Tras el fallo del Tribunal de Apelaciones dictado el día 5 del mes en curso, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) presentó, el pasado viernes 19, el expediente de Aratirí cuyo contenido nos había negado y que motivó una acción judicial.
Debemos señalar que, si bien el MIEM acató formalmente de esta manera la decisión de la Justicia, esto no significó un acceso a nuevos elementos sobre el proyecto.
A su vez, la documentación presentada evidencia que fue solo después del primer fallo judicial a favor de nuestra demanda, el 10 de noviembre, que el MIEM cumplió con el procedimiento legal previsto para declarar confidencial una información.
INCONGRUENCIAS EN EL ESTADO
Así, el 19 de noviembre, la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) exigió de la empresa la versión reducida del proyecto que mandata la ley y, recién el 17 de diciembre, explicó porqué declara confidencial la información entregada por Aratirí y sus actuaciones, como exigen la Ley 18.381 y el Decreto 232/2010.
Las partes del proyecto declaradas confidenciales incluyen desde las bases de datos geofísicos y geoquímicos hasta las dimensiones de los equipos y la operación de las minas en todas sus etapas, alegando que su sumatoria permite calcular la cantidad y el valor del mineral a extraer que constituye el “negocio” de la empresa.
Uruguay Libre no ha cuestionado que se preserven el patrimonio personal, el secreto comercial e industrial contemplado en la propia Ley 18.381, pero persiste una notoria exageración en la decisión del MIEM, que puede ser recurrida ante la Justicia y será objeto de una evaluación posterior por nosotros, junto con CAinfo.
Desde 2011, tenemos acceso sin restricciones al expediente de Aratirí en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y, aunque hemos constado también algunos vacíos e incongruencias en estas informaciones, consideramos que han posibilitado evaluar el proyecto minero y fundamentar nuestra oposición al mismo.
Mientras altas autoridades del gobierno han declarado su aprobación del proyecto de Aratirí, estos hechos en los organismos responsables de su evaluación, junto con la inconsistencia entre la información presentada por la empresa al estado y la que ésta difunde al público, nos obligan a ser desconfiados y mantenernos en alerta.
Uruguay Libre seguirá reclamando como un derecho ciudadano el mayor acceso posible y razonable a la información entregada al Estado sobre Aratirí y otros proyectos similares y espera de los organismos públicos el cumplimiento de la legislación vigente, sin tener que recurrir a la Justicia para que esto suceda.
INCAMBIADO EL PROYECTO ARATIRÍ
A pesar de ser solo un resumen, la descripción del proyecto entregada a Dinamige con fecha noviembre de 2014 es la versión más actualizada del mismo y tiene el valor de permitir constatar que Aratirí mantiene en sus mismos términos la propuesta inicial. Su único fin es extraer y exportar rápidamente el hierro nacional, a un ritmo de producción de 18 millones de toneladas anuales, con una duración de unos 20 años.
Características, vacíos e impactos que siguen incambiados del proyecto minero:
1) La especificación de las reservas, cantidad de mineral de hierro a extraer, estimada en 764 millones de toneladas, queda muy por debajo de lo anunciado por la empresa en sus informes públicos, que llegaron a multiplicar por 40 los volúmenes reportados en el pasado. Coincidiendo en los sitios donde estos yacimientos fueron estudiados en la década del 50, el aumento es razonable si se considera que ahora habrían llegado hasta más del doble de la profundidad de las anteriores perforaciones en la zona.
2) Un tema no aclarado, inclusive en la documentación de la Dinama, es el destino de la hematita, otra forma de óxido de hierro no magnética predominante en las capas superiores del yacimiento. En el proyecto figura un local identificado como “hematita magnetífera” en un sitio apropiado para separar hematita y otros metales que podrían estar presentes, pero no se describe el procedimiento en su interior. Podría parecer que se descartan como relaves, pero son unos 2,6 millones de toneladas de hematita, equivalentes a 4,2 millones de concentrado de hierro al 62% que, al precio actual de 70 dólares por tonelada, serían 300 millones de dólares anuales. No es creíble que se desprecie este valor existiendo procedimientos probados para separarla.
3) El balance hídrico del proceso es otro punto oscuro donde Aratirí viene cambiando los criterios y las cifras de “consumo de agua” de forma arbitraria. Por ejemplo, toma como un “sistema cerrado” la circulación de fluidos entre la planta de concentración y el embalse de relaves, así como entre los dos caños del mineroducto, pero no cuenta la afectación de ríos, arroyos y aguas subterráneas. Según Aratirí, todo estaría bajo control, pero varias veces expresa en los documentos que, si la calidad del agua que desborda los depósitos es mala, será lanzada al océano por un ducto submarino de 2,5 kilómetros paralelo a la terminal portuaria en la costa de Rocha.
