MOVUS

Montevideo, 14 de febrero de 2013. 

Comunicado de prensa  

RECLAMAMOS UNA AMPLIA DISCUSIÓN SOBRE LA MINERÍA EN LA SOCIEDAD 

En su comparecencia hoy ante la comisión parlamentaria que analiza el proyecto de ley de minería de gran porte, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) planteó que, antes de una decisión legislativa, se debe dar una amplia discusión en la sociedad uruguaya para que la decisión sea tomada en una instancia nacional, ya sea en elecciones o en plebiscito, debido a la importancia de este tema. 

Somos un agrupamiento de ciudadanos y asociaciones de productores rurales, sindicatos, centros de estudios, investigadores, docentes, académicos, grupos de vecinos y personas preocupados por las consecuencias de estos proyectos en el país.

 El MOVUS considera que una ley que pretende regular una actividad económica que modificaría sustancialmente la matriz productiva del país, como sus impulsores lo proponen, debe ser objeto de una discusión amplia e informada de toda la sociedad. En las últimas elecciones nacionales, ninguno de los partidos políticos incluyó en su programa o en sus propuestas un cambio de estas dimensiones. Tres marchas multitudinarias en la capital, reflejadas por la prensa nacional, tres marchas en el interior, una en Cerro Chato y dos en Treinta y Tres, los departamentos de Lavalleja, Treinta y Tres, Tacuarembó y Rivera con miles de firmas recogidas para decidir en un plebiscito si se acepta o no la minería metalífera a cielo abierto en su territorio, ¿no son muestras suficientes de que la sociedad uruguaya quiere decidir sobre el tema? 

Objeciones al proyecto de ley /

1) El proyecto de ley a consideración del Parlamento es ajeno a la realidad del país. Uruguay posee un sistema natural de tierras privilegiado en el mundo, sus yacimientos minerales son pequeños y de escasa concentración. La minería a cielo abierto en gran escala destruye en forma irreversible y entonces, por un negocio de 12 a 15 años, estaríamos hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. 

2) La destrucción del ecosistema y la corta duración de la actividad han sido reconocidas por las autoridades económicas en la comisión legislativa que estudia este proyecto. Ese ritmo de extracción es depredador no solo en la zona minera, también está asociado al mineroducto y el puerto de aguas profundas, que afectarán otros departamentos.

 3) Destrozar un territorio productivo y poblado por un negocio de ocasión, no es la manera de gobernar el país. Se violaría el Artículo 47 de la Constitución de la República. Hay un solo proyecto de minería de gran porte posible en Uruguay, que es el proyecto Aratirí de Zamin Ferrous, y resulta obvio que esta ley está hecha para ese proyecto. 

4) Zamin Ferrous es una empresa creada en 2005, con sede en un paraíso fiscal, que no cuenta con antecedentes de explotación minera y acostumbra falsear la información al público. Fue creada para aprovechar la especulación financiera internacional con las materias primas y los metales. Pero es peor aún, el proyecto propone que el titular de la concesión sea una entidad financiera, un fondo de inversión, no la empresa minera. 

5) En caso de un litigio con la minera, el proyecto de ley traslada la resolución del conflicto a la jurisdicción internacional, donde las empresas extranjeras tienen mayor respaldo, como está pasando hoy con el juicio de la tabacalera Philip Morris contra Uruguay. 

6) El gobierno y la empresa se quieren reservar la confidencialidad de sus acuerdos. Los contratos de inversión del gobierno con empresas extranjeras, salvo datos particulares, deben ser de conocimiento público. El gobierno es el administrador de la cosa pública, no es el dueño del patrimonio nacional, que pertenece a todos los uruguayos. 

