Transparencia en España

Desde 2015 el Tribunal de Cuentas presta especial atención en sus fiscalizaciones al grado de cumplimiento de los principios de transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género en el sector público. Estos principios se analizan de forma transversal en todos sus informes de fiscalización.
El Tribunal de Cuentas ha aprobado una Guía para la Fiscalización del Principio de Transparencia. El objetivo es proporcionar herramientas para determinar qué aspectos de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno deben ser analizados, así como las comprobaciones y pruebas a realizar durante la fiscalización.
Estas comprobaciones se centrarán en los capítulos de la ley que hacen referencia a la publicidad activa y al derecho de acceso a la información pública.

El pasado verano se difundió, por parte del Tribunal de Cuentas, el primer Informe de fiscalización de los Planes Antifraude por las entidades locales que participen en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, objeto en su día de un detenido análisis por la mirada siempre atenta de Antonio Arias (https://fiscalizacion.es/2023/08/24/fiscalizacion-de-los-planes-antifraude-aprobados-por-las-entidades-locales/). A esta primera muestra de fiscalización vendrán otras tantas en los años sucesivos (tanto del Tribunal de Cuentas y de los OCEX, como de la Autoridad de gestión y control de fondos europeos y, en particular, de la Comisión Europea), presumiblemente con exigencias cada vez más intensas, ante todo por el relajamiento mostrado por no pocas entidades locales (lo mismo habría que decir de las Comunidades Autónomas o de la propia Administración del Estado) a la hora de hacer efectivas las distintas medidas contenidas en los citados planes.

El informe de fiscalización constata que el 83% de las entidades locales analizadas aprobaron un plan de medidas antifraude destinado a garantizar la correcta gestión de los fondos Next Generation. La adaptación a estos requerimientos ha entrañado un importante esfuerzo para la mayoría de las entidades, agravado por las dificultades iniciales a las que se enfrentaron las entidades del sector público local para determinar si estaban o no obligadas a aprobar un plan de medidas antifraude,
Sin embargo, la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas en colaboración con los órganos de control externo de las comunidades autónomas revela, a partir del análisis de 214 entidades del sector público local de toda España, que los avances en esta materia no han finalizado y se han limitado, con carácter general, a la aprobación de los planes, quedando pendiente la implantación efectiva de algunas de las medidas en ellos contenidas, así como el desarrollo de una cultura de lucha contra el fraude.

El órgano fiscalizador aprueba una instrucción en la que exige una memoria económica sobre todos los mítines y actos que se celebren
El Tribunal de Cuentas ha instado a las fuerzas políticas a que apliquen el mayor rigor y transparencia a los gastos que efectúen en la campaña de las generales del 23-J. El tribunal ha llevado a cabo este jueves un pleno en el que ha aprobado una instrucción, que se hará pública a lo largo de los próximos días, en la que va a especificar el alcance y los requisitos de la documentación contable y justificativa que ha de remitirse a este órgano fiscalizador para cumplir la normativa electoral en materia de control del gasto. La instrucción advierte de las posibles infracciones y sanciones en que podrían incurrir los partidos políticos por la superación de determinados límites en los fondos que empleen para la campaña.

Solo ocho comunidades han detallado las actuaciones que llevaron a cabo en 2022 y otras dos en 2023
El Tribunal de Cuentas ha alertado en su último informe de que siete comunidades autónomas no son suficientemente transparentes con la gestión de los fondos europeos y ha pedido a las regiones dar más información y llevar a cabo una mejor planificación estratégica de los mismos.
Así se desprende del informe de fiscalización sobre la gestión autonómica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que el Tribunal de Cuentas señala los errores de la puesta en marcha de las reformas y las inversiones que deben llevar a cabo las comunidades y las ciudades autónomas mientras recomienda cambios para gestionar de forma ágil los proyectos.

