Transparencia en España

La entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) ha obligado a todos, sector público y sector privado, a redefinir sus políticas de comunicación, publicidad y acceso a la información, para garantizar la protección reforzada de los datos personales que el marco europeo ha impuesto. Refuerzo que, a priori, podría chocar con las políticas públicas en materia de transparencia. Porque no cabe duda de que el encaje de ambos derechos, el de transparencia y el de protección de datos personales, fundamentales en un Estado democrático y necesitados de máxima protección en su ejercicio, plantean diferentes y complejas implicaciones.

La Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP) funciona desde noviembre pasado con solo dos vocales, de cinco con los que empezó
Desde su creación en 2015, la actividad de la GAIP ha ido en aumento hasta alcanzar su actividad máxima en 2017, cuando se resolvieron 417 reclamaciones
El Parlament debe nombrar entre uno y tres nuevos miembros por mayoría reforzada, algo que ha postergado durante medio año

El Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, perteneciente a la Junta de Andalucía, ha pedido al Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) el informe del responsable del departamento de Recursos Humanos de las contrataciones de una veintena de trabajadores relevistas por pase a jubilación parcial desde junio de 2011, desde que comenzara la legislatura del actual alcalde, el independiente Juan Polo.
Según reza en la notificación del órgano andaluz, al que ha tenido acceso Europa Press, el mismo también solicita al Ayuntamiento las copias de expedientes de la selección de anteriores trabajadores, así como el informe del secretario municipal sobre el procedimiento a seguir para dichas contrataciones.

La quinta edición del Internet Freedom Festival, que se celebrará en València entre los días 1 y 5 de abril 2019 en el centro de las Naves, apostará por estrechar "aún más sus lazos con la ciudad para convertirla en la capital mundial de los derechos digitales" a través de la Internet Freedom Week Valencia. La nueva edición persigue el objetivo de "invitar a los valencianos a unirse a la reflexión sobre cómo debe ser el Internet que queremos".

¿Que sabemos de la corrupción? Nunca antes se había hablado y escrito tanto sobre (anti)corrupción, ni se celebraban tantos congresos a nivel mundial dedicados exclusivamente a este tema.

La media mensual de visitas al portal es de alrededor de 4.500 accesos con 20.000 páginas mensuales visitadas. Además casi un 60 por ciento de los accesos al portal por parte de los ciudadanos han tenido por objeto contenidos relativos con la transparencia institucional, organizativa y de planificación.
En este portal no se exige autentificación ni firma electrónica para la presentación y tramitación de las solicitudes de información pública, lo que facilita el derecho del ciudadano. Durante estos siete primeros meses, se han presentado un total de 107 solicitudes de acceso, once más que el año pasado en el mismo periodo, 92 se han tramitado y 15 están pendientes de resolución.

La corrupción lleva años siendo una de las principales preocupaciones de los españoles, solo por detrás del paro. Sin embargo, esa preocupación parece estar cayendo en cierta medida en un saco roto. Al margen del calvario que afrontan muchos denunciantes ante la falta de una ley que les proteja, lo cierto es que la sociedad en su conjunto parece estar echando poca mano de una de las principales herramientas de la que dispone para prevenir la corrupción: el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.
Así lo denuncian desde el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que hacen hincapié en el "muy bajo" número de solicitudes al Portal en el tiempo que lleva en funcionamiento. Las 14.867 solicitudes registradas en tres años y medio (hasta el pasado mes de julio) contrastan con las cerca de 56.000 que recibió el homólogo mexicano en sus primeros 16 meses de vida, las 37.000 del chileno en su primer año o las 38.000 solo dirigidas al Gobierno central del británico en su año de estreno, según recoge la periodista Mariela Rubio.

• ¡Celebramos 3 años del derecho de acceso!
• Principios de los datos abiertos
• Arquitectura tecnológica del servicio de datos abiertos de la Generalidad de Cataluña
• Informe derecho de acceso 2015 - 2017
• Informe Derecho de acceso a la información 
• Plan de Gobierno abierto
• Informe Derecho Acceso
• ¿Qué puedo hacer si la Administración me deniega total o parcialmente la información pública?
• Derecho de acceso a la información pública
• Fomento de la integridad en la contratación pública
• Eficiencia energética en la contratación pública
• Fomento de la ética en la contratación pública
• Plan de contratación pública alimentaria de Cataluña
• Transparencia a las asociaciones y fundaciones
• La contratación pública como herramienta de transformación social
• Una contratación socialmente responsable
• Contratación pública

Las asociaciones municipales de Marratxí podrán presentar propuestas en los plenos gracias al nuevo Reglamento de Participación Ciudadana aprobado en el último plenario y que supondrá "un modelo de gestión más eficiente" que "fomente el asociacionismo".

El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha el proyecto del portal web 'Asubio' al que se podrán sumarse las entidades locales menores -- más de 500 entre juntas vecinales y concejos abiertos-- para cumplir con las exigencias de publicidad activa estipuladas en las leyes autonómica y estatal sobre transparencia.
La Consejería de Presidencia y Justicia, a través de su titular, Rafael de la Sierra, ha enviado a todas las entidades locales menores el convenio para formalizar la adhesión a la plataforma y facilitar así cumplir con sus obligaciones de publicidad y con las relativas al derecho de acceso a la información pública. Anteriormente, en mayo, ya presentó la plataforma para recoger las sugerencias de estas entidades y de la Federación de Municipios de Cantabria.

