Transparencia en España

Las mujeres ganan en la UE un 13% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Una realidad que nueve de cada diez europeos consideran inaceptable. Con el objetivo de enmendar esta anomalía histórica, el Parlamento Europeo ha dado este jueves luz verde a la Directiva de Transparencia Salarial, que obliga a las empresas a informar públicamente sobre un desfase que engorda la pobreza de trabajadoras y pensionistas. Sin embargo, la normativa queda descafeinada por la resistencia y las trabas del Consejo Europeo.

La Comisión Europea propuso este viernes reglas para reforzar la independencia de la prensa, proteger el servicio de los medios públicos y hacer pública la información sobre la propiedad de las empresas de comunicación, así como el dinero que destinan las autoridades a publicidad institucional y qué medios eligen para ello.

La bautizada como directiva de libertad de prensa busca consagrar en ley el principio de la información como un bien público tras los escándalos de espionaje a periodistas, las dudas sobre la independencia de los medios públicos o la opacidad de las campañas gubernamentales en la prensa.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en su Resolución nº 29, de fecha 20/6/2022, ha rechazado una reclamación, en mi opinión, de forma injustificada, al aceptar la burda excusa dada por el Ministerio de Asuntos Exteriores para no facilitar las razones que justifican el retraso en transponer 64 directivas comunitarias.
La excusa es muy débil, pero el CTBG, sorprendentemente, la acepta. La Dirección General de Mercado Interior, integrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores, contestó lo siguiente:

El Ministerio de Justicia abrió un plazo de aportaciones al Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que finaliza el día 17 de marzo.
Desde Ansari, Innovación Social hemos realizado las nuestras. Creemos que es importante que los grupos de la sociedad civil, expertos y ciudadanía contribuyan a este anteproyecto, que a nuestro juicio, presenta serias deficiencias que hay que corregir.
La protección de los informantes de corrupción y la transparencia son pilares de la calidad democrática y de nuestras instituciones.
Te invitamos a leer el texto y si quieres, puedes copiar y pegar aquello en lo que estés de acuerdo y remitirlas al Ministerio. El correo es : audiencia.informantes@mjusticia.es

APORTACIONES DE ANSARI INNOVACIÓN SOCIAL

Varias eurodiputadas españolas miembros de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo han coincidido en pedir que la directiva de transparencia salarial sea aplicable a empresas de menos de 250 trabajadores, una cifra mínima que establece esta ordenanza europea a la hora de exigir obligaciones más estrictas en materia de transparencia retributiva.
Así lo han dicho María Eugenia Rodríguez Palop (La Izquierda), Rosa Estarás (PPE), Lina Gálvez (S&D), Soraya Rodríguez (RE), este viernes durante un seminario de prensa organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en España, en el que las eurodiputadas han coincidido en que el tamaño de las empresas a las que se aplique la directiva no puede fijarse en 250 trabajadores, abogando por llegar a empresas de menores dimensiones con el objetivo final de que todas las compañías sean transparentes en materia de igualdad de retribución salarial entre sus empleados.

La Comisión Europea ha llamado la atención a la mayor parte de los países de la Unión Europea, entre ellos España, por no transponer la Directiva Whistleblowing, cuyo plazo concluyó el pasado 17 de diciembre.
Bruselas se ha dirigido así a un total de 24 países a través de una carta de emplazamiento enviada el pasado 27 de enero.
Solo tres países, Suecia, Malta y Portugal, han hecho los deberes y han transpuesto dicha normativa que ofrece una protección integral a los denunciantes, o alertadores –como también se les denomina– de corrupción.
En el caso español, Confilegal ya contó en su día que España no cumplió el plazo de transposición y la intranquilidad de muchos operadores del sector por la falta de información sobre este tema del propio Ministerio de Justicia.

Te explicamos en qué consiste esta directiva europea, qué avances han llevado a cabo los Estados miembros y en qué punto se encuentra en el caso de España
Por Mar Tomico
España ha llegado al 17 de diciembre sin una legislación propia para la protección de las personas que informan sobre infracciones del derecho de la Unión, también conocidos como alertadores o “whistleblowers”. No obstante, no es el único Estado miembro que ha incumplido el plazo para transponer esta directiva europea: solo tres de los Veintisiete tienen leyes propias al respecto.
Dinamarca, Suecia y Portugal ya cuentan con legislación propia aprobada para integrar esta normativa en el ordenamiento jurídico. Por el contrario, países como Chipre, Hungría y Luxemburgo no han empezado a legislar esta materia.
Te explicamos en qué consiste esta directiva europea, qué avances han llevado a cabo los Estados miembros y en qué punto se encuentra en el caso de España.