7) Se divulgan grandes cifras sobre el aporte económico de este proyecto para el país, pero lo que le quitan a la minera de un lado, se lo entregan por el otro con estímulos y beneficios. Una actividad que duraría a lo sumo 15 años, porque no hay mayores riquezas minerales, no es significativa en la historia de un país y menos cuando se destruye una zona productiva que ha dado y seguirá dando beneficios a sus habitantes y al país. Por todas estas razones, consideramos que este proyecto de ley es inconveniente para el país. Antes de cualquier decisión, debemos asegurarnos que la sociedad sea informada y pueda debatir ampliamente si es esto lo que queremos para el Uruguay. Si el Parlamento no escucha este reclamo, habrá que recurrir a otros caminos de respeto por las leyes y por el derecho de los uruguayos a decidir democráticamente su destino.

(Publicado en el semanario Voces, de Montevideo, N° 375, 28/2/13)

 Entrevista a Jacques Molinari

 INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DEBATE PÚBLICO

 "El debate público debe desarrollarse antes de cualquier toma de decisión sobre la continuación que debe darse al proyecto. El debate público puede conducir a cuestionar la naturaleza misma del proyecto, a redefinir su contenido y puede influir sobre el porvenir del proyecto", explica Jacques Molinari, un experto francés sobre cuestiones de ordenamiento territorial y un activo participante en su país del sistema de debate público sobre proyectos de desarrollo.

 por Víctor L. Bacchetta

 En nuestro país, cuando surge un proyecto de desarrollo de cierta envergadura, la mayor parte de la información y los debates está dedicada a convencer al público de que las autoridades, ya sean del emprendedor o del estado, son las únicas capacitadas para tomar las decisiones. Funcionarios suelen dar por hecho un proyecto aunque éste no haya concluido las instancias técnicas y legales para su aprobación y la urgencia de las decisiones es el argumento usual para justificar la falta de informaciones y de tiempo apropiados para un libre y amplio debate público.

 Sin embargo, la institucionalización del debate público en los países no ha sido un obstáculo sino un beneficio para su desarrollo. Los principios de la "democracia participativa" incluidos en 1992 en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también firmada por Uruguay, fueron recogidos en 1998 por la Convención Aarhus sobre Acceso a la Información, Participación Pública en la Toma de Decisiones y Acceso a la Justicia en Temas Medioambientales, que hasta 2008 había sido ratificada por toda la Comunidad Europea y 40 países más.

 El ingeniero Jacques Molinari nos visitó a fines de 2012 invitado por el Laboratorio de Prospectiva Territorial de la Facultad de Arquitectura para participar en un taller sobre el futuro de La Pedrera y la región. Molinari se desempeñó en la Comisión de Energía Atómica y en la Oficina Internacional del Agua de Francia, cumplió misiones en Argentina, Brasil, México y Uruguay, en 1996 fundó el GIR Maralpin, una sociedad científica dedicada al ordenamiento territorial transfronterizo. Como ciudadano y como técnico, conoce de cerca el sistema francés de debate público.

 Antes de la decisión /

 VLB - ¿En qué consiste el mecanismo de debate público establecido en Francia cuando se debe decidir sobre proyectos de desarrollo de impacto social y ambiental?

 JM - El debate público es obligatorio para todo proyecto de cierta magnitud, con independencia de quién sea el emprendedor (Estado, ente público o privado). Se han instaurado dos valores límite y tres alternativas: primero, para el límite superior el debate público es obligatorio; segundo, para montos entre los dos límites definidos, la publicación del proyecto es obligatoria y la organización del debate es posible, a pedido de las colectividades o de una asociación de protección del medio ambiente con aprobación nacional; y tercero, para proyectos menores, el debate público no es obligatorio pero puede ser impuesto por una demanda suficiente.
 El debate público debe desarrollarse antes de cualquier toma de decisión sobre la continuación que debe darse al proyecto. El debate público puede conducir a cuestionar la naturaleza misma del proyecto, a redefinir su contenido y puede influir sobre el porvenir del proyecto. El debate público, sin embargo, no tiene como finalidad decidir, lo cual compete al emprendedor del proyecto y, en caso de ser pertinente, al Estado.

