Transparencia en España

El Tribunal Supremo reitera que los ciudadanos tienen derecho a conocer no solo los acuerdos de los órganos colegiados, sino también las actas de sus reuniones. La posible inclusión de las manifestaciones realizadas en la sesión no es una razón válida para denegar el acceso al acta.

¿El derecho de acceso a la información pública es realmente efectivo? ¿Qué ocurre si la Administración obligada a dar una determinada información a quien la reclama no cumple con su obligación? ¿Tienen fuerza ejecutiva las resoluciones de los consejos de transparencia ante el incumplimiento de la Administración?
El reconocimiento de un derecho de acceso a la información pública en las leyes estatal y autonómicas en materia de transparencia, para que fuera efectivo, debía ir acompañado de un mecanismo que hiciera realidad el acceso a la información solicitada en los casos en los que el ente obligado a facilitar la información no cumpliera con su obligación.

La mejora del sistema de pago a proveedores de las entidades locales
El Gobierno ha habilitado una línea de créditos ICO, dentro del Fondo de Financiación Local, destinada a entidades locales que, voluntariamente, deseen mejorar su sistema de pago a proveedores, con unas condiciones muy ventajosas. Esta alternativa es especialmente útil para los pequeños municipios.
La normativa estatal sobre morosidad y sostenibilidad financiera de las Administraciones públicas hace del periodo medio de pago a proveedores el principal indicador de la capacidad financiera, y de gestión de la tesorería, de las entidades locales.
Ciertamente, desde el año 2000, han sido diversas las normas europeas y estatales que han venido a tratar de paliar las consecuencias que la morosidad pública tiene sobre la economía productiva. Aspecto este especialmente importante en el caso español, cuya estructura empresarial incluye a un importantísimo número de autónomos y de pequeñas y medianas empresas.

La necesaria discrecionalidad con la que los grupos políticos locales disponen de las aportaciones financieras de su respectiva entidad local para su funcionamiento ha estado acompañada de una innegable opacidad, lo que ha venido siendo un déficit de nuestra democracia local. Frente a esta praxis, debe subrayarse el elevado interés público en la divulgación de esta información, vinculada al mandato de rendición de cuentas.