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El Gobierno pospone para 2022 el reglamento de la Ley de Transparencia, pendiente desde hace ocho años y comprometido para 2020. Tampoco explica el porqué del retraso de una norma que hace un año estaba “muy avanzada”.
Es bastante frecuente que la normativa contemple, con carácter general, la exigencia de trámites que no siempre son necesarios o útiles en un caso concreto.
La necesidad de luchar contra la burocracia y evitar retrasos en la tramitación de las solicitudes presentadas por la ciudadanía ante las instituciones públicas impone la obligación de no aplicar aquellas trabas o trámites que, respecto al caso concreto, son prescindibles porque resultan inútiles o innecesarios, facilitando el ejercicio de los derechos y la pronta resolución de los procedimientos, sin dañar ninguna garantía jurídica.
Vamos a ver un ejemplo. El artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dispone lo siguiente:
Este pasado lunes día 17 de mayo se celebraba en el CEPC la jornada “El estado de la legislación, el marco regulatorio en la Ley de Transparencia y Gobierno Abierto”, en la que magníficos ponentes ponían el acento en el (amplio) espacio de mejora regulatorio en materia de transparencia. No puedo estar más de acuerdo, la necesidad de reforzar el marco regulatorio en este ámbito concita un fuerte consenso, tanto en la academia como en la práctica administrativa desde hace ya tiempo, e incluso parece haber llegado a la agenda política.
El real decreto relativo al Reglamento que desarrollará la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, pendiente desde hace siete años y que se había previsto tener aprobado a finales de 2020, sigue en 'la cocina' pero ya está en una "fase de tramitación muy avanzada", según ha comunicado el Ejecutivo. En todo caso, y con independencia de la fecha de ese desarrollo, ya hablan de reformar en 2023 aquella Ley de Transparencia, que vio la luz con el Gobierno de Mariano Rajoy.
Así lo detalla el Ejecutivo en una serie de respuestas remitidas a Vox, algunos de cuyos diputados se interesaron por los plazos para la aprobación de ambas regulaciones.
Todos los expertos consultados sostienen que la ley de transparencia tiene un error de base y es que deja en un limbo legal la transparencia de los miembros de la familia real.
Junto a los retratos de Albert Camus y Alexis de Tocqueville, en la pared del despacho que ocupa Emilio Guichot en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla hay otro cuadro de menor tamaño al que este catedrático de Derecho Administrativo tiene especial cariño. Se trata de una imagen en blanco y negro de Louis Brandeis, juez de la Corte Suprema de EEUU fallecido en 1941 y pionero en la defensa de la transparencia y el acceso a la información pública. «Suya es la frase icónica ‘Se dice que la luz del sol es el mejor de los desinfectantes», recuerda al periodista.
Guichot (Sevilla, 1971) ha consagrado al estudio de la transparencia buena parte de su carrera profesional. De hecho fue uno de los expertos que intervino en la elaboración de las leyes tanto estatal como andaluza. Ahora, junto con la profesora Concepción Barrero, acaba de publicar El derecho de acceso a la información pública (Tirant lo Blanch), un auténtico tratado sobre la materia en el que sintetizan resoluciones y sentencias bajo el filtro de la crítica doctrinal.
Serie: V Congreso Internacional de Transparencia
Modera: Daniel Cerdán Elcid Comisionado de la Transparencia de Canarias
Participan:
Emilio Guichot Reina Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Sevilla
Isaac Martín Delgado Profesor, Universidad de Castilla La Mancha
Helen Darbishire Access Info Europe
Normativa reguladora
Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa.
Real Decreto 1081/2017, de 29 de diciembre, por el que se establece el régimen de funcionamiento de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.
Descargar el Plan Anual Normativo de 2020 en formato PDF
Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Reales Decretos
Reglamento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
Objetivo: Desarrollo reglamentario de la Ley 19/2013 en los términos establecidos en su Disposición Final Séptima.
Norma sujeta a evaluación. Justificación: Envergadura de las políticas de transparencia – Cumplimiento mandato de la Ley 19/2013
Tras los últimos meses vividos en nuestro país, con motivo de la declaración del estado de alarma, la protección de datos se ha visto afectada en muchos ámbitos, surgiendo por tanto dudas sobre si se estaba actuando bien al respecto o no, tanto en el ámbito privado como en el público.
En el presente artículo vamos a abordar el caso concreto de las entidades de Derecho público:
Hoy ganan los buenos. El Tribunal Supremo ha dado la razón a Civio y establece que las administraciones públicas sí están obligadas a dar a los ciudadanos información creada antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Así, tumba la sentencia de la Audiencia Nacional que, en una interpretación de la Ley de Transparencia que limitaba el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, sentenció que solo debían dar datos confeccionados desde la entrada en vigor de la norma, en diciembre de 2014. Una decisión que Civio recurrió en 2017 presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y, gracias a eso, ahora toda la ciudadanía puede acceder a toda la información generada por las administraciones públicas, con las excepciones que marca la ley, pero sin límite temporal. Por eso, es una victoria de todos y para todos.