4) El drenaje ácido de las rocas, que puede afectar los suelos, aguas superficiales y subterráneas, es negado por la empresa, pero los datos de los perfiles geológicos se siguen manteniendo como confidenciales y consta en la documentación disponible que el laboratorio canadiense que fuera contratado para hacer el análisis señaló que las muestras provistas por Aratirí eran insuficientes.
5) El plan de cierre de las minas confirma nuestros mayores temores pues es un plan de abandono donde los cráteres de las minas quedarán abiertos para irse llenando con agua de dudosa calidad en un proceso que llevará décadas, mientras la empresa pretende dejar todo resuelto en tres años. Quedarán también las pilas de estériles de 100 metros de alto expuestas a la acción del viento y la lluvia que en un proceso erosivo natural llevarán ese polvo y arena a grandes distancias. Para los trabajadores desocupados, la empresa contempla la entrega de cartas de recomendación
Las informaciones confirman así que el proyecto Aratirí es totalmente inconveniente tanto en términos ambientales, como sociales y económicos. Uruguay Libre proseguirá la recolección de firmas para realizar un plebiscito nacional donde el pueblo decida si la minería metalífera a cielo abierto es o no una opción para nuestro país.
No es una buena decisión embarcar al país en aventuras de muy discutible conveniencia, como algunas que están en la carpeta del gobierno y que desea aprobar deprisa. El más controversial es el proyecto Valentines de megaminería de hierro a cielo abierto, por exhibir a nuestro entender numerosos aspectos negativos e inconvenientes para el país, en el área social, ambiental y económica.
Semanas atrás, la empresa presentó en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) informaciones complementarias de su Estudio de Impacto Ambiental, intentando dar respuesta a varios requerimientos realizados por el organismo especializado hace más de un año.
Aratirí necesita obtener la Autorización Ambiental Previa de la Dinama que la habilite a iniciar las obras para la extracción del metal. Recién entonces legalmente podría firmar el contrato con el Estado uruguayo, aquel que el presidente Mujica anunciara a fines de 2013 que iba a firmar aunque no estuviera la autorización de Dinama. Esta vez lo legal primó sobre lo político y el contrato sigue esperando. Una de las etapas del proyecto que fue observada es la relativa al Plan de Cierre de las minas.
Ciertamente, el presidente Pepe Mujica goza de merecidas simpatías por su trayectoria histórica de tupamaro encarcelado, su sentido del humor y la modestia de su estilo de vida. Pero su gobierno se prepara a cambiar radicalmente su imagen: un Mujica megalómano minero, otro presidente latinoamericano de izquierda que está por declararse antiecologista ferviente. Le atrae la dimensión gigantesca y el dinero que vendrá de un proyecto llamado Aratirí, de extracción y exportación de hierro por 18 millones de toneladas al año, casi 6 toneladas por uruguayo, unos 15 kilos al día. Está por firmar un contrato con el señor Pramod Agarwal, un indio extranjero propietario de la empresa Zamin.
Mientras tanto, los ambientalistas piden un referendo. El Movimiento pro Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto dio el 8 de enero de 2014 una conferencia de prensa en contra de que se firme un contrato de inversión entre el gobierno nacional y Aratirí (Zamin). Cuestionaron la constitucionalidad de la nueva Ley de Minería de Gran Porte.
RECLAMAMOS UNA AMPLIA DISCUSIÓN SOBRE LA MINERÍA EN LA SOCIEDAD
En su comparecencia hoy ante la comisión parlamentaria que analiza el proyecto de ley de minería de gran porte, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) planteó que, antes de una decisión legislativa, se debe dar una amplia discusión en la sociedad uruguaya para que la decisión sea tomada en una instancia nacional, ya sea en elecciones o en plebiscito, debido a la importancia de este tema.
Somos un agrupamiento de ciudadanos y asociaciones de productores rurales, sindicatos, centros de estudios, investigadores, docentes, académicos, grupos de vecinos y personas preocupados por las consecuencias de estos proyectos en el país.
El MOVUS considera que una ley que pretende regular una actividad económica que modificaría sustancialmente la matriz productiva del país, como sus impulsores lo proponen, debe ser objeto de una discusión amplia e informada de toda la sociedad. En las últimas elecciones nacionales, ninguno de los partidos políticos incluyó en su programa o en sus propuestas un cambio de estas dimensiones. Tres marchas multitudinarias en la capital, reflejadas por la prensa nacional, tres marchas en el interior, una en Cerro Chato y dos en Treinta y Tres, los departamentos de Lavalleja, Treinta y Tres, Tacuarembó y Rivera con miles de firmas recogidas para decidir en un plebiscito si se acepta o no la minería metalífera a cielo abierto en su territorio, ¿no son muestras suficientes de que la sociedad uruguaya quiere decidir sobre el tema?