Desde el Ministerio de Justicia afirman a El Salto que llevarán el proyecto de ley al Consejo de Ministros en enero.
Ter García
Si casos de corrupción como Gürtel, Taula o Bankia salieron a la luz fue por la denuncia que realizaron personas que, por su trabajo, conocieron las irregularidades y delitos que se estaban cometiendo y se atrevieron a denunciarlo. Personas como Rosa Pérez Garijo o Ana Garrido, que tras denunciar, sufrieron acoso y denuncias.
En diciembre de 2019, la Comisión Europea aprobó la Directiva para la protección de las personas que informan de violaciones de las leyes de la Unión. La norma europea ordena a los Estados miembros que elaboren una ley que disponga canales de denuncia y medidas de protección en entidades públicas y privadas para las personas que informen sobre asuntos relacionados con delitos o irregularidades en compras públicas, servicios financieros, lavado de dinero, financiación del terrorismo, seguridad del transporte, protección ambiental, seguridad nuclear, seguridad alimentaria, salud de los animales o o salud pública, entre otros. Y daba de plazo dos años.

+Democracia espera que esa trasposición sea un paso hacia la construcción de marcos de integridad holísticos en las organizaciones públicas y privadas.
Hoy (por el 17 de diciembre) finaliza el plazo para llevar a cabo la transposición en España de la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que denuncian infracciones de la legislación de la Unión (la «Directiva Whistleblower»).
Una vez más, no hemos llegado a tiempo para cumplir con nuestra obligación como socios del proyecto europeo. Es cierto que sólo dos Estados, por el momento, han cumplido con los plazos, Dinamarca y Suecia; pero hay que recordar que otros siete ya mandaron la norma al Parlamento y, en algunos casos, como Alemania o Bélgica fue el legislativo el que rechazó el proyecto del Gobierno por diversas razones, sobre todo el de la carga económica para las empresas. Además, España es de los pocos países europeos que no tiene ninguna regulación estatal para proteger a los alertadores, con lo que su protección es prácticamente nula, salvo en alguna Comunidad Autónoma, como la Valenciana, donde la Agencia Antifraude ha incluido en su normativa y en sus prácticas sistemas de protección bastante desarrollados.

Després de l'aprovació de la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a les dades obertes i la reutilització de la informació del sector públic, s’ha dut a terme la seva transposició a l'ordenament jurídic espanyol, en data 3 de novembre de 2021 mitjançant el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.

El 31 de julio finaliza el plazo del compromiso que se había marcado el Gobierno para transponer la directiva aprobada por la Unión Europea para un acceso más transparente de los datos recogidos en el registro mercantil

El valor económico directo total de los datos abiertos del sector público en la Unión Europea y Reino Unido pasará de 52.000 millones de euros en 2018 a 194.000 millones en 2030.

El plazo para que los Estados miembros de la Unión Europea completaran la transposición de la nueva directiva europea sobre los datos abiertos y la reutilización de la información en el sector público a su correspondiente ordenamiento jurídico nacional finalizó el 17 de julio de 2021. Se espera que el valor económico directo total de estos datos alcance los 194.000 millones de euros en 2030.

Todas las aplicaciones móviles del sector público deben cumplir desde este miércoles, 23 de junio, el 100% de los requisitos de accesibilidad universal para las personas con discapacidad, según lo establecido en el Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
Se trata de la trasposición a la legislación española de la Directiva de la Unión Europea 2016/2102, publicada en diciembre de 2016 con el objetivo de armonizar a nivel europeo los criterios de accesibilidad de estos sitios y aplicaciones.

La Directiva 2019/1937, del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión obliga directamente a los Estados a implementar medidas concretas de protección, como la creación de canales y mecanismos de denuncia para las personas informantes (Whistleblowers) que, como fin último, supondrá la protección del interés público. (...)

Pero la norma comunitaria establece que los estados miembros podrán eximir de la obligación de la creación de estos canales internos a los municipios de menos de 10.000 habitantes o con una cantidad inferior a 50 trabajadores. 

