateneu Pere Mascaró, Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, la Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA), la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) y la Asociación Filosófica de Baleares (AFIB) son las organizaciones que han firmado este viernes el convenio.

La Directiva 1937/2019 de protección a los denunciantes tendrá que ser traspuesta por el Gobierno español antes del 17/12/2021, es una realidad, y el Ministerio de Justicia ya ha lanzado una consulta pública donde ha preguntado sobre los extremos más controvertidos.

Las Entidades Locales se han puesto al frente de la lucha contra la corrupción y, por ello, contar con las herramientas necesarias para conseguir este fin es esencial.
Desde Access Info Europe, junto con la Federación Española de Municipios y Provincias y la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana, queremos identificar cuáles son las principales necesidades de las entidades locales a la hora de luchar contra la corrupción, y así poder ofrecer la formación y herramientas más adecuadas.
Actualmente, se está diseñando una plataforma informática financiada por el Fondo de Seguridad Interior de la Unión Europea, desde la cual los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares podrán hacer uso de distintas herramientas digitales y acceder a recomendaciones y guías para mejorar la implementación de políticas que ayuden en la lucha contra la corrupción y la mejora de la calidad democrática de las instituciones.
Por favor, conteste a las siguientes preguntas indicando qué es más relevante para su entidad local en la lucha contra la corrupción. La encuesta no le tomará más de 7 minutos, los resultados se utilizarán de forma anónima y de ellos tendrán debida información una vez hayan sido recogidos y tratados los datos.

• Si trabaja en una entidad local y quiere cumplimentar nuestra encuesta, puede hacerlo hasta el 15 de abril de 2021 pinchando aquí.

Más de 800 personas reciben formación de la Agencia Valencia Antifraude en materia de ética e integridad pública y de lucha contra la corrupción durante 2020
València, 30 de marzo de 2021.- La Agencia Valenciana Antifraude ha presentado a la Mesa de Les Corts su Memoria de Actividad correspondiente al año 2020 dando de esta forma cumplimiento al mandato recogido en el artículo 22 de la Ley 11/2016 de creación de la Agencia.
El acto de entrega se ha desarrollado en el Pati de Les Corts y han estado presentes el President de Les Corts, Enric Morera, así como los integrantes de la Mesa de Les Corts.

Memoria 2020.
Resumen Ejecutivo de la Memoria 2020

La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, a través de la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa, y la Fundación Ciudadana CIVIO mantuvieron la primera sesión de constitución de la comisión de seguimiento del convenio para el desarrollo del proyecto europeo ‘SceMaps’.
Este proyecto permitirá monitorizar la implementación de las políticas anticorrupción en la Comunidad para evaluar posibles vulnerabilidades o carencias de regulación, analizar la efectividad de las medidas existentes en la lucha contra la corrupción y proponer medidas preventivas más eficientes.

El Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia ha publicado el Informe anual de seguimiento y sobre la evaluación del impacto de la Estrategia ', en el que se recogen los avances y resultados alcanzados durante el período.
Entre los logros de 2020 se incluyen medidas como la puesta en marcha del Buzón ético, el control anual de la declaración de activos situados en el extranjero para la detección del fraude fiscal o la elaboración de una guía sobre consultas preliminares en el mercado.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicará este martes el anuncio por el que se saca a información pública el proyecto de decreto para la creación y funcionamiento del Buzón de Denuncias Contra la Corrupción. Durante un periodo de 10 días hábiles, a partir del día siguiente de esta fecha, cualquier ciudadano pueda realizar aportaciones, conforme al trámite de información pública y audiencia. Este 'buzón' sustituye a la idea lanzada (hace ya casi cinco años) por Miguel Ángel Revilla de crear una oficina anticorrupción en la que tuvieran mando profesionales independientes que creó gran controversia porque inicialmente se pretendía que dependiera del Gobierno. Los obstáculos que se detectaron en este sentido obligaron a reorientar el planteamiento.