Transparencia en España

Presidencia del Gobierno no identifica a las personas que visitan a los altos cargos que trabajan en la Moncloa alegando “protección de datos”
Los expertos consultados por Maldita.es consideran que debería ser una información pública y la ciudadanía debería conocer con quién se reúnen los dirigentes públicos
España no cuenta con una regulación de lobbies y en las Cortes la publicación sobre las reuniones de diputados y senadores es opcional

Estas visitas forman parte de las 636 al presidente del Gobierno que han quedado registradas en el acceso al Complejo de la Moncloa para un periodo de seis meses, según la información obtenida por Maldita.es tras una solicitud de acceso a la información pública. En estas fechas, los altos cargos del Gobierno que trabajan en el complejo de La Moncloa (Madrid) atendieron 4.112 visitas, según los datos obtenidos vía Ley de Transparencia.

¿Quién viaja en los aviones oficiales acompañando al Gobierno? ¿Quiénes son los experto que tomaron las decisiones durante la pandemia? ¿Quién es la adjudicataria de los contratos millonarios de la administración? ¿Qué ayuntamientos no rinden cuentas de su gestión económica y financiera? Son preguntas cuyas respuestas se encuentran entre la ingente información que manejan las administraciones. Y se han construido gracias a las casi 58.000 peticiones de información y miles de datos publicados de oficio en los ocho años de vigencia de la ley de Transparencia.

La administración central, especialmente los ministerios, ha ignorado 210 resoluciones del Consejo de Transparencia que la obligan a dar información
Los expertos urgen al Gobierno a que apruebe la reforma integral de la ley a la que se comprometió para esta legislatura

Estaba entre los planes del Gobierno, como lo ha estado en los de muchos otros de sus antecesores, reformar la Ley de Secretos Oficiales. Pero del dicho al hecho siempre hay demasiado camino. La promesa ya aparecía en el programa electoral del PSOE de 1996, año en que el popular José María Aznar llegó a aprobar un proyecto de ley que acabó guardando en un cajón. El escándalo del espionaje de Pegasus convirtió en “impostergable”, en palabras de Pedro Sánchez, una reforma que el PNV venía pidiendo desde 2016 y que se había convertido en el muro con el que chocaban las peticiones de transparencia una y otra vez.

Años antes de que se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley de transparencia, de lo que se acaba de cumplir el octavo aniversario, Elisa de la Nuez (Santander, 1961) ya escribía sobre la materia en el blog ¿Hay Derecho? Y formó parte de la comisión de expertos impulsada por el Centro de Estudios Constitucionales y P0líticos (CECP) sobre el anteproyecto de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. «Es evidente que estamos hoy mucho mejor que hace ocho años pero nos queda mucho camino que recorrer», declara a El Independiente.

Todos los expertos consultados sostienen que la ley de transparencia tiene un error de base y es que deja en un limbo legal la transparencia de los miembros de la familia real.

En estos días veíamos la noticia sobre la constitución de un grupo de trabajo (el segundo que yo sepa en menos de tres años) para el estudio de los derechos digitales en el seno de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Efectivamente, el primero se constituyó en 2017 siendo Ministro Alvaro Nadal y con un grupo de siete expertos. El de ahora es más nutrido y también abrirá un proceso de participación a la sociedad civil. Mientras tanto, duermen el sueño de los justos los derechos digitales ya recogidos en el título X “Garantía de los derechos digitales”, incluido en la nueva Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter personal y garantía de los derechos digitales. Para variar.

Una vez descubiertas las andanzas patrimoniales y fiscales del rey emérito (que tanto se asemejan a la de otros personajes de su generación como el ex president Pujol) y aceptada por D. Juan Carlos I la única solución posible, es decir, apartándose de toda tarea institucional y abandonando España, la pregunta que podemos hacernos es la de si merece la pena conservar la institución monárquica como institución central de la Constitución de 1978 y, si la respuesta es positiva, qué reformas habría que hacer.

“No podemos dar nunca nada por sentado. Ni la salud, ni la seguridad, ni la libertad, ni la democracia. Siempre hay que estar atento y luchar por ellas. Pero si lo hacemos juntos y con responsabilidad, podemos ganar y progresar como sociedad” (Elisa de la Nuez).

En la nueva batalla por el relato que se está gestando estos días una víctima colateral puede ser la transparencia, esencial en una democracia y más en situaciones excepcionales.

Como se ha generado una cierta confusión y polémica sobre la suspensión o no de la transparencia durante el estado de alarma, dejo aquí unas consideraciones técnicas rápidas para entender lo que está ocurriendo.

Después del tiempo que llevamos confinados y de la seriedad con la que los ciudadanos españoles hemos abordado esta crisis pese a los tremendos costes económicos y personales es imprescindible hacer algunas reflexiones sobre la seriedad con la que la están abordando nuestros responsables políticos.

"A medida que la inteligencia artificial se instala en nuestras vidas y en nuestras búsquedas de productos o servicios debemos empezar a plantearnos algunas cuestiones interesantes. Ya hablamos en su momento en este blog de los precios que se adaptan no tanto a las leyes de la oferta y la demanda sino sencillamente a las posibilidades de pago del cliente y sobre todo a las necesidades y a la urgencia que tiene en su adquisición. De ahí que debamos empezar a preocuparnos de en qué medida es posible regular estos fenómenos y como proteger a los consumidores en este ámbito.
Pues bien, hace unos meses la Fundación CIVIO perdió –por ahora puesto que ha recurrido en vía contencioso-administrativa a los órganos judiciales- una primera batalla por la transparencia de los algoritmos cuando solicitó los documentos técnicos y el código fuente del programa (denominado BOSCO) (...)"

Debate en el que participaron : Eva Belmonte, co-directora de la Fundación Ciudadana CIVIO, Jesús Sánchez Lambás, Abogado. Secretario General de Transparencia Internacional. Joan Linares Director de la Agencia contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana. Elisa de la Nuez , Secretaria General de la Fundación Hay Derecho y Jaime Far Director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears.

La nueva Directiva europea de protección del denunciante de corrupción es sin duda una muy buena noticia. Dado que en España hemos sido incapaces de adoptar –pese a su evidente necesidad- una norma estatal para proteger a los denunciantes de corrupción no nos viene nada mal este empujón europeo, que establece un suelo mínimo –valga la expresión- para dicha protección de manera que la legislación estatal puede ir más allá, pero no quedarse corta en relación con la directiva, máxime teniendo en cuenta el retraso que llevamos acumulado.