Transparencia en España

a Fundación Hay Derecho ha presentado un Manifiesto por la mejora institucional, con 10 medidas “para acabar con el clientelismo político en las instituciones y mejorar su profesionalidad y neutralidad”.
Desde Hay Derecho piden a los partidos políticos que se comprometan a esas 10 medidas para una reforma institucional integral en favor del Estado de Derecho. Son medidas concretas sobre separación de poderes, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción.

La Unión Europea viene publicando desde 2020 sus Informes sobre el Estado de derecho, donde establece los avances y los retos de los distintos Estados miembros y expone las principales tendencias que se desarrollan en el conjunto de la Unión. Desde Hay Derecho hemos decidido recoger el testigo y nos hemos propuesto analizar de forma pormenorizada la situación en nuestro país. Con este primer Informe sobre el Estado de derecho en España (2018-2021) hemos implementado una serie de indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos con el fin de medir objetivamente la situación de nuestras instituciones políticas en sus diferentes dimensiones.
El informe Midiendo el Estado de derecho: antes y después de la pandemia (2018-2021) ha sido realizado por el equipo de investigación de Fundación Hay Derecho en colaboración con la Cátedra de buen gobierno e integridad pública de la Universidad de Murcia.

Un tiempo lleno de desafíos como la llegada de pandemias, grandes catástrofes naturales provocadas por la crisis climática, el poder de los fondos de inversiones o la revolución tecnológica, nos obliga a repensar la vieja democracia liberal y fomentar un activismo colectivo para innovarla.

Desde 1996, el uso de esta figura, que esquiva las reglas de la democracia parlamentaria y debería ser excepcional, se ha multiplicado: de 70 a un millar de páginas al año.
Eva Belmonte, David Cabo y Carmen Torrecillas
Los decretos ley permiten que el Gobierno apruebe de forma unilateral y directa medidas con rango de ley, esto es, que de otra forma deberían pasar por el trámite parlamentario, debatirse y contar con el apoyo de una mayoría. Solo se pueden usar, dice la Constitución, en caso de “extraordinaria y urgente necesidad”.
El 5 de febrero de 2020, antes de que la pandemia lo cambiara todo, el Gobierno aprobó un decreto ley de 252 páginas para transponer seis directivas europeas y, de paso, relajar las reglas de los contratos públicos. Esta norma, además de juntar en un solo texto un montón de materias -mezcla el tocino, la velocidad y un bodegón entero-, bate el récord de tamaño de un decreto ley en los últimos 26 años: 252 páginas, que se dice pronto. [aquí puedes consultar nuestra metodología]

Inscríbete al Seminario “La calidad institucional como fundamento de la gestión eficaz y honesta del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia”
Fechas: 18 y 19 de mayo
Lugar: ESCUELA DE MÁSTERES OFICIALES-Universidad Rey Juan Carlos
C/ Quintana, 2; aula 301
Modalidad: Semipresencial
Organizado por: Universidad Rey Juan Carlos junto con TI-España, +Democracia y Hay Derecho.

Este seminario se impulsa por los grupos de investigación responsables del Proyecto H2020 COVINFORM y el PID2020-115869RB-I00 del Plan Nacional de Investigación, así como por las organizaciones Transparency International-España, Más Democracia y Hay Derecho.

La última sesión del curso “Prevención de la corrupción en la gestión pública”, elaborado por la Agencia Valenciana Antifraude, en colaboración con la Universitat de València, fue impartida por Anselm Bodoque, jefe del Servicio de Formación de la AVAF.
“El coste de la corrupción y las políticas públicas contra la corrupción en Europa y España”, título de la ponencia, permitió compartir reflexiones acerca de las diversas vertientes de los efectos negativos del fraude y del interés general.
El gasto público excesivo, la reducción de la inversión pública en servicios esenciales, la exclusión de empresas innovadoras y honestas o la permisividad ante el fraude fiscal fueron algunos de los efectos negativos que se expuso en la sesión sobre la corrupción en la gestión pública del 9 de marzo de 2022.

