Transparencia en España

El informe que a continuación se presenta ofrece al Parlamento de Galicia y a todos los ciudadanos gallegos interesados en el trabajo de esta institución, el conjunto de actuaciones realizadas por la oficina del Valedor do Pobo durante el año 2016. Su contenido responde a un reto; el reto de servir a la sociedad gallega velando por el eficaz disfrute de sus derechos, especialmente cuando éstos no se perciben por los interesados como adecuadamente atendidos por la Administración” (Milagros Otero, valedora do pobo)

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2016. El Informe Ordinario 2016 de la institución del Valedor do Pobo continúa con su tramitación parlamentaria. Este lunes, 3 de abril, la valedora comparecerá ante la Comisión de Peticiones para dar cuenta de los contenidos más destacados y responder a las dudas y apreciaciones que planteen los representantes de los diferentes grupos parlamentarios sobre la memoria.
La comparecencia está prevista a las 10.30 horas en el Pazo do Hórreo, sede del Parlamento de Galicia. El informe ya está registrado y fue publicado por el Boletín del Parlamento de Galicia número 92 el pasado 29 de marzo.

La valedora do Pobo, Milagros Otero, ha apelado este martes a hacer un uso "responsable" de los mecanismos de transparencia habilitados por las administraciones para no ralentizar los procesos y ha llamado a "no abusar". "No hablo de limitar el derecho de conocer, sino de que hay cosas que no tiene sentido pedir porque no existen o exigen una alta reelaboración", ha explicado.

El Gobierno gallego ha computado más de 200 solicitudes de información y unas 600 quejas de los ciudadanos --632-- desde que echó a andar el portal de transparencia de la Xunta, hace poco más de un año, con 80.000 visitas recibidas. De las solicitudes de datos, el 80 por ciento fueron resueltas y el 20 por ciento restante está "en fase de análisis".
Así lo ha explicado el vicepresidente, Alfonso Rueda, quien ha concretado, además, que del total de peticiones de información resueltas, en el 80 por ciento de los casos se accedió a la solicitud, mientras que en el resto no pudo darse este paso por una cuestión de "protección de datos u otras razones legales".