(2019-07-04) La Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) dio ayer una vuelta de tuerca más en su presión para que el Ministerio de Fomento sea más ambicioso en la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros, que la UE exige que sea una realidad en toda Europa a partir del 14 de diciembre de 2020. Su última petición es que, más allá de permitir la entrada de otras empresas en varios corredores de AVE como está previsto, también haga lo propio con los trenes de cercanías, media distancia (regionales) y Avant, las llamadas obligaciones de servicio público (OSP) subvencionadas por el Estado.

 

Renfe los viene prestando gracias a su antiguo monopolio público. Su último contrato con el Estado va desde 2018 a 2027, con un presupuesto de 9.623 millones de euros. Será revisado en su ecuador y podría prorrogarse otros cinco años.

 

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