Transparencia en España

Un estudio realizado por fundación Hay Derecho -‘El Dedómetro’- analiza los criterios para nombrar a los máximos directivos del sector público de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia. Los resultados muestran que existe una alta opacidad en la publicación de sus méritos y capacidades, y que este hecho es estructural, trascendiendo a los partidos o territorios. Según la investigación, al 60% de los responsables de entidades y empresas públicas no están capacitados para dirigirlas.

Seguimos con nuestra colección de estudios sobre la contratación en diferentes administraciones de cara a la próxima cita electoral. Si anteriormente cubrimos la contratación municipal, en esta ocasión nos centraremos en la contratación autonómica.
Aunque, a diferencia del caso anterior, las elecciones no afectan a todas las autonomías (Galicia, Euskadi, Catalunya y Andalucía tienen su propio calendario) hemos querido hacer un estudio que compare cómo compran los diferentes gobiernos autonómicos salvo aquellos de los que no tenemos todos los datos (Galicia, La Rioja y Navarra).
El propósito es el de disponer de una herramienta que facilite la comparación entre diferentes prácticas y facilitar a la ciudadanía una visión comparada y completa de las prácticas de este nivel de gobierno.

La Encuesta de Percepción Social de la Innovación en España, realizada anualmente desde 2017, con la colaboración de Sigma Dos, busca medir la opinión de la ciudadanía sobre diferentes asuntos relacionados con la innovación, como el impacto de la tecnología en el empleo, la evolución del teletrabajo o la respuesta al fenómeno de la despoblación.
Esta sexta entrega cuenta con una muestra de 7.587 entrevistas (realizadas desde diciembre de 2022 a febrero de 2023), lo que permite desglosar resultados por territorio. La principal novedad es que incorpora una herramienta de visualización interactiva, que permite realizar todo tipo de combinaciones con los datos, así como consultar y comparar resultados por comunidad autónoma.

Autores: Cotec y Sigma Dos

Uno de los indicadores de la acción de las AAPP es la contratación que realizan. Lo que se compra, cómo se compra y en qué condiciones que hace nos da pistas de la acción política y administrativa de las organizaciones públicas. Por eso, ahora que nos encontramos en un periodo de elecciones locales, consideramos que es una buena ocasión para hacer una revisión de la contratación en los municipios de España. Hemos aprovechado los datos que tenemos en Gobierto Contratación y la experiencia que tenemos en su tratamiento para poder hacer un balance de lo que han hecho los gobiernos locales en este mandato. La finalidad es doble:
Facilitar a la ciudadanía un elemento de comparación de la contratación en su municipio. Saber qué se ha contratado, cuánto y si entra en lo “normal” o si se ha hecho más o menos de lo que se hace en otros sitios.
Dar contexto en general a las dinámicas de la contratación pública local para facilitar a estudiosos, gobiernos y ciudadanía exigencias y expectativas para el próximo mandato de 2023 a 2027.

Por José Abreu (doctorando ULPGC) y Juan Luis Jiménez.

En la entrada de hoy, y basándonos igualmente en este documento de trabajo extraído de la tesis doctoral (en realización) de José Abreu, mostraremos los datos de corrupción desde varias perspectivas: en qué municipios ha habido, qué partido político la ha realizado y el estado de los casos.

Por José Abreu (doctorando ULPGC) y Juan Luis Jiménez

La corrupción política en España y sus diferentes efectos ha sido tratada en múltiples ocasiones en este blog (véase aquí, aquí, aquí, aquí o aquí). La mayoría de estos trabajos realizan estimaciones basadas en datos de elaboración propia, al no existir estadísticas oficiales sobre cuántos casos de corrupción política han existido en el país. Y sobre ello versarán las dos próximas entradas en el blog: ¿cuántos casos de corrupción ha habido realmente en las dos últimas décadas en España? ¿Quiénes los han cometido? ¿Qué tipología tienen? ¿Cómo se distribuyen geográficamente?

Estudio preliminar sobre la claridad de la digitalización de nuestras administraciones
40 trámites analizados
En este informe analizamos la claridad de la digitalización de la Administración española. Para abarcar el mayor número de aspectos, hemos seleccionado 40 trámites telemáticos que la ciudadanía tiene disponibles a nivel local, autonómico o estatal y que están relacionados con ámbitos como la salud, la vivienda, la formación o el emprendimiento, entre otros. Los hemos analizado con una metodología propia.

Este documento pretende contribuir al debate que existe en torno a la metodología utilizada en el Regional Innovation Scoreboard (RIS) a partir del empleo de índices sintéticos. En el trabajo se desarrollan tres nuevas perspectivas con el fin de ofrecer planteamientos alternativos de este tablero para el conjunto de las regiones europeas en materia de innovación. El estudio es fruto de una colaboración de Cotec con dos expertos de su red de Los 100: Juan Carlos Salazar, de la Universidad Autónoma de Madrid; y Jon Mikel Zabala, de la Universidad de Deusto.