Mucho se ha hablado de la Ley de Contratos en los últimos meses. Su aprobación ha levantado una intensa polvareda, a cuento de la introducción de nuevos requisitos y formalidades que, en teoría, han “paralizado” la contratación pública, en especial, por los contratos menores, la niña bonita de los contratos. Pero poco se ha hablado de un cambio fundamental a nivel no sólo de administración, sino también de sociedad, como es el nuevo modelo de contratación socialmente responsable que promueve.

Así consta en una respuesta formal del Gobierno socialista de Pedro Sánchez a una solicitud de acceso a la información realizada por Servimedia conforme a la Ley de Transparencia sobre el vuelo del presidente del Gobierno a Castellón el pasado mes de julio. El Ministerio de la Presidencia considera el viaje de Pedro Sánchez a Castellón del pasado mes de julio, cuando asistió al Festival Internacional de Benicássim (FIB), un secreto oficial sobre el que no puede revelarse información por ser "clasificada".

La Consejería de Educación ha negado a los aspirantes al último proceso de oposición a los cuerpos docentes de Secundaria, FP, Idiomas y Artes Plásticas y Diseño, el acceso a sus exámenes tal y como habían solicitado por escrito ante las numerosas quejas suscitadas por los criterios de corrección aplicados durante el proceso y ante el elevado número de suspensos. Con 5.404 plazas y más de 32.000 aspirantes, se trataba de la mayor oferta de empleo público docente que se lanzaba en España este año y a mucha distancia de las que se habían celebrado hasta ahora en la comunidad.

Por Jesús Escudero“

De conformidad con la normativa actual no es conforme a la Ley publicar los datos de quienes presentaron la declaración tributaria especial [conocida popularmente como amnistía fiscal]” ni “tampoco resulta conforme al orden constitucional la modificación de la normativa tributaria para permitir la publicación de tales datos”. Esta es la conclusión del informe consultivo elaborado el pasado 13 de julio por la abogada del Estado-Jefe del Ministerio de Hacienda sobre la posibilidad de publicar la lista de los amnistiados fiscales. Este informe fue esgrimido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para justificar la imposibilidad de publicar estos nombres, incumpliendo así una de sus promesas cuando estaba en la oposición.

Las materias de cooperación con ONGs, igualdad de género y el servicio de ayuda a domicilio son algunos de los que han tenido un incremento en la partida El Ayuntamiento de Eibar muestra vía web el destino de la partida presupuestaria

Un total de 12 candidaturas se han presentado para aspirar al premio que la Fundación Cuatrecasas ha puesto en marcha. Se trata el Premio Manuel Olivencia al Buen Gobierno Corporativo, un galardón que reconocerá anualmente las conductas empresariales que fomenten y mejoren el gobierno corporativo en España. El premio toma el nombre del insigne jurista Manuel Olivencia, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla, vicepresidente de la firma Cuatrecasas y presidente de la comisión que redactó el primer código español de Buen Gobierno en 1998, conocido como el Código Olivencia, y que falleció el pasado 1 de enero.

El Gobierno está apurando el plazo legal para publicar las declaraciones de actividades y de bienes de todos sus ministros, que expira el próximo 7 de septiembre, aunque desde el Ejecutivo aseguran a Servimedia que se hará dentro de ese plazo una vez que toda la documentación esté lista para su publicación.
Esa publicación es obligada, dentro de los tres meses posteriores a la toma de posesión de los ministros, que fue el pasado 7 de junio, salvo en el caso de José Guirao, titular de Cultura y Deportes, que tomó posesión unos días después en sustitución del dimitido Máxim Huerta.

El Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción (SATAN) es una aplicación informática que, cuando esté en marcha, avisará de manera inmediata de cualquier práctica sospechosa en los procesos de contratación de la Generalitat. Cuando esté en marcha. Ese condicionante temporal está resultando más importante de lo inicialmente previsto. La Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) es la encargada de una parte del desarrollo de este sistema de vigilancia, según señalaron a este periódico fuentes del Gobierno valenciano. Sin embargo, se trata de un procedimiento tecnológico de gran innovación y, según fuentes de la Generalitat, se ha producido un colapso importante a la hora de desarrollar el programa de alertas, lo que está retrasando en cerca de seis meses toda la hoja de ruta prevista para implementar el Satan, encargado de rastrear posibles fraccionamientos o incompatibilidades en las adjudicaciones.

Adrián Vicente Paños, Dirección General de Transparencia y Participación, Servicio de Transparencia de la Actividad Pública
El pasado 10 de mayo compartimos la experiencia de Alaquàs Participa en el marco de la la Jornada sobre Innovaciones participativas en España: Experiencias y buenas prácticas organizada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) con el apoyo del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP), en el marco de la Semana de la Administración Abierta (10/05/2018).

Canarias Ahora está entre los medios que más se acoge a la Ley de Transparencia, según ha desvelado este lunes el Comisionado de Transparencia de Canarias.
A raíz de la noticia  La arena saharaui aportada a la playa de Tauro afectó a arrecifes y sebadales protegidos de la costa suroeste de Gran Canaria, la cuenta en Twitter del Comisionado de Transparencia señaló que el autor de esa información, Iago Otero, es uno de los tres periodistas de las Islas que más solicitudes de acceso a la información a través de la Ley de Transparencia realiza.
Las otras dos personas son Almudena Sánchez, periodista parlamentaria de Canarias 7, y Lara Carrascosa, periodista y profesora de la Universidad de La Laguna.

El Gobierno de Cantabria iniciará este viernes, 17 de agosto, el proceso de aprobación del futuro decreto que creará y regulará la Oficina de buen gobierno y contra la corrupción, un compromiso de legislatura del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y que propiciará la puesta en marcha de un órgano independiente encargado de recibir, investigar y tramitar las denuncias de la ciudadanía.