Transparencia en España

"La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández (PRC), estudiará la posibilidad de "mediar" entre los ayuntamientos para fijar unos "criterios uniformes" que les permitan a estas administraciones locales cumplir con las exigencias de la Ley de Transparencia sin traspasar las "líneas rojas" que fija la Ley de Protección de Datos.
Esta posibilidad ha sido planteada por Fernández en la reunión que este miércoles ha mantenido con el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual (PP), que ha expresado a la consejera su preocupación por cómo cumplir desde el Ayuntamiento con lo que exige la Ley de Transparencia sin transgredir los límites que marca la normativa en protección de datos y, todo ello, algo que, a su juicio, es "bastante complicado", y más en el marco de la administración electrónica. (...)"

El Gobierno de Cantabria ha publicado el proyecto de decreto que desarrolla la Ley de Transparencia de la Actividad Pública de la Comunidad Autónoma. Este reglamento regula aspectos de la ley como es el caso de las obligaciones de publicidad activa, el derecho de acceso a la información, el régimen de reclamaciones y el régimen sancionador en materia de transparencia.
A su vez, incorpora novedades que incluyen una regulación específica de la organización administrativa del Gobierno de Cantabria y de su sector público para facilitar el cumplimiento de la Ley, así como los sujetos y los plazos en los que se deben facilitar la información y el régimen supletorio de las funciones asignadas al Consejo de Transparencia autonómico.

El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha el proyecto del portal web 'Asubio' al que se podrán sumarse las entidades locales menores -- más de 500 entre juntas vecinales y concejos abiertos-- para cumplir con las exigencias de publicidad activa estipuladas en las leyes autonómica y estatal sobre transparencia.
La Consejería de Presidencia y Justicia, a través de su titular, Rafael de la Sierra, ha enviado a todas las entidades locales menores el convenio para formalizar la adhesión a la plataforma y facilitar así cumplir con sus obligaciones de publicidad y con las relativas al derecho de acceso a la información pública. Anteriormente, en mayo, ya presentó la plataforma para recoger las sugerencias de estas entidades y de la Federación de Municipios de Cantabria.

El Gobierno de Cantabria iniciará este viernes, 17 de agosto, el proceso de aprobación del futuro decreto que creará y regulará la Oficina de buen gobierno y contra la corrupción, un compromiso de legislatura del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y que propiciará la puesta en marcha de un órgano independiente encargado de recibir, investigar y tramitar las denuncias de la ciudadanía.

Documento BOE-A-2018-5393

Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública.

Publicado en:

«BOE» núm. 96, de 20 de abril de 2018, páginas 40654 a 40688 (35 págs.)

Comentario a la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública (B.O.C. de 29 de marzo de 2018)
La Ley 1/2018, de 21 de marzo, regula la transparencia de la actividad pública en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, así como la reutilización de ésta. Incluye en su ámbito de aplicación no sólo al sector público de la Comunidad Autónoma, sino también a las personas privadas que ejerzan potestades administrativas, adjudicatarios de contratos públicos, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que perciban subvenciones. La ley contempla, entre otras, la transparencia en la contratación pública, en las cuentas bancarias y en la ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.

Se ha publicado este Jueves Santo, aunque no entrará en vigor hasta el 29 de septiembre

Te detallamos la información que se puede solicitar, cómo hacerlo y las sanciones a las que se enfrentan los cargos públicos que no cumplan esta norma. 

Por Gonzalo Sellers ySusana Echevarría.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado hoy la Ley de Transparencia de la Actividad Pública de Cantabria, que entrará en vigor en el plazo de seis meses contados desde este 29 de marzo.

El texto, que el Gobierno remitió al Parlamento de Cantabria a finales de 2016, se aprobó el 12 de marzo por unanimidad salvo los artículos y disposiciones relativas a la creación del Consejo de Transparencia de Cantabria, en los que el PP votó en contra.

Santander- 12.03.2018
El Parlamento regional ha aprobado por unanimidad la Ley de Cantabria de Transparencia de la Actividad Pública, que ha impulsado el Gobierno autonómico "por convicción política" y por ser un "requisito imprescindible de la acción de gobierno".
Así lo ha resaltado el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, en la celebración del Pleno de esta mañana, y ha defendido además la necesidad de la nueva norma autonómica para adaptar la Ley nacional a la realidad de la región y mejorar su efectividad.

