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La actual ley española de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, de 9 diciembre de 2013, que cumple estos días diez años, se dirige, según lo dispuesto en su artículo 1, a ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública y a reconocer y garantizar el derecho a la información.
El derecho fundamental de todo ciudadano europeo recogido en el artículo 41 dela Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000 fue formulado para salir al paso de la denominada, por el Defensor del Pueblo Europeo, mala administración pública. Mala administración que venía caracterizando des de hace unos años a numerosas administraciones y gobiernos del área europea.
LA transparencia en los gobiernos y administraciones públicas es, desde luego, uno de los principales desafíos que tiene planteado la democracia material. Por una parte, porque la transparencia es una exigencia de calidad democrática y, por otra, porque el derecho fundamental ciudadano a una buena administración incluye expresamente el derecho de los ciudadanos a que gobiernos y administraciones públicas, estatales, autonómicos y locales, sean transparentes en su actividad y en la forma en que implementan las políticas públicas.
La gestión y administración de la contratación pública en el seno de la Unión Europea, como dispone una Recomendación de la Comisión Europea de 2017 sobre profesionalización, reclama el uso eficiente de los recursos públicos, lo que plantea superar el rígido burocratismo imperante y asumir una visión estratégica en la que se incluyan aspectos sociales, ambientales y, por supuesto, de naturaleza ética. Después de lo que hemos observado con ocasión de las compras públicas a partir de marzo para reaccionar ante la pandemia, esta consideración es, si cabe, toda vía más actual e importante.
EL derecho fundamental de todo ciudadano europeo recogido en el artículo 41 de la Carta de los derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000 fue formulado para salir al paso de la denominada, por el Defensor del Pueblo Europeo, mala administración pública. Mala administración que viene caracterizando desde hace unos años a numerosas administraciones y gobiernos del área europea.
En efecto, la conformación como derecho fundamental de la buena administración pública es una relevante manera de subrayar el papel central del ciudadano en todo lo referente al manejo y conducción de los asuntos relativos al interés general.
Es probable que uno de los tópicos que más congresos, seminarios, reuniones, jornadas, libros, intervenciones o conferencias provoca en este tiempo sea la transparencia.
La lucha contra la corrupción tiene distintos enfoques. Uno, el punitivo, para castigar las acciones u omisiones corruptas. Otro, quizás más relevante, el preventivo, que trata de evitar la comisión del hecho o la inactividad corrupta.
La Cumbre mundial sobre la corrupción celebrada en Lima en el marco del G-20 el año pasado, reveló que esta lacra social pasa una factura a las economías mundiales del orden de 1.5 a 2 billones de dólares, que representan entre 1 y 2 puntos del PIB mundial. Una cantidad de dinero que produce escalofríos si consideramos, sobre todo, las graves carencias en servicios básicos y derechos sociales que todavía aquejan a millones de habitantes de este planeta.
En el panorama comparado hay diversos indicadores sobre la corrupción. Desde Transparencia Internacional, pasando por e
La transparencia real es la clave y el principal aliado de la corrupción es el ambiente penumbra o de ambigüedad con que a veces se conducen las autoridades públicas. En España todavía hay cuatro mejoras legislativas pendientes, además de la aplicación eficaz de las reformas realizadas.
Jaime Rodríguez-Arana es Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña y director del departamento de Derecho Público Especial.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo.
Artículo de opinión de Jaime Rodríguez Arana, Catedrático de Derecho Administrativo, sobre los resultados del último Índice de Percepción de la Corrupción (Corruption Perception Index 2015) de Tranparencia Internacional.
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