Los datos de contexto más inmediato nos muestran algunas señales de alarma. Pero, no les oculto que no me interesan demasiado ahora: son mera sintomatología de una enfermedad mucho más profunda. Que el Índice de Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción en 2021 nos haga bajar dos escalones y nos sitúe en el puesto 14 de la UE, es preocupante (por debajo de la media); pero no pasa tampoco de mero síntoma. Lo mismo se puede afirmar del reciente Democracy Index editado por The Economist que, sin perjuicio de las inteligentes objeciones que plantea Carlos Sánchez en su artículo dominical en El Confidencial, desciende a la democracia española al segundo escalón, fuera ya de los sistemas políticos más consistentes. Estas son noticias de inmediatez, siempre interesantes y que tantos comentarios mediáticos levantan, pero ofrecen solo una parte del problema.

"Desafección. Antipolítica. Populismo. Extremismo. Demagogia. Esperpento. Poder fáctico. Lawfare. Politización. Judicialización. Partidismo. Despotismo. Cinismo. Totalitarismo. Sectarismo. Fanatismo. Incompetencia. Ineptitud. Represión. Espionaje. Injusticia. Elitismo. Post-democracia. Oligarquía. Plutocracia. Fake news. Mentira. Censura. Desafección.
Parecería que nos estaríamos refiriendo a adjetivos relativos a regímenes poco o nada democráticos. Y sin embargo estos son términos con los que ciudadanía, prensa y los mismos políticos califican a diario lo que los índices y analistas internacionales consideran democracias plenas y saludables. Recordemos que, en el caso de España, (...)"

Autoría: Alberto Penadés y Amuitz Garmendia (dir.)
El 2020 quedará para siempre grabado en nuestra memoria como el año de la pandemia. Solo hay que observar la ruptura en algunas series históricas, como el exceso de mortalidad o los principales indicadores económicos, para darse cuenta de la magnitud del impacto. No obstante, el objetivo de este informe —el decimocuarto de la serie— no es evaluar la efectividad de la respuesta a la crisis de la pandemia desde un punto de vista sanitario o económico, sino tratar de averiguar qué podemos aprender sobre la democracia española en este contexto extraordinario.
En los doce capítulos de este informe se ponen a examen, con mirada crítica, algunas cuestiones específicas: cómo se enfrentó la sociedad y el Estado a la crisis; cuáles fueron las implicaciones, en términos económicos y sociales, de la misma; qué dilemas democráticos plantean la restricción de derechos fundamentales y la apelación a la tecnocracia; o cómo se ha llevado a cabo la gestión en un contexto de poder diseminado. El resultado ofrece, por tanto, un diagnóstico exhaustivo del estado de nuestra democracia tras la crisis y, sobre todo, una aproximación a los retos que nuestro sistema político deberá afrontar —y sus posibles vías de salida— cuando lo peor de la pandemia haya pasado.

Hace ahora casi una década, en concreto en 2012, ACEMOGLU y ROBINSON, en un célebre libro (“Porqué fracasan los países”), realizaron un análisis de los motivos que llevan a unos territorios a conseguir un desarrollo económico inclusivo (prosperar) mientras que otros, en circunstancias similares, fracasaban (ejemplos hay en el libro citado como Corea del Norte y Corea del Sur, la Alemania Oriental y la Occidental, Nogales en EEUU y Sonora en México). La solución a la ecuación, se sostenía en esa ya clásica obra de corte institucionalista, se plasmaba en la idea de que son las instituciones de las que estaban dotados unos y otros el elemento determinante que explicaría dichas disfunciones.

Para avanzar en esta línea de trabajo es importante tener una ciudadanía formada en Gobierno abierto que entienda la importancia de una Democracia fuerte. El curso Desafíos para la calidad de la democracia en España organizado por la Universidad de Zaragoza insiste en conocer los retos para lograr esa calidad democrática.

