Transparencia en España

El Ministerio de Hacienda y Función Pública sigue negando a los ciudadanos información básica que debería ser pública sobre pluses a dedo y productividades de los funcionarios y sobre los altos cargos. Su negativa a facilitar estos datos ha llegado a los tribunales tras las exigencias del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de darles publicidad.

El Tribunal Supremo da la razón al Consejo de Transparencia en el 77% de recursos que presenta el Estado contra sus resoluciones
Ilustración: A.Mata
Por Alejandro Mata
Este 9 de diciembre se cumple el décimo aniversario de la ley de transparencia 19/2013, y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) todavía enfrenta desafíos para supervisar su cumplimiento. En este sentido, su presidente, José Luis Rodríguez Álvarez, afirma en una entrevista a Newtral.es que “la mayor patología de nuestro sistema” es que el 10% de las resoluciones firmes del Consejo de Transparencia nunca llegan a ejecutarse. Por ello, plantea que la ley debe de darle al CTBG la suficiente potestad coercitiva para poder exigir el cumplimiento de sus resoluciones.

La Oficina de Conflictos de Intereses revisa que los altos cargos cumplan la ley de transparencia y la del alto cargo. Tras una petición de Público para conocer quiénes las han infringido, Hacienda acude a la Justicia para seguir ocultando la información.

Sergio Sangiao

La actividad pública que realice el Colegio Notarial de Valencia está sujeta a la Ley de Transparencia de la Comunitat Valenciana, por lo que debe publicitar sus funciones y actividades públicas de forma activa y garantizar el acceso a la información de carácter público a ciudadanos y organizaciones.
Así lo establece la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en una sentencia hecha pública este viernes.
El asunto nació a partir de la reclamación que una asociación presentó ante el Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana en la que reclamaba que el Colegio Notarial de Valencia era una corporación de derecho público y por ello estaba obligada a cumplir la Ley autonómica de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana.

En abril de 2021, Civio registró una solicitud de acceso pidiendo el coste real y los requisitos para que el tratamiento Luxturna se financiara en el Sistema Nacional de Salud. Más de 800 días después, una magistrada señala que esta información debe ser pública.
El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid, adscrito a la Audiencia Nacional, ha desestimado los recursos interpuestos por el Ministerio de Sanidad y Novartis con los que pretendían ocultar el precio y las condiciones de financiación negociadas en secreto por el medicamento Luxturna. La sentencia, que apoya la posición de Civio y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), aún no es firme, ya que tanto el ministerio dirigido por José Miñones como el laboratorio farmacéutico tienen un plazo de 15 días para presentar recurso de apelación.

En 2013, el Tribunal Supremo condenó en costas judiciales a Access Info a pagar 3.000 euros tras preguntar cuáles son las medidas que España está tomando para luchar contra la corrupción
Por Alejandro Mata
El Gobierno ha interpuesto un recurso, ante los Juzgados centrales de lo Contencioso Administrativo, contra una resolución del Consejo de Transparencia, donde se le obligaba a publicar el cuestionario con el que autoevalúa ante la ONU sus medidas contra la corrupción.
Este cuestionario, además de otra información, fue solicitada por la organización pro-transparencia Acces Info. El Gobierno no publica estos documentos por “confidencialidad” y afirman que los publicaran más adelante, una vez se haya evaluado a España.

El Tribunal tumba una decisión del TSJ de Catalunya que permitió a una residencia privada ocultar información sobre sus sanciones por este asunto.

El caso comenzó en 2018 cuando una periodista solicitó información sobre dichas sanciones impuestas a residencias públicas y privadas en los cuatro años anteriores. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de Catalunya declaró el derecho de la periodista a acceder a los datos, pero la Fundación Privada Residencia Bell Repós de Súria se negó a facilitarlos y llevó esta resolución a los tribunales. El TSJC dio la razón a la Fundación y ordenó que “debe excluirse su identificación, es decir su nombre, la del establecimiento de que es titular y su ubicación geográfica” en la respuesta de transparencia. Es decir, cualquier dato con el que se pueda identificar a la organización.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 28/11/2022 (ECLI:ES:TS:2022:4434), ha declarado que la acción pública en materia urbanística NO constituye un régimen específico de acceso a la información que excluye la aplicación de la Ley de Transparencia, y que la falta de utilización de este cauce NO debe considerarse como el ejercicio abusivo de este derecho.
Los hechos fueron los siguientes: el propietario de un establecimiento turístico denunció ante el Ayuntamiento que otro establecimiento turístico estaba ejecutando obras sin licencia. Estando en tramitación el expediente de reposición de la legalidad urbanística, se solicitó al Ayuntamiento, al amparo de la Ley 19/2013, de transparencia, una copia de los expedientes de licencias o títulos habilitante de la actividad otorgados en los últimos seis años; petición que fue estimada por el Alcalde.