El edificio Paraninfo de la capital aragonesa, en el centro de la ciudad y el más antiguo y emblemático de la Universidad de Zaragoza, acogerá los días 8 y 9 de junio los XV Encuentros Técnicos OCEX que, cada dos años, reúne a los representantes y técnicos de las Instituciones de Control Externo con el fin de analizar, reflexionar, debatir e intercambiar experiencias sobre la labor de fiscalización del sector público.
En la presente edición, el programa, todavía provisional, gira en torno a los siguientes bloques: Además, los encuentros acogerán el Grupo de Trabajo TIC, centrado en el intercambio de experiencias y en el análisis de temas vinculados a la ciberseguridad y a la administración electrónica.
Fuera de programa, como antesala a los Encuentros, el día 7 de junio, letrados y personal de los servicios jurídicos de los OCEX mantendrán una reunión de trabajo.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN: Zaragoza, 8 y 9 de junio. Edificio Paraninfo
FIN DEL PLAZO PARA INSCRIBIRSE: 7 de mayo
PLAZOS PARA LAS COMUNICACIONES: Recepción de resúmenes: 28 de abril
Recepción de comunicaciones: 19 de mayo
Recepción de Power Point o similar: 25 de mayo
CONTACTO: Secretaría técnica
Mail: encuentros@camaracuentasaragon.es
Telf.: 664510439

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el pasado 21 de diciembre de 2021 la Moción núm. 1501 sobre la necesidad de adaptar la regulación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y Buen gobierno (LTAIBG), al marco institucional de las Entidades locales (debe tenerse en cuenta que la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, modificó la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, para incorporar, de manera expresa, el principio de transparencia dentro de las actividades sometidas a su función fiscalizadora).

Con independencia de otras cuestiones que aborda la Moción, como la adaptación de determinadas obligaciones de publicidad activa (en algunos casos precisándolas y en otros ampliándolas) y de los procedimientos sancionadores en materia de buen gobierno al marco institucional de las Entidades locales, en esta entrada interesa destacar la preocupación que expresa el Tribunal de Cuentas sobre la difícil situación de las pequeñas Entidades locales para cumplir las obligaciones de publicidad activa.

El Tribunal de Cuentas ha detectado incidencias "muy significativas" en la contratación pública de los últimos años, tanto en las fases de preparación como de adjudicación y de ejecución de los contratos del sector estatal, que ponen en duda que se esté firmando con la mejor oferta en liza.
Se trata de un informe resumen de fiscalizaciones anteriores del Tribunal de Cuentas sobre contratación pública en los años 2020 y 2021, mayoritariamente contratos de servicios y, entre ellos, los relativos a seguridad y limpieza, fundamentalmente. En total, el Tribunal recoge la fiscalización de más de 700 contratos con un coste acumulado, según el importe de adjudicación, de 1.652,6 millones de euros.

El Pleno ha aprobado la Moción sobre la necesidad de adaptar la regulación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al marco institucional de las entidades locales.

La moción es consecuencia de anteriores fiscalizaciones llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas en materia de transparencia y buen gobierno, en especial, en el Informe sobre el grado de cumplimiento de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en las entidades locales.

El objetivo de la moción es formular a las Cortes Generales propuestas dirigidas a modificar la regulación de la Ley de transparencia y, en su caso, de otra legislación conexa, acorde con el marco institucional de las entidades locales.

En concreto, se proponen diversas medidas relativas a las obligaciones en el ámbito de la publicidad activa, así como otras relacionadas con las infracciones de buen gobierno en materia de gestión económico-presupuestaria, en lo que afectan a los responsables de las entidades del sector público local.

El Tribunal de Cuentas propone incluir, entre las competencias propias de las diputaciones provinciales, la prestación de servicios relacionados con la transparencia a los pequeños municipios, tras constatar que estos presentan un mayor grado de incumplimiento de sus obligaciones en materia de publicidad activa.
La causa fundamental de este mayor grado de incumplimiento es que las entidades locales de reducida dimensión «carecen de suficiente infraestructura administrativa y tecnológica» para poder atender este tipo de obligaciones, según indica el Tribunal de Cuentas en una moción aprobada el pasado día 21 y hecha pública este jueves.
Lo que plantea el órgano fiscalizador a las Cortes Generales es que la prestación de esos servicios se incluya bien como una nueva competencia, bien dentro de la ya actualmente prevista de prestación de servicios de administración electrónica.