Objeciones al proyecto de ley /
1) El proyecto de ley a consideración del Parlamento es ajeno a la realidad del país. Uruguay posee un sistema natural de tierras privilegiado en el mundo, sus yacimientos minerales son pequeños y de escasa concentración. La minería a cielo abierto en gran escala destruye en forma irreversible y entonces, por un negocio de 12 a 15 años, estaríamos hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos.
2) La destrucción del ecosistema y la corta duración de la actividad han sido reconocidas por las autoridades económicas en la comisión legislativa que estudia este proyecto. Ese ritmo de extracción es depredador no solo en la zona minera, también está asociado al mineroducto y el puerto de aguas profundas, que afectarán otros departamentos.
3) Destrozar un territorio productivo y poblado por un negocio de ocasión, no es la manera de gobernar el país. Se violaría el Artículo 47 de la Constitución de la República. Hay un solo proyecto de minería de gran porte posible en Uruguay, que es el proyecto Aratirí de Zamin Ferrous, y resulta obvio que esta ley está hecha para ese proyecto.
4) Zamin Ferrous es una empresa creada en 2005, con sede en un paraíso fiscal, que no cuenta con antecedentes de explotación minera y acostumbra falsear la información al público. Fue creada para aprovechar la especulación financiera internacional con las materias primas y los metales. Pero es peor aún, el proyecto propone que el titular de la concesión sea una entidad financiera, un fondo de inversión, no la empresa minera.
5) En caso de un litigio con la minera, el proyecto de ley traslada la resolución del conflicto a la jurisdicción internacional, donde las empresas extranjeras tienen mayor respaldo, como está pasando hoy con el juicio de la tabacalera Philip Morris contra Uruguay.
6) El gobierno y la empresa se quieren reservar la confidencialidad de sus acuerdos. Los contratos de inversión del gobierno con empresas extranjeras, salvo datos particulares, deben ser de conocimiento público. El gobierno es el administrador de la cosa pública, no es el dueño del patrimonio nacional, que pertenece a todos los uruguayos.
7) Se divulgan grandes cifras sobre el aporte económico de este proyecto para el país, pero lo que le quitan a la minera de un lado, se lo entregan por el otro con estímulos y beneficios. Una actividad que duraría a lo sumo 15 años, porque no hay mayores riquezas minerales, no es significativa en la historia de un país y menos cuando se destruye una zona productiva que ha dado y seguirá dando beneficios a sus habitantes y al país. Por todas estas razones, consideramos que este proyecto de ley es inconveniente para el país. Antes de cualquier decisión, debemos asegurarnos que la sociedad sea informada y pueda debatir ampliamente si es esto lo que queremos para el Uruguay. Si el Parlamento no escucha este reclamo, habrá que recurrir a otros caminos de respeto por las leyes y por el derecho de los uruguayos a decidir democráticamente su destino.
El gobierno y Aratirí acordaron separar los estudios del puerto de aguas profundas y de la terminal minera para "acelerar" los plazos El ministro de Industria estimó que la empresa comenzará a construir entre 2013 y 2014 y a exportar entre 2015 y 2016
escriben Raúl Santopietro y Ernesto Tulbovitz -------------------------
Separar el estudio del puerto de aguas profundas del de la terminal portuaria de Aratirí y analizar por vías diferentes la autorización ambiental del complejo minero de la aprobación de la zona portuaria del proyecto son algunas de las medidas que la empresa y el gobierno acordaron para acelerar los plazos del proyecto minero, según diferentes fuentes consultadas por Búsqueda.
El jueves 6, el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, el subsecretario de Economía y Finanzas, Luis Porto, y el asesor de Presidencia Pedro Buonomo se reunieron con el fundador de Zamin Ferrous, Pramod Agarwal, y el gerente general de la compañía, Fernando Puntigliano.
En el encuentro, miembros del gobierno acordaron con las autoridades de Zamin Ferrous "acelerar el proyecto minero" y pronosticaron que la exportación de hierro comenzará en 2016, según informó la Presidencia en un comunicado que divulgó el viernes 7.
En el artículo, Buonomo confirmó que el gobierno pretende desarrollar el puerto de aguas profundas en El Palenque, donde habrá un área específica para la terminal portuaria de exportación de Aratirí.
Fuentes vinculadas al proyecto estimaron que la construcción del puerto multipropósito llevará al menos tres años, por lo que su análisis se separará de la terminal portuaria de Aratirí para poder avanzar más rápido en los trámites, permisos e implementación.
En diálogo con Búsqueda, el ministro Kreimerman confirmó la información y explicó que los estudios "están razonablemente avanzados".