 VLB - ¿Cómo está institucionalizado este mecanismo, por medio de un decreto, una ley?

 JM - La instauración del debate público en su forma actual es el resultado de un largo camino que culminó con la Ley relativa a la Democracia de proximidad, del 27 de febrero de 2002. El primer paso fue dado por la ley Bouchardeau, del 1º de julio de 1983, sobre la democratización de las encuestas públicas.

 VLB - ¿Es un organismo permanente o se convoca cada vez que hay un proyecto?

 JM - Todos los debates públicos se desarrollan bajo la autoridad de la Comisión Nacional del Debate Público (CNDP). La CNDP está constituida como autoridad administrativa independiente. Su competencia sobre proyectos de equipamiento o infraestructuras se amplió recientemente a opciones generales en materia de ordenamiento territorial y medio ambiente. Por ejemplo, el debate público nacional sobre las  nanotecnologías. La CNDP garantiza que sean respetadas las buenas condiciones de información del público acerca de los proyectos.
 Cada debate público se desarrolla bajo el control y autoridad de la Comisión Particular del Debate Público (CPDP) cuya composición de 5 a 9 miembros es definida por la CNDP. La CPDP exige del emprendedor la redacción del informe de presentación del proyecto y controla su contenido. La CPDP define la extensión geográfica del debate y su organización, así como asume la responsabilidad del desarrollo del debate.

 Medios y recursos/

 VLB - ¿Cómo se financia la actividad, desde los estudios hasta los debates? ¿De dónde se extraen los recursos? ¿Quien es responsable de administrarlos y de rendir cuentas?

 JM - El presupuesto de la CNDP está asumido por el Estado. Los gastos de los miembros de la Comisión Particular del Debate Público (viáticos y viajes) están a cargo de la CNDP. Todos los demás gastos de redacción e impresión del informe de presentación del proyecto; de la secretaría de la CPDP, gastos de organización, de publicidad, de impresión de la documentación producida, de presentación de los participantes, el registro integral de los debates, etc., corren integralmente por parte del emprendedor. La responsabilidad de la operación es asumida por la CPDP y está bajo control de la CNDP.

 VLB - ¿Cómo se garantiza que el Estado y el público puedan disponer de estudios e informes técnicos o científicos competentes e independientes?

 La CPDP tiene la autoridad para exigir del emprendedor del proyecto todas las informaciones que juzgue pertinente, tanto a nivel de la redacción preliminar del informe del proyecto, como durante los debates. Puede recurrir a los expertos que estime competentes. El público puede formular propuestas en este sentido y recurrir a sus propios expertos.

 VLB - ¿Cuáles son las condiciones de independencia o neutralidad para que un técnico o un científico pueda intervenir en un estudio de un proyecto con esa finalidad?

 JM - Técnicos y científicos pueden intervenir tanto a nombre propio, a título de ciudadano, como a pedido de otros ciudadanos, asociaciones o colectividades.

 VLB - ¿Cómo se organiza el debate? ¿Cómo se eligen las partes que intervienen en el debate?

 JM - Antes de comenzar el debate, la CPDP debe disponer del informe de presentación del proyecto, examinar su contenido y pedir que se proceda a las modificaciones y complementos de información que le parezcan indispensables. Generalmente aprovecha este plazo - largo, a veces varios meses - para hacer contactos y convocar a los actores que considere necesarios y/o que estén directamente implicados en el debate.
 Consulta a representantes electos y a colectividades locales e instituciones de la sociedad civil, en particular las asociaciones. Estas consultas permiten percibir el "clima” del debate, definir los temas centrales, identificar posibles actores pertinentes y representativos, susceptibles de dar un inicio eficiente al debate por medio de cortas ponencias (de 6 minutos por ejemplo).
 Por la característica de absoluta abertura del debate, todo participante tiene derecho a intervenir, a título personal o como representante de asociaciones o colectividades, en las reuniones públicas y dentro del límite de tiempo disponible. Deben estar presentes en al menos la mitad de una reunión pública, la cual dura en general de cuatro a cinco horas.

