Transparencia en España

Un estudio realizado por fundación Hay Derecho -‘El Dedómetro’- analiza los criterios para nombrar a los máximos directivos del sector público de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia. Los resultados muestran que existe una alta opacidad en la publicación de sus méritos y capacidades, y que este hecho es estructural, trascendiendo a los partidos o territorios. Según la investigación, al 60% de los responsables de entidades y empresas públicas no están capacitados para dirigirlas.

A finales de 2013, y tras pasar unos meses antes por el Congreso de los Diputados, la primera ley sobre transparencia y acceso a la información pública de España apareció en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde entonces han transcurrido casi una década, varias normas y decretos valencianos y una pequeña modificación de la ley estatal, que todavía está a la espera de una reforma mucho más amplia.
No obstante, y según se desprende del mapa local de gobiernos abiertos publicado recientemente por la Conselleria de Participación, Transparencia y Calidad Democrática, trece localidades de la Comunitat Valenciana carecen aún de portal de transparencia, la opción más accesible para la rendición de cuentas de los entes públicos. De este modo, y aunque la normativa vigente solo exige un espacio de estas características al Gobierno de España y la Generalitat, el 98% de los municipios de la autonomía valenciana ya ha replicado este modelo.

La Agencia Valenciana Antifraude ha detectado "déficits" en el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo sobre contratación pública en algunos contratos de material que la Conselleria de Sanidad hizo al inicio de la pandemia por procedimiento de emergencia, pero no "fraude o corrupción".
Antifraude ha finalizado el expediente de investigación que abrió tras recibir un escrito sobre posibles irregularidades en algunas de esas contrataciones, adjudicadas a empresas cuya actividad no guardaba relación directa con el suministro de material sanitario y que en algunos casos eran por primera vez proveedoras de la Conselleria.
En total, ha analizado 11 adjudicaciones de suministro de material sanitario, efectuadas entre marzo y junio de 2020 y que suman más de 18 millones de euros, en los que no ha detectado pruebas que fundamenten la existencia de "fraude o corrupción", pero sí "déficits" en el adecuado cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo sobre contratación pública.

Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana. Ver texto consolidado

Practicar la integridad pública: Apuesta de la nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana
Irene Bravo Rey, jefa de Prevención de la Agencia Valenciana Antifraude explica en su columna los objetivos de la nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana
La Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, aprobada por el Pleno de las Corts Valencianes en sesión del 31 de marzo de 2022 y publicada hace escasos días (DOGV de 22/04/2022) supone un salto cualitativo en las políticas públicas y su gestión, al orientar su Título III (Buen gobierno) hacia la integridad institucional produciendo así una simbiosis entre el integrity approach y el public compliance.

En el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 22/4/2022, aparece publicada la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Generalitat, aprobada por el Pleno de Les Corts Valencianes de fecha 31/3/2022 (Diario Oficial de Les Corts 13/4/2022).
La entrada en vigor de la nueva Ley 1/2022 se producirá a los 20 días desde su publicación, salvo las obligaciones de publicidad activa, que tendrá lugar dentro de un año.
La Ley 1/2022 viene a sustituir a la anterior Ley 2/2015, de 2 de abril, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana, manteniéndose en vigor hasta que no sea derogado expresamente el Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, que desarrollaba la citada Ley 2/2015.
Los principales comentarios que comparto sobre la nueva Ley 1/2022, son los siguientes:

DOGV-r-2022-90117 Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana.

El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana ha instado al Ayuntamiento de Benejúzar a que incoe el procedimiento sancionador contra el o los responsables de la posible comisión de faltas graves o muy graves por el incumplimiento reiterado de la obligación de suministro de información pública a los concejales del Grupo Popular desatendiendo el requerimiento expreso del Consejo. Solicita además al Ayuntamiento que comunique al Consejo el resultado del procedimiento sancionador incoado, tal y como establece la resolución del Consejo de Transparencia de fecha 28 de enero de 2022.

