Transparencia en España

El estado de alarma por el coronavirus mantuvo los plazos administrativos paralizados en España desde el 14 de marzo hasta el 31 de mayo. El Gobierno dejó de responder a la mayoría de las solicitudes de transparencia que hacían los ciudadanos y las peticiones en el Portal de la Transparencia se fueron acumulando. En junio se levantó la paralización de plazos y empezaron a resolver solicitudes.

Las unidades de información de transparencia de los ministerios, que no han dejado de tramitar las solicitudes durante este tiempo, están resolviendo las peticiones de forma muy rápida desde que se levantó la suspensión de plazos el 1 de junio.

Los departamentos ministeriales han resuelto 1.026 solicitudes de acceso a la información pública del Portal de la Transparencia en las dos primeras semanas de junio.

Entre el 14 de marzo, cuando se suspendieron los plazos administrativos con el Real Decreto del estado de alarma, y el 31 de mayo de 2020, último día de la suspensión de plazos, el Portal de la Transparencia recibió 1.450 solicitudes de acceso a información pública.

Estas nuevas solicitudes, junto a las que estaban pendientes al declararse el Estado de alarma, han supuesto un total de 1.997 solicitudes en tramitación a 31 de mayo de 2020. Frente a esta situación, las unidades de información de transparencia de los distintos ministerios han redoblado sus esfuerzos. La cifra de solicitudes resueltas en tan solo dos semanas equivale a un 70% de las 1.450 presentadas durante el periodo en que han estado suspendidos los plazos administrativos y un 50% de las 1.997 solicitudes en tramitación y pendientes de resolver a 31 de mayo de 2020.

Entre el 14 de marzo y el 15 de mayo, la Junta de Castilla y León recibió 58 solicitudes de acceso a la información, que han sido resueltas del siguiente modo -con la actualización hecha a fecha 5 de junio-. De ese total, 14 se relacionan con informaciones vinculadas a la COVID-19 –dos resueltas por la Consejería de Sanidad; más otras tres por parte de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior-. Las cuestiones que de manera concreta se solicitaron en esos 14 casos fueron tres solicitudes relacionadas con la adquisición de mascarillas o protectores faciales; siete solicitudes relacionadas con residencias de personas mayores, a través de las cuales se pregunta sobre diversos aspectos relacionados con el número de fallecidos, medidas de seguridad adoptadas, licencias, registros, sanciones impuestas, etc.; una solicitud relativa a los datos sobre las personas recuperadas en Castilla y León hasta la fecha por esta enfermedad; y dos solicitudes que requieren la documentación enviada por la Junta de Castilla y León al Ministerio de Sanidad con objeto de las fases de desescalada. De las otras 44 solicitudes registradas referentes a diversas materias, 21 ya han sido resueltas –nueve en Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior; cuatro en Sanidad; tres en Economía y Hacienda; tres en Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; una en Presidencia; una en Fomento y Medio Ambiente-.

Con el Real Decreto del estado de alarma quedaron suspendidos los plazos administrativos, sin embargo, se recibieron 1.450 solicitudes de acceso a la información, de las que se han resuelto casi la mitad en menos de una semana

Derogada la suspensión de plazos, con efectos 1 de junio, las unidades de información de transparencia de los ministerios, que no han dejado de tramitar las solicitudes durante este tiempo, han resuelto una cifra equivalente al 44% de las peticiones recibidas durante el estado de alarma, esfuerzo que continuará hasta que queden resueltas en su totalidad

Más información en la Nota de prensa

1 de junio, una fecha en la que una gran parte del país está pendiente de las novedades de estar en la Fase 2. Sin embargo, en las administraciones públicas, la novedad será otra, el fin de la suspensión de los plazos administrativos decretados por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma, que contenía en su Disposición Adicional Tercera, una de las medidas más complejas en su aplicación para las administraciones públicas (junto con el artículo 34 RD-Ley 8/2020): la suspensión de los plazos administrativos, tal y como explicábamos en «Aplicación práctica de la suspensión de plazos administrativos en el estado de alarma» en sin perjuicio de la suspensión de los plazos procesales que recogía también en la Disposición Adicional Segunda del mismo.

Como informamos anteriormente, la Coalición Pro Acceso, a la que pertenece la Fundación Hay Derecho junto a otra treintena de organizaciones en defensa de la Transparencia, envió el pasado 7 de mayo cartas a todas las Comunidades Autónomas reclamando respetar y cuidar el derecho al acceso a la información durante la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Se distinguía en estas cartas entre aquellas autonomías que efectivamente ya estaban en lo posible realizando un esfuerzo por no dejar de tramitar solicitudes de transparencia, entre otras actividades, durante el confinamiento, y aquellas que pusieron más dificultades al acceso.

