Transparencia en España

1. A la vista de esas encuestas o estadísticas, la conclusión sobre lo que evoca la administración electrónica está clara y permítaseme caricaturizarla: una especie de concierto rock donde buena parte del publico está sordo y donde otra buena parte de los músicos se formaron con el órgano y coro de la iglesia.
2. El problema radica en que la Ley 39/2015 (PACA) y la Ley 40/2015 (LEREJU) apuestan por la administración electrónica, y las leyes no suelen distinguir entre novicios y expertos digitales, sino que el régimen de comunicaciones y relaciones con la administración será único. Adaptarse o morir… administrativamente hablando.

Valga la presente como una versión más simple de nuestra “Carta de derechos electrónicos de las personas“, en la que listaremos 20 derechos actuales de las personas reconocidos en la LPA, y que pueden ser ejercidos ante una Administración moderna y que funciona, así como la correspondiente y equivalente obligación por parte de dicha Administración.

"En resumen, la buena regulación es el buen gobierno aplicado a la potestad reglamentaria."

La novedosa Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común es objeto de una entrevista de diez minutos, fresca y clara, sobre su significado e implicaciones. Aquí tenéis otra Píldora del Conocimiento, amparada por la Fundación Internacional OCU, en que Antonio Arias, síndico de cuentas, me entrevista sobre la Ley 39/2015. Una visión impresionista de la Ley que irrumpirá en la vida de todos los ciudadanos y funcionarios el próximo 2 de Octubre de 2016.

¿Cómo deben convivir en la actualidad dichos servicios y plataformas de adhesión gratuita con el software y las soluciones informáticas que suministra el sector empresarial? Una buena combinación de ambos sectores (que no será siempre igual en los 8.122 Ayuntamientos ni mucho menos en las 20.000 AAPP), integrada, de un lado, por la ayuda pública, esencialmente del Estado y las Diputaciones; y de otro, por la adquisición (o renting, o “uso en la nube”) de soluciones desarrolladas a medida, resulta ideal para cumplir íntegramente la LPA (y otras, como la non nata LCSP y las Leyes autonómicas sobre transparencia).

O planteado de otra manera: ¿La Ley de procedimiento administrativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre) tiene en cuenta la anterior Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?