Transparencia en España

"¿Qué diferencia hubo entre el proceso participativo cubano de 2018 y el gran debate nacional francés de 2019?
La pregunta es una provocación; sin duda, hay muchas diferencias. La primera, fundamental: Francia es un país democrático y Cuba no. Pero cuidado con quedarse en la zona de confort que da esa línea divisoria: hay aspectos en los que el proceso participativo cubano podría salir mejor parado. Por ejemplo, en la isla hubo un referéndum; controlado, sí, pero se incluía un mecanismo de decisión en manos de la ciudadanía que ha permitido, según algunos analistas, la expresión ‘directa’ de un incipiente malestar. (...)"

"Con la discusión monopolizada por los top jobs, el impulso que el Consejo Europeo del pasado 20 de junio dio a la lucha contra la desinformación ha pasado casi desapercibido. En él, los líderes nacionales apoyaron el incremento de la supervisión de la Comisión sobre plataformas como Facebook o Twitter y abogaron por reforzar la cooperación. La lucha contra la desinformación aparece ya en la agenda europea al más alto nivel. 
El problema es evidente: mientras que la confianza social en el poder de la información ha sido un rasgo permanente, quizá el más definitorio, de la civilización europea, la sustitución de ésta por la emoción, la desconfianza y la imprecisión distorsiona el funcionamiento de la esfera pública, en la que se produce la discusión razonada de los asuntos colectivos. Lo cierto es que la sociedad europea está siendo desafiada en el centro mismo de su identidad. (...)"

El pasado año, uno de los laboratorios de gobierno más prestigiosos del mundo cerró sus puertas, generando una ola de comentarios en el mundo de la innovación pública. Tras 16 años de trabajo, el Mindlab de Dinamarca fue sustituido por el llamado Disruption Taskforce (Grupo de Disrupción), una nueva unidad enfocada hacia la transformación digital de las organizaciones gubernamentales y la regulación de las nuevas tecnologías. No ha sido el único país en reorientar sus laboratorios de innovación gubernamental y abrir nuevas entidades enfocadas al cambio digital, como por ejemplo Portugal. La ciudad de México o el Gobierno de Colombia son otros dos ejemplos claros.

Unos días antes de que el presidente del Gobierno firmase la disolución de las Cortes y convocara elecciones generales anticipadas, la Mesa del Congreso aprobó un código de conducta que obligará a los nuevos diputados que sean elegidos el próximo 28 de abril a publicar su agenda de trabajo diaria, incluyendo aquellas reuniones con grupos de interés. A falta de que la Cámara defina en detalle qué considera un grupo de interés, este Código señala como lobby a todas las personas físicas o jurídicas que se comuniquen con cargos públicos para participar o influir en la elaboración o modificación de una iniciativa legislativa.

Uno de los rasgos más peculiares de la corrupción en España es el de la enorme distancia que existe entre la corrupción percibida por la ciudadanía y los datos más objetivos sobre condenas judiciales o personas que reconocen que se les ha solicitado un soborno para acceder a servicios públicos. En este aspecto, España lidera los países de la Unión Europea, pues según el último Eurobarómetro, de 2017, el 94% de los encuestados cree que la corrupción está bastante o muy extendida en España y tan sólo el 2% reconoce que le han solicitado un soborno (la media europea es de un 68% y un 7%, respectivamente). La pregunta lógica es por qué se produce este desacoplamiento tan intenso en nuestro país desde hace años. 

"En un momento donde España sigue afrontando duros controles presupuestarios mientras la desigualdad, el desempleo y subempleo y la pobreza severa afectan a buena parte de la población, la necesidad de implementar programas público."

Hugo Cuello es especialista en evaluación de políticas públicas y M&E de programas y proyectos.Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, con especialización en Estudios Europeos por la Universidad Complutense de Madrid y egresado del Máster en Políticas Públicas (MPP) de la Hertie School of Governance de Berlín.

ANA REVUELTA es coordinadora de proyectos en Transparency International-España, e investigadora sobre transparencia, corrupción y desarrollo.

Esteban Arribas, Investigador del Proyecto Integridad, también es autor de este artículo 

Fernando Jiménez Sánchez  es Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia

Tras meses de zozobra e incertidumbre política, las aguas vuelven a su cauce aparente. No podía haber más contraste entre las enormes expectativas generadas por el realineamiento político y electoral de los últimos tres años y la fotografía del nuevo Consejo de Ministros tras la toma de posesión de sus miembros.

Fernando Velayos fue especialista fiscal líder en la División Fiscal y Municipal del BID y consultor internacional independiente, prestando servicios de asistencia técnica en materia de reformas tributarias y tributación internacional al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a Naciones Unidas y a algunos Gobiernos de América Latina

Fernando Casal Bertoa es Research Fellow en la Universidad de Nottingham dentro del proyecto "La institucionalización de los sistemas europeos del Partido: Explicación de la competencia entre partidos en 48 democracias (1848-2013)"

Profesora de Ciencia Política de la Universidad de Valencia

Doctora en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona.

José Antonio Gómez Yáñez es Profesor de Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid. Socio de Estudio de Sociología Consultores.