Transparencia en España

Hay cosas que no pueden pasar. Y menos ahora, que se cumple 10 años desde la entrada en vigor de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y, por lo tanto, llevamos bastante tiempo aplicándola.
No es de recibo que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) inadmita una reclamación presentada el mismo día que finaliza el plazo de un mes que tiene la Administración para contestar una solicitud de acceso a la información pública.

Es de sobra conocido el refrán popular “del dicho al hecho hay gran trecho”. La teoría la tenemos clara. La separación de poderes es una condición necesaria para la democracia. El Poder ejecutivo está sometido a la Ley aprobada por el Poder legislativo, el cual es elegido por la ciudadanía. El Poder judicial debe controlar la legalidad de las actuaciones y decisiones del Poder ejecutivo. Sin embargo, en la práctica, y afectando a todas las ideologías políticas, el Poder ejecutivo tiende a gobernar sin control. No le gusta que sus decisiones puedan ser criticadas ni tampoco paralizadas o anuladas por alguna institución judicial o administrativa.

Es de sentido común que una entidad controladora no puede depender ni ser elegida por la institución a la que tiene que controlar. Es un fraude. Si nadie lo remedia, esto es lo que va a suceder en la Comunidad de Madrid con el Consejo de Transparencia.
Las instituciones de control deben ser realmente independientes. No pueden depender orgánicamente ni ser elegidos libremente por la institución a la que tienen que controlar. Es absurdo. Deben contar medios personales y económicos suficientes para ejercer sus funciones. Si no tienen facultades sancionadoras, no pueden hacer nada cuando no se cumplen sus pronunciamientos. No sirve de nada mantener instituciones «secuestradas» por el poder, ya que generan mucha frustración a la ciudadanía que confía en su supuesta eficacia y suponen un importante desperdicio de dinero público.

En el BOE de fecha 23/10/2023 (pinchar aquí), se publica el Instrumento de ratificación del Convenio 205 del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, hecho en Tromsø el 18 de junio de 2009. Este importante Convenio entrará en vigor el próximo día 1/1/2024.
Las primeras preguntas que nos hacemos son las siguientes. ¿Nos afecta en algo dicho tratado internacional? ¿En qué cuestiones? ¿Supone un avance respecto a la normativa interna vigente? Ya adelanto respecto a esta última pregunta, que, en mi opinión, con carácter general, sí que mejora y refuerza el acceso a la información pública. Vamos a ir respondiendo a estas preguntas a continuación.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en su Informe de Evaluación del cumplimiento, por el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, de las obligaciones de publicidad activa establecidas en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno (LTAIBG), efectuado entre el 24/01/2023 al 16/02/2023, ha destacado los siguientes 25 puntos a mejorar:

La Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra, el Consejo de Transparencia de Navarra y el Instituto I-Communitas de la UPNA organizan una jornada sobre los retos actuales en materia de transparencia y Gobierno abierto. Tendrá lugar los días 21 y 22 de septiembre en el Edificio El Sario de la UPNA.
Los destinatarios de este encuentro son personal técnico y político de entidades locales, responsables de transparencia de los departamentos del Gobierno de Navarra, estudiantes y ciudadanía.

Las personas interesadas podrán acudir previa inscripción hasta completar el aforo.

Una delegada sindical deseaba conocer si los jefes de servicio de las distintas unidades administrativas estaban cumpliendo con el horario de trabajo. Para saberlo, solicitó la siguiente información:
«El registro de jornada completo de los meses de marzo y abril, tal y como aparece en el sistema de fichaje, de los jefes de servicio de todas las áreas de este Ayuntamiento. Que no se nos envíe un registro de totales, sino el mes completo de cada jefe de servicio».
La respuesta de la Administración fue la siguiente:

Vamos a analizar a continuación la incidencia de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), sobre las normas que regulan el acceso a la información del Registro de la Propiedad y del Catastro.
La primera duda que debemos resolver es cuál es la normativa de preferente aplicación. En este sentido, el apartado segundo de la disposición adicional primera de la LTAIBG, establece lo siguiente:
«Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información».

El CTBG y las instituciones autonómicas de control de la transparencia, no tienen competencia para valorar si la motivación de un acto administrativo es suficiente o no, y en consecuencia, anular dicho acto. Sin embargo, sí que tienen competencia para que la correspondiente entidad pública facilite toda la información relativa a los hechos (circunstancias concretas,…

Entre sus motivos, la Sareb sostiene que no está obligada a cumplir con la ley 19/2013, pero en sus estatutos señala que debe de actuar siguiendo el principio de transparencia
Por Alejandro Mata
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) no revela el precio de venta de todos sus activos, entre los que se incluyen inmuebles y acciones que ha vendido desde que fue creada en 2012 hasta la actualidad. En una respuesta a una petición de información de Newtral.es, destaca que revelarlo “le ocasionaría perjuicio comercial”.
De los datos públicos tan sólo se sabe que la Sareb dispone de un parque con más de 46.500 inmuebles, de las cuales cerca de 13.500 están en Cataluña, unas 9.000 en Comunidad Valenciana y más de 4.500 en Andalucía, entre otras. Pero se desconoce cuáles y cuántas ha vendido con anterioridad, así como el precio de venta de estos activos y sus adjudicatarios.