Ponentes:

1 Beatriz Acha Ugarte, Universidad del País Vasco (UPV-EHU)
2 Carlos Fernández Esquer, Investigador García Pelayo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
3 Cristina Monge Lasierra, Universidad de Zaragoza
4 Enrique Cebrián Zazurca, Universidad de Zaragoza
5 Joan Navarro Martínez, Sociólogo y Vicepresidente de asuntos públicos en LLYC
6 Jorge Urdánoz Ganuza, Universidad Pública de Navarra
7 Manuel Villoria Mendieta, Universidad Rey Juan Carlos
8 Raúl Oliván Cortés, Gobierno de Aragón. Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales
9 Safira Cantos Salah, investigadora en derechos humanos, abogada y vocal de perspectiva de género en Más Democracia
10 Teresa Sánchez Chaparro, Universidad Politécnica de Madrid

Aunque no cotice políticamente al alza, al menos en nuestro país, nadie mínimamente informado duda de que la calidad institucional es uno de los factores que facilita el desarrollo económico, la cohesión social y la mejora de la vida de la ciudadanía. Ahogados en nuestras cuitas inmediatas o huidos hacia un horizonte temporal de largo plazo, con frecuencia nuestros gobiernos olvidan que los deberes políticos-institucionales son para hacer aquí y ahora con la mirada puesta en el medio plazo. El reto de la Agenda 2030, entreverado con la recuperación, está encima; y nada o poco se logrará sin una apuesta decidida por fortalecer las instituciones, también los respectivos gobiernos y el propio sector público (administración) entre ellas. Siempre es necesario hacer prospectiva de lo que será la sociedad española, pero lo realmente importante es diseñar bien modelos de transición a corto y medio plazo. Sin unas instituciones sólidas no habrá Estado, ni menos aún sociedad que se precie.

La Diputació de Barcelona, compromesa amb el desenvolupament d’iniciatives que millorin la confiança de la ciutadania en les institucions, disposa d'un Codi de bon govern i qualitat institucional, una mostra de transparència i ètica pública.
El Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple de la corporació de 30 de març de 2017, recull el conjunt de principis i compromisos que ha d’assumir la corporació amb relació a les parts interessades (o stakeholders), i orienta les pautes de comportament de tot el personal al servei de la corporació amb la finalitat d’incrementar els nivells de transparència en la gestió pública i potenciar el comportament ètic i socialment responsable.

Enmarcando esta reflexión
Hace aproximadamente diez meses escribí un artículo que titulé de esa manera. Dado el contexto de una pandemia que comenzaba a atizar con una dureza desconocida hasta entonces, preferí ser prudente y dejarlo dormir en el disco duro del ordenador. Quería creer que, conforme la triple y brutal crisis sanitaria/humanitaria, económica y social que entonces se estaba incubando mostrara sus peores garras, la clase política cambiaría ese modo hasta entonces escasamente edificante de ejercer lo que es una digna actividad pública y absolutamente necesaria para que la ciudadanía y nuestro propio país y sociedad tengan una vida razonable. Pensé ingenuamente que esa clase política, nueva, vieja o entreverada, se embarcaría en un cambio de actitudes en la forma de hacer política, para poder afrontar con mínimas garantías un presente incómodo y un futuro terriblemente incierto, con más sombras que luces.
Nada de eso ha sucedido.

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del grupo socialista en la que se insta a una renovación "urgente" de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La proposición no de ley ha salido adelante con 18 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos y PNV, entre ellos) y 15 en contra (PP y Vox).

"Ante el bombardeo mediático de estos días sobre un aspecto de la vida política-institucional como es (el bloqueo en) la renovación del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial que se pretende hacer, por enésima vez, mediante el turbio y espurio procedimiento de cambio de cromos entre los partidos políticos, conviene poner algunas cosas en claro."

"La predicción de los cambios políticos radicales, de las revoluciones y de las transformaciones dramáticas de regímenes también es un asunto complejo. Sin embargo, es algo más asequible metodológicamente para politólogos, sociólogos y otros científicos sociales. Al existir un número mayor de casos de cambios políticos de esta índole analizables, y al estar estos casos en un horizonte temporal pasado más cercano, se pueden identificar pautas o patrones comunes que sirvan de criterio analítico para explorar el presente. (...)"

Desde 2009, las dictaduras han avanzado más que las democracias en el mundo. En España, la democracia sufre un leve deterioro debido, principalmente, al incremento de la intolerancia.