Si el alcalde no es ejemplar, ¿quién lo ha de respetar? El refranero no puede ser más oportuno a la hora de analizar una situación enquistada en España: el incumplimiento de las diferentes administraciones en la rendición de sus presupuestos ante el Tribunal de Cuentas o los organismos autonómicos que deben avalarlas y garantizar su rigor. El problema es que esta institución del Estado, cuyos miembros son elegidos por las Cortes, no tiene capacidad sancionadora sobre las administraciones, por más que pueda enjuiciar sus cuentas.
En el último ejercicio, correspondiente al año 2021, un 41,38% de los ayuntamientos no presentaron en el plazo requerido sus cuentas y, a día de hoy, un 36,21% sigue sin hacerlo, según los datos del propio tribunal. Estas cifras de incumplimiento, que se arrastran año a año, son aún más abultadas en el caso de los cabildos y consejos insulares, las mancomunidades y las áreas metropolitanas, los organismos públicos que presentan un mayor grado de incumplimiento. En todos los casos, sin que ello comporte ningún tipo de consecuencia legal.