Transparencia en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una nueva edición de 'Cumpliendo', en el que se recoge el análisis de los compromisos asumidos por el Ejecutivo en esta XV Legislatura, en el período comprendido entre la investidura el 16 de noviembre de 2023 y el 30 de junio de 2024.
El Informe constituye un ejercicio de transparencia y responde al compromiso que asumió el presidente de rendir cuentas ante la ciudadanía sobre el progreso de la acción de gobierno de forma periódica y sistemática, dando a conocer el estado de cumplimiento de los compromisos formulados por el Ejecutivo. "Para que los ciudadanos que lo deseen puedan ver y conocer qué está haciendo el gobierno por ellos. Con datos objetivos, no con relatos falsarios", explicó el presidente.

THE OBJECTIVE desvela en primicia el listado de los cien entes que más fondos europeos reciben
Enrique Morales
El Gobierno en funciones ha decidido detallar parte de la información sobre los 100 grandes beneficiarios del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea. La lista ha sido reclamada en numerosas ocasiones por las autoridades comunitarias. Más de dos años después de la implementación de estas ayudas, que contemplan subvenciones de 69.000 millones, los Estados europeos están obligados a dar transparencia a sus concesiones. Muchos ya las han hecho públicos los 100 mayores beneficiarios. La lista han trasladado a Bruselas. Mientras, otros no han notificado datos y otros, como España, lo están haciendo a su manera.

La relación de medios de comunicación receptores de publicidad institucional y las cantidades que ingresan cada uno confiere uno de los grandes misterios que los sucesivos Gobiernos centrales se niegan una y otra vez a desvelar.
Mucha más transparencia hay en otras administraciones, como los gobiernos regionales de Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León; o los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Todos ellos sí publican cada año la lista de medios agraciados con publicidad institucional y los ingresos que reciben por ello.

El número de campañas organizadas por el Ministerio del Interior es el que más ha aumentado debido a las elecciones
Por Marta Gutiérrez San Blas
El Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de 2023 bate el récord con el mayor número de campañas desde que se empezaron a elaborar en el año 2007. Son 193 en total, aunque ello no significa que tienen más presupuesto: en eso es el quinto, por detrás de los planes de 2007, 2008, 2009 y 2022 —en todos los casos legislaturas bajo la presidencia del PSOE—.
Estas son algunas de las campañas del Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de este año
El Ministerio de Asuntos Económicos repite como el que más gasta, con campañas sobre la transformación digital de España, el Plan de Recuperación y ciberseguridad.
Igualdad vuelve a ser la segunda en presupuesto con publicidades sobre la necesidad de políticas públicas igualitarias, reparto de cuidados o la promoción de la participación de las mujeres en la vida política, civil, laboral…

El Gobierno de España ha justificado que tres de sus ministras utilicen las redes sociales con las que difunden a diario sus actividades oficiales para hacer campaña a favor de Reyes Maroto como candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, ya que considera que esos perfiles en una de las principales plataformas son "personales".
Así lo ha asegurado en tres respuestas por escrito remitidas a Servimedia a través del Portal de Transparencia después de que tanto la propia Reyes Maroto como la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra Pilar Llop promocionaran la candidatura de la candidata socialista cuando la hizo oficial.

El Pactocheck de Newtral.es analiza 100 promesas del acuerdo de coalición entre PSOE y Podemos firmado en noviembre de 2019
Por Laura García
A cierre de 2022, el Gobierno de coalición ha cumplido con el 49% de las 100 promesas que analiza el equipo de Newtral.es a través del Pactocheck, un proyecto en el que se monitoriza cómo el Ejecutivo cumple con los compromisos que se firmaron en ese acuerdo en noviembre de 2019.
Esto implica que el 51% restante de compromisos tienen menos de un año de margen para cumplirse antes de que finalice la legislatura, como la ley trans, la reforma de la ley mordaza o la ley de vivienda.
No todas las medidas incluidas en el pacto de coalición tienen un grado de cumplimiento que sea verificable o medible con datos objetivos. Por ello, el equipo de Newtral.es ha escogido en este análisis aquellas promesas que consisten en algo concreto y cuantificable en el tiempo.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Convenio.

El Convenio sobre el acceso a los documentos públicos (Convenio número 205 del Consejo de Europa) fue hecho en Tromsø el 18 de junio de 2009. Hasta la fecha lo han ratificado trece Estados: (Albania, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Estonia, Finlandia, Hungría, Islandia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Noruega, Suecia, Ucrania). Otros siete Estados más lo han firmado: España, Bélgica, Eslovenia, Georgia, Macedonia del Norte, San Marino y Serbia. Entró en vigor el 1 de diciembre de 2020. La firma del Convenio por parte de España se produjo el 23 de noviembre de 2021, previa autorización del Consejo de Ministros de 6 de julio de 2021.