"Como resultado de un sistema político atomizado y más bien polarizado, tras las elecciones municipales, autonómicas, generales (e incluso, las europeas), nos hemos encontrado con un escenario de pactos políticos. Esto no es nada nuevo ni, desde luego, negativo, salvo los dos o tres meses que llevamos oyendo hablar de pactos con resultados exiguos y la posibilidad de que los votos en dos de estas elecciones (generales y europeas) tengan un valor nulo por su repetición o la política de Estados. Sin embargo, lo que sí que ha sido novedoso y sorprendente es la aparición de una figura que, como tal, no conocíamos en la política reciente europea: pactos secretos de gobierno. (...)"
Hace ya muchos años, alguien dogmatizó -al menos para mí- la frase de que había que derribar esas ventanillas que actúan como muros entre la Administración y el ciudadano. Igualmente ha sido constante escuchar -como la crítica ácida de Mariano José de Larra en el Madrid de 1833- la frase del “vuelva usted mañana” como reproche a la experiencia que muchos tuvieron con la Administración.
(...)
DIRS: Antonio González Quintana. Sergio Gálvez Biesca. Luis Castro Berrojo
Autores:
Juan José del Águila Torres, Pau Casanellas Peñalver, Matilde Eiroa San Francisco, Francisco Espinosa Maestre, Mercedes de la Fuente Torre, François Godicheau, Eduardo González Calleja, Catalina Luque Donoso, María Teresa Hermoso de Mendoza y Baztán, Rosalía Martínez Pérez, Eva Moraga Guerrero, Celeste Muñoz Martínez, Domingo Rodríguez Teijeiro, Rafael Rodríguez Tranche, Carlos Sanz Díaz, María del Carmen Terés Navarro, María José Turrión García, Julián Vadillo Muñoz, Evelia Vega González, Ángel Viñas Martín
© De la edición: Fundación Francisco Largo Caballero, Fundación 1º de Mayo, 2019.
ISBN: 978-84-87527-52-4 (Fundación Francisco Largo Caballero)
ISBN: 978-84-86716-53-0 (Fundación 1º de Mayo)
Capítulo 1.2: Información y acceso: Secretos Oficiales y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Eva Moraga Guerrero
Se abre un nuevo plazo para realizar aportaciones del 01/03/2019 al 21/03/2019.
Borrador del RD. Versión 28-feb-2019.
Los campos que aparecen en el formulario son a efectos de identificación de quien hace la aportación.
El único campo obligatorio es el número 5 "Escriba su aportación". Rogamos que en el mismo no incluya ningún dato personal.
Posteriormente, las aportaciones serán publicadas de manera anonimizada.
Toda la documentación en este enlace.
El Consultor de los Ayuntamientos, Nº 2, Sección Consultas, Febrero 2019, pág. 34, Editorial Wolters Kluwer
Normativa aplicada
Constitución Española de 27 Dic. 1978
L 8/2015 de 25 Mar. CA Aragón (Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana)
L 19/2014, de 29 Dic. CA Cataluña (transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno)
L 19/2013, de 9 Dic. (transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno)
Jurisprudencia comentada
TC, Pleno, S 104/2018, 4 Oct. 2018 (Rec. 5228/2017)
Doctrina relacionada
Insuficiencias y disfuncionalidades de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (MUÑOZ CARMONA, AGUSTÍN MANUEL)
El Derecho de acceso a la información. Dificultades en su ejercicio y propuestas de mejora (CAMPOS ACUÑA, Mª CONCEPCIÓN)
Antecedentes.—
La Ley de transparencia estatal establece el silencio negativo en las solicitudes de acceso, mientras que la Ley de transparencia de Cataluña establece el silencio positivo. ¿Qué sentido del silencio se tendría que aplicar?
Contestación.— (...)
A primeros de diciembre se cumplirán cinco años desde la publicación en el BOE de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG). Y, tal vez, puede ser un buen momento para llevar a cabo un primer, aunque escueto, balance.
Ciertamente, la LTAIBG tenía una entrada en vigor escalonada y una aplicabilidad diferida en algunas de sus previsiones y en relación con determinados niveles de gobierno. Pero eso ahora no importa. Lo que con ello se pretendía era preparar el terreno para que las Administraciones Públicas y entes del sector público pudieran pasar de un sistema articulado en torno a la opacidad a otro que tuviera como premisa la luz y sinceridad, pues no otra cosa es la transparencia, tal como la definiera en su día Jankélévitch. El poder tiende a esconder el motivo de sus decisiones, está en la naturaleza de las cosas.
