Transparencia en España

En los primeros meses de este año recuerdo haber conversado con Victor Almonacid (cuya visión y pasión escrita en innumerables artículos sobre estos asuntos comparto) y también con mi compañero de profesión Esteban Umérez, (abducido como yo por las nuevas tecnologías) sobre lo asombrosamente rápido que en apenas unos meses se habían desplegado y desarrollado múltiples plataformas de inteligencia artificial y la tormenta perfecta que ello representaba con la denominada internet de las cosas (cualquier objeto puede transmitir información de diversa naturaleza a través de sensores en tiempo real) y el Big Data que permite consolidar, agregar y dividir datos procedentes de múltiples fuentes creando inmensos data sets.

El Sistema Dinámico de Adquisición en imágenes.
Hoy empezamos una serie de entradas en nuestro blog (ocho, en principio) dedicadas a los Sistemas Dinámicos de Adquisición (SDA) en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
LCSP Nuevas Playas de la Contratación Pública | Melián Abogados
En estos artículos, las imágenes serán las protagonistas. A continuación te explico por qué. Hace un tiempo nos pegamos un atracón de estudio del SDA a cuenta del problema que se le presentaba a una entidad del sector público: un suministro cuya materia prima estaba en permanentes cambios de precios les había creado muchos quebraderos de cabeza y no encontraban una solución para evitarlos.
Índice de Contenidos
1 Adaptar la licitación al precio del mercado
2 Necesidad de recursos visuales
3 Infografías del SDA
4 1.- Características básicas del SDA
4.1 Sistema de racionalización
4.2 Bolsa de empresas/empresarios
4.3 Operativa
5 Infografía: Características básicas del SDA

Normativa comentada
La Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre (LA LEY 21417/2021), configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGeneration. Dicho sistema, siguiendo lo establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 (LA LEY 2763/2021) del Parlamento y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establece una serie de principios de gestión que se han de aplicar de forma obligatoria y de manera transversal a la planificación y ejecución de los componentes del Plan de recuperación, transformación y Resiliencia (PRTR). Uno de esos principios es el del «Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés».

¿Qué cambiarías de la Ley de Contratos ? Conversación con Juan Carlos García Melián
La Ley de Contratos del Sector Público cumple este año un lustro. Han sido 5 años en los que ha sido nuestro marco de acción, y en el que hemos visto como ha habido grandes cambios en la compra pública, algunos los esperados, otros inesperados y no siempre cumpliendo los objetivos deseados. En un texto tan amplio y ambicioso que cubre temáticas complejas es inevitable encontrar diferentes perspectivas y necesidades que se transforman en reclamaciones de cambio o adaptación de la ley o, al menos, de la manera de trabajar en ella. Juan Carlos García Melián, abogado especializado en transparencia y contratación pública ha lanzado una encuesta en twitter preguntando de manera abierta a la gente, qué es lo que cambiaría (si cambiaría algo) de esta ley. En este capítulo nos habla de las respuestas de la gente, tanto las que están muy presentes como las que no lo están tanto, y de qué aspectos de la ley y de la práctica profesional podrían contribuir a mejorar una disciplina como esta.

Contratación Administrativa Práctica, Nº 173, Sección Contratación práctica, Mayo-Junio 2021, Wolters Kluwer
I. ¿Qué es un acuerdo marco?
El acuerdo marco no es un contrato, sino que trata de un sistema de racionalización de la contratación, esto es, una técnica utilizada voluntariamente por la Administración para racionalizar la contratación de la ejecución de obras, las adquisiciones de bienes y las prestaciones de servicios. (vid.. Informes Junta Consultiva de Contratación Administrativa 36/10, de 28 de octubre de 2011 y 8/95, de 25 de abril de 1995)
(...)

Como siempre es útil tener a mano una visión general de los procedimientos de contratación, sus cuantías y plazos de licitación, hemos creado este cuadrito de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Como siempre, para compartir, reutilizar, transformar, mejorar, etcétera.

En 2014 entró en vigor la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, permitiendo a los españoles acceder a la información generada por las administraciones públicas del Estado, en todos sus niveles. Sin embargo, durante los años de ejercicio de este derecho se han detectado una serie de obstáculos e impedimentos que ha llevado a identificarlos como verdaderos enemigos de la transparencia y la sociedad.

10 preguntas a... Juan Carlos Melián y Rafa Camacho.

