Semanario la prensa de Piriápolis, Pan de Azúcar y Solis Grande
20/04/2012
En el marco de la charla ofrecida por el Ing. Senlle sobre “Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social” realizada en los salones de APROTUR el sábado 14 de abril, entrevistamos al periodista Víctor Bacchetta, integrante de “MOVUS” - Movimiento por un Uruguay Sustentable”- quien expuso sobre la preocupante situación que se está viviendo con el proyecto de la minera Aratirí. El periodista comentó que el gobierno establece clausulas de confidencialidad con empresas como Aratirí, ocultando de esta forma información al pueblo.
Presidencia había aducido que no tiene copias de proyectos
EDUARDO DELGADO
El juez de lo Contencioso Administrativo de 2° Turno amparó la acción de acceso a la información iniciada por un periodista y ordenó a la Presidencia y al Ministerio de Transporte que le entreguen información sobre proyectos de puerto presentados por la minera Aratirí y la Compañía Oriental de Desarrollo e Inversiones (CODI).
El magistrado Alejandro Martínez Las Heras dio un plazo de 15 días a los dos organismos para que cumplan con el fallo y limitó la información que deban entregar a que no ocasione daños a los empresarios que presentaron proyectos.
La Presidencia alegó que recibió copias de los expedientes presentados por Aratirí y CODI, pero los devolvió a los ministerios correspondientes y ese fue el argumento que usó para no dar la información solicitada por el periodista Víctor Bacchetta, patrocinado por el Centro de Acceso a la Información Pública (CAinfo).
Megaproyectos mineros, de hidroeléctricas, de grandes cultivos agrícolas o explotaciones ganaderas se expanden en América Latina y el Caribe avasallando los derechos de las poblaciones rurales y urbanas como el de la alimentación y la producción agroecológica. En países andinos como Colombia o Ecuador el acceso al agua es uno de los ejes de preocupación y han motivado movilizaciones de campesinos y pueblos originarios. En Argentina, en tanto, la minería se enfrenta a crecientes resistencias de las comunidades afectadas y solidaridad desde otros sectores. Centroamérica, en tanto, aparece como un espacio de explotación común para las grandes corporaciones y allí también la resistencia se fortalece. En este Hoja a Hoja de febrero de 2012 repasamos esas luchas y los desafíos desde el Movimiento para esta etapa.
El ministro de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Roberto Kreimerman, participó ayer en una misión empresarial celebrada al amparo de la patronal de Castilla y León y en la que presentó a las empresas de la Comunidad las oportunidades de inversión del país sudamericano, centradas principalmente en energías renovables –eólica y solar- y sectores como la automoción, la farmacia, la agroalimentación y la construcción, tanto de edificios como de infraestructuras públicas, tales como carreteras, ferrocarriles y puertos.
Expertos en materia energética y ambientalista calificaron el proyecto anunciado por el presidente Sebastián Piñera, sobre la nueva Estrategia Nacional de Energía, como “hecho a la medida” de las grandes empresas mineras.
La opinión fue general: el anuncio realizado por el Mandatario posee una lógica que no piensa precisamente en el beneficio del consumo energético de las personas, según señalaron.
Pekín, 17 feb.- La inversión china en Uruguay aumentará en 150 millones de dólares en los próximos tres años para fabricar motores de automóviles tras la visita a China del ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, quien también presentó al gigante Citic Group diversos proyectos de infraestructuras.
Según dijeron hoy fuentes oficiales uruguayas a Efe, la inversión supondrá la creación de más de 500 puestos de trabajo locales.
El 4 de marzo llegará a Montevideo la presidenta de Citic, Hong Bo, para analizar varias infraestructuras, incluida y la explotación de mineral de hierro para terceros mercados.
En la Argentina, este año cobraron relevancia las movilizaciones y conflictos sociales por la explotación minera a cielo abierto, con epicentro en las provincias de La Rioja y Catamarca.
La agencia France Presse destacó hace pocas semanas que situaciones de similar voltaje político y social se viven en Perú, Chile, Panamá, Colombia, Uruguay, Costa Rica y Ecuador.
Algunos ejemplos citados por el medio de prensa internacional: en Cajamarca, noroeste de Perú, la empresa Yanacoha, contralada por la estadounidense Newmont, apunta a secar cuatro lagunas para extraer el oro que hay debajo y trasvasar sus aguas a reservorios artificiales, con una inversión de 4.800 millones de dólares.
Allí se registraron violentas protestas que consiguieron frenar el proyecto y las autoridades designaron a peritos extranjeros para evaluar el impacto ambiental.
En Uruguay, la empresa de capital indio Zamin Ferrous avanza desde 2007 para desarrollar un proyecto de extracción de hierro en el centroesre del país.
Si se concreta la explotación, que aún no cuenta con la aprobación del Gobierno, implicaría una inversión de tres mil millones de dólares, el desembolso privado más importante en la historia del vecino país.
En los últimos años se organizaron varias manifestaciones de protesta por daño ambiental.