La planta municipal de España está conformada por 8.131 municipios, de los cuales, 7.372 cuentan con menos de 10.000 habitantes. Es decir, el 90,67 % son pequeñas y medianas entidades locales (PYMEL) en las que residen 9.535.294 personas, el 20,10 % de la población de nuestro país. 

Abordaré en estas breves líneas algunas cuestiones significativas de la Directiva a los efectos de la futura transposición que se debe llevar a cabo de la Directiva 2019/2019.

Prof. Dra. Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Presidenta de Transparencia Internacional España

El trámite de consulta pública se encontrará abierto hasta el próximo 31 de julio para recepción de comentarios.
Se ha publicado la consulta pública previa para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1024(Abre en nueva ventana) del Parlamento europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público.

Dicho trámite se encuentra publicado en la web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital .

Madrid, 23 de junio de 2020. Transparency International España (TI-E) se une hoy a la celebración del Día Mundial de los Alertadores para poner en valor y reconocer la extraordinaria función que cumplen para el esclarecimiento de los casos de corrupción.
Tras una larga demanda social y luego de una extensa campaña pública, en 2019 la Unión Europea adoptó la Directiva de protección de las personas que informen infracciones contra el Derecho de la Unión, estableciendo los estándares mínimos de protección para quienes reportan violaciones de la legislación de la UE. Transparency International España destaca la importancia de trasponer esta normativa, especialmente en un período tan particular como la emergencia sanitaria por la COVID19.

(...)

TI-España apoya la transposición de la Directiva de Protección a los Alertadores y emite la siguiente declaración. Para descargarla, pinche en el siguiente enlace: Declaración de TI-España en el Día Mundial de los Alertadores 2020

Se avecinan grandes cambios respecto a la distribución de datos abiertos geoespaciales. Según un artículo publicado recientemente por Frédérique Coumans para GIM International, el mercado geoespacial dará un giro de 360º cuando aproximadamente dentro de año y medio termine el periodo de transposición de la nueva Directiva de la UE, que dictará la obligación de dar acceso abierto y gratuito a los datos geoespaciales y geográficos de la Tierra.
Las dos organizaciones europeas más importantes que trabajan con datos geográficos, EuroGeographics -representante de Geoinstitutos, Catastros y Registros de la propiedad europeos- y EuroSDR - que reúne a productores de datos, universidades e investigadores-, han reaccionado positivamente a la nueva situación. En el artículo, sus respectivos secretarios generales, Mick Cory y Joep Crompvoets, resaltan que “este cambio impulsará de forma destacable al sector privado geomático, gracias a la alta calidad y la incesante actualización de los datos que generará en el futuro nuevas aplicaciones y servicios que por el momento desconocemos.”

"Las personas que trabajan para una organización o están en contacto con ella, en el contexto de sus actividades laborales, son a menudo las primeras en tener conocimiento de las amenazas o los perjuicios que se plantean en ese contexto.
Al dar la voz de alarma desempeñan un papel clave a la hora de descubrir y prevenir las infracciones de la ley, de la normativa interna de las empresas, y de proteger el bienestar de la sociedad en general.
Las infracciones de estas normas crean generalmente sobre la base de la existencia de falseamientos de la competencia, y ello trae como consecuencia cuestiones tales como: (...)"

Poca difusión se ha dado, intuimos por qué, a la importante Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Sin embargo dicha Directiva tiene un calado muy superior a las normas que vienen redactándose desde la Unión. Podríamos decir que ya es la primera directiva "Post Brexit", pensada para gestionar una nueva realidad que es la puesta en marcha de un "corpus jurídico" más cohesionado de esa nueva UE. Y en esa realidad, ya no hay fronteras.
En esta línea, la Directiva crea una nueva figura, la de las llamadas "Autoridades de control" (privadas o públicas) cuya misión es la de proteger a las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, de la misma manera que se crean buzones internos y externos.(...)

"El 26 de juny de 2019 es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea la Directiva 2019/1024, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a les dades obertes i la reutilització de la informació del sector públic.  (...)"

El 16 de abril pasado el Parlamento Europeo aprobaba con 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones, el texto de la Directiva europea para la protección del denunciante.

Este texto, convertirá la estrategia de integridad como uno de los pilares del funcionamiento de la UE, Christel Mercadé Piqueras Legal Officer (funcionaria jurídico) de la Dirección General de la Justicia de la Unión Europea (UE) explicó como se gestó la norma y los detalles más destacados en el XX Congreso de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), celebrado en Segovia entre el jueves y sábado pasado.