Transparencia en España

Un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria condena a la entidad financiera aplicando la denominada Ley de Represión de la Usura, de 1908. La sentencia es recurrible
El juez resalta en su sentencia la "falta de contraste con el fondo" y su redacción “de forma abigarrada en líneas seguidas sin diferenciación alguna en párrafos o apartados seguidos de forma continuada”

Este tipo de tarjetas de préstamo fácil se comercializa en grandes superficies con el gancho de la disponibilidad inmediata de los fondos y la ausencia de requisitos para su concesión. La entidad, que no comprueba la capacidad de pago del prestatario, permite a través de estos créditos financiar pagos de consumo hasta un determinado límite (un máximo de 6.000 euros) y aplazar los abonos en cómodas cuotas. Sin embargo, hay trampa. Las financieras comercializadoras fijan unos intereses desproporcionados que acaban por ahogar a los titulares de la tarjeta

La ex alcaldesa de la localidad zaragozana de La MuelaMaría Victoria Pinilla ha sido condenada a más de 16 años de prisión, a multas que suman un total de 8,4 millones de euros y a 56 años de años inhabilitación por 11 delitos de corrupción dentro de la denominada operación Molinos.

Eduardo Muñoz de Baena Simón es el titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid y dictará en primera instancia la sentencia sobre el borrado de los ordenadores del extesorero del PP, Luis Bárcenas
El magistrado decidió limitar las imágenes del juicio a unos planos de los acusados de espaldas que son grabados cada día antes de que comience la sesión
Obvia que cualquiera de los comparecientes puede enterarse de las declaraciones del resto leyendo "los periódicos digitales", como dijo Mariano Rajoy durante el juicio del procés cuando se le preguntó por la coincidencia de sus respuestas con las que había dado previamente Soraya Saénz de Santamaría

La defensa del Partido Popular ha registrado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid para solicitar que no se retransmita en directo el juicio por la destrucción de los ordenadores de quien fue su tesorero Luis Bárcenas, previsto a partir del próximo 14 de junio, porque entiende que no hay razones de "interés social" o "transparencia del proceso" que pudieran justificar tal medida.

El letrado acudió al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Fuengirola con la intención de solicitar una averiguación de bienes para un embargo. Pero la respuesta no fue la que esperaba. A través de una diligencia, el órgano judicial le informaba de que su procedimiento había sido eliminado. Y es que, tal y como le notificaron hace solo unos días, se han destruido por error 78 cajas de expedientes judiciales correspondientes a este órgano judicial que se encontraban en el archivo de la Junta situado en una nave del Parque Tecnológico de Andalucía –dispone de otras instalaciones en los bajos de la Ciudad de la Justicia–.

Los jueces y juezas españoles concluyeron en el primer trimestre de 2018 un total de 17 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 85 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo. Seis de esos procedimientos se siguen en la Comunitat Valenciana y 40 de los procesados lo fueron también en esa autonomía.
Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de los datos correspondientes a los tres primeros meses del año.

La instrucción en la Audiencia Nacional de la 'Púnica andaluza', heredada de la conocida como operación Madeja que investigó en origen la jueza Mercedes Alaya, engorda a un ritmo imparable y alcanza ya los 108 imputados en las siete piezas separadas que acumula este macrosumario de corrupción de libro. En el entramado se mezclan los ingredientes más característicos de otros conocidos casos: un empresario, sobornos a funcionarios, una contabilidad B, facturas falsas y sospechas de financiación irregular de partidos políticos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrolla esta mañana una operación anticorrupción que afecta a la cúpula de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que abarca 10 registros y prevé una decena detenciones. Entre los ya arrestados se encuentra el hombre que preside el fútbol español desde hace 29 años, Ángel María Villar, su hijo Gorka Villar, y el  vicepresidente económico de la Federación, Juan Padrón, según han informado a EL PAÍS fuentes de la investigación. El mandatario estuvo presente en el registro de la sede de la Federación, en Las Rozas, y pasará la noche en los calabozos de la Guardia Civil de la población madrileña.

Se considera que los dos presidentes de Caja Madrid y Bankia fueron autores del delito de apropiación indebida y resto fueron colaboradores

Así se destaparon las tarjetas black: el correo de Blesa que reveló eldiario.es e inició el caso

Hay condenas de cárcel para el empresario Arturo Fernández, el líder sindical de CCOO Rodolfo Benito o el exjefe de la Casa Real Rafael Spottorno

Imagen: El secretario judicial de la Audiencia muestra la bola extraída en el sorteo del 'caso ERE' PACO PUENTES  . 