 Profundizar la reflexión /

 VLB - ¿Cuál es la relación de este proceso con la sociedad? ¿de qué manera se da a conocer a la población sus actividades y las distintas etapas del proceso?

 JM - A nivel nacional, la información sobre la organización de un Debate Público está ampliamente asumida por los diferentes medios de comunicación. Paradójicamente, a nivel local y regional, la difusión de la información está en parte sometida a la buena voluntad o, a veces, la reticencia de la prensa local, sobre la cual la CPDP no tiene influencia. Sea lo que sea, la CPDP hace colocar afiches y procede a la difusión de folletos informativos en los principales lugares públicos.
 Las reuniones llenan raramente las amplias salas puestas a disposición por los organizadores. La asistencia acumulada de los mayores debates regionales en los cuáles intervino el GIR-Maralpin son de algunos miles de participantes por debate público. En cambio surgen organismos, asociaciones o particulares particularmente motivados, que siguen el debate y participan en la casi totalidad de las reuniones. Este tipo de participación tiene como efecto positivo el de profundizar una reflexión que debe, si es posible, inscribirse en la totalidad del Debate Público.
 Por lo tanto, si no se puede pretender que el Debate Público interese una porción sustancial de la población, la misma se ve bastante bien representada por la diversidad de asociaciones que se implican. La tendencia de participación es más débil entre los representantes electos, quienes en su mayoría no ven conveniente su intervención en el debate, aunque algunos lleguen a hacerlo por vías indirectas.

 VLB - ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? ¿Existe alguna reglamentación establecida o queda librada al interés de los medios ?

 JM - La CPDP no dispone de ningún medio para inducir a la prensa local o regional a anunciar las reuniones y a informar del desarrollo de las mismas. Esta prensa suele desinteresarse del debate para destacar únicamente las posturas partidarias que defienden y, sobre todo, las divergencias y polémicas que ocultan el trabajo de reflexión real comprometido en el debate.

 VLB - ¿ Que duración tiene el debate ? ¿ De qué manera se realiza, mesas redondas, visitas, conferencias? ¿Tiene conclusiones? ¿Cómo se elaboran las conclusiones ?

 JM - La duración es de cuatro meses, con una eventual prolongación de 15 días si es necesario. Por ejemplo, un complemento de estudios o un peritaje de comprobación. El debate no puede comenzar antes de que esté a disposición del público el informe de presentación del proyecto. El proceso consiste en una serie de reuniones-debates, generalmente por temas. La cantidad de reuniones depende de la extensión del campo del debate. Cuando temas particulares requieren exámenes más profundos, pueden realizarse talleres y/o mesas redondas.
 Las reuniones siempre se inician con una recapitulación del proyecto por parte del emprendedor, continúan con las presentaciones de los expertos solicitados o avalados por la CPDP (entre los cuales figuran expertos del emprendedor) y culminan con un debate abierto a los ciudadanos, asociaciones, colectividades, representantes electos, sin que ninguna prioridad sea concedida a estos últimos. La CPDP cuida que las intervenciones constituyan contribuciones y aportes a la reflexión común. Para facilitar la participación más amplia, estas reuniones se organizan de preferencia a fines de la tarde.
 Otra forma de participación es ofrecida por medio de los “Cuadernos de Actores“ a los cuales pueden recurrir todos los participantes (institucionales, asociativos, ciudadanos). El contenido de los mismos está normalizado (ocho páginas, la cantidad de caracteres, tablas e ilustraciones es limitada). La publicación de estos Cuadernos de Actores está a cargo de la CPDP, los costos son cubiertos por el emprendedor. La entrega de las contribuciones debe respetar plazos, de modo que la impresión y la distribución se hagan antes de finalizar el debate.

