Transparencia en España

2020. Este año parecía una fecha redonda para situarnos ante la Agenda 2030, para que el calendario comenzase a descontar tiempo y a sumar acciones para alcanzar los ODS, pero llegó la pandemia y todo cambió. O no. Quizás tan sólo introdujo una (notable) desviación, que hay que corregir sin más demoras. Porque la crisis de COVID 19 ha puesto en el centro de la recuperación social y económica el papel que corresponde al sector público, el liderazgo que debe ejercer, pero también la necesidad de que ese liderazgo se desempeñe desde una colaboración conjunta entre el sector público y el privado y la sociedad civil, de tejer alianzas, en esta reconstrucción que debe tener un claro propósito: un mundo mejor.

El Gobierno de Asturias ha aprobado dos decretos para impulsar la participación ciudadana y ahondar en la transparencia en las políticas públicas. Se trata de las siguientes normas:
- Decreto por el que se regula la organización y el funcionamiento del Consejo de la Agenda 2030 del Principado.
- Decreto por el que se regula la organización y el funcionamiento del Foro de Gobierno Abierto del Principado.

Un desarrollo extenso y ampliado de las ideas que aquí sumariamente se han expuesto, con particular incidencia en cómo aterrizar los diferentes ODS a la realidad local, se tratará en un Curso virtual promovido por el CEMCI (Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Municipal), que tendrá lugar durante dos semanas de los próximos meses de septiembre y octubre, que lleva por título Espacio político local: Agenda 2030, una oportunidad para las Entidades Locales https://www.cemci.org/actividades/agenda-2030-una-oportunidad-para-las-entidades-locales-235

Los ayuntamientos han tenido poca visibilidad en una agenda política de la situación excepcional derivada por la pandemia, dominada por el omnipresente Gobierno central (mando único) y el papel subalterno que se le ha pretendido otorgar a las Comunidades Autónomas, encargadas, no obstante, de la gestión de buena parte de los asuntos más críticos. El papel de algunos alcaldes comenzó a despuntar y fue literalmente tapado por una comunicación voraz que sacó el foco de lo local para elevarlo a otras instancias. El rol del municipio, sin embargo, ha sido determinante y lo será más aún en determinadas esferas (servicios sociales, cohesión social, espacio público, transporte urbano, seguridad, etc.) en un futuro próximo.

En nueve días todo ha dado la vuelta. Ya nadie se acuerda de la Agenda 2030. El joven e incipiente Gobierno se ha encontrado en poco más de dos meses sumido en la mayor emergencia que ha podido conocer la inmensa mayoría de la ciudadanía en sus propias vidas. Su programa se ha quedado obsoleto e irrealizable. Sus generosas y fragmentadas estructuras, caducas e inservibles. Ningún responsable ministerial hará lo que anunció, si es que previó algo.

Sobre la participación ciudadana todavía sobrevuela la distinción formal que se deriva de la cicatera regulación de la Constitución de 1978 (un modelo muy poco receptivo a mecanismos de participación que vayan más allá de la elección de representantes), entre participación mediada a través de representantes y aquella otra cuya configuración es directa o semidirecta. Un enfoque reduccionista, pero también dos caras de una misma moneda con intensidades muy dispares. La representación es consustancial a la idea de la democracia en su acepción contemporánea y las opciones referendarias o deliberativas un complemento, más en clave de Gobernanza Pública. Tema complejo del que solo se dibujan aquí unas pinceladas.