Tras la primera respuesta de la Comunidad Valenciana, que ya comentamos aquí, y la respuesta de Castilla y León, Cataluña y Murcia (que contamos aquí), hoy os presentamos las respuestas que ofrecen Navarra, Galicia y Comunidad de Madrid. (...)

Una de las máximas de este blog (y creo que de buena parte de la academia sobre la eAdministración) es que su relevancia viene determinada por su uso. Es decir: da igual la cantidad de servicios digitales en producción y su profundidad, si no hay un uso real de los mismos. En este sentido, lo cierto es que España pese a tener una enorme disponibilidad de servicios, el uso real de los mismos ha andado muy por detrás (basta con ver la posición en el DESI en ambos elementos), incluso después de esfuerzos normativos importantes. El estado de alarma del COVID19 con el confinamiento y la dependencia de gran parte de la ciudadanía de los servicios públicos puede cambiar este escenario, pero ¿realmente crecerá el uso de la eadministración? ¿En qué terminos?

21 de mayo, 2020
Como informamos anteriormente, la Coalición Pro Acceso, a la que pertenece la Fundación Hay Derecho junto a otra treintena de organizaciones en defensa de la Transparencia, envió el pasado 7 de mayo cartas a todas las Comunidades Autónomas reclamando respetar y cuidar el derecho al acceso a la información durante la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Se distinguía en estas cartas entre aquellas autonomías que efectivamente ya estaban en lo posible realizando un esfuerzo por no dejar de tramitar solicitudes de transparencia, entre otras actividades, durante el confinamiento, y aquellas que pusieron más dificultades al acceso.
Tras la primera respuesta de la Comunidad Valencia, que ya comentamos aquí, tenemos ahora respuesta de Castilla y León, Cataluña y Murcia.

(13-mayo-2020) El pasado jueves, la Coalición Pro Acceso (https://www.proacceso.org/) envió cartas a todas las Comunidades Autónomas para reclamar el máximo compromiso con la transparencia por parte de estas administraciones. Se trata de un compromiso que no todas las autonomías están teniendo en estos momentos, y así se les hizo saber. Hoy la Comunidad Valenciana nos responde.
La Coalición Pro Acceso, a la que pertenece la Fundación Hay Derecho junto a otras 30 organizaciones de la sociedad Civil, defiende el derecho de acceso a la información como derecho fundamental que es, reconocido por la legislación internacional, por muchas constituciones y por más de 80 leyes nacionales de todo mundo.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció este martes 19 de mayo en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros [min. 24:45] que la nueva propuesta de prórroga del estado de alarma del Gobierno incluye la reactivación de los plazos administrativos. Illa explicó que "desde el 1 de junio volverían a contar los plazos administrativos". Y así consta en la propuesta de prórroga del estado de alarma que el Gobierno ha llevado al Congreso de los Diputados para su aprobación.
Por lo tanto, si el Congreso aprueba la prórroga del estado de alarma en la votación de este miércoles 20 de mayo, este se alargará hasta el 7 de junio, pero el 1 del mismo mes dejará de estar en vigor la disposición adicional tercera del decreto de estado de alarma, que suspendía los plazos administrativos en nuestro país; y, por lo tanto, las solicitudes de acceso a la información pública y el derecho de acceso en general.

El Portal de Transparencia, el medio que permite a los ciudadanos pedir al Gobierno datos o informes amparándose en la Ley de Transparencia de 2013, lleva en suspenso más de dos meses, desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Desde entonces las solicitudes que se presentan no son tramitadas y así seguirán hasta el 1 de junio, cuando se levante la suspensión de todos los plazos administrativos, incluidos los de la rendición de cuentas. Mientras tanto se acumulan al menos 829 preguntas sin respuesta, que son las presentadas entre esa fecha y el 30 de abril, según datos facilitados a EL PAÍS por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, del que depende el portal.

"(...) Sin embargo, parece que, sin venir impuesto por la declaración del Estado de Alarma, hay un derecho de todos los ciudadanos que está siendo también limitado, de manera consciente o inconsciente, pero en definitiva, limitado. Me refiero al derecho de acceso a la información pública. (...)"

