Transparencia en España

El proceso de modernización tecnológica en la Administración de Justicia en España se inició, en gran medida, en el año 2011. Ese año se aprobó la primera regulación que específicamente se destinaba a impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El objetivo de dicha regulación consistía, sustancialmente, en establecer las condiciones para reconocer la validez del uso de medios electrónicos en las actuaciones judiciales y, sobre todo, en dotar de seguridad jurídica a la tramitación procesal y a los actos de comunicación, incluyendo la presentación de escritos y la recepción de notificaciones de resoluciones. En este sentido, la legislación estableció un estatuto jurídico básico para quienes se relacionaran con la Administración de Justicia, especialmente para el caso de los profesionales. Asimismo, se dio carta de naturaleza legal a la presencia en Internet de la Administración de Justicia, fundamentalmente con la aparición de las sedes electrónicas y los puntos de acceso, admitiendo expresamente la posibilidad de que las actuaciones de realizaran de manera automatizada.

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) y, en particular ChatGPT, se ha convertido en uno de los principales temas de debate en los últimos meses. Esta herramienta ha eclipsado incluso otras tecnologías emergentes que habían adquirido un protagonismo en los más diversos ámbitos (jurídicos, económicos, sociales o culturales). Caso, por ejemplo, la web 3.0, el metaverso, la identidad digital descentralizada o los NFT y, en particular, las criptomonedas.
Resulta incuestionable la relación directa que existe entre este tipo de tecnología y la necesidad de disponer de datos suficientes y adecuados, siendo precisamente esta última dimensión cualitativa la que justifica que los datos abiertos estén llamados a desempeñar un papel de especial importancia. Aunque, al menos de momento, no es posible saber cuántos datos abiertos proporcionados por las entidades del sector público utiliza ChatGPT para entrenar su modelo, no hay duda de que los datos abiertos son a la hora de mejorar su funcionamiento.

Recientemente se ha hecho público el Manifiesto por un espacio público de datos, donde se plantea la necesidad de reforzar la importancia de los datos en el proceso de transformación digital que se está abordando en este ámbito. El documento ha sido elaborado en el seno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica y posteriormente fue ratificado por las Administraciones Públicas competentes en materia de Justicia, esto es, la Administración General del Estado a través del Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas que han asumido la competencia en este ámbito, así como el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

La legislación sobre medio ambiente se ha caracterizado tradicionalmente por establecer un régimen jurídico más beneficioso que el que ha inspirado la normativa general sobre acceso a la información en poder del sector público. En efecto, la Convención de Aarhus, adoptada en 1998, supuso un importante hito al reconocer el derecho de acceso a la información medioambiental en condiciones jurídicas muy avanzadas, imponiendo relevantes obligaciones para las autoridades públicas. En concreto, la Convención parte de una premisa inexcusable: para que la sociedad pueda disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo debe tener un acceso relevante a la información medioambiental. A tal efecto, de una parte, se reconocía el derecho a obtener información en poder de las autoridades públicas y, de otra, se estableció una obligación dirigida a estas últimas para que hicieran pública cierta información sin que existiera una solicitud previa.

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec).

¿Por qué un Real Decreto-ley?
En la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados celebrada el día 2 de diciembre de 2021 se ha convalidado el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de varias directivas de la Unión Europea, entre la que se encuentra la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. Con esta nueva regulación se ha procedido a modificar las previsiones de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
¿Cuáles son las principales novedades de esta regulación?

Hace tan solo unos días se ha presentado oficialmente la Carta de Derechos Digitales. Se trata de una iniciativa que ha contado con una amplia representación de la sociedad civil ya que, de una parte, un amplio y diverso equipo de trabajo se ha encargado de su redacción y, de otra, durante el procedimiento de su elaboración se abrió un trámite de participación pública para que desde la sociedad civil se formularan las oportunas propuestas y observaciones.

Los límites al derecho de acceso.- Mesa 1
Emitido el 19 de mayo de 2020 en canal Youtube Regulation and Digital Innovation Research Group UV
VII Congreso del avance del Gobierno Abierto
V Congreso de Buen gobierno y transparencia de la Comunitat Valenciana
Mesa 1. La medición de los límites al acceso y los límites efectivos y procedimentales
• Dr. Isaac Martín Delgado (Titular U. Castilla La Mancha). Let the data speak: qué dicen los datos sobre los límites efectivos al ejercicio del derecho de acceso
• Dr. Agustí Cerrillo i Martínez (Catedrático, Universitat Oberta de Catalunya). La medición de las limitaciones al derecho de acceso a través del test de la ciudadana oculta
• Dr. Emilio Guichot Reina (Catedrático U. Sevilla). Límites conectados con la protección de la efectividad de los procedimientos y su relación con el acceso por el interesado a la información relativa a procedimientos en curso
• Preguntas y debate, modera: Julián Valero Torrijos (Catedrático U. Murcia)

Obra colectiva, dirigida por: ISAAC MARTÍN DELGADO

Noviembre 2019

Autores: María Consuelo Alonso García, Pedro García Iniesta, Emilio Guichot, Isaac Martín Delgado, Francisco Puerta Seguido, Carlos María Rodríguez Sánchez, Julián Valero Torrijos

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec).

Una de las principales dificultades a la hora de impulsar la reutilización de la información del sector público se refiere a la diversidad de licencias existentes. Dada la inexistencia de una obligación de carácter general, cada entidad pública puede decidir las condiciones jurídicas en que ha de tener lugar el acceso de cara a su posterior reutilización teniendo en cuenta la preferencia legal por las licencias abiertas, de manera que se establezcan las mínimas restricciones posibles.