Transparencia en España

La Oficina de Conflicto de Intereses ha autorizado el pase a la actividad privada de exministros y secretarios de Estado del Gobierno del PP
Por Laura Galaup 
La moción de censura, la salida del Gobierno de Mariano Rajoy y la renovación en la dirección del PP dejó a muchos altos cargos populares en busca de nuevas actividades. Año y medio después de la llegada del PSOE a La Moncloa, pocos ministros del Gobierno de Rajoy continúan vinculados a la actividad política, solo Juan Ignacio Zoido y Dolors Montserrat mantienen sus escaños, ambos en el Parlamento Europeo.

Durante un período de dos años tras el cese, los altos cargos que quieran prestar servicios en entidades privadas afectadas por decisiones relacionadas con el cargo desempeñado deben solicitar y obtener la autorización de compatibilidad por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses.
Información correspondiente al 12/11/2019.

Descargar en formato xls                   

Descargar en formato csv

Seguimiento

El goteo de nombres asociados al Ejecutivo de Mariano Rajoy que han sido fichados por empresas privadas no ha cesado desde la moción de censura impulsada por el actual presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez. Consultoras, bancos, multinacionales o prestigiosos bufetes de abogados han abierto sus puertas de par en par a antiguos ocupantes de algunas de las carteras más importantes de los ministerios.

Según los últimos datos emitidos por el Portal de Transparencia, desde enero de 2014 hasta el pasado 13 de marzo, un total de 139 ex cargos de Estado recibieron luz verde para dar el salto al sector privado. Todos ellos solicitaron a la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda la autorización para poder desempeñar su actividad en alguna compañía.

"Transparencia y responsabilidad constituyen los dos pilares fundamentales en los que se asienta la actividad de todo alto cargo. Son propiedades que contribuyen a mejorar la calidad de los servicios públicos y, por extensión, de la propia democracia. Por ello, no dejan de ser preocupantes los desajustes que en ocasiones se producen entre la Oficina de Conflictos de Intereses y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno —organismos ambos dependientes del Ministerio de Política Territorial— cuando los ciudadanos solicitan información. (...)"

Por Elena G. Sevillano

La ley que regula la actividad del alto cargo dice que su ejercicio debe basarse en la “transparencia y responsabilidad”, pero 100 de ellos se resistieron a desvelar sus bienes entre 2015 y 2018. Además, aplicar ese principio ha derivado en una batalla judicial entre la Oficina de Conflictos de Intereses y el Consejo de Transparencia. Los dos son públicos y dependen del Ministerio de Política Territorial, pero defienden en los tribunales posturas enfrentadas.
Dos sentencias recientes, una en primera instancia y otra ya en apelación, han dado la razón a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), que se niega a acatar las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le instan a divulgar información sobre incumplimientos de los altos cargos. (...)

Desde su creación en 2006, el organismo, dependiente del Ministerio de Política Territorial, ha firmado 525 autorizaciones para que ex altos cargos del Gobierno fichen por bancos, fabricantes de armas, despachos de abogados o compañías del Ibex-35

La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, solicitó a principios de febrero en la Oficina de Conflicto de Intereses el visto bueno para poder incorporarse a la empresa privada, informe que ha sido emitido a principios de marzo y que ha sido favorable. Además, Santamaría podrá seguir siendo Consejera de Estado.

El Consejo de Ministros ha recibido el informe elaborado por la Oficina de Conflictos de Intereses, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y ha acordado remitirlo al Congreso de los Diputados.
El artículo 22 de la mencionada Ley establece que para asegurar la transparencia del control del régimen de incompatibilidades previsto, la Oficina de Conflictos de Intereses elevará al Gobierno cada seis meses, para su remisión al Congreso de los Diputados, un informe sobre "el cumplimiento por los altos cargos de las obligaciones de declarar, así como de las infracciones que se hayan cometido en relación con dicha ley y de las sanciones que hayan sido impuestas e identificará a sus responsables".

Reconoce que la empresa pública estaba obligada por la Ley de Transparencia a publicar la composición de su consejo de administración, algo que no ha hecho hasta ahora
Un año después del nombramiento como consejero de Andrés Ayala, y tras trascender su designación, el ente ferroviario ha subsanado la omisión y figura en su web como "abogado"
Respecto a posibles incompatibilidades, recuerda que el exdiputado no es alto cargo y que "la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda y Función Pública no tiene competencias"

Desde la creación de la Oficina de Conflictos de Intereses, 219 altos cargos del Gobierno han recibido el visto bueno para trabajar en el sector privado
Aquí, el listado de las 414 autorizaciones firmadas entre 2006 y 2017
Una resolución del Consejo de Transparencia sobre una información negada a eldiario.es permite conocer todos las autorizaciones anteriores a 2015

*Esta información se actualizó el 9 de mayo de 2017

Por Raúl Sánchez González

El Consell ha aprobado la modificación del Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación para incluir en su estructura orgánica y funcional la nueva Oficina de Control de Conflictos de Intereses y su registro de control, así como para la puesta en marcha de las direcciones territoriales de la Conselleria en Alicante y Castellón.

Marzo 2017

Informe elaborado por la Fundación Hay Derecho.

Autor principal: Jaime Castellano.

Colaboradores: Rafael Rivera, Elisa de la Nuez y Carlota Tarín.

Obra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional

El documento ofrece cifras generales: expedientes iniciados (2) y cerrados (3); y número de declaraciones presentadas al cese (33 de actividades y 36 de bienes), al nombramiento (25) y anuales (530), aquellas que presentan quienes están en activo. Pero, ¿cuántos altos cargos incumplieron su obligación y no presentaron, en plazo, estas declaraciones?
Aunque el artículo 22 de la Ley reguladora del alto cargo aprobada en 2015 establece que este resumen debe incluir el número de altos cargos que no hayan cumplido con sus obligaciones previstas en esta ley, esa cifra no aparece de forma directa en la disposición publicada ayer en el BOE.

Jueves, 28 de Abril 2016, 14:00 - 16:30
C/ Serrano, 26-4ºderecha. Madrid.
Fundación para la Investigación en Derecho y Empresa (Fide) celebra esta sesión. Para poder asistir es imprescindible confirmar asistencia.
Ponentes:
- Rafael Garcia-Valdecasas, Miembro del Comité de Ética de la Comisión Europea, Ex Juez del Tribunal General de la Unión Europea. Miembro del Consejo Académico de Fide.
- Flor María López, Directora de la Oficina de Conflictos de Intereses (Secret.. de Estado de AAPP), del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Moderadora: Elisa de la Nuez, Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?