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LA SOBERANÍA A LA DERIVA
por Víctor L. Bacchetta, en semanario Voces (6/9/12)
El rechazo de una acción del fiscal Viana por la anulación del contrato de inversión entre el gobierno uruguayo y Montes del Plata evidencia el entramado generado por los tratados de protección de inversiones firmados por el país, que permiten a las empresas trasnacionales pasar por encima de normas legales y constitucionales e inclusive de la justicia nacional.
En agosto de 2011, en la acción judicial por medio de la cual pidió la anulación del contrato de inversión entre el gobierno uruguayo y la empresa Montes del Plata, una sociedad de las trasnacionales Stora Enso y Arauco, el fiscal Enrique Viana sostuvo que este es un contrato constitucional y legalmente ilícito donde el Poder Ejecutivo, para que la inversión extranjera se instale en el país, abdicó de la soberanía y las normas de la República.
Para Viana, el Ejecutivo involucró no solo decisiones propias suyas como administrador central sino ajenas, como la de un Ente Autónomo del Estado, restringió o cercenó el ejercicio del Poder Legislativo de la Nación, autorizó la desaplicación del Derecho Nacional, y le concedió a la empresa la facultad de desplazar la jurisdicción del Poder Judicial uruguayo hacia mecanismos arbitrales privados internacionales.