Transparencia, contratación pública, Fondos NGEU y otros temas sobre la Adminsitración Pública en la entrevista realizada por Víctor Almonacid en el perfil de Twitter @TransparenteGob

Decía José María Eça de Queirós que la curiosidad es un impulso humano que oscila entre lo grosero y lo sublime. El ¿para qué? o ¿pá qué?, como acertadamente nos apuntó Ana Isabel Beltrán Gómez (en cuyo honor hemos mañizado al Doctor y a su pregunta), que se hace el Dr. Paqué, es la misma que se hacen muchas autoridades y empleados públicos cuando cae en sus manos una solicitud de acceso a la información de un ciudadano. Por descontado, no se trata de la curiosidad de la que nace lo sublime; está a medio camino entre la curiosidad malsana y algo de desprecio. Nos explicamos.

La información relacionada con la transparencia tiene un componente político muy importante. En definitiva, las solicitudes de acceso a la información, en buena medida, tratan de conocer aspectos concretos de la gestión de uno o varios gobiernos, si se trata de hacer ejercicios comparativos, y evaluar la actuación gubernamental es una forma de hablar (incluso de hacer) sobre política.
Y como toda información política, su valor reside en la frescura de los contenidos. Cuanto más tiempo pase desde la comisión de un acto y la publicación de la información relacionada con el mismo, menor valor tiene en el mercado de la política.

“Hola, soy el Sr. Lobo y arreglo problemas”. De esa manera, exactamente igual a como lo hizo el personaje de Harvey Keitel en Pulp Fiction de Tarantino, podría presentarse la Dra. Nada: “Hola, soy la Doctora Nada y arreglo problemas del derecho a la información”.
Desde luego que los asuntos que arregla la Dra. Nada son menos sanguinolentos pero igual de importantes. Lidia también con muertos, pero no hay que hacer desaparecer cadáveres, sólo la información por la que preguntan los ciudadanos.

Aún me cuesta creerlo: en Canarias más del 92% de las reclamaciones del derecho de acceso a la información pública, que se interponen ante el Comisionado de Transparencia, traen como causa el silencio ante las peticiones ciudadanas, y cuando el Comisionado da trámite de audiencia en el procedimiento de las reclamaciones a las Administraciones “silenciosas” un 70% de ellas no se contesta al Comisionado.

El Consultor Contratación Administrativa, 7 de Enero de 2021, Wolters Kluwer

A partir del 1 de enero de 2021, cuando se pretendamos utilizar el procedimiento abierto simplificado habrá que conocer con cargo a qué fondos se financia el contrato correspondiente, pues en función de esto habrá que tener en cuenta o no las particularidades que contempla el reciente Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia.
La Ley 11/2020, de 30 de diciembre (LA LEY 26470/2020), de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, ha introducido algunas novedades en la Ley de Contratos del Sector Público (LA LEY 17734/2017), en el caso del procedimiento abierto simplificado, ampliando el horizonte objetivo de los contratos de servicios y suministros que pueden tramitarse utilizando este procedimiento. También la versión simplificada o sumarísima del procedimiento abierto simplificado ha visto ampliado el importe de los contratos de servicios y suministros que pueden adjudicarse a través de esta modalidad.

¡Carajo, el tiempo pasa! Hace unos años, el 18 de octubre de 2016, creamos, medio en broma medio en serio —digámoslo eufemísticamente—, “una experiencia colaborativa” con la que pretendimos explicar esos otros enemigos invisibles del Derecho de Acceso a la Información Pública, distintos de los que anidan en las causas de inadmisión o en los límites que se plasman en la Ley, a los que dimos forma y nombre de supervillanos, concretamente Los Supervillanos de la Información Pública. “Del Derecho a Saber al Derecho a conocer” la subtitulábamos. (...)
Desde aquel invento ha pasado ya suficiente tiempo como para poner al descubierto nuevos Supervillanos del Acceso a la Información Pública. (...)

Desde Dentro. El podcast de gobierno transparente para La Razón. on Spotify. Programa coral de Transparencia. Analizamos qué es la transparencia hoy, cómo afecta el acceso a la información pública. Contamos con las voces de Manuel Sánchez de Diego, Ascen Moro, María Díez Garrido, Joaquin Meseguer, Alberto Ortiz de Zarate, Helen Darbishire, Juan Carlos Melian, Roberto Magro y Juan Pablo Marín.

La Disposición Adicional primera (LA LEY 19656/2013) de la Ley 19/2013, establece que la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo; Asimismo establece que «Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información»
Por otra parte, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LA LEY 17734/2017), regula el trámite de acceso al expediente en el artículo 52 de la LCSP (LA LEY 17734/2017) y en el art. 346, apartado 5.º, (LA LEY 17734/2017) del citado texto legislativo dispone que el acceso público a los datos que no tengan el carácter de confidencial y que no hayan sido previamente publicados de modo electrónico o a través de internet se facilitarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2013 TBG.