El grupo socialista en las Cortes ha retirado su enmienda sobre la composición del futuro Consejo de Transparencia, un movimiento que supone el paso definitivo para desbloquear la proposición de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno presentada en septiembre de 2020 en las Cortes por los tres socios del Botànic, PSPV, Compromís y Unides Podem, y que permanecía atascada, entre otras razones, por las diferencias en el seno del tripartito sobre cómo debe funcionar el órgano de control cuya finalidad es garantizar el derecho de acceso a la información pública y velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. Desde que el texto llegó formalmente al parlamento, excepto una de las consejeras, el resto de miembros del Consejo de Transparencia se encuentran en funciones y con el mandato expirado en espera de una renovación.

En esta publicación práctica se pretende analizar desde una una perspectiva integrada el valor de la participación pública a partir del análisis comparado a golpe de tweet de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón y la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana (CV).

Al menos el 10% de las comprobaciones se realizará a miembros del Consell o secretarias y secretarios autonómicos de la Generalitat
- El DOGV ha publicado el plan anual de control y verificación de la oficina
El Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) ha publicado el Plan de control y verificación de la Oficina de Control de Conflicto de Intereses (OCCI) para 2021, hoja de ruta que ofrece estabilidad y proporciona criterios a la hora de desarrollar las actuaciones de verificación que tiene encomendadas la institución.
El objetivo es la comprobación del cumplimiento del régimen de compatibilidad por las personas con cargo público, mediante el análisis de las declaraciones y documentos que han presentado en el Registro de Control de Conflicto de Intereses (RECCI), junto con otros datos recabados de diversas fuentes, elegidas aleatoriamente.

Los grupos parlamentarios del Botànic tienen trabajo con la nueva Ley de Transparencia si quieren corregir los defectos con los que el Consejo de Transparencia se ha topado en los últimos cinco años. Al menos, estas fueron las conclusiones que trasladaron dos de los vocales del citado órgano a las formaciones con representación en Les Corts en la comisión de Coordinación en la que se estudia el nuevo texto legal.

La pandemia ha supuesto un antes y un después para todos en distintos planos. Pero esos cambios no han sido necesariamente negativos para el conjunto de las partes. Las empresas que auxiliaron al Consell en plena emergencia sanitaria, con los suministros de materiales de protección, vieron crecer de manera exponencial sus cuentas de resultados. Sin embargo, la crisis sanitaria fue una oportunidad mayor para unas firmas más que para otras. De las ocho empresas que más dinero facturaron a la Generalitat por emergencia durante el 2020, al menos cinco recibieron encargos muy por encima de la facturación que habían tenido en años anteriores. Es decir, su volumen de negocio se incrementó más allá de lo que venían reflejando sus balances.

Las actuaciones previstas a través del convenio cuentan con una financiación de 40.000 euros
El Consell ha aprobado la renovación del convenio de colaboración entre la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática y la Universitat de València (UV) para el desarrollo y funcionamiento de la Cátedra de Gobierno Abierto, Participación y Open Data (Cátedra PAGODA) durante 2021.
El convenio tiene como objetivo fomentar, desarrollar y realizar actividades formativas, de divulgación y sensibilización, así como de investigación y desarrollo, relacionadas con la transparencia, el acceso a la información pública, el buen gobierno, los datos abiertos y la integridad institucional.

La Agencia Valenciana Antifraude ha presentado un total de once enmiendas a la proposición de Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana que en estos momentos se está debatiendo en el parlamento valenciano.
Las cuatro primeras enmiendas, todas ellas referidas al artículo 54, pretenden una regulación más completa, pormenorizada y coherente con la normativa vigente de los principios que deben regir la actuación de las personas al servicio de las administraciones públicas destinatarias de la Ley.
Se propone introducir los principios de ejemplaridad, neutralidad y buena administración, así como la necesaria rendición de cuentas no solo ante los órganos de control internos sino también ante órganos de control externos, con el fin de lograr una supervisión completa de las políticas públicas y su gestión. Todo ello daría lugar a un sistema de integridad generador de la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones de la Comunitat Valenciana.

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, presentó, hace dos semanas, el nuevo portal de la Generalitat 'GVA Participa' puesto en marcha para fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas de la Comunitat.
El nuevo portal de participación es una nueva ventana a la ciudadanía, donde debatir y participar de forma directa y transparente, que permite a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat involucrarse, de forma que la política se acerque más a la ciudadanía.

El portal de la Generalitat 'GVA Participa' cuenta con un total de 3.414 usuarios y usuarias, 41 propuestas y 7 debates públicos en las dos primeras semanas de funcionamiento.