El Consejo de Estado, en su Dictamen de 24 de febrero de 2022, dispuso que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Convenio requiere la previa autorización de las Cortes Generales, al encontrarse encuadrado en el supuesto al que se refiere el apartado e) del artículo 94.1 de la Constitución, puesto que el mismo recae en gran parte de su contenido sobre materias reservadas a ley.

El contenido del Convenio concuerda con la legislación española en vigor, en concreto, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el preámbulo se resalta la importancia de la transparencia de los órganos del Estado como uno de los elementos claves de la buena gobernanza y también uno de los aspectos que mejor revela la existencia de una sociedad verdaderamente democrática y pluralista.

El Pactocheck de Newtral.es analiza 100 promesas del acuerdo de coalición entre PSOE y Podemos firmado hace dos años y nueve meses
Por Laura García
Con la aprobación de esta norma el Gobierno de coalición cumple con tres de las 100 promesas que analiza el equipo de Newtral.es a través del Pactocheck, un proyecto en el que se monitoriza cómo el Ejecutivo cumple con los compromisos que se firmaron en ese acuerdo. El balance actual asciende a un 42% de acciones cumplidas.
No todas las medidas incluidas en el pacto de coalición tienen un grado de cumplimiento que sea verificable o medible con datos objetivos. Por ello, el equipo de Newtral.es considera en este análisis aquellas promesas que consisten en algo concreto y cuantificable en el tiempo.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha acumulado otras 403 infracciones a la ley de Transparencia en los ocho últimos meses, de enero a agosto. Así consta en las otras tantas resoluciones que ha dictado el Consejo de Transparencia para dar la razón a ciudadanos que han visto vulnerado su derecho de acceso a la información gubernamental en apartados tan variados como gastos realizados por miembros del Gobierno, viajes oficiales y expedientes de diversa índole.
En el trienio 2019-2021, el Gobierno de Pedro Sánchez infringió la ley de Transparencia en 1.203 ocasiones, según las resoluciones dictadas en este sentido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Con las que ha sumado de enero a agosto, acumula ya 1.606 infracciones en menos de cuatro años.

El Ejecutivo tiene pendiente que se apruebe la ley Trans o la ley de Vivienda, entre otras promesas de las 100 analizadas por Newtral.es en el Pactocheck
Por Laura García
El pasado 21 de septiembre el Senado aprobó de forma definitiva la proposición de ley que reforma la ley del Régimen Electoral General y que elimina el voto rogado, regulando así el voto de aquellos españoles que viven en el extranjero a los que se les obligaba a solicitar la papeleta de forma previa a los comicios.
La eliminación del voto rogado en las elecciones es uno de los compromisos que firmaron PSOE y Unidas Podemos cuando formaron la coalición de Gobierno. Mientras cumplen con ello, mientras, tienen asignaturas pendientes como aprobar la ley Trans y la ley de Vivienda o derogar la «ley mordaza».
El equipo de Newtral.es analiza en total 100 promesas a través del Pactocheck, un proyecto en el que se monitoriza cómo el Ejecutivo cumple con los compromisos que se firmaron en ese acuerdo.

La Autoridad Administrativa ha solicitado al Ministerio de Presidencia que declare la totalidad del coste del proyecto desarrollado por la Oficina de Prospectiva, ahora fantasma, del exjefe de gabinete Iván Redondo.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha solicitado al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que comunique el coste total destinado al plan ‘España 2050’ en el plazo de 10 días. Lo ha hecho a través de la resolución 98/2022 como respuesta a una reclamación presentada por un ciudadano, en la que denunciaba que ocho meses después de que el CTBG determinara que esa información debía ser de conocimiento público, esta no había sido recabada ni compartida por el Ejecutivo. La actividad de la cuenta de Twitter de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, el organismo encargado de desarrollarlo, se limita a cinco ‘retweets’ en los últimos meses, mientras su última publicación propia se remonta a diciembre de 2021, unos meses después de que Iván Redondo saliese de la Moncloa.

Entre enero y junio se han rechazado 271 peticiones de información: el dato más alto para un primer semestre desde que se tienen registros
Fernando Cano
El Gobierno vuelve a suspender en transparencia. Entre enero y junio de este año, el Ejecutivo y sus diferentes ministerios han denegado 271 solicitudes de información ciudadana. La cifra corresponde a resoluciones denegatorias y de concesión incompleta de los datos públicos solicitados -la mayoría de las veces sin responder a lo requerido- convirtiéndose en el más alto para un primer semestre desde que se tienen registros y la tercera cifra más alta pese a que solo incluye seis meses.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, lanza la invitación pública a las Comunidades Autónomas para participar en la nueva iniciativa de la Agenda España Digital 2026: 'RETECH: Redes territoriales de especialización tecnológica'.
El objetivo de este programa mejorar la co-gobernanza del Plan de Recuperación a través de la articulación de proyectos regionales orientados a la transformación y especialización digital. El apoyo a estos proyectos fomentará el intercambio de conocimiento y las oportunidades de cada comunidad autónoma a través de redes de impacto nacional que permitan maximizar el equilibrio territorial y la cohesión social.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de secretos oficiales que fija un máximo de 50 años, aunque prorrogable, para la desclasificación de "altos secretos" de Estado, una ley que no convence ni a Unidas Podemos ni a algunos socios parlamentarios como PNV o EH Bildu, que ven los plazos exagerados.
Estas discrepancias obligarán de nuevo al Ejecutivo a tener que negociar en su tramitación para poder sacar la ley adelante en las Cortes Generales, toda vez que su socio de coalición también ha avisado que podrían plantearse no apoyarla.
El anteproyecto de Ley de Información Clasificada, como se denomina oficialmente, sustituirá a la normativa vigente en la actualidad, que data de 1968, en pleno franquismo, y otorga al ministro de la Presidencia, Felix Boñalos, la autoridad para proponer la desclasificación de documentos, algo que competía hasta ahora a la titular de Defensa, Margarita Robles, que ha restado importancia al hecho.