Los cinco acusados de Baleares han sido condenados frente a la absolución de todos los valencianos.

La esperada sentencia del caso Nóos rebaja de manera considerable las condenas que solicitaba el Ministerio Fiscal y, por consiguiente, también la gravedad del relato de hechos [lea la resolución en PDF].

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia ha condenado a los cabecillas de la trama Gütel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, a 13 años de prisión cada uno por amañar contratos de la Feria de Turismo (Fitur) convocados por la Generalitat valenciana. En total han sido condenados 11 de los 13 enjuiciados por delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad y asociación ilícita. La exconsejera de Turismo del PP en la etapa del expresidente Francisco Camps, Milagrosa Martínez, apodada La Perla, ha recibido una pena de nueve años de prisión, y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo, ha sido condenado a seis años de cárcel. La también exconsejera Angélica Such, y Juan Bover, exjefe jurídico de la Agencia Valencia de Turismo, han sido absueltos.

Por Ignacio Zafra

Han alcanzado un acuerdo con la fiscalía Anticorrupción que será rubricado este viernes
El juicio oral, en el que está imputada la cúpula del PPCV de Francisco Camps, comienza el próximo 13 de marzo

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha obligado a cinco empresas del sector público de la Generalitat Valenciana a difundir, en el plazo máximo de d

Hacienda recurre una condena por no facilitar la información de miles de folios en soporte informático asegurando que es falso que el PP los digitalizara

El TSJ acepta el recurso del PP contra Hacienda por no entregar todos los informes de Intervención comprendidos entre julio de 2015 y enero de 2016

El expresidente balear Jaume Matas ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para confesar sus delitos a cambio de cerrar la mayoría de los delitos de los que todavía se le acus

Da instrucciones a sus abogados para que desistan del procedimiento y hagan la reserva de acciones civiles.

El extesorero actuaba como acusación particular, pero el caso podrá seguir adelante por la actuación de las acusaciones populares.

Bárcenas puede ser llamado a declarar como testigo en el supuesto de que la causa llegue a juicio

El PSOE solicitará la comparecencia del jefe del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en el Congreso si adquiere firmeza el auto de procesamiento al PP por un presunto delito de destrucción de pruebas y encubrimiento por el borrado de los discos duros de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha anunciado esta medida al considerar que Rajoy debería dar cuenta de las responsabilidades políticas que piensa asumir como consecuencia de las acusaciones que se hacen en el auto de la titular de Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid.

La juez de Madrid Rosa Freire procesó este martes al PP como persona jurídica por la destrucción, en el año 2013, de los discos duros de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas utilizaba en la sede nacional del partido. La eliminación de estos dispositivos afectó a la investigación de la Audiencia Nacional sobre la caja b de la formación conservadora. La magistrada propone juzgar por encubrimiento y daños a la actual tesorera, Carmen Navarro; al abogado Alberto Durán y al informático que formateó los discos hasta 35 veces antes de rayarlos. El partido ha anunciado que recurrirá la decisión judicial.

La Guardia Civil y la Fiscalía Contra la Corrupción y el Crimen Organizado, tutelada por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell, tiene previsto detener este martes a 12 personas de una trama vinculada a delitos relacionados con la Administración Pública. La han llamado operación Térmyca y tiene previsto llevar a cabo 48 registros simultáneamente:14 en domicilios, 7 en despachos profesionales, 12 en sociedades mercantiles, 7 entidades públicas y 8 Ayuntamientos (Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón en la Comunidad de Madrid; y Tortosa, Ascó, Vandellós y l’Ametlla de Mar de la Comunidad en Cataluña).
Al mismo tiempo los agentes han formulado 15 requerimientos de documentación a los Ayuntamientos de: Barcelona, Linars del Vallés y Masquefa (Barcelona), La Seu d’Urgell (Lleida), Calonge y Girona (Girona), Cambrils (Tarragona), Alaior y Soller (Islas Baleares), Velilla de San Antonio, Collado Villalba y Getafe (Madrid), Benicassin (Castellón), Armilla (Granda) y Palos de la Frontera (Cádiz).

Se trata de individuos o grupos familiares con cuenta en el HSBC suizo a los que ahora investigan juzgados de 12 comunidades autónomas por fraude a la Hacienda Pública
El juez De la Mata remite a esos juzgados los casos particulares y sigue investigando en la Audiencia Nacional a la entidad bancaria por blanqueo

El juez que instruye la pieza principal en el caso ERE ha citado a declarar en calidad de investigados -antes imputados- a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán la próxima semana, accediendo a la petición que había formulado la Fiscalía Anticorrupción.