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Los movimientos posteriores al anuncio del anteproyecto de modificación de la ley de propiedad intelectual que pretenden establecer el canon de la AEDE están dejando claras muchas cosas: la primera de ellas, que el movimiento tiene mucho de corrupto, de reparto irregular y tendencioso de dinero con el fin de comprar “buena prensa”, o mejor, “propaganda”, de cara a un año electoral.
Algo que evidencia la necesidad imperiosa de imponer mecanismos de transparencia radical en el reparto de la publicidad institucional entre los diferentes medios, principal moneda de cambio que el gobierno está utilizando en esa especie de bazar en el que han caído ya los directores de La Vanguardia, El Mundo y El País. El gobierno actual, como ya hicieron los anteriores, se ha apuntado a repartir el dinero de los ciudadanos de forma discrecional y sin ningún tipo de mecanismo de control más allá del “cuánto le damos a este o a aquel”.