La mayoría de las denuncias que recibe la Agencia contra el Fraude y la Corrupción provienen de la Administración Local. La contratación y la gestión de recursos humanos y, sobre todo, la selección de personal han ganado peso entre las denuncias que recibe el organismo que dirige Joan Llinares, que ayer compareció en las Corts Valencianes para dar cuenta de la memoria de 2019, una intervención que se ha aplazado por la pandemia.

El portal articulará debates públicos, propuestas ciudadanas, la elaboración de normativa y los Presupuestos Participativos de la Generalitat
La consellera ha señalado que el nuevo portal de Participación Ciudadana "aspira a convertirse en una nueva ventana a la ciudadanía, donde debatir y participar de forma directa y transparente"

El grado de cumplimiento del I Plan Bienal de Transparencia de la Generalitat 2019-2021 alcanza el 53 por ciento y supera en diez puntos el grado de ejecución previsto, que se situaba en el 43%, tal como recoge la evaluación intermedia presentada en la comisión técnica de coordinación en materia de transparencia. Para ello se ha creado un 'Panel de Rendición de Cuentas' en el portal GVA Oberta que permitirá consultar en tiempo real y de forma interactiva el grado de avance del plan por líneas estratégicas y conselleries, según ha explicado la administración en un comunicado.

«Infracción grave de falseamiento de la competencia». Este es el veredicto definitivo de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana respecto del cártel que montaron el hermano de Ximo Puig y sus socios para tratar de amañar un concurso de la televisión pública valenciana À Punt, y que les impedirá ahora contratar con administraciones públicas. Como prueba del pacto de precios hay incluso conversaciones de WhatsApp entre los empresarios.

La consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, ha anunciado junto a diputados del Botànic el registro este lunes en Les Corts de la nueva Ley de Transparencia, con la que pretenden avanzar en los datos abiertos que se ofrecen a la ciudadanía, en la rendición de cuentas y evaluación de las políticas públicas, así como en la profesionalización del Consell de Transparencia, cuyos tres miembros tendrán dedicación exclusiva según el texto que deberá someterse ahora a la correspondiente tramitación parlamentaria.

- La publicación recoge cláusulas sobre publicidad activa o suministro de información a las que están obligadas las empresas que contraten o reciban subvenciones de la administración
- Pérez Garijo señala que "queremos que las políticas de transparencia lleguen a todos los actores, ya sean de la administración pública o del sector privado"
La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ha publicado, a través de su página web, la nueva Guía sobre "Obligaciones de transparencia de las entidades privadas y las cláusulas de transparencia en subvenciones y contratos públicos".
Se trata de un documento que plasma una serie de recomendaciones que pretenden garantizar su cumplimiento por parte de las empresas que contratan o reciben subvenciones de la administración.

La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática y la Diputación de Castelló pondrán en marcha el próximo 14 de septiembre unas jornadas online para el impulso de los valores y principios asociados al gobierno abierto y la rendición de cuentas en los ayuntamientos de la provincia de Castelló. Se celebrarán con carácter mensual hasta diciembre y se enmarcan en el convenio de colaboración firmado por ambas instituciones el pasado mes de junio.
Cuatro jornadas online
Las jornadas se celebrarán los días 14 septiembre, 19 de octubre, 9 de noviembre y 14 de diciembre. La primera -el próximo día 14 de septiembre- versará sobre: «La evaluación de políticas públicas en materia de transparencia»; la segunda -en octubre- sobre: «Lenguaje sencillo y criterios cualitativos de publicidad de la información»; la tercera -en noviembre- sobre: «Los datos abiertos en el diseño de políticas públicas para la reconstrucción después de la COVID-19»; y la última – en diciembre- sobre: «Transparencia desde el diseño».

La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València trabajarán conjuntamente en el diseño de un registro de lobbies, en lugar de ir cada uno por su lado. Ambas administraciones han acordado colaborar con la finalidad de alumbrar un registro de grupos de interés en el que ya estaban trabajando por separado, de manera que aunarán esfuerzos para que el diseño definitivo satisfaga los criterios tanto de unos como de otros.
Se trata de una herramienta de transparencia y buen gobierno que ya se había planteado en ambos estamentos, pero ahora se ha decidido elaborar sólo uno de manera conjunta.