Transparencia en España

La transparencia en España se estanca hasta que las formaciones políticas se pongan de acuerdo para formar un nuevo Gobierno. Mientras tanto, sociedad civil, técnicos de la Administración y expertos en derecho se han citado en el VIII Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto para reivindicar las mejoras pendientes de la Ley de transparencia a las puertas de su décimo aniversario.

En las pasadas elecciones municipales y autonómicas se sembraron dudas sobre el buen funcionamiento del proceso debido a los escándalos por la compra de votos o las irregularidades en el recuento de papeletas. En pocos días los españoles están convocados a elegir un nuevo Gobierno en un contexto donde la desinformación ya no es un fenómeno aislado, sino que se utiliza como arma política y cada vez es más sofisticada. 

Un estudio realizado por fundación Hay Derecho -‘El Dedómetro’- analiza los criterios para nombrar a los máximos directivos del sector público de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia. Los resultados muestran que existe una alta opacidad en la publicación de sus méritos y capacidades, y que este hecho es estructural, trascendiendo a los partidos o territorios. Según la investigación, al 60% de los responsables de entidades y empresas públicas no están capacitados para dirigirlas.

El modelo de Estado Abierto, que anunció el Gobierno hace un par de años, tendrá que esperar a la renovación de la Ley de transparencia, que ampliará las obligaciones de los órganos constitucionales en la rendición de cuentas a la ciudadanía. El papel de estas instituciones se analizó durante la Semana de la Administración Abierta, recientemente celebrada, donde se concluyó que la mayoría de los órganos cumplen con las actuales obligaciones legales de transparencia.

El Gobierno se ha comprometido a renovar la actual Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y ya se están desarrollando los trabajos para su reforma. En 'Revista Haz' hemos consultado a varios expertos qué aspectos de la norma se deben cambiar o mejorar y cómo seguir avanzando en la cultura de la transparencia.

España inauguró su primer portal de transparencia el 10 de diciembre de 2014 haciendo públicos por primera vez más de 800.000 registros de información sobre la actividad de su Administración pública. Se iniciaba así una nueva era: la de la transparencia y el derecho a saber.

Los expertos consultados apuntan a que los criterios para definir qué está cumplido y qué no deberían ser claros y objetivos, y que un organismo independiente verifique si se han alcanzado o no
Por Andrea Real
Mejorar la vida de los españoles, reducir el desempleo o invertir en nuevas infraestructuras de transporte. Estas son algunas de las promesas que el Gobierno plantea en su rendición de cuentas que están en proceso de cumplirse o que, según ellos mismos, ya han conseguido. Sin embargo, se tratan de objetivos abstractos, más que de acciones concretas y verificables.
Durante la última rendición de cuentas, el 27 de diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su intención de “incorporar este mecanismo de evaluación y de dación de cuentas a la próxima reforma de la Ley de Transparencia para institucionalizar este ejercicio de rendición de cuentas. Para que todos los gobiernos que vengan en el futuro también se vean mandatados, obligados a tener que hacer este ejercicio de rendición de cuentas”

Cada vez es más habitual el uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial para la toma de decisiones. La Administración pública, también recurre a ellos, pero ¿es transparente en la aplicación de estas tecnologías que tienen gran impacto en la vida de los ciudadanos?

La desigualdad no solo afecta al ámbito económico de las sociedades, sino que existen muchos otros donde las personas no tienen igualdad de oportunidades, aunque no se percibe fácilmente, como la educación, salud o el acceso a cargos públicos. Precisamente, para luchar contra la desigualdad social se ha creado DataIgualdad, una plataforma digital de datos públicos para que los ciudadanos latinoamericanos conozcan cómo los gobiernos distribuyen los recursos y cómo afecta a sus derechos.

En la primera entrevista que concede a un medio de comunicación desde que asumió el cargo, José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, hace un balance de su gestión y apunta cuáles son los retos más inmediatos de la institución. Rodríguez ha asegurado que, en general, el grado de transparencia de las instituciones públicas ha aumentado y se ha referido a la escasez de recursos económicos y de personal con que cuenta el Consejo, aunque la situación ha mejorado algo en el último año.
Entrevista de Beatriz C. Martisi

Cuando se habla del derecho de acceso a la información pública se hace referencia a la capacidad que tienen los ciudadanos españoles de pedir a la Administración que les de acceso a determinados contenidos y documentos con el fin de conocer cómo se realiza la gestión de los asuntos públicos. Sobre la respuesta que deben dar las administraciones al ciudadano y la aplicación de las limitaciones que contempla la ley, conversamos con el experto en transparencia Joaquín Meseguer.

Con la llegada de la primavera tiene lugar otra época importante para la sociedad española: la campaña de la declaración de la renta; ese momento en que el Ministerio de Hacienda exige a los españoles que realicen el gran esfuerzo de dar una parte de sus ingresos para pagar los impuestos. Pero ¿saben realmente los ciudadanos dónde va ese dinero?

Además de combatir la corrupción en las administraciones públicas, mejorar el funcionamiento de las instituciones del Estado y abrir canales para la participación ciudadana en los asuntos públicos, la transparencia también tiene un impacto directo en el bienestar de la sociedad si los ciudadanos hacen uso de la información pública para desarrollar ideas y acciones que mejoren su entorno social y medioambiental.

El último Índice de Percepción de la Corrupción 2021 (IPC) de Transparencia Internacional muestra que España ha bajado su puntuación con respecto a 2020 y desciende su posición tanto en el ranking global, como en el área de la Unión Europea. La presidenta de Transparencia Internacional España, Silvina Bacigalupo, y el director ejecutivo de TI-España, David Martínez García, analizan las claves para corregir esta situación.

El hito que marcó la implantación de la transparencia en España, junto con la aprobación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, fue la inauguración del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado –AGE- en diciembre de 2014.

El IV plan de gobierno abierto tiene, entre otros objetivos, impulsar el reconocimiento de las iniciativas que fomenten la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la integridad pública, así como la formación y sensibilización sobre estos temas, tanto de las administraciones públicas, como de las organizaciones de la sociedad civil.

El Plan nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece como segundo objetivo el impulso a la transformación digital de la sociedad española para garantizar la accesibilidad, agilizar la digitalización del sector industrial y empresarial -especialmente de pymes y startups-, la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), y la capacitación digital de la población, según se explica en el propio plan.

La Administración Pública española volvió a celebrar la Semana de la Administración Abierta (17-21 de mayo) después de tres años sin actividades (desde 2018). El objetivo de esta iniciativa, impulsada desde la Alianza para el Gobierno Abierto – Open Government Partnership-, es acercar las administraciones públicas a la ciudadanía siguiendo los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad y colaboración.

En 2014 entró en vigor la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, permitiendo a los españoles acceder a la información generada por las administraciones públicas del Estado, en todos sus niveles. Sin embargo, durante los años de ejercicio de este derecho se han detectado una serie de obstáculos e impedimentos que ha llevado a identificarlos como verdaderos enemigos de la transparencia y la sociedad.

RTVE y los ministerios de Justicia y Sanidad son las entidades estatales que más juicios acumulan contra las resoluciones del Consejo de Transparencia.