Transparencia en España

Estaba entre los planes del Gobierno, como lo ha estado en los de muchos otros de sus antecesores, reformar la Ley de Secretos Oficiales. Pero del dicho al hecho siempre hay demasiado camino. La promesa ya aparecía en el programa electoral del PSOE de 1996, año en que el popular José María Aznar llegó a aprobar un proyecto de ley que acabó guardando en un cajón. El escándalo del espionaje de Pegasus convirtió en “impostergable”, en palabras de Pedro Sánchez, una reforma que el PNV venía pidiendo desde 2016 y que se había convertido en el muro con el que chocaban las peticiones de transparencia una y otra vez.

El organismo independiente de la Administración advierte de que el anteproyecto de información clasificada restringe por la puerta de atrás derechos de los ciudadanos
Miguel González
El anteproyecto de ley de Información Clasificada, que debe sustituir a la vigente ley franquista de Secretos Oficiales, desborda con su carácter expansivo las “previsiones constitucionales” y supone una reforma encubierta de la ley de Transparencia de 2013, según el informe del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CGTB), la autoridad administrativa independiente responsable de velar por el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública.

La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, en su sesión de 11 de octubre de 2022, aprueba informe sobre el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada .

La futura Ley de Información Clasificada, ahora en anteproyecto, que sustituirá a la actual de 1968, ha generado muchas críticas por su carácter restrictivo, opacidad y por haber tenido un breve periodo de alegaciones de siete días. Una de diferentes colectivos quieren mejorar esta normativa, de la que encuentran muchas cosas cuestionables.
Entre ellas, el régimen sancionador que aparece entre los artículos 40 y siguientes.
En el artículo 42 del anteproyecto se habla de sanciones muy graves, con multa de 1.000.001 a 3.000.000 de euros, si se difunde una información calificada como secreto; de sanciones graves, con multa de 50.001 a 1.000.000 de euros; y de infracciones leves, con multa de hasta 50.000 euros.
Los expertos consultados por este periódico confirman el ámbito restrictivo en cuanto a la calificación de secreto, que es mucho más amplio que en la actualidad, y denuncian que amplia la capacidad de clasificar y desclasificar información a aquellas autonomías que tengan las competencias de seguridad transferidas y posean cuerpos de policía propios.

El Gobierno ha presentado el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que, si sale adelante, sustituirá a la franquista Ley sobre secretos oficiales, que lleva vigente desde 1968. El 3 de agosto se abrió el plazo de consulta pública, y ha acabado el día 12, nueve días naturales (siete hábiles) después.
Uno de los cambios que introduce es que, si el anteproyecto se convierte en ley, la información clasificada como “alto secreto” tardará en desclasificarse 50 años, prorrogables durante quince años más. Además, tendría efecto retroactivo: toda la información secreta clasificada antes de la entrada en vigor de la nueva ley pasaría a ser “alto secreto”, por lo que habría que esperar hasta 65 años para acceder a información como la relacionada con el 23-F o con los GAL. Es decir, que si la ley entrara en vigor en 2023 no se podría acceder a la información sobre estos temas, mínimo, hasta 2073 y máximo, si se prorrogara, hasta 2088.
Salvo en casos debidamente motivados o urgentes, debe existir un plazo de 15 días para que la sociedad civil pueda hacer alegaciones en las leyes que afectan a los derechos
La Ley del Gobierno de 1997 dice que cuando una norma afecte a los derechos de las personas (en este caso al derecho a la información recogido en el artículo 20.1 de la Constitución Española), se debe someter a un proceso “de 15 días hábiles” en los que el texto preliminar pueda “obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades” [art. 26.6].

En pleno mes de agosto, y sólo siete días hábiles: así ha sido el escueto plazo para presentar alegaciones a la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para una nueva Ley de Información Clasificada —que reemplazará a la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968— y cuya redacción es francamente mejorable. Eso no ha impedido que organizaciones y ciudadanos alerten (en forma de alegaciones) de que la propuesta puede incluso violar derechos fundamentales.
Si el Gobierno pretende fomentar la participación ciudadana, presentar un anteproyecto en pleno agosto, por la vía urgente y con un plazo para presentar alegaciones tan ajustado no parece la mejor forma de hacerlo. Y aún así, el asunto es tan sensible que han llovido los escritos.