La transparencia en las instituciones públicas es, o debe ser, una de las principales garantías del correcto funcionamiento del sistema democrático, en tanto permite a la ciudadanía tener acceso a toda la información y documentación que posibilita tomar decisiones a los responsables políticos del momento y, en general, a quienes ostentan algún tipo de competencia pública. Para ello, con cierto retraso respecto a lo que hubiera sido deseable a nivel estatal, se aprobó hace casi una década la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG, en adelante), cuya importancia se fue extendiendo a las legislaciones autonómicas, en su mayoría posteriores a la LTAIBG –con algunas excepciones como Cantabria o Baleares-. La gran pregunta que hoy cabe hacerse es si esta ley ha cumplido sus expectativas y, sobre todo, si presenta los rigores de eficacia que son necesarios.