Transparencia en España

El Consejo de Transparencia de Andalucía ha remitido una Resolución al alcalde de Grazalema en relación con la reclamación interpuesta por Ecologistas en Acción por la falta de respuesta de Carlos García a la solicitud para que nos aporte el inventario de caminos públicos del municipio. El Consejo le da al ayuntamiento un plazo de 10 días para que aporte la documentación solicitada.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha ordenado al Ayuntamiento de Algeciras que aporte información sobre 42 expedientes disciplinarios que habían sido solicitados previamente por un particular.
La solicitud original al Ayuntamiento solicitaba tener acceso a "los 42 últimos expedientes disciplinarios incoados" por el Consistorio a sus empleados públicos. Igualmente, reclamaba tener acceso a las copias de libros de actas de decretos y otras documentaciones donde se tratasen esos expedientes.

La falta de transparencia sobre la campaña de vacunación del covid19 ha provocado que el Consejo de Transparencia inicie un expediente instando a que se sancione al Ayuntamiento de Camas. La falta de respuesta del Ayuntamiento de Camas a un vecino, que en diciembre de 2021 solicitó formalmente al Consistorio determinada información pública, ha dado lugar a que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en base a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, acuerde el arranque de un procedimiento para instar la incoación de expediente sancionador o disciplinario por la posible comisión de alguna de las infracciones que dicha normativa contempla.

La plantilla del servicio de ayuda a domicilio en San Fernando, que lleva más de 50 días de vigilia ininterrumpida a las puertas del Ayuntamiento isleño para reclamar la jornada laboral de las 35 horas, ha dado a conocer este jueves la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía en relación a la petición que cursaron para acceder al expediente completo del contrato.
En dicha resolución, han explicado, "se estima la Reclamación en cuanto a la solicitud realizada para la vista y copia del expediente de contratación". Al Ayuntamiento se la da un plazo de 10 días para que cumpla con sus obligaciones legales y actúe conforme a la ley.

El órgano garante en Andalucía insta a la sociedad que gestiona el estadio sevillano donde se disputaron los encuentros a facilitar el documento con las condiciones pactadas con la Federación Española de Fútbol: prima el "interés público"
Antonio Salvador
El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA) ha instado a la sociedad que gestiona el estadio sevillano de La Cartuja -participada exclusivamente por administraciones públicas- a facilitar una copia del contrato que firmó con la Federación Española de Fútbol (RFEF) para albergar varios partidos de la pasada Eurocopa, al entender que prima el «interés público» y que no se han justificado de forma suficiente los límites invocados para no proporcionar el documento.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha dado un plazo de dos meses al equipo de gobierno bipartito, de PP y Cs, en el Ayuntamiento de Nerja para que publique en la página web municipal las actas de los plenos desde diciembre de 2020 y la información relativa a los sueldos de los concejales liberados y cargos de confianza. Lo hace tras una denuncia interpuesta ante este organismo, dependiente de la Junta de Andalucía, por la exportavoz del PSOE y exalcaldesa, Rosa Arrabal, quien el pasado julio presentó un escrito quejándose de «la opacidad» del Consistorio.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha registrado en el cuarto trimestre del año un total de 319 asuntos (188 del Área de Transparencia y 131 de Protección de Datos) y ha dictado 262 resoluciones, datos que se han dado a conocer hoy en la sesión de la Comisión Consultiva del órgano reunida hoy en Sevilla.
En el Área de Transparencia, en relación a las reclamaciones, se recibieron un total de 171, alcanzando el total acumulado en el año las 737 reclamaciones, dato superior en un 30% a las recibidas durante el año 2020.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación formulado por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, contra una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que avala la sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete de Sevilla, que merced a una impugnación del Ayuntamiento hispalense anulaba una resolución del citado Consejo de Transparencia que instaba a su vez a la Administración Local a facilitar a un reclamante el listado de bienes inmuebles, tanto urbanos como rústicos, exentos del pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI).

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado la resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que obliga a la Diputación Provincial de Sevilla a facilitar las asignaciones económicas otorgadas a los grupos políticos durante los años 2015, 2016 y 2017, así como la justificación con las facturas incluidas.
El Alto tribunal ha compartido los argumentos de la autoridad de control y ha remarcado que los grupos políticos forman parte de la organización de la entidad local, por lo que es Diputación la que debe atender la petición de información, recabarla de las formaciones y ponerla a disposición del interesado (previa anonimización de los datos de carácter personal).
De esta forma, el TSJA rechaza la alegación esgrimida por la Diputación, que aseguraba que “no estaba en posesión de los documentos solicitados,” y subraya que las solicitudes de información “no pueden dirigirse a los grupos políticos -que carecen de personalidad jurídica independiente-, sino al ente local que tiene a su disposición los datos relativos a la dotación económica de las citadas formaciones”.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha instado a la Fundación Museo Picasso Málaga-Legado Paul, Christine y Bernard Ruiz-Picasso a publicar en su página web las retribuciones anuales de sus máximos responsables, así como su organigrama actualizado, dando cumplimiento así a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG).
La Fundación es una entidad de carácter privado, si bien recibe subvenciones públicas superiores a los 100.000 euros, por lo que debe cumplir con las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación estatal de transparencia, tal y como queda recogido en la norma.