Kreimerman afirmó que la relocalización del puerto "afectará los plazos del proyecto de Aratirí entre 12 y 24 meses", porque "la empresa tendrá que presentar un nuevo proyecto para la terminal portuaria en El Palenque y hay que hacer un cambio en la traza final del mineroducto".
Pero agregó que no se puede adjudicar el corrimiento en el cronograma del proyecto a la demora en el puerto porque "a su vez están corriendo los otros permisos que están en etapas de intercambio".
"La parte de minas no se va a ver afectada y sigue su curso normal", es "solo la parte del puerto la que va a tener un atraso en el estudio ambiental", explicó.
La empresa de capitales indios tenía previsto comenzar con las obras de construcción a partir de "finales de 2012", según se indica en la segunda Evaluación de Impacto Ambiental presentada a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), pero el plazo se dilató.
En este sentido, el ministro estimó para la "segunda parte de 2013 y 2014 empezar con la construcción de las instalaciones de Aratirí y entre 2015 y 2016 comenzar con la exportación".
Con este cronograma, y considerando los plazos que tendrá la implementación del puerto de aguas profundas, "se tiene previsto que Aratirí esté exportando antes de que el puerto esté en funcionamiento", informó Kreimerman.
Además afirmó que "la aceleración pasa por la aprobación del proyecto de ley de minería de gran porte y la aprobación de los contratos, que son los temas que hay que cumplir con mayor velocidad porque son los que estabilizan el proyecto".
La discusión aún pendiente del proyecto de minería de gran porte enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento influyó en la demora de la ejecución del proyecto, según dijeron fuentes de Aratirí a Búsqueda semanas atrás para explicar la reducción de personal prevista para el 31 de diciembre (Búsqueda Nº 1.689).
Kreimerman estimó que en base a que "hubo un acuerdo entre los cuatro partidos", el "procesamiento va a ser razonablemente rápido" y "para mitad del año 2013" el proyecto de ley va a estar aprobado por las dos Cámaras.
Sin embargo, indicó que aprobar la ley "no es el camino crítico" sino que "es un tema importante para estabilizar el proyecto" mediante la implementación de "mayores impuestos, temas sociales, el fondo a futuro, entre otros".
"A partir de que eso se apruebe es que se puede acordar un convenio con ellos", agregó.
El ministro confirmó que a raíz de la separación en la zona portuaria, el gobierno y Zamin Ferrous firmarán dos acuerdos diferentes; uno luego de la aprobación del proyecto de ley de minería de gran porte y otro después de aprobado el proyecto del puerto de aguas profundas.
Kreimerman contó que durante la reunión los representantes de Aratirí se mostraron muy "activos, recuperando la pujanza", porque "posiblemente a nivel del mercado internacional están avanzando en los contratos y convenios que tienen que hacer para que el proyecto sea viable".
Hay "altas probabilidades de que Aratirí se instale, pero no doy seguridad. De lo que sí doy seguridad es que el hierro se va a explotar", enfatizó el ministro.
"No afecta". Por su parte, el director de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige), Pier Rossi, dijo a Búsqueda que separar los estudios del complejo minero de los de la terminal portuaria "no afecta" la evaluación porque la Dinamige solo tiene a estudio la actividad minera. "Incluso, en el complejo minero la Dinamige nunca paró los estudios y sigue avanzando en ellos", indicó.
Sin embargo, advirtió que "lo que sí tranca es el cambio en la ubicación del puerto, que obliga a la empresa a presentar el estudio para esa zona".
El director de la Dinama, Jorge Rucks, dijo que "son dos temas separados que se unen porque la terminal portuaria es una, pero son dos temas diferentes".
Aseguró que los plazos de finalización de la Evaluación de Impacto Ambiental de Aratirí pronosticados para abril de 2013 "ya no pueden contar" porque al redefinirse la terminal portuaria para El Palenque la empresa "tiene que presentar una adaptación del proyecto".
Agregó que la Dinama "se encuentra en condiciones" de llevar adelante la evaluación de ambos proyectos en simultáneo, porque "se ha fortalecido".
"Presiones indebidas". El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) envió un comunicado el lunes 10 para "alertar" a la ciudadanía por "presiones indebidas ejercidas por la Presidencia de la República" relacionadas a los megaproyectos que están a estudio del Parlamento.
"El gobierno anuncia como aprobado el proyecto de Aratirí para la extracción de hierro del yacimiento de Valentines, cuando la evaluación del estudio de impacto ambiental por la Dinama está lejos de ser completada", denuncian en el comunicado.
"El gobierno da por resuelta la habilitación del puerto de aguas profundas en la costa de Rocha mientras es una decisión a consideración del Parlamento y los estudios técnicos ?incluidos los utilizados para justificar este proyecto? muestran que la localización elegida es altamente inconveniente por sus impactos económicos, sociales y ambientales", se agrega.