 La fuerza del debate /

 El conjunto de los debates debe ser grabado y es objeto de una transcripción literal. Se realizan también informes parciales y globales. Estos documentos están disponibles de inmediato en el sitio Web del Debate Público. Fuera de la presentación y del Informe del Proyecto, disponibles desde los inicios del debate, todos los documentos y escritos son accesibles a través de Internet a medida que se desarrolla el debate.
 Al concluir el debate, en un plazo máximo de dos meses la CPDP y su secretaría redactan un informe detallado del debate que es presentado a la CNDP para su validación. Una vez finalizada esta etapa, la CNDP elabora y publica el Balance del Debate. En un plazo máximo de tres meses, el emprendedor debe “anunciar públicamente su decisión en cuanto a los principios generales del documento y a las condiciones de continuación del proyecto propuestas”.

 VLB - ¿ Qué peso pueden tener las conclusiones del Debate Público en las decisiones finales del estado sobre el proyecto analizado?

 La publicación del Balance del Debate por la CNDP tiene un efecto de anuncio importante, tanto para el emprendedor del proyecto, como para el público y las autoridades del Estado. Aunque la decisión final de proseguir o retirarse del proyecto sea formalmente del emprendedor, éste dispone de tres meses para tener en cuenta las observaciones o recomendaciones del informe final, establecidas en conformidad con las disposiciones legales. En los debates públicos de los cuáles el GIR Maralpin ha sido actor, se ha procedido a introducir modificaciones, algunas veces profundas de los proyectos, en todos los casos, a las cuáles se suman dos rechazos y una anulación definitiva. (Ver recuadro)
 Si se toma la decisión de emprender el proyecto, el mismo debe someterse, como todos los proyectos, al proceso obligatorio de audiencia pública. Mientras tanto, la información y la participación del público continúa bajo la supervisión de la CNDP, que puede designar para ello un "garante" del respeto de sus recomendaciones.

 A VECES HAY QUE DECIR "NO"

 Ejemplos de resultados de algunos de los debates en los cuáles el GIR Maralpin ha participado, algunas veces en calidad de experto invitado:

 ■ Extensión del puerto de Niza: Proyecto rechazado y luego abandonado (para este debate público, Molinari era miembro de la CPDP.
■ Autopista alpina Grenoble-Sisteron: Proyecto abandonado.
■ Duplicación de autovía Valle del Ródano-Arco Languedociano: Campo de estudio extendido al Arco Provenzal, prioridad concedida a la vía ferroviaria; proyecto sin continuación.
■ Duplicación de la vía de circunvalación de Niza: Proyecto abandonado.
■ Línea ferroviaria de alta velocidad Provenza Alpes Côte d'Azur (LGV PACA): Extensión del proyecto al arco Mediterráneo; trazado radicalmente modificado; prioridad a la red ya existente; reapertura del debate sobre la pertinencia de la alta velocidad, tomado en consideración por los distribuidores de mercadería por vía ferroviaria.
■ Nueva línea ferroviaria Montpellier-Perpignan: Proyecto modificado y parcialmente lanzado.

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(*) En el sitio Web del GIR Maralpin se puede ver una presentación de Molinari en la Universidad de Génova titulada "Miradas cruzadas sobre los debates públicos en Francia" (http://www.gir-maralpin.org/confnvxdossiers/GenovaPolisSemDpMolinariDiaporama1005z) 

Montevideo, 10 de enero de 2013.

Comunicado de prensa

UN PRETENDIDO DESMENTIDO DE ARATIRÍ

En el día de ayer, miércoles 9 de enero, la empresa Aratirí salió a desmentir una afirmación realizada por el MOVUS (Movimiento por un Uruguay Sustentable) y otros analistas sobre el tiempo de duración de la extracción de hierro propuesta por la minera.

“No entiendo por qué hay gente que insiste en que nosotros decimos que el proyecto es a 12 años cuando no lo decimos, sino que es a 20 años y más. Y así está en el estudio”, afirmó el portavoz de Aratirí, Jorge Surraco, a un medio de prensa. Adicionalmente, la empresa emitió un extenso comunicado reiterando que la explotación podría durar 45 años y más.