Una empresa, que no había participado en el proceso de adjudicación de un contrato público, pide acceder a determinada información con la finalidad de estudiar la posibilidad de solicitar la revisión de oficio del acuerdo de adjudicación de dicho contrato.
La información solicitada al Ministerio de Defensa, quien no contestó en el plazo máximo de un mes, era la siguiente: una relación nominal de trabajadores que fueron consignados en la oferta de la única empresa que se presentó a la licitación, las certificaciones que demuestren su cualificación profesional y la fecha de contratación por la empresa.

El Tribunal Supremo, en la Sentencia nº 140, de fecha 7/2/2023 (pinchar aquí), acaba de efectuar importantes declaraciones sobre ambos derechos, como si no existiera la más mínima relación entre ellos. Vaya por delante que, en mi opinión, se trata de una sentencia que carece de motivación suficiente para sostener algunas de las conclusiones a las que llega.El recurso fue planteado por la ONG «Greenpeace España» contra la negativa de la Administración General del Estado a facilitar información sobre la exportación de armas a Arabia Saudí al tratarse de información declarada secreta.

El artículo 34 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, impone a las Administraciones educativas la obligación de regular los protocolos de actuación contra el abuso y el maltrato, el acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, violencia doméstica, suicidio y autolesión, así como cualquier otra manifestación de violencia.
Estos protocolos deben ser aplicados en todos los centros educativos, independientemente de su titularidad (públicos, concertados y privados) y evaluarse periódicamente con el fin de valorar su eficacia. Deberán iniciarse cuando el personal docente o educador de los centros educativos, padres o madres del alumnado o cualquier miembro de la comunidad educativa, detecten indicios de violencia o por la mera comunicación de los hechos por parte de los niños, niñas o adolescentes.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 28/11/2022 (ECLI:ES:TS:2022:4434), ha declarado que la acción pública en materia urbanística NO constituye un régimen específico de acceso a la información que excluye la aplicación de la Ley de Transparencia, y que la falta de utilización de este cauce NO debe considerarse como el ejercicio abusivo de este derecho.
Los hechos fueron los siguientes: el propietario de un establecimiento turístico denunció ante el Ayuntamiento que otro establecimiento turístico estaba ejecutando obras sin licencia. Estando en tramitación el expediente de reposición de la legalidad urbanística, se solicitó al Ayuntamiento, al amparo de la Ley 19/2013, de transparencia, una copia de los expedientes de licencias o títulos habilitante de la actividad otorgados en los últimos seis años; petición que fue estimada por el Alcalde.

¿Quién viaja en los aviones oficiales acompañando al Gobierno? ¿Quiénes son los experto que tomaron las decisiones durante la pandemia? ¿Quién es la adjudicataria de los contratos millonarios de la administración? ¿Qué ayuntamientos no rinden cuentas de su gestión económica y financiera? Son preguntas cuyas respuestas se encuentran entre la ingente información que manejan las administraciones. Y se han construido gracias a las casi 58.000 peticiones de información y miles de datos publicados de oficio en los ocho años de vigencia de la ley de Transparencia.

La administración central, especialmente los ministerios, ha ignorado 210 resoluciones del Consejo de Transparencia que la obligan a dar información
Los expertos urgen al Gobierno a que apruebe la reforma integral de la ley a la que se comprometió para esta legislatura

Estaba entre los planes del Gobierno, como lo ha estado en los de muchos otros de sus antecesores, reformar la Ley de Secretos Oficiales. Pero del dicho al hecho siempre hay demasiado camino. La promesa ya aparecía en el programa electoral del PSOE de 1996, año en que el popular José María Aznar llegó a aprobar un proyecto de ley que acabó guardando en un cajón. El escándalo del espionaje de Pegasus convirtió en “impostergable”, en palabras de Pedro Sánchez, una reforma que el PNV venía pidiendo desde 2016 y que se había convertido en el muro con el que chocaban las peticiones de transparencia una y otra vez.

Los medios de comunicación han difundido el escándalo de corrupción que le ha costado el puesto a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, quien está siendo investigada por un juez belga por aceptar, presuntamente, sobornos de Catar (Periódico El País, 13/12/2022). Es el llamado «qatargate».
La reacción de la Comisión Europea ha sido la de proponer para el próximo año «una ley para armonizar todas las leyes de los veintisiete Estados miembros contra la corrupción y pide penas “duras” contra sobornos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y abuso de poder». A ver si es verdad, y no se queda en una mera promesa política más.