Transparencia en España

A raíz de la publicación de una nota de prensa sobre la decisión de paralizar temporalmente el nombramiento de cargos judiciales ante la confianza de una pronta renovación de la institución.
La Sección Sexta de la Sala III del Tribunal Supremo, a la que corresponde el control de los actos emanados del CGPJ, ha dictado sentencia que aborda el alcance del principio de transparencia en cuanto afecta al control ciudadano de la actuación del CGPJ, cuando dicho derecho es hecho valer por una asociación judicial y un grupo de magistrados.
Básicamente los hechos enjuiciados parten de la publicación en fecha 16 de enero de 2020 en la página Web del Consejo General del Poder Judicial una nota de prensa titulada “El CGPJ decide paralizar temporalmente el nombramiento de cargos judiciales en la confianza de una pronta renovación de la institución”. Dicha nota se refería al acuerdo del siguiente tenor:
«El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, ha convenido hoy paralizar el nombramiento de cargos judiciales en la confianza de una pronta renovación de la institución, una vez constituidas las Cámaras después de las últimas elecciones generales y formado Gobierno».
El acuerdo no fue publicado en el Portal de Transparencia del CGPJ.

Recientemente se ha hecho público el Manifiesto por un espacio público de datos, donde se plantea la necesidad de reforzar la importancia de los datos en el proceso de transformación digital que se está abordando en este ámbito. El documento ha sido elaborado en el seno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica y posteriormente fue ratificado por las Administraciones Públicas competentes en materia de Justicia, esto es, la Administración General del Estado a través del Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas que han asumido la competencia en este ámbito, así como el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

La Constitución y las leyes reconocen el derecho de los ciudadanos a conocer las sentencias que dictan los tribunales. Pero, ¿realmente es posible ese acceso? Un pleito jurídico entre una startup y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto el debate sobre la transparencia (o la falta de ella) de un servicio público como la Justicia.
El Centro de Documentación Judicial (Cendoj) es el único organismo que está autorizado a solicitar directamente cualquier resolución de cualquier juzgado de España y se encarga de procesar, anonimizar, publicar y hacer accesible la información generada en los procesos judiciales

El Ministerio de Justicia del Reino Unido ha informado en un reciente anuncio de la inmediata publicación en línea de una base documental de las sentencias de los tribunales británicos. "Publicando estas resoluciones y promoviendo su reutilización pretendemos activar la innovación e impulsar la justicia abierta" —se lee en el flamante servicio digital Find Case Law, que sirve de puerta de acceso a esta base de datos. "Las sentencias de los tribunales son documentos públicos enormemente importantes" —reconocen desde The National Archives, el organismo gubernamental que desde abril tiene encomendada la puesta a disposición de la ciudadanía de un corpus documental que arranca con algo más de 50.000 sentencias.
En España, sin embargo, el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), que es el órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se encarga de la publicación oficial de la jurisprudencia en España, pone límites a la publicidad de las sentencias judiciales.

En la actualidad solo existen 66 pronunciamientos con lectura fácil en toda España
El objetivo es universalizar las sentencias con lectura fácil para facilitar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad
Hoy por hoy, el número de pronunciamientos con lectura fácil es de tan solo 66 en toda España, con el perjuicio que esto supone para el colectivo de personas con discapacidad que puede tener más dificultades a la hora de entenderlos.
El ICAV ha presentado esta mañana el estado de su proyecto consistente en utilizar la Inteligencia Artificial para adaptar los fallos judiciales a lectura fácil con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Una adaptación que utiliza la Inteligencia Artificial con técnicas basadas en machine learning.

Plena inclusión Aragón tiene un acuerdo con el Gobierno de Aragón para hacer la Justicia más accesible y fácil de entender.
Ya se han adapto a lectura fácil 17 sentencias de modificación de la capacidad de obrar.
La modificación de la capacidad de obrar es una medida judicial para una persona que necesita apoyo en las decisiones importantes, como manejar su dinero o decidir dónde vive.
Plena inclusión Aragón también estudia si los edificios de los juzgados aragoneses son accesibles.
Ya se han estudiado varios juzgados de Huesca y Zaragoza. En mayo se estudiará un juzgado de Teruel.

La cifra es algo menor a la de 2019, cuando crecieron por primera vez desde 2013, pero es superior a años anteriores pese a la pandemia.
Durante 2020, el Gobierno concedió 30 indultos. 28 de mano del Ministerio de Justicia, los más habituales, y dos de Defensa. La cifra es algo menor a la de 2019, cuando crecieron por primera vez desde 2013, pero es superior a años anteriores (17 en 2018 y 26 en 2017, por ejemplo) pese a la crisis sanitaria.

Entre los años 2017 y 2020 cursé el Master en Administración y Gobierno Electrónico de la Universitat Oberta de Catalunya. Al abordar la ejecución del Trabajo de Fin de Master quise tratar un tema que no hubiera sido objeto, aún, de un estudio en profundidad, y relacionado con el sector de la Administración al que, en la actualidad, por razones profesionales, me dedico: la administración de justicia.
Gracias a la ayuda del director de mi trabajo, Sergio Jiménez Meroño, conseguimos trazar una hoja de ruta para la implementación de los datos abiertos en la Administración de Justicia. Actualmente, los resultados de este trabajo se están aplicando en el Gobierno de Canarias mediante un proyecto de reutilización de datos del sector público consistente en la datificación terrorial basada en datos georreferenciados.

"Ante el bombardeo mediático de estos días sobre un aspecto de la vida política-institucional como es (el bloqueo en) la renovación del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial que se pretende hacer, por enésima vez, mediante el turbio y espurio procedimiento de cambio de cromos entre los partidos políticos, conviene poner algunas cosas en claro."

“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, reza el apartado 2º del artículo 1º de la Constitución española. De ello se deduce que las Cortes Generales, en las que reside la representación de los españoles, son fuente de legitimación democrática y por ello participan en la elección de algunos miembros de diversos órganos constitucionales.

Nuestra Constitución dice lo siguiente: artículo 117. 1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
La premisa de nuestra Constitución suena prometedora, pero al final cierra el círculo de la representatividad parlamentaria, en nombre del Rey. (...)

La Organización de Naciones Unidas (ONU) hace entrega al Ministerio de Justicia del premio al Servicio Público 2020. Se trata del mayor reconocimiento mundial por la excelencia en el servicio público a instituciones que contribuyen a una administración pública más efectiva y receptiva y que avanzan hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). España ha sido galardonada junto a otros seis países, Bangladesh, Brasil, México, Portugal, República de Corea y Botswana.
Tres son los elementos sobre los que ha girado la candidatura presentada por el Gobierno español: la Sede Judicial Electrónica, el expediente electrónico y todo el abanico de medidas que se están fomentando desde el programa #Justicia2030 para impulsar una Justicia Digital de entorno seguro, sostenible y accesible para la ciudadanía.
El secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público, Borja Vargues, se ha congratulado por la concesión de este prestigioso premio que “pone el foco en proyectos e iniciativas innovadoras en un momento en que se ha demostrado más necesario que nunca el papel de lo público para hacer frente a desafíos como esta crisis sanitaria que aún nos atenaza”.
La secretaría general para la Innovación y Calidad del Servicio Público ha producido un video en el que explican el proyecto de transformación digital que está acometiendo el Ministerio de Justicia y puede descargarse en el siguiente enlace:
https://youtu.be/PA-v_BEg5Ps