El Ministerio de Hacienda debe revelar la “cuantía total recibida en concepto de productividad y gratificaciones extraordinarias durante el año 2019 por cada uno de los empleados públicos que presta (o ha prestado) servicio en el ministerio”.
También está obligado a informar de las “productividades y gratificaciones, con identificación individual de cada uno de los perceptores de puestos que se ocupen como personal eventual, así como personal titular de órganos directivos y personal de puestos de libre designación- N30, 29 y 28-, se debe dar en cómputo anual. Para el resto de trabajadores, puede proporcionarse la información sin identificar a los titulares de los datos, dando la cuantía global por niveles y también en cómputo anual”.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno había instado al Ministerio de Hacienda a facilitar toda esa información pública. El departamento de María Jesús Montero no quedó conforme, y recurrió por dos veces a los tribunales.
Confidencial Digital ha consultado una sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que desestima el recurso de la Abogacía del Estado, en representación de Hacienda, contra la sentencia que ya había dictado en octubre de 2021 el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2, y que también confirmó la decisión de Transparencia.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 17/11/2022 (ECLI:ES:TS:2022:4174, Recurso de Casación nº 1837/2021), acaba de decir, alto y claro, que el derecho de acceso a la información pública comprende no solo los acuerdos adoptados, sino también las actas de las reuniones, ya que las actas de las reuniones de un órgano colegiado no están, en principio, excluidas del conocimiento público al amparo del art. 14.1.k) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, puesto que los datos en ella incorporados de forma obligatoria no afectan a la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en la formación de voluntad del órgano colegiado, al no reflejar, como contenido mínimo necesario, la totalidad de la deliberación ni las opiniones y manifestaciones integras de cada uno de sus miembros.
Con carácter general, el límite de la confidencialidad o el secreto en el proceso de toma de decisiones no se aplica a las actas de las reuniones de los órganos colegiados.

Dos residencias de mayores concentraron la tercera parte de las muertes de ancianos en estos centros durante la primera ola de la pandemia del coronavirus: la de Mensajeros de La Paz en La Bañeza, con 71 fallecidos, y la de Domus Vi Nuestra Señora del Camino en La Virgen del Camino, con 46.
Esto se desprende de los datos publicados por la Junta de Castilla y León en su página de Transparencia, tras obligarles a ello el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León después de un recurso judicial de Infolibre porque se habían negado a entregarlos tras varias peticiones, entre ellas de ILEÓN.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital va a recurrir ante la Audiencia Nacional una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le insta a entregar las actas de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, órgano encargado de coordinar las medidas de prevención de blanqueo de capitales y de resolver los expedientes sancionadores en ese ámbito.

Tras una sentencia favorable del TSJ de Galicia, infoLibre ya dispone de los datos desglosados por centros en todas las comunidades salvo Aragón, Asturias y Castilla y León
Manuel Rico
Las patronales de las residencias llevan dos años quejándose de que la hecatombe sufrida durante la pandemia, con 20.000 residentes fallecidos durante la primera ola en la primavera de 2020, ha llevado a una “criminalización” injusta de todo el sector. Y también sostienen que el tipo de gestión de los centros, pública o privada, no ha sido un factor diferencial en la afectación provocada por el covid. ¿Son ciertas ambas afirmaciones?
Para saberlo con exactitud es necesario conocer el impacto del virus en cada una de las más de 5.150 residencias que estaban operativas en España cuando llegó la pandemia. En mayo de 2020, infoLibre solicitó conocer esa información desglosada por centros a través de los portales de Transparencia de las 16 comunidades autónomas y las tres diputaciones forales vascas que tienen las competencias sobre el sector residencial. Algunas comunidades respondieron dentro de los plazos legales, otras después de que así se lo ordenasen las comisiones de Transparencia correspondientes y en tres casos la petición llegó a los tribunales

Recursos judiciales del año 2021 interpuestos por particulares y empresas relativo s la Administración General del Estado. 