Y se concluye que el Poder Ejecutivo "insiste en ignorar las tensiones sociales originadas por estos proyectos y no escucha los reclamos de amplios sectores de la población".
Ayer miércoles, mientras el presidente José Mujica inauguraba el Centro Universitario Regional del Este (CURE) en Rocha, un activista le gritó "¡traidor, traidor!" y fue detenido por los agentes de seguridad, informó "El País". Mujica solamente contestó: "No pasa nada".
Productores. Kreimerman se reunió el lunes 10 con la directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), quienes lo convocaron para informarse de la situación actual de la minería en el país.
El presidente de la ARU, Ruben Echeverría, dijo a Búsqueda que el ministro solo les informó que el proyecto "más avanzado" es Aratirí, pero está en "un impasse porque hay algunos trámites que todavía no se han resuelto".
En tanto, el vicepresidente segundo de la Federación Rural (FR), Manuel Bettega, sostuvo que en la organización "hay buena disposición para reunirse" pero que "aún no han recibido ninguna invitación oficial" desde el Ministerio.
Indicó que hay "mucha preocupación" por la instalación de Aratirí porque "no se encuentran propuestas o documentos que hagan ver que una minería a gran escala no tenga consecuencias negativas para el medio ambiente".
"Y lo que más preocupa es que las decisiones se toman sin las debidas mesuras, porque se está aprobando el proyecto de ley del puerto de aguas profundas con el compromiso de que más adelante se va a estudiar el tema ambiental. Es poner la carreta delante de los bueyes y eso es preocupante", concluyó.
Este viernes 14, el Consejo Directivo de la FR visitará las instalaciones de Orosur ?empresa que explota oro en Rivera? en Minas de Corrales para "conocer en detalle ese tipo de minería".
Bettega afirmó que no van a ir "con espíritu crítico" sino que quieren "ver el proceso y el relacionamiento que existe en la zona entre la empresa y los productores".
Sobre las afirmaciones de que quienes se oponen al proyecto minero defienden los intereses de los grandes estancieros, señaló Echeverría.
“¿Grandes estancieros? De 400 productores a quienes les han pedido campo, 200 tienen menos de cien hectáreas, 100 productores tienen de 100 a 200, 75 son de 200 a 500 y hay 13 productores que son de más de 1000 hectáreas. O sea que más del 50% son pequeños y medianos productores, de 100 a 200 hectáreas, que es la realidad del país. De casi 60.000 productores que hay en Uruguay la mayoría son pequeños y medianos. En Cerro Chato, de 400 productores la mayoría son pequeños y medianos, esa es la realidad.”
ASAMBLEA NACIONAL CONTRA LA MEGAMINERÍA EN URUGUAY
Tacuarembó, 13 de agosto de 2012.
El pasado sábado 11 de agosto y en respuesta a la invitación abierta que circuló por diversos medios, nos reunimos en la ciudad de Tacuarembó alrededor de 300 personas, en su mayoría integrantes y representantes de 35 organizaciones del país, para discutir estrategias contra la instalación de la megaminería metalífera a cielo abierto en Uruguay.
La organización corrió por cuenta de Radio La Kandela, ADEOM-Tacuarembó, productores agropecuarios y vecinos del departamento. Durante la mañana se presentaron distintas propuestas de acción coordinada, algunas ya en estado de implementación, como son los referéndums departamentales en Rivera y Treinta y Tres, a lanzarse próximamente. En la tarde, se discutieron diversas iniciativas y, en particular, la pertinencia de una campaña de recolección de firmas para un plebiscito nacional que prohiba la megaminería en el país.
Entre otros colectivos, estuvieron presentes integrantes de Redes-AT, Movimiento por un Uruguay Sustentable (Mesa de Ruta 7, CNDAV, Grupo Guayubira y otros), Colectivo de Lucha por la Tierra, Asamblea del Callejón, UTAA, Colectivo de Sauce, MONADET, Bio Uruguay, Plenario Memoria y Justicia, Vecinos de José Ignacio, Eco Tacuarembó, Olimar Piri, Sindicato del Taxi (SUATT), Coordinadora Contra los Megaproyectos, Acción Sin Fronteras, La Verdad Ofende, Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA), Asociación de Estudiantes de Agronomía, CIES, Confederación de los Pueblos Costeros, ADES-Montevideo, ADEOM-Tacuarembó, FM Raíces y Radio La Kandela.
Con la determinación de continuar las distinas líneas de trabajo de forma autónoma pero coordinada, quedó consolidado un movimiento nacional cuya primera acción conjunta será la organización de una gran marcha en Defensa de la Tierra y sus Bienes Naturales, a realizarse el próximo 12 de octubre en la ciudad de Montevideo. Esta nueva manifestación ciudadana superará las convocatorias anteriores en virtud de la amplia y diversa oposición que crece en todo el país hacia los proyectos de megaminería y en particular el de Aratirí, con su mineroducto y puerto de aguas profundas en la costa oceánica.