Los ecologistas señalan que el Consistorio pretendía cobrar "un precio desproporcionado" por la copia digital de documentos públicos relacionados con el Plan Especial del Poblado de Sancti Petri
Toniza-Ecologistas en Acción da a conocer a través de un comunicado que la Resolución del Consejo de Transparencia de Andalucía estima "la reclamación interpuesta por la Asociación Medioambiental Toniza, contra el Ayuntamiento de Chiclana por denegación de información pública" y le insta a que "en el plazo de veinte días ofrezca al reclamante la información".
En este sentido, indica que el Ayuntamiento ya ha cumplido escrupulosamente la Resolución, fechada el pasado 1 de octubre, "y nos ha suministrado en plazo y gratuitamente la documentación en formato digital. Todo apunta a que el Consistorio ha descartado la posibilidad de recurrir la Resolución del Consejo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. De ser así, lo consideramos un acierto sensato".

Los edificios que están exentos de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles no tienen la obligación de ser expuestos públicamente por el Ayuntamiento. El TSJA emitió el pasado martes una sentencia que confirma la ya emitida por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Sevilla en la que anula una exigencia del Consejo de Transparencia de la Junta de Andalucía para que se publicase la lista de bienes de la ciudad exentos de IBI a instancias de una persona que quería denunciar unos supuestos beneficios fiscales de la Iglesia. Hace un año, el el juez estimó el recurso presentado por el Ayuntamiento contra esta resolución en la que se le ordenaba facilitar el listado de bienes inmuebles, tantos urbanos como rústicos, libres de este impuesto.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha puesto de relieve este miércoles que la Justicia ha respaldado la "inmensa mayoría" de los dictámenes dictados desde su puesta en marcha, a principios de 2016, y ha avalado así su doctrina.
En un comunicado, el Consejo de Transparencia fundamenta esta valoración señalando que, desde la puesta en marcha de este órgano, se han interpuesto un total de 33 recursos contencioso-administrativos, y "sólo en uno de los asuntos de las materias más controvertidas los tribunales no han defendido su actuación".

La Cofradía de Pescadores de Vélez-Málaga tendrá que facilitar sus presupuestos y cuentas anuales, así como los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Éste es el sentido de una resolución dictada por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ante la reclamación de una entidad que solicitó determinada información económica.
La Cofradía mostró su desacuerdo con la resolución emitida y presentó recurso ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, recurso que fue desestimado “al ajustarse al ordenamiento jurídico” la resolución del órgano de control. Pero también expresaron su disconformidad con esta sentencia e interpusieron recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que desestimó el recurso y falló a favor del Consejo, avalando su dictamen.

Un fallo del TSJA apoya que se difunda el expediente que le multó con 1,6 millones por sobrefacturar la luz a 400.000 andaluces con 400 millones de beneficios no devueltos.

El denunciante asegura que puede demostrar que la multa no se ajustaba a lo que dicta la ley ni a la gravedad de las irregularidades cometidas. Quiere todos los papeles. La última victoria la ha conseguido de la mano del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Consejo de la Transparencia de Andalucía. Ambos le dan la razón en su petición de acceder al expediente en papel por el que la Junta sancionó a Endesa con 1,6 millones de euros, en 2017, por ese recargo en la factura de la luz.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado la resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en la que exigía a la Junta de Andalucía -la Dirección General de Industria, Energía y Minas- facilitar información sobre un expediente sancionador abierto contra Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., relativo al cambio de potencia de suministros, información que la compañía se negaba a que fuera difundida, motivo por el cual acudió a los tribunales.

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Sentencia del TSJA:

https://www.ctpdandalucia.es/sites/default/files/recursos-judiciales/SENTENCIA%20TSJA%2030%20junio2020%20ENDESA%20Anonimizada.pdf

Sentencia del Contencioso-administrativo:

https://www.ctpdandalucia.es/sites/default/files/2018-07/sentencia_anonimizada_endesa.pdf

Consulta la resolución impugnada:

https://www.ctpdandalucia.es/sites/default/files/denuncias/res-pa-111-2020.pdf

Todas las entidades que conforman la Administración local están obligadas a publicar en sus sedes electrónicas, portales o páginas web determinada información de carácter institucional y organizativo, tales como ofertas de empleo público, procesos selectivos de personal o relaciones de puestos de trabajo (RPT).
El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha subrayado en una de sus últimas resoluciones las exigencias de publicidad activa a las que están obligados los ayuntamientos, diputaciones, comarcas, áreas metropolitanas o mancomunidades para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.

Consulta la resolución: https://www.ctpdandalucia.es/sites/default/files/denuncias/res-pa-111-2020.pdf

El Consejo y Protección de Datos coinciden en que no se puede apelar al derecho a la intimidad para esquivar la publicación de esa información.

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"Debe recordarse la relevancia de la transparencia en el uso de los fondos públicos y la general prevalencia del interés público respecto del personal eventual", subraya el informe que va rubricado por el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Francisco Javier Amorós, y por la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, y que consolida el criterio de ambos organismos respecto al controvertido asunto de si hay que dar o no publicidad a la información sobre el personal eventual al servicio del Gobierno.

El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Manuel Medina, ha presentado este jueves el Informe Anual de Actuación 2018 en la comisión parlamentaria de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, donde ha destacado que en ese ejercicio se atendieron 1.015 asuntos, cifra que revela el incremento de la actividad del Consejo desde su puesta en marcha en marzo de 2016, cuando se consideraron 452 iniciativas, un 124,5% de crecimiento en la comparativa de ambos ejercicios.