La corrupción es una preocupación para las empresas. El 58% de las compañías españolas piensa que las prácticas ilegales son un problema que afecta a su normal funcionamiento a la hora de hacer negocios, según un eurobarómetro sobre la percepción de la corrupción en el tejido económico.
Si una economía es percibida como altamente corrupta, su imagen internacional se resiente y mina la confianza en los mercados. Transparencia Internacional otorgó a nuestro país 61 puntos sobre 100 el año pasado en su Índice de Percepción de la Corrupción. La organización considera que una economía como la española, entre las quince más grandes del mundo, “no debería estar por debajo de setenta puntos si quiere mantener su imagen y competitividad”. “Reducir la corrupción es fundamental para garantizar la integridad política y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas”, argumentan desde la ONG.

Los autores de la investigación piden a los partidos una reforma legal para evitar que la administración central, la autonómica o la local puedan seguir usando dinero público al servicio de intereses políticos.
De momento ya se han entrevista con PSOE, PP y Ciudadanos y están a la espera de concretar una cita con Vox y con Unidas Podemos. “Nuestra sensación es bastante positiva”, aseguran los promotores de la iniciativa.

El estudio lo lidera el Grupo Daniel Jones, de la Autónoma de Barcelona, en colaboración con los profesores Guadalupe Aguado y Raúl Magallón, de la Universidad Carlos III de Madrid, y Miguel Álvarez Peralta y Belén Galletero, de la Universidad de Castilla la Mancha. La investigadora principal es Isabel Fernández Alonso, profesora titular de Comunicación y coordinadora del grupo. Participan en el proyecto los también investigadores Mercè Díez, José Joaquín Blasco Gil, Ana Fernández Viso y Marc Espín.

El Gobierno vuelve a obtener una puntuación pobre en la Open Budget Survey, la encuesta global que evalúa y compara la calidad de la información presupuestaria de 120 países bajo criterios de transparencia, participación y vigilancia.
Civio
Dos puntos clave han llevado al Estado español a repetir los pobres resultados de ediciones anteriores de la Open Budget Survey: la escasez de transparencia presupuestaria, sobre todo en la ejecución, lo que de verdad se acaba gastando; y la falta de mecanismos para que la ciudadanía participe en la planificación y ejecución del gasto público.

Su envío al Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las CCAA es obligatorio. Una amplia mayoría de los municipios infractores son de Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Miguel Ángel Gavilanes
3.053 días de retraso. El de Torvizcón es el ayuntamiento que más ha tardado en presentar sus cuentas para su fiscalización, más de ocho años, según datos del Tribunal de Cuentas. Entre el 7 y el 24 del pasado mes de marzo este municipio de la Alpujarra de Granada pisó el acelerador y envió la información de seis ejercicios pendientes. Desde 2012 solo ha presentado las cuentas de un ejercicio dentro del plazo legal, aunque apurando: a dos días de la fecha límite. Sin embargo, hay ayuntamientos que van más allá.

La calidad de la contratación pública se mide con varios indicadores. Uno de los más utilizados para determinar el nivel de concurrencia y competencia es el que se fija en el número de licitaciones públicas a las que sólo se presenta una única empresa. Y España no sale bien parada en este ámbito. En los últimos trimestres, tres de cada diez concursos públicos han recibido una única oferta, el porcentaje más elevado desde 2019, según el análisis realizado por Gobierto Contratación (contratos.gobierto.es) con datos de las plataformas del Estado, Catalunya y Euskadi.

"Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020. Estimación de las cargas administrativas aún pendientes"

Estudio realizado por Máximo Fraile, experto en evaluación de políticas públicas y vicepresidente de la Fundación NovaGob. En el trabajo se analiza la utilización de la Plataforma de Intermediación de Datos, así como los datos de registros de entrada por parte de ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos.

Este estudio ofrece un panorama completo de la investigación en Europa sobre las barreras a la accesibilidad cognitiva y los factores que tienen un impacto en la autonomía y participación de las personas con discapacidad cognitiva en el entorno digital.
El aumento de la digitalización crea tanto un desafío como una oportunidad para la participación de las personas con discapacidad. Los servicios digitales pueden eliminar las barreras que se encuentran en el mundo físico. Al mismo tiempo, los servicios en línea y los sitios web que no son accesibles pueden crear nuevos tipos de barreras.
En muchos casos, puede ser difícil para un usuario de un sitio web comprender la información en línea y completar tareas utilizando interfaces complicadas. Si bien cualquier usuario puede enfrentar estos problemas, algunos grupos, como las personas con discapacidades cognitivas y los adultos mayores, son particularmente vulnerables.