La jornada culminó con una manifestación por el centro de la ciudad de Tacuarembó, en la que se distribuyó material informativo producido por las diferentes organizaciones.
Resoluciones de la Asamblea Nacional, Tacuarembó, 11 de agosto de 2012/
1) Realizar una gran marcha nacional el próximo 12 de octubre en defensa de la tierra y sus bienes naturales, en contra de la megaminería metalífera a cielo abierto. 2) Coordinar nacionalmente entre todos los colectivos sociales la organización de dicha marcha. 3) Citar, luego del 12 de octubre, una próxima Asamblea Nacional para coordinar todos los medios de lucha contra la megaminería, sin excluir ningún tipo de iniciativa ciudadana, respetando la autonomía local de los grupos para continuar con su trabajo, así como el valor de las coordinacines regionales hacia el futuro. 4) La posibilidad o no de la promoción de un plebiscito nacional que se pronuncie sobre la megaminería se continúa evaluando, además de los plebiscitos departamentales que están en curso.
El Poder Ejecutivo desestimó un recurso de revocación presentado por la empresa Aratirí y confirmó su decisión de excluir los emprendimientos de megaminería de los beneficios que prevé la ley de Inversiones.
En septiembre de 2011 el gobierno comunicó a la oposición que la ley de Promoción de Inversiones, cuya aplicación y beneficios están regulados en un decreto reglamentario de 2007, no se aplicará a los proyectos mineros de gran porte.
Por ese motivo Aratirí -que prevé una inversión de US$ 3.000 millones en la zona de Valentines, donde extraerá el hierro- deberá pagar el Impuesto a las Rentas de Actividades Económicas (IRAE) y no podrá exonerar el IVA de la maquinaria que importe al Uruguay.
La empresa de capitales indios presentó un recurso de revocación contra la decisión del Poder Ejecutivo de excluir los grandes emprendimientos mineros de la ley de Promoción de Inversiones.
(...)
El subsecretario de Economía fundamentó la posición del gobierno en que la megaminería es una industria extractiva de un recurso no renovable y que ocupa gran tamaño.
El jerarca también explicó que generalmente se aplica una exoneración cuando se considera que la ventaja para el país es mayor a la ventaja del inversionista; cuando la ganancia social es mayor a la privada -lo que incluye una importante creación de puestos de trabajos directos de indirectos- cosa que en este caso no se daría.(...)
Entrevista a Victor Bacchetta por Delagro, luego de la conferencia de prensa sobre recurso contra decreto del Poder ejecutivo de aprobación del Puerto de Aguas Profundas en Rocha, en el Palenque, a 8 kms de La Pedrera.
Los productores de Valentines y Cerro Chato se mostraron sorprendidos por la noticia de que el gobierno y Aratirí construirán un puerto de aguas profundas. Se sienten la piedra en el zapato del gobierno y cuestionan la salida de Muslera. (...)
El productor rural sostiene que si bien han sido escuchados por algunos ministros y legisladores, no se les explica ni se les justifica la viabilidad económica y ambiental del proyecto. “No estamos en contra, cuestionamos y estamos abiertos a estar equivocados y ver que es un proyecto bueno para el país. Lamentablemente cada vez que planteamos nuestros cuestionamientos en ámbitos oficiales lo único que se repiten son números o discursos de la empresa. No hay argumentos que intenten demostrar que estamos equivocados cuando nos referimos a todo lo malo que podría traer consigo la radicación de Aratiri”.
El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, aseguró que la reunión entre el gobierno y Zamin Ferrous fue “un avance importante” y que el escenario de distribución de ganancias sería el de “Fifty-fifty” (50 y 50), lo que implica un porcentaje “muy superior” al que existía en el viejo código minero”. También explicó que parte de lo que se recaude por impuestos irá a un fondo “de solidaridad” que servirá para compensar a las generaciones futuras.
El próximo lunes, 22 de diciembre, a las 16 horas, en 18 de julio 2190 (sede de COFE), Uruguay Libre de Megaminería realizará una conferencia de prensa para dar cuenta de la información sobre Aratirí entregada el viernes último por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).
El 5 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dio un plazo de 15 días al MIEM para que entregara la información sobre el proyecto minero de Aratirí solicitada por Uruguay Libre, al amparo del derecho de acceso a la información pública (Ley N° 18.381).
En la conferencia de prensa evaluaremos la información recibida y las consecuencias que tendría para el país la firma de un contrato con la empresa Zamin Ferrous, propietaria del proyecto Aratirí.
