'España y la corrupción' por Carlos Castresana | infoLibre
Las Convenciones del Consejo de Europa contra la Corrupción, al igual que la de la ONU, se proponen combatir la desviación de poder con ánimo de lucro reconociendo de antemano que la corrupción no puede corregirse únicamente con medidas de represión penal. Asignan a los comportamientos más graves severas penas pecuniarias y privativas de libertad, que son la respuesta más enérgica del Estado de derecho para combatir ese fenómeno criminal que tantos recursos públicos consume. Sin embargo, la respuesta penal es la ultima ratio: antes de llegar a los juzgados, hay muchas otras medidas de prevención y transparencia en el sector público y en la iniciativa privada que autoridades y empresas deben implementar. Se trata de medidas que no erradican la corrupción, pero evitan que se generalice y se haga endémica.
Al ratificar esas convenciones, nuestro país se adhirió al GRECO, Grupo de Estados contra la Corrupción, organismo supranacional que supervisa el cumplimiento de sus obligaciones por los estados miembros. Dentro de ese grupo, España evalúa y es evaluada.
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