Este mes, se conoció hace unos días la decisión del gobierno de Pepe Mujica de pasar la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), que antes era parte del Miniterio de Vivienda, a la órbita de la Presidencia, lo que provocó una polémica pública.
El Poder Ejecutivo analizará en mayo la viabilidad para construir un puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha, consignó el diario Últimas Noticias.
La comisión formada por el ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Transporte, Medio Ambiente e Industrias tiene 180 días para presentar un informe que determine si el proyecto es viable. Según explicó el subsecretario de la cartera Transporte, Pablo Genta, el objetivo es cumplir "a rajatabla con el cronograma que nos dio el presidente José Mujica".
Por otra parte, los proyectos alternativos presentados formal e informalmente por varias empresas privadas no son la prioridad de esta comisión, que está abocada puntualmente al puerto de aguas profundas. "Cualquier privado puede solicitar que se estudie un proyecto para satisfacer sus necesidades de transporte y el estado lo puede autorizar. La comisión no está trabajando en las otras iniciativas de privados porque la idea es que todas las cargas estén centralizadas en el puerto, en caso de que este sea viable", indicó el subsecretario.
La terminal portuaria -a través de la cual se pretende habilitar el calado de buques entre 18 y 20 metros de profundidad-, despertó interés de varios privados como Grupo Benel (de origen español) quien tiene los ojos puestos en La Paloma y la constructora Santa María que pretende construir en Punta Negra (Pirlápolis), agregó el diario.
“La problemática ambiental se ha convertido en una cuestión eminentemente política. Los conflictos socio-ambientales emergen de principios éticos, derechos culturales y luchas por la apropiación de la naturaleza que van más allá de la internalización de los costos ecológicos para asegurar un crecimiento sostenido” (Enrique Leff, 1998.)
El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS), integrado por colectivos de ciudadanos del campo, la costa y la capital, hace un llamado de alerta a la opinión pública por las consecuencias que podrían derivarse de una serie de proyectos que se pretende implantar en la Costa Atlántica de nuestro país con prescindencia de evaluaciones técnicas apropiadas y del consentimiento de las comunidades afectadas
Con Graciela Muslera, ministra de Vivienda y Medio Ambiente
Semanario BRECHA - Montevideo - URUGUAY - 02 marzo 2012
"- Después de que hubo un cierto repliegue del proyecto Aratirí, ¿en qué etapa de discusión se está en el gabinete en torno al desarrollo de la minería?
- El proyecto se dividió en tres partes para su análisis: explotación, mineroducto y puerto (con su área marina y terrestre). Ya se terminó esta última parte. Hubo observaciones y pedidos de información ampliatoria que se devolvieron a la empresa. Se está analizando el mineroducto y tenemos un cronograma de 18 meses de trabajo. En el último Consejo de Ministros di un alerta: si la empresa responde en plazos razonables cumplimos con ese cronograma. Y la empresa no está respondiendo. Está retrasada con respecto a lo que establecimos, pero se está trabajando bien. Después de la última reunión de ministros de Medio Ambiente en Kenia, concretamos el apoyo de Alemania y Suecia para cooperar en el manejo y autorización de proyectos mineros. Como no estamos para que nuestros técnicos estén viajando, porque los necesitamos acá, se planteó el trabajo por teleconferencias. Y me pareció interesante lo que hizo la Udelar con el juicio ciudadano. Tenemos que hablar con ellos para trabajar sobre cómo manejar esto en la opinión pública y que no se transforma en un conventillo."
El escenario y los actores cambian, pero la obra puesta en escena es la misma: empresas extranjeras que quieren recursos nacionales, gobiernos provinciales que firman convenios con ellas y organizaciones sociales y ambientalistas que denuncian el desastre ecológico, económico y social que ello acarrearía.La discusión se traslada hoy a El Chaco, al vapuleado El Impenetrable, donde una firma de capitales árabes estaría a punto de hacerse con unas cientos de miles de hectáreas para la producción de alimentos con destino de exportación.
Lo que está sucediendo en América Latina en relación con los bienes comunes (agua, tierra, biodiversidad) es algo más que una sucesión de conflictos locales. Por momentos la intensidad de los enfrentamientos da la impresión de que marchamos hacia una conflagración general, que por ahora tiene expresiones locales y regionales, pero que se repiten en casi todos los países.
La relatora de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, Catarina De Alburquerque, valoró los avances del país y exhortó al Gobierno a priorizar los sectores más rezagados de la población en esta materia.
“Fueron varias las organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos, que compartieron conmigo su preocupación por el impacto de algunos megaproyectos agroindustriales y mineros en la cantidad y calidad del agua para generaciones presentes y futuras. Quisiera recordar que vuestra Constitución establece en el artículo 47 la prioridad del uso de agua para consumo humano, concretándose que deberán anteponerse las razones de orden social a las de orden económico. Por lo tanto, recomiendo al gobierno que asegure la realización previa de estudios de impacto ambiental por entidades no interesadas e independientes de los posibles efectos de este tipo de proyectos sobre la realización del derecho al agua”, sostuvo la relatora.
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