El Gobierno regional ha decidido impulsar una ley de fundaciones para Cantabria, una nueva normativa con la que se mejorará la transparencia y seguridad jurídica en la gestión de estas organizaciones.
Así lo ha indicado el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, quien ha anunciado que el texto del anteproyecto de Ley saldrá a información pública este lunes, 29 de enero, tras lo cual se abrirá un periodo para la presentación de alegaciones.

El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la convocatoria, el próximo 2 de febrero, de la ponencia de la Ley de Transparencia de Cantabria con el "reto" de que esta normativa, a la que el PP ha presentado 84 enmiendas, una de ellas para impedir la creación del Consejo de Transparencia, esté aprobada antes de Semana Santa o en todo caso, en el actual periodo de sesiones.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa la diputada del PP Isabel Urrutia, quien ha subrayado que su partido "no encuentra excusa que demore más allá de febrero" la reunión de la ponencia de una ley que "Cantabria debe tener" porque "lo que hace dos años era urgente, hoy es perentorio".

El Consejo de Gobierno ha autorizado la prórroga, por segunda vez, del convenio por el que la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de la Consejería de Presidencia y Justicia, traslada al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
El Ejecutivo autonómico decidió llevar a cabo este convenio a finales de 2015 y lo va renovando año a año. En 2017, concretamente hasta el pasado mes de noviembre, se han presentado un total de 40 reclamaciones, lo que supone un gasto de 5.705,56 euros. De todas ellas, 36 corresponden a la administración local, dos a otras entidades y otras dos a la autonómica, ha informado el Gobierno regional en un comunicado de prensa.

Estas cuatro comunidades son las únicas que aún no han desarrollado su propia normativa. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también carecen de articulado propio.

Los secretarios generales de CCOO y UGT han desvelado este martes que tras la presentación de los presupuestos de 2018, han negociado con el Gobierno "al más alto nivel" y han arrancado al presidente y la vicepresidenta dos compromisos: la creación de una oficina de transparencia, la lucha contra el fraude y la corrupción; y la aprobación de un marco jurídico que regule las cláusulas sociales en la contratación pública.

El texto contempla la creación de un consejo autonómico, con el que el PP no está de acuerdo
EUROPA PRESS - SANTANDER
Los grupos parlamentarios han presentado un total de 137 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Transparencia de la Actividad Pública, que el Gobierno de Cantabria remitió al Parlamento hace casi 10 meses, en Navidad.
Todos los grupos salvo el PRC, partido que dirige la Consejería de Presidencia y Justicia, de la que ha emanado el texto, han presentado enmiendas, encabezados por el PP con 84. Podemos ha presentado 34; Ciudadanos 13 y el PSOE, socio de gobierno del PRC, seis.

   Se puede consultar en el Portal de Transparencia y el plazo para presentar opiniones y valoraciones concluye el 12 de septiembre

El Gobierno de Cantabria ha recibido sólo cuatro reclamaciones de acceso a la información pública durante el primer semestre de 2017, según los datos facilitados por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Unos datos que ha expuesto el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, durante su intervención en la inauguración del curso 'Los desafío de la transparencia administrativa: la comunicación entre la Administración y los ciudadanos', organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha recibido hasta junio 75 reclamaciones de Cantabria del total de 455 procedentes de las comunidades que han firmado convenio con esta entidad.
De este modo, Cantabria se sitúa como la tercera autonomía con mayor número de quejas presentadas, solo superada por Madrid (160) y Castilla-La Mancha (98).

   Ciudadanos llevará al Pleno del Parlamento de Cantabria una iniciativa para reclamar que se proteja por ley a los funcionarios de toda la comunidad autónoma que denuncien casos de corrupción, garantizándoles la "indemnidad" de sus puesto de trabajo frente a "posibles represalias" e, incluso, indemnizaciones por los daños que puedan sufrir.

Podemos Cantabria ha presentado 34 enmiendas a la Ley de Transparencia autonómica, a la que ha aportado el 80 por ciento de su articulado, según subraya la formación morada, que explica que lo que busca es mejorar el texto.