Transparencia en España

Catorce. Catorce, nada más y, sobre todo, nada menos, son los años que han discurrido desde que el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos fuera adoptado en Tromsø (Noruega) el 18 de junio de 2009 hasta su ratificación por nuestro país. Para excusar el tiempo transcurrido podría tenerse en cuenta que faltan aún por hacerlo dos terceras partes de los miembros que forman parte de dicha organización, ya que solo 15 del total de 46 que la conforman lo han hecho. Pero este dato ocultaría que ocho de los estados más madrugadores esperaban desde el mismo día de la adopción del Convenio a que sus colegas hicieran otro tanto; entre ellos, países tan involucrados con el acceso a la información pública como Suecia, Finlandia, Noruega o Islandia, el arco nórdico que en transparencia siempre nos gana por la mano.

En el BOE de fecha 23/10/2023 (pinchar aquí), se publica el Instrumento de ratificación del Convenio 205 del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, hecho en Tromsø el 18 de junio de 2009. Este importante Convenio entrará en vigor el próximo día 1/1/2024.
Las primeras preguntas que nos hacemos son las siguientes. ¿Nos afecta en algo dicho tratado internacional? ¿En qué cuestiones? ¿Supone un avance respecto a la normativa interna vigente? Ya adelanto respecto a esta última pregunta, que, en mi opinión, con carácter general, sí que mejora y refuerza el acceso a la información pública. Vamos a ir respondiendo a estas preguntas a continuación.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Convenio.

El Convenio sobre el acceso a los documentos públicos (Convenio número 205 del Consejo de Europa) fue hecho en Tromsø el 18 de junio de 2009. Hasta la fecha lo han ratificado trece Estados: (Albania, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Estonia, Finlandia, Hungría, Islandia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Noruega, Suecia, Ucrania). Otros siete Estados más lo han firmado: España, Bélgica, Eslovenia, Georgia, Macedonia del Norte, San Marino y Serbia. Entró en vigor el 1 de diciembre de 2020. La firma del Convenio por parte de España se produjo el 23 de noviembre de 2021, previa autorización del Consejo de Ministros de 6 de julio de 2021.

El Consejo de Estado, en su Dictamen de 24 de febrero de 2022, dispuso que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Convenio requiere la previa autorización de las Cortes Generales, al encontrarse encuadrado en el supuesto al que se refiere el apartado e) del artículo 94.1 de la Constitución, puesto que el mismo recae en gran parte de su contenido sobre materias reservadas a ley.

El contenido del Convenio concuerda con la legislación española en vigor, en concreto, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el preámbulo se resalta la importancia de la transparencia de los órganos del Estado como uno de los elementos claves de la buena gobernanza y también uno de los aspectos que mejor revela la existencia de una sociedad verdaderamente democrática y pluralista.

Madrid, 1 de julio de 2022 – Esta semana Access Info presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia para impugnar una denegación por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de dar acceso a cualquier documento sobre la firma y ratificación del Convenio de Tromsø por parte del Gobierno de España, argumentando que la divulgación podría dañar las relaciones internacionales.
Esta negativa es desconcertante dado que la ratificación del Convenio de Tromsø es un compromiso emblemático del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto de España, y cuya ceremonia de firma del Convenio, realizada en Estrasburgo el 23 de noviembre de 2021, fue un evento público ampliamente cubierto por los medios de comunicación españoles.
La reclamación presentada ayer se produce tras un tortuoso proceso comprendido por una serie de solicitudes y denegaciones, que comenzó el 22 de marzo de 2022 con el simple intento de la Directora de Access Info, Helen Darbishire, de obtener una copia del Dictamen del Consejo de Estado sobre la ratificación. El historial completo se encuentra en los documentos abajo.