Autoras:

Sara Kjellstrand, Susanna Laurin (Funka),
Saredo Mohamed, Nazia Chowdhury (ICF)

Facilita un índice sobre la transparencia corporativa de las principales empresas cotizadas en la Bolsa española
El Índice de Transparencia Corporativa en Integridad, Cumplimiento y Derechos Humanos de las Empresas del Íbex 35 (Trac-España 2022), publicado este viernes por Transparency International España, refleja que no hay ninguna empresa de las que componen el Íbex 35 que haya alcanzado una puntuación del 100/100, lo que revela que los estándares tradicionales de ‘reporting’ no son suficientes y que existe un amplio campo de mejora en las cinco dimensiones evaluadas.
Además, solo 27 compañías de las 35 analizadas alcanzan el 50/100. El Trac-España 2022 de Transparency International España (TI-E) es el primer informe desarrollado en nuestro país bajo la metodología de evaluación Trac (Transparency in Corporate Reporting) de Transparency International (TI), empleada desde 2008 y aplicada tanto a nivel global como a nivel nacional en más de 20 países (Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Dinamarca, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Kuwait, Lituania, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Rusia, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Turquía, Ucrania y Vietnam).

Cuatro de cada 10 contratos públicos adjudicados en 2021 fueron otorgados a la única oferta que se presentó
Los contratos abiertos bajaron del 54% en 2019 al 48% en 2021; los adjudicados por negociación sin publicidad, de los menos transparentes, subieron del 8% al 10%
Tres de cada 10 contratos de abril de 2020 se licitaron por la vía de emergencia
Gobierto ha analizado casi 373.000 contratos adjudicados entre 2019 y 2021 en su 'Estudio Anual Contratación Pública en España 2021'

El Estudio Anual sobre Contratación Pública en España 2021 de Gobierto se presenta con la vocación de comprender qué ha pasado durante el último ejercicio y anticipar las tendencias para 2022. A partir del análisis de más de 372.000 adjudicaciones publicadas en los portales de contratación del Estado, Catalunya y Euskadi durante los últimos tres años (sin tener en cuenta los contratos menores), el estudio que estás a punto de leer y ver pretende servir de brújula para moverse en las turbulentas aguas de las licitaciones y adjudicaciones.

El primer gran estudio sobre esta tendencia da razones a favor y en contra
La desigualdad de género se reduce drásticamente...
... Pero la productividad no es la mejor entre los empleados que antes producían más

Un nuevo estudio apoya ahora que puede ser una buena idea con datos. Tomasz Obloj, de HEC París, y Todd Zenger, de la escuela de negocios de la Universidad de Utah, recopilaron los sueldos de casi 100.000 profesores estadounidenses de ocho estados durante un periodo de 14 años.

La Comisión Europea ha adoptado nuevas normas sobre software de código abierto que permitirán que sus soluciones de software sean de acceso público siempre que existan beneficios potenciales para los ciudadanos, las empresas u otros servicios públicos.

El reciente estudio de la Comisión sobre el impacto del software y hardware de código abierto en la independencia tecnológica, la competitividad y la innovación en la economía de la UE mostró que la inversión en código abierto genera, de media, una rentabilidad cuatro veces superior. Los servicios de la Comisión podrán publicar el código fuente del software que poseen en un tiempo mucho más corto y con menos papeleo.

El Índice de Integridad de la Defensa Gubernamental (IDG) o Governance Defense Index (GDI por sus siglas en inglés) 2020, publicado este martes por Transparencia Internacional o Transparency International (TI), revela que un 62% de los países tienen un alto riesgo de corrupción en defensa y seguridad. En esta edición se han evaluado y puntuado 86 países en cinco áreas de riesgo: financiera, operativa, de personal, política y de adquisiciones, asignando una puntuación global a través de una escala del 0 al 100 que evalúa el riesgo de corrupción –desde riesgo crítico (puntuación de 0 a 16) a riesgo muy bajo (puntuación del 83 al 100)–.

Desde 2015, uno de cada cuatro ex altos cargos de la AGE declararon actividades privadas en los dos años posteriores a su cese, entre las que destacan incorporaciones a consultoras, bufetes y asesorías.
Miguel Ángel Gavilanes
Antonio Hernández

El estudio sobre el impacto del software y hardware de código abierto para la Comisión Europea encontró que el software y el hardware de código abierto son clave para la transformación digital de la región y pueden ser un gran impulso para el PIB de la UE.

La relación que los ciudadanos tenemos con la Administración comienza desde que nacemos, con la inscripción del nacimiento, y va progresando a lo largo de la vida. Sin embargo, en muchos momentos esa relación no resulta ágil ni sencilla porque la Administración no se comunica con claridad.
Un equipo de especialistas en Comunicación Clara hemos analizado los puntos débiles del lenguaje administrativo actual, con especial foco en las páginas web.
Hemos resumido el resultado de este análisis en un estudio que señala los principales puntos de mejora y las futuras líneas de trabajo que proponemos en materia de claridad para las administraciones.