María Escamilla Faus es vicesecretaria COSITAL Valencia

La concejala de Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de València, Elisa Valía, ha informado de la publicación de dos aplicaciones web de acceso libre y gratuito para la ciudadanía, con las que se podrá planificar las salidas de casa en el proceso de desescalada de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y que, a posteriori de la crisis, podrán ser utilizadas en otros escenarios o finalidades.
Concretamente, estas dos aplicaciones web que nacen de la Càtedra Govern Obert, impulsada por la Concejalía de Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de València y la Universitat Politècnica de València, permiten a la ciudadanía calcular con geolocalización o con un clic sobre un mapa recorridos de entre 1 y 5 kilómetros de radio desde su domicilio y recorridos de entre 5 y 30 minutos de duración en sentido de ida (que representan entre 10 y 60 minutos si contabilizamos el trayecto completo) a realizar caminando, en bici o en vehículo.

A todo jurista y ciudadano le sorprende que la aplicación de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, haya comportado la suspensión de los procedimientos tramitados ante el Consejo de Gobierno y Transparencia, o sea, cerrojo echado sobre el Portal de Transparencia y el poder público sigue avanzando bajo el radar del control.

Aún así, le recuerda al Portal de Transparencia que tiene opciones para levantar la suspensión. La Abogacía añade que el Consejo de Transparencia podría acogerse a los mismos supuestos para resolver reclamaciones aunque, mientras se mantengan suspendidos los plazos de solicitud por el Portal de Transparencia, no hay modo de que venza el plazo y poder reclamar.

Según el art. 15 de la Declaración de Derechos del hombre y el ciudadano de 1789, “La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público”. Ya antes, en 1766, Suecia había aprobado su Freedom of the Press Act. En 1914 el Juez Brandeis incluyó en el capítulo V (“What Publicity Can Do”) de su opúsculo Other’s People Money [1] su famosa frase: “La luz del sol es el mejor de los desinfectantes”. El artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho de acceso a los documentos públicos, si bien es verdad que sólo frente al Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Son sólo algunos de los pasos que se han ido dando desde al menos el siglo XVIII para poder reconocer el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental. Algo tan simple como el “derecho a saber”, el Right to Know. (...)

Los plazos administrativos están suspendidos, lo que afecta de lleno a las solicitudes de información pública, aunque las administraciones que lo consideren pueden levantar algunas suspensiones. No es el caso del Gobierno central, pero sí de algunas CCAA.

Madrid, mayo de 2020. La crisis sanitaria mundial como consecuencia del COVID-19 ha dado lugar a la adopción de medidas extraordinarias por parte de los gobiernos que no solo han implicado la limitación de la libertad ambulatoria de las personas y la consiguiente paralización de las actividades, sino también la adopción de diversas medidas relativas a todos los ámbitos de actuación de las Administraciones públicas y del sector privado.
Conscientes de la necesidad de adopción de medidas extraordinarias y urgentes, en Transparency International España nos preocupan todas aquellas que por su entidad generan un escenario propicio para la corrupción y malas prácticas en el marco de la contratación de material sanitario, de la distribución y fijación de precios de dicho material de primera necesidad.

(...)

Para acceder a nuestras recomendaciones, puede pinchar aquí: Transparencia y publicidad activa recomendaciones COVID19.

“No podemos dar nunca nada por sentado. Ni la salud, ni la seguridad, ni la libertad, ni la democracia. Siempre hay que estar atento y luchar por ellas. Pero si lo hacemos juntos y con responsabilidad, podemos ganar y progresar como sociedad” (Elisa de la Nuez).

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmaba este domingo en rueda de prensa que "el Portal de Transparencia, la transparencia, la información pública, es una de las prioridades, por no decir la primera prioridad, de este Gobierno después de terminar y acabar con el virus". En la misma línea se expresaba el lunes la ministra…

"En consecuencia, desde AEFP proponemos al Gobierno central, y todos los gobiernos autonómicos y locales y al resto de instituciones que tomen las medidas normativas y organizativas necesarias para garantizar que la vigencia del estado de alarma no perjudique al derecho de acceso a la información pública y a la transparencia, ya que disponen de los medios humanos y técnicos para ello. (...)"

Como se ha generado una cierta confusión y polémica sobre la suspensión o no de la transparencia durante el estado de alarma, dejo aquí unas consideraciones técnicas rápidas para entender lo que está ocurriendo.

Miguel Ángel Blanes Climent (Alcoy, Alicante, 1972) ha demostrado ser un corredor de fondo, no sólo por haber corrido una veintena de maratones. También lo acredita su lucha por conseguir que las administraciones públicas sean menos opacas.

Manuel Jaramillo Fernández  es Secretario de Administración local, Categoría Superior (FHCN)
La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto que la mentalidad del jurista medio español es incapaz de asimilar las consecuencias que los estados de emergencia o excepcionalidad acarrean, lo que en realidad es un síntoma de los vicios ocultos de un sistema universitario que hurta a sus alumnos de muchos grandes autores si no cumplen los cánones de lo políticamente correcto. (...)