• RCA220. Acceso a la base de datos del Registro Civil Central de defunciones
  Reclamación frente a denegación de acceso a la base de datos del Registro Civil Central de defunciones.
• RCA222. Copia íntegra del expediente administrativo y composición del tribunal
  Reclamación frente a denegación de acceso a una copia íntegra del expediente administrativo y la composición del tribunal calificador en pruebas de acceso al Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
• RCA226. Copia íntegra del expediente administrativo y composición del tribunal
  Reclamación frente a denegación de acceso a una copia íntegra del expediente administrativo y la composición del tribunal calificador en pruebas de acceso al Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
• RCA231. Reclamación frente a denegación parcial de acceso a la Información
  Reclamación frente a denegación parcial de acceso a la Información sobre el numero de interrupciones voluntarias de embarazos por centros privados u hospitales públicos
• RCA232. Denegación acceso información datos: envases, dosis y coste Truvada
  Reclamación frente a denegación de acceso a la Información sobre datos de envases, dosis y coste del medicamento Truvada

El Tribunal Supremo ha instado al Ayuntamiento de Sevilla a que informe a un ciudadano sobre los bienes inmuebles del municipio que están exentos del pago del IBI al primar la Ley General de Transparencia frente a la confidencialidad de los datos tributarios.
Los magistrados de lo contencioso ponen así fin a un litigio entre el Consistorio y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
La sentencia, dictada el pasado mes de julio, anula las resoluciones judiciales que avalaron la postura del Ayuntamiento y le insta a entregar "a la mayor brevedad" la información que solicitó un responsable de la asociación Andalucía Laica hace ya cinco años.

El ministerio recurre la resolución por la que Transparencia estimó la reclamación de ‘El Independiente’ después de que la Inspección de Trabajo detallara el número de controles y el importe de las infracciones pero no identificara a las compañías
Antonio Salvador
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha recurrido a los tribunales para no revelar la identidad de las empresas que, acogiéndose a los beneficios de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por la pandemia, fueron sancionadas en firme por haber cometido algún tipo de fraude o irregularidad.
En nombre de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Abogacía del Estado interpuso el pasado 28 de julio recurso contra la resolución por la que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) desestimó el pasado 25 de mayo los límites al derecho de acceso invocados por el ministerio y le instaba a dar trámite de audiencia a todas las empresas multadas para que pudieran hacer alegaciones. El procedimiento ha recaído en el Juzgado Central Contencioso-Administrativo 7, que debe resolver si acepta cautelarmente la suspensión de la resolución que combate hasta que entre al fondo del asunto

La solicitud de información de un vecino de Monforte del Cid llega hasta el Supremo, que sienta jurisprudencia y resuelve que todas las administraciones deben garantizar el acceso a la información urbanística aunque suponga hacer informes ‘ad hoc’

El Consejo ha adjudicado a G Cueto Legal el contrato para su defensa y representación legal en los procesos en los que tiene en contra a la Administración cuando recurre sus resoluciones
Por Laura García
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha adjudicado al despacho de abogados G Cueto Legal el contrato para su defensa y representación legal cuando la Administración recurre contra las resoluciones del Consejo. Así, este nuevo contrato tiene un valor de 44.661 euros (con IVA) y su duración es de un año. Esto supone que Transparencia reduce su gasto en 13.400 euros respecto a 2020.
Menos gasto para el Consejo de Transparencia
En 2020 el Consejo adjudicó su defensa privada también a G Cueto Legal con un contrato por 58.078 euros (euros con IVA) y redujo su gasto en más de 7.000 euros respecto al año anterior. Entonces, asignó este servicio a Escárate Asesores por 65.340 euros (con IVA). Sin embargo, fue en 2018 cuando tuvo menos gasto en representación legal pues pagó 32.912 euros (con IVA) a esta empresa ubicada en Madrid.

Así de claro lo acaba de decir el Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 2/6/2022: no se puede inadmitir una solicitud de acceso a la información sobre las actuaciones urbanísticas realizadas por un Ayuntamiento porque se considere que recopilar dicha información es un supuesto de reelaboración (artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG).
El caso es el siguiente. Una persona había solicitado a un Ayuntamiento información sobre el estado de ejecución de unas obras de urbanización, concretamente, entre otros datos, la fecha en que la obra fue iniciada, el tiempo de paralización de las obras, las medidas adoptadas por el Ayuntamiento para obligar a la empresa urbanizadora, y si la actividad de golf dispone de licencia ambiental y de actividad.
El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó la reclamación...

La institución cambia de postura y contradice a la Abogacía del Estado, quien presentó en su nombre una oposición al recurso de Civio a la última sentencia en contra.
Giro de guión en nuestro litigio sobre la transparencia del código fuente. El pasado mes de febrero Civio presentó su recurso de apelación contra la sentencia que nos denegó el acceso al código fuente de BOSCO. Esta aplicación, desarrollada por el Gobierno, es la que usan las empresas eléctricas para determinar si un usuario en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con la normativa, puede beneficiarse de descuentos en su factura de luz. La pelota pasó entonces al tejado de las otras partes involucradas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Consejo de Transparencia, ambas representadas por la Abogacía del Estado y que, durante todo este proceso, se han opuesto a que nos den el código. Y algo se ha movido en el lado del Consejo.