Entre agosto y setiembre últimos, Aratirí presentó a la DINAMA varias informaciones complementarias de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con el cual ha solicitado la Autorización Ambiental Previa (AAP) que la habilitaría a comenzar las obras para la extracción de mineral de hierro a cielo abierto en la zona de Valentines.
Esas informaciones incluyen un nuevo diseño del mineroducto y la terminal portuaria en la costa de Rocha que desembocan ahora en El Palenque, de acuerdo con lo dispuesto por la ley que habilitó en esta zona un puerto de aguas profundas. Y fue agregado también una propuesta modificada del Plan de Cierre original.
Por una parte, la presentación de los informes referidos evidencia que Aratirí mantiene su proyecto y pretende obtener la autorización oficial. Por otra parte, las informaciones agregadas por la minera no difieren en lo sustancial de la propuesta inicial:
Los cráteres quedarán abiertos para ser rellenados solo por el agua de lluvia y de las napas freáticas. No se asegura la calidad del agua de las minas y las represas, que puede estar seriamente contaminada, y se acepta que será imposible en muchas áreas desarrollar en el futuro actividades agrícolas o ganaderas.
Las pilas de estériles constituidas por rocas partidas, polvo y arenilla permanecerán expuestas a la lluvia y el viento. El documento admite que luego de la actividad minera no sería posible restablecer los límites previos de los padrones afectados, que podrían haberse convertido entonces en un cráter de mina o el lago de un embalse.
Más de lo mismo: Cráteres rellenos con agua
Aratirí denomina “recuperación” al simple llenado de los pozos de las minas por el agua lluvia y de las napas freáticas. Mientras en la propuesta anterior Aratirí decía que el rellenado de los pozos llevaría unos 80 años, ahora dice que serán 43 años.
El plan de Aratirí reconoce que el agua en las minas y en las represas de relaves y de agua bruta puede estar contaminada a tal grado que no pueda ser vertida a los cursos de agua de la zona, por lo que sería enviada al océano a través del mineroducto. Sin embargo, sin mencionar fuente ni referencia técnica, la minera declara a continuación que esa situación sería “poco probable” y “acotada en el tiempo”.
El mismo plan prevé el cierre del mineroducto con lo que hace imposible a posteriori el traslado del agua contaminada de las minas. Las minas desbordarían directamente a los cursos de agua de la zona sin que el plan propuesto prevea forma alguna de evitarlo más de veinte años después de finalizada la extracción.
Con relación al drenaje ácido de las rocas, uno de los aspectos en que la Dinama requirió información adicional, Aratirí lo descarta, pero la consultora Eco Metrix de Canadá reconoció que los datos disponibles para este proyecto eran “limitados” y que los resultados no podían ser concluyentes. En el caso del embalse de relaves, una única muestra y un solo tipo de ensayo tampoco pueden ser suficientes para determinar el potencial de generación de ácidos.
Respecto de las pilas de estériles, Aratirí propone aminorar los taludes de hasta 100 metros de altura y cubrirlos parcialmente con suelos orgánicos que no explica con claridad la viabilidad agronómica ni el origen. Pero nada dice, además, del efecto sobre esas montañas de roca partida, arenilla y polvo de las lluvias que erosionarán y arrastrarán esos materiales, así como del viento que los llevará a largas distancias de la zona cuando se hayan secado.
Finalmente, Aratirí realiza una evaluación económica del plan, en el que se plantean acciones cuya finalización no está definida, asignándole un costo de poco más de 100 millones de dólares, menos del 3% de la inversión propuesta. No es posible ponerle valor al cierre cuando no se definen con precisión las tareas y su duración.
El pueblo debe decir si quiere estos proyectos
En resumidas cuentas, el proyecto de Aratirí conserva las características que lo han hecho cuestionable por amplios sectores de la sociedad uruguaya. Nada dicen de la caída del precio del hierro por las que el negocio hoy no es rentable y solo están buscando obtener el permiso para especular financieramente a futuro.
¿Cuál puede ser la razón valedera para permitir este tipo de explotación minera en nuestro país?
- no representa la fuente de ingresos pregonada por el gobierno;
- dejaría pasivos ambientales, sociales y sanitarios por decenas de años; y
- nos convertiría en rehenes de una empresa trasnacional que especularía con los permisos otorgados.
Como podemos ver, las causas de la movilización para impedir que Aratirí y otros proyectos similares se instalen en Uruguay están plenamente vigentes. Desde Uruguay Libre apoyamos las distintas formas de acción con ese fin y seguiremos recolectando firmas para promover un plebiscito nacional donde el pueblo decida si este es el desarrollo que quiere para el país.
Comunicado de prensa / Montevideo, 7 de enero de 2014.
