Transparencia en España

Problemas para una de las regulaciones estrella del gobierno y una de las más polémicas de los últimos años. El Defensor del Pueblo ha confirmado hoy que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva Ley de Protección de Datos (LOPD) aprobada el pasado noviembre en el Senado y que permite algo inédito en la democracia española: recopilar "datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas" y enviar "propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería". Se trata del primer recurso confirmado ante el Constitucional, pero aún pueden llegar más.
Como adelantó este diario, la Asociación Pro Derechos Humanos España (APDHE) presentó hace unas semanas una queja formal ante el Defensor del Pueblo pidiendo que recurriera al Constitucional la nueva LOPD por considerarla inconstitucional.

El Tribunal de Cuentas ha planteado al Gobierno cambios legales y presupuestarios con el fin de mejorar la transparencia contable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado y la propia institución fiscalizadora, y así garantizar una completa visión de sus cuentas.

En una moción dirigida al Gobierno y a las Cortes Generales, el órgano fiscalizador enumera una serie de deficiencias detectadas en su informe de 2014 sobre el CGPJ relativas a la falta de rendición formal de cuentas y la ausencia de información económico-patrimonial y de los ingresos, ya que sus datos están diluidos en los Presupuesto Generales del Estado.

La regularización fiscal legitima el fraude y supone la “abdicación del Estado” de sus obligaciones, según el TC. La sentencia no tiene efecto sobre los contribuyentes que ya han regularizado su situación con Hacienda.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición no de ley (PNL) pactada por PP, PSOE y Ciudadanos para abrir un proceso de reforma del sistema de selección y evaluación de los magistrados del Tribunal Constitucional con el fin de garantizar el refuerzo de la independencia de los magistrados que lo componen y la eficacia en sus pronunciamientos.

En cualquier caso (...) lo más trascendental es, en efecto, cómo y a quién se nombran como magistrados. Y aquí las soluciones formales no dan apenas respuesta al problema de fondo.