Hace tan sólo unos días, el Gobierno ha remitido a las Cortes Generales el correspondiente proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Se trata de un documento integrado por varios cientos de páginas en forma de texto articulado y anexos que, no obstante, ha de ser completado con múltiples memorias e informes cuya extensión y complejidad es ciertamente destacable. La tramitación parlamentaria de este proyecto está dando lugar a un intenso debate parlamentario con numerosas intervenciones y diversos trámites cuyo seguimiento es, sin duda, muy difícil de asumir —y comprender— por parte de la ciudadanía.
El Gobierno suele ofrecer una breve reseña informativa sobre los Presupuestos cuando aprueba el proyecto de ley y existe, también, una destacada transparencia en la fase de tramitación de la iniciativa legislativa. Pero en muchas ocasiones, los datos se encuentran incorporados a documentos estructurados —normalmente en formato pdf— o, cuando se ofrecen en formatos reutilizables, se limitan únicamente a la versión inicial aprobada por el Ejecutivo. (...)