Si el alcalde no es ejemplar, ¿quién lo ha de respetar? El refranero no puede ser más oportuno a la hora de analizar una situación enquistada en España: el incumplimiento de las diferentes administraciones en la rendición de sus presupuestos ante el Tribunal de Cuentas o los organismos autonómicos que deben avalarlas y garantizar su rigor. El problema es que esta institución del Estado, cuyos miembros son elegidos por las Cortes, no tiene capacidad sancionadora sobre las administraciones, por más que pueda enjuiciar sus cuentas.
En el último ejercicio, correspondiente al año 2021, un 41,38% de los ayuntamientos no presentaron en el plazo requerido sus cuentas y, a día de hoy, un 36,21% sigue sin hacerlo, según los datos del propio tribunal. Estas cifras de incumplimiento, que se arrastran año a año, son aún más abultadas en el caso de los cabildos y consejos insulares, las mancomunidades y las áreas metropolitanas, los organismos públicos que presentan un mayor grado de incumplimiento. En todos los casos, sin que ello comporte ningún tipo de consecuencia legal.

Desde 2012, el Tribunal de Cuentas impone solo diez sanciones por ignorar sus peticiones de información. Otras medidas sancionadoras nunca han sido puestas en marcha por Hacienda, como la retención de tributos, por “dificultades de gestión” y “posible litigiosidad”, lo que las convierte en papel mojado.
Miguel Ángel Gavilanes
Ocho alcaldes y dos interventores han sido sancionados por el Tribunal de Cuentas en los últimos diez años. Los regidores lo fueron por no entregar, de manera reiterada, sus cuentas públicas. Se trata de una mínima parte de los ayuntamientos que no rinden cuentas dentro del plazo legal. Y es que las cifras de quienes se saltan la fiscalización de sus ingresos y gastos son muy superiores. Así, el pasado mes de junio, Civio contó que más de 500 consistorios no habían rendido sus cuentas de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 y que tres de cada cuatro lo había hecho fuera de plazo en la última década. Por su parte, los interventores de Arrecife (Las Palmas) y Villanueva del Ariscal (Sevilla) fueron sancionados por no enviar información obligatoria sobre control interno.

El 45% tampoco facilita sus resultados anuales dentro del plazo legal e incluso el 29% incumple esta obligación «de forma sistemática» desde 2018
José Antonio Bravo
El sector público local lleva varios años aprobando el examen presupuestario anual con superávits o, como mucho, déficits reducidos. Pero esa buena labor tiene otra cara claramente negativa, dado que la ocultación de sus datos contables es una práctica extendida, tanto que ha sido objeto de críticas severas por el Tribunal de Cuentas (TCu).
El reproche más evidente, a la vez que recurrente, es la laxitud a la hora de cumplir sus obligaciones. De las 14.151 entidades locales existentes (ayuntamientos, diputaciones, cabildos, comarcas y mancomunidades), casi la mitad (el 45%) no rindió su cuenta general –en su último informe analiza datos de 2020, el primer año de la pandemia de covid– al órgano fiscalizador dentro del plazo legal. De ellas un 14% lo hizo con medio año de retraso (al cierre de 2021) y del resto (un 31%) no se tienen noticias de que lo hayan llegado a hacer.

El Tribunal de Cuentas ha detectado que la Seguridad Social tiene casi 900 inmuebles vacíos y en desuso, un 21% de los que tenía dados de alta en 2019
Por Alejandro Mata
El Tribunal de Cuentas ha detectado importantes gastos en 39 inmuebles de la Seguridad Social que nunca se han llegado utilizar y que han tenido un coste de 125 millones de euros en adquisición de terrenos e inversión en inmuebles. Esta cifra es una muestra que analizó el organismo fiscalizador de los casi 900 inmuebles que están totalmente vacíos en España, según el último informe sobre la eficiencia en el uso de los inmuebles de la Seguridad Social.