La Disposición Adicional Primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, LTAIPBG), está provocando muchos quebraderos de cabeza a las distintas instituciones de control de la transparencia, cuyas resoluciones son contradictorias en algunas de las materias que vamos a analizar a continuación.
Admite a trámite un recurso de la Fundación Civio contra una sentencia de la Audiencia Nacional, que establece que las administraciones públicas no tienen por qué revelar información anterior a la entrada en vigor de la Ley
El dictamen del Supremo creará jurisprudencia y determinará los límites del acceso a la información pública y el alcance de la transparencia en España
" (...) Dicho esto, el Borrador del Reglamento no incorpora novedades de mejora importantes. Respecto a las obligaciones de publicidad activa, se distingue 3 bloques: sector público estatal, corporaciones de derecho público y entidades privadas. En cuanto al primero (artículos 7 al 10), no se incorpora ninguna obligación adicional a las contempladas en la Ley 19/2013. En cuanto al segundo y tercer bloque, se especifica con más detalle la concreta información que debe ser publicada por las corporaciones de derecho público (artículo 11) y entidades privadas (artículos 12 al 14).
Respecto al derecho de acceso a la información pública, en mi opinión, no solo no incorpora novedades de mejora, sino que algunos artículos contienen claros retrocesos o limitaciones: (...)
Proyecto de reglamento de la Ley de transparencia. Audiencia de información pública
Se abre el plazo para realizar aportaciones en el trámite de audiencia e información pública, del 03/05/2018 al 31/05/2018.
Términos de participación: Puede realizar sus aportaciones en el formulario que aparece en esta página. El único campo obligatorio del formulario es el número 5, “Escriba su aportación”. Rogamos que no incluya ningún dato de carácter personal en dicho campo ni en el fichero que, en su caso, pueda adjuntar, puesto que posteriormente las aportaciones podrán ser publicadas.
Memoria de análisis de impacto normativo.
Audiencia pública: el período de participación será del 3 al 31 de mayo.
Información actualizada a 23-04-2018.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ha supuesto un hito fundamental en el ordenamiento jurídico español y (...)
El desarrollo reglamentario de la Ley constituye un escalón imprescindible para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y favorecer el ejercicio del derecho de acceso por los interesados con las máximas garantías.
Con esta finalidad el presente real decreto tiene por objeto aprobar el reglamento de desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, aclarando el alcance de las obligaciones (...)
La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aunque en la mente de la mayoría sea un instrumento de detección y prevención de la corrupción, es un instrumento más a disposición de las administraciones públicas y las empresas de un territorio para crear inteligencia y, por ende, riqueza y desarrollo territorial. Para que ello ocurra, solo se debe aprovechar y explotar la información y los datos contenidos en los sistemas de información y en los documentos que forman parte de los expedientes administrativos. ¿Se está aprovechando y explotando la información? ¿Cómo se logra? ¿Qué se está haciendo?
Hace tiempo que lo veníamos diciendo algunos. Y no siempre se nos miraba bien por much@s compañeros de fatig@s, habilitad@s nacionales, profesionales de la fe pública y del asesoramiento legal preceptivo, que se veían abrumados por la avalancha de obligaciones –sobre todo en materia económico-financiera presupuestaria a través del inagotable bloque normativo de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera- que una legislación desenfrenada nos imponía, como consecuencia, -o no- de la crisis que veníamos padeciendo desde 2007.
Disposición 42 del BOE núm. 2 de 2018 - BOE-A-2018-42.pdf
El artículo 22 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, en aras de una mayor transparencia, establece que la Oficina de Conflictos de Intereses elevará al Gobierno cada seis meses, para su remisión al Congreso de los Diputados, un informe detallado sobre el cumplimiento por parte de los titulares de los puestos incluidos en su ámbito de aplicación, de las obligaciones de declarar, así como de las infracciones que se hayan cometido y de las sanciones que hayan sido impuestas identificando a sus responsables. Dicho informe contendrá datos personalizados de los altos cargos obligados a formular sus declaraciones,
el número de declaraciones recibidas y a quién corresponden, las comunicaciones efectuadas con ocasión del cese y la identificación de los titulares de los altos cargos que
no hayan cumplido dichas obligaciones.
En esta misma línea de permanente actualización sobre esta nueva materia, la transparencia y el acceso a la información, que no solo ha venido para quedarse sino que irá reforzándose, nos ocupamos ahora del Proyecto de ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes, presentado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos el 15 de septiembre de 2016, calificado por la Mesa del Congreso de los Diputados el 20 del mismo mes y año y actualmente a la espera del Informe de la Comisión Constitucional.
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