Este documento expone la evolución de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España a lo largo del primer semestre de 2022, así como la previsión para el segundo semestre. La metodología de este trabajo de seguimiento y análisis ha sido validada por un grupo de expertos y expertas independiente.

El Consejo de Ministros se ha comprometido a evaluar las recomendaciones de la Asamblea Ciudadana para el Clima, un ejercicio de deliberación pionero en España, y las ha remitido al Congreso de los Diputados.
El informe, fruto del trabajo desarrollado entre noviembre de 2021 y mayo de 2022 por cien ciudadanos elegidos al azar, cuenta con 172 recomendaciones organizadas en cinco grandes bloques: consumo; alimentación y uso del suelo; trabajo; comunidad, salud y cuidados, y ecosistemas.

El Ejecutivo tiene pendiente que se apruebe la Ley Trans en las Cortes, reformar la ‘Ley mordaza’ y garantizar el acceso universal a la atención sanitaria, entre otros compromisos
Por Laura García
Esta es una de las 100 promesas que analiza el equipo de Newtral.es a través del Pactocheck, un proyecto en el que se monitoriza cómo el Ejecutivo cumple con los compromisos que se firmaron en ese acuerdo.
No todas las medidas incluidas en el pacto de coalición tienen un grado de cumplimiento que sea verificable o medible con datos objetivos. Por ello, el equipo de Newtral.es considera que una medida tiene un grado de cumplimiento contrastable si consiste en algo concreto y cuantificable en el tiempo.
Así, cuando queda un año y medio para que finalice la actual legislatura, el Gobierno tiene 51 de los 100 compromisos analizados en progreso de ejecutarse y 14 están pendientes de iniciarse.

El Gobierno de España y la Comisión Europea presentaron un piloto del primer sandbox regulatorio sobre Inteligencia Artificial (IA) en un evento celebrado en Bruselas con la presencia de autoridades españolas, europeas y expertos de renombre en la materia.

El sandbox tiene como objetivo acercar a las autoridades competentes a las empresas que desarrollan IA para definir las mejores prácticas que guiarán la implementación del  futuro Reglamento de IA de la Comisión Europea  (Artificial Intelligence Act). Esto también garantizaría que la legislación pueda implementarse en dos años.

El Gobierno de coalición sólo ha cumplido el 21,73% de las recomendaciones que le hizo hace un año el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y su Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) apenas sube 2,1 puntos y se sitúa en el 75%.
En ese mismo índice de Transparencia activa, la Casa del Rey, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo sacaron en marzo un sobresaliente con un 100% de cumplimiento, el Senado se situó en un 97% y el Congreso se anotó un 93%.
El Consejo de Transparencia acaba de publicar el informe con los resultados del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas hace un año a la Administración General del Estado en 2021, así como del grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.

El Ejecutivo tiene promesas pendientes como aprobar la Ley trans, una nueva Ley de seguridad que sustituya a la «Ley mordaza» y eliminar el voto rogado
Por Laura García
El pasado 26 de mayo el Congreso de los Diputados aprobó el dictamen de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ‘Ley del solo sí es sí’. Y ahora comenzará a tramitarse en el Senado. Si incluyen alguna modificación, el texto volverá al Congreso. Ese día el pleno también aprobó la Proposición de Ley Orgánica complementaria de la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación que también va a continuar su tramitación en la Cámara Alta.

El nuevo diseño mejora la usabilidad, la claridad y la legibilidad de sus contenidos escritos y audiovisuales. Lamoncloa.gob.es estrena formatos digitales innovadores especialmente adaptados para dispositivos móviles.
En una apuesta por el diseño y los nuevos formatos digitales, el Gobierno de España ha renovado la página web de La Moncloa, con el objetivo de mejorar el acceso de la ciudadanía a la información oficial sobre la actividad del jefe del Ejecutivo y el Consejo de Ministros.
La web ha sido rediseñada por completo para priorizar la relevancia, la claridad y la legibilidad de la información, situando al usuario y usuaria en el centro de la experiencia y cumpliendo con los estándares de accesibilidad.