El Tribunal de Cuentas concluye, además que se considera conveniente que Puertos del Estado apruebe unas directrices para el Sistema Portuario Estatal aplicables a la construcción de nuevas infraestructuras portuarias, con la finalidad de que se tenga en cuenta la incidencia sobre las infraestructuras proyectadas de la actividad y de la capacidad portuaria de los puertos del entorno.

El Tribunal de Cuentas ha detectado solo "deficiencias excepcionales" en los contratos de emergencia por la crisis sanitaria de la covid suscritos en 2020 por una decena de ministerios, entre ellos, Asuntos Exteriores, Defensa, Interior, Educación o Justicia.
En el informe de fiscalización de los contratos de emergencia firmados por los ministerios del área político-administrativa del Estado y sus organismos autónomos, por valor de 64,2 millones de euros, se destaca que los gestores públicos se vieron obligados a adquirir productos higiénico-sanitarios en una situación muy difícil.

Según el Tribunal de Cuentas, 347 partidos políticos (incluidas fundaciones y entidades vinculadas) han presentado en tiempo y forma sus cuentas correspondientes al ejercicio 2021. Esto supone un récord de registros en comparación con años anteriores, pero más de un 60% de las formaciones aún no ha rendido cuentas.

Su envío al Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las CCAA es obligatorio. Una amplia mayoría de los municipios infractores son de Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Miguel Ángel Gavilanes
3.053 días de retraso. El de Torvizcón es el ayuntamiento que más ha tardado en presentar sus cuentas para su fiscalización, más de ocho años, según datos del Tribunal de Cuentas. Entre el 7 y el 24 del pasado mes de marzo este municipio de la Alpujarra de Granada pisó el acelerador y envió la información de seis ejercicios pendientes. Desde 2012 solo ha presentado las cuentas de un ejercicio dentro del plazo legal, aunque apurando: a dos días de la fecha límite. Sin embargo, hay ayuntamientos que van más allá.

El Tribunal de Cuentas atribuye los problemas a que no hubo suficiente verificación sobre la capacidad de las empresas adjudicatarias
El 22 por ciento de los contratos suscritos por el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) del Ministerio de Sanidad en los primeros meses de la pandemia sufrió incidencias y en un caso se llegaron a pagar más de cuatro euros por mascarilla FFP2, según consta en un informe que acaba de aprobar el Tribunal de Cuentas.
Se trata de la tercera fiscalización sobre contratos de emergencia por el Covid 19 que ha llevado a cabo la institución que preside Enriqueta Chicano y que, en esta ocasión, se ha centrado en el ámbito de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social en el ejercicio 2020. La previsión es aprobar hasta ocho informes y el último ya aportará una visión global y comparativa.

Presenta el resultado de 7 informes de fiscalización y adelanta ante la Comisión Mixta que “pronto empezarán a ver informes integrados”
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, ha presentado ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el TCu el resultado de varios informes donde ha destacado que “tenemos un buen sistema de colaboración con los OCEX y una relación cada vez más estrecha encaminada a un trabajo conjunto y transversal”.
Entre los informes presentados figuran el de La Mancomunidad de los Alcores para la gestión de los residuos sólidos urbanos, ejercicios 2017 a 2019. La presidenta del Tribunal de Cuentas ha confirmado ante las preguntas de los diputados y diputadas, que la fiscalía del Tribunal de Cuentas ha ordenado proceder a la apertura de diligencias preliminares.
También ha presentado el informe de Fiscalización de la promoción y gestión de la vivienda de protección pública en los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Lorca ejercicio 2018 y los informes de Fiscalización de inmuebles en los que no se desarrolla ninguna actividad y obras públicas paralizadas en las entidades locales de la región de Murcia y en las entidades locales de Castilla-La Mancha.

El Tribunal de Cuentas deberá convenir con la Casa Real cómo se realiza la "auditoría externa" que anunció Bolaños y la fiscalización deja fuera sus ingresos privados
Ponen en duda la renuncia del monarca a su herencia tras conocerse que aparecía como beneficiario de fundaciones offshore porque lo impide el Código Civil