Según su conveniencia, Aratirí maneja diferentes cifras sobre las reservas potenciales de mineral de hierro existentes en el yacimiento de Valentines, llegando a afirmar que serían entre 4.000 y 5.000 millones de toneladas. Si esto fuera cierto, la explotación minera duraría más de 80 años (¡!), pero no existe una verificación independiente de tales cifras.

Por esta razón, para salir del plano especulativo y propagandístico, el MOVUS basa sus análisis del proyecto de Aratirí en la documentación presentada por la empresa a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). Concretamente, en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) entregado por la minera en su Solicitud de Autorización Ambiental Previa (SAAP). Es con esta referencia que el Observatorio Minero del Uruguay habla de plazos. Citamos:

"Plazos, informes y estrategias

Y, en estrecha relación con lo anterior, llegamos a la duración estimada por los autores de la operación de megaminería a cielo abierto en el yacimiento de Valentines. De acuerdo con el Cronograma del Proyecto: “La operación se propone un horizonte de aproximadamente 20 años, aunque este período podría eventualmente extenderse en función del desarrollo del proceso productivo, otras áreas adicionales de explotación, y las condiciones de mercado”. Pero en otros pasajes del EIA, se aclara que son 12 años efectivos de producción.

En efecto, en la tabla donde se presenta el mineral de hierro a ser extraído, las cinco minas diseñadas suman 764 millones de toneladas que, a un tenor del 28% y un ritmo de 18 Mt por año, representan 12 años de producción. A la vez, la descripción del Capítulo 4 dice que “el estudio de factibilidad reciente ha definido que el proyecto tendrá una vida útil de 12 años” y explica que hablan de 20 años por las contingencias posibles en todo proyecto similar."

(http://www.observatorio-minero-del-uruguay.com/2011/11/2-eia-ii-factibilidad-definitiva/)

Como se puede apreciar, la cifra de 12 años no fue inventada por nosotros. Si Aratirí tiene la intención de extraer hierro por mucho tiempo más, en primer lugar, tendrá que demostrar que existen reservas y, en segundo lugar, tendrá que presentar otro proyecto.

Mientras esto no ocurra, seguiremos sosteniendo que el emprendimiento de Aratirí, un proyecto meramente extractivista, sin encadenamientos industriales en el país, duraría 12 años y que un país como el Uruguay no puede, por un negocio de ocasión, hipotecar una importante área de su territorio con pobladores asentados y una actividad productiva sustentable.


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Área de Comunicación
MOVUS - Movimiento por un Uruguay sustentable

COMUNICADO

Gremiales agropecuarias de San José rechazan la minería metalífera

Las Gremiales Agropecuarias departamentales abajo firmantes reunidas en sesión extraordinaria consideramos:

Que debido al gran aumento de predios pedidos para prospección minera en nuestro departamento, (mas de un 10% del territorio), se genera una situación alarmante de incertidumbre y perjuicios que afecta a quienes explotan dichos predios, medio de vida y trabajo.

Que por las características de San José, el avance minero se haría en sustitución de actividades productivas existentes, con sus núcleos familiares asociados y una cultura compartida que hace a su identidad.

Que la minería metalífera es una actividad EXTRACTIVA, FINITA e INCOMPATIBLE con un modelo de desarrollo sustentable, responsable con los recursos de las generaciones actuales y FUTURAS.

Ante ésta realidad apremiante y sintiéndonos responsables como sector motor de la economía del departamento, por UNANIMIDAD RESOLVEMOS:

Hacer manifiesto nuestro total rechazo a la MINERÍA METALÍFERA

Impulsar una ordenanza que la prohíba en el departamento de San José.

Asociación Productores Lecheros de San José

Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez

Asociación de Queseros Artesanales de San José

Asociación Rural de San José

Unión de Queseros Artesanales Familiares