GOBIERNO PRETENDE FIRMAR CON ARATIRÍ OTRO CONTRATO LESIVO PARA EL PAÍS
Los últimos anuncios del Poder Ejecutivo sobre la firma inminente del contrato de inversión con la empresa Aratirí evidencian que el gobierno pretende imponer la minería metalífera a cielo abierto en gran escala a contrapelo de normas constitucionales y legales, avasallando los procedimientos y opiniones técnicas de la Dinama y, en última instancia, careciendo de los respaldos sociales y políticos imprescindibles para tomar una decisión de esa envergadura.
Improcedencia del contrato /
Luego del Consejo de Ministros del 27 de diciembre, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, anunció que “a más tardar, el 20 de ese mes (enero) firmarán el contrato con Aratirí”.
La firma de este contrato se haría en el marco de la Ley de Minería de Gran Porte (N°19.126), una ley aprobada solo con los votos del oficialismo cuya constitucionalidad fue cuestionada ya en el Parlamento. En la actualidad, esta ley es objeto de una acción de anulación por inconstitucional presentada por el fiscal Enrique Viana y se preparan otras acciones similares por parte de los productores rurales directamente afectados por la explotación minera en sus predios. La Ley 19.126 viola el principio de igualdad del Articulo 8o. de la Constitución al otorgar beneficios extraordinarios a esta actividad y esto se agrava porque el gobierno eligió a su contraparte, Aratirí, sin utilizar un procedimiento de selección objetivo entre distintos interesados.
También viola el Artículo 47o. sobre la preservación del medio ambiente, al permitir la megaminería incluso en áreas naturales, destruyendo de manera irreversible ecosistemas de tierras, pastizales, ríos, arroyos y acuíferos con poblaciones asentadas y actividad productiva permanente. La firma ahora de un contrato se haría sin que se hayan reglamentado aspectos fundamentales de la cuestionada ley, como las mejores prácticas mineras del Artículo 5o. o el plan de cierre del Artículo 13o.
Además, previo a la firma y de acuerdo con el Artículo 27o. de la Ley 19.126, la empresa debería gestionar un aval bancario u otra forma de garantía por el 5% de la inversión prevista que, según las cifras de Aratirí, debería ser por 160 millones de dólares.
Todo esto cuando estamos conociendo las consecuencias de un proceso semejante en la gestión de PLUNA. Al igual que Leadgate, Aratirí es una firma especuladora típica, sin antecedentes mineros, creada en 2005 en un paraíso fiscal, que se dedica a armar y vender proyectos. Por sus impactos económicos, sociales y ambientales, conceder a Aratirí la explotación de Valentines puede traer perjuicios mayores aún que los vividos con la línea aérea nacional.
Subordinación de la Dinama/
Pero, además, el gobierno vulnera el proceso técnico de evaluación de emprendimientos de alto impacto social y ambiental al querer firmar el contrato con Aratirí sin que el proyecto haya pasado las instancias legales requeridas de aprobación, a saber: la aceptación por la Dinama del estudio de impacto ambiental, la puesta de manifiesto del proyecto, la audiencia pública y la resolución final. Se ejerce así una presión indebida sobre las atribuciones de la autoridad ambiental.
La imposición de la decisión presidencial sobre la autoridad ambiental se consuma por la inclusión de plazos para las autorizaciones. Además de indebidos, los plazos son arbitrarios, porque en contra de lo publicado por Aratirí, esta empresa aún no ha presentado toda la documentación requerida, tal como declaró a la prensa el director de la Dinama, Jorge Rucks.
¿Con qué criterio la Presidencia puede fijar entonces los plazos de autorización ambiental del proyecto? Intentando minimizar la importancia de este aspecto, el asesor de la Presidencia, Pedro Buonomo, dijo que ese cronograma “no obliga al gobierno a cumplir los plazos” en cuanto al otorgamiento de las autorizaciones ambientales. ¿Quién puede creer que en un contrato firmado entre el gobierno uruguayo y una empresa extranjera se incluyan condiciones y plazos no vinculantes?
Subdivisión de la evaluación /
Buonomo declaró asimismo que “Lo que eventualmente puede pasar es que, una vez dada la autorización ambiental al proyecto minero, quede el trazado del mineroducto por aprobar” y agregó que el contrato incluye la posibilidad de dar autorizaciones ambientales parciales.
Un año atrás, el ministro de industrias, Roberto Kreimerman, y Buonomo habían anunciado la idea de acelerar la aprobación del proyecto de Aratirí mediante la subdivisión de la evaluación. En esa ocasión, el director de la Dinama, Jorge Rucks, rechazó esta posibilidad en base a que el proyecto de extracción del hierro propuesto es uno solo y no se puede evaluar por partes.
“Dinama no puede autorizar por separado partes del proyecto minero hasta que Aratirí presente la información de la terminal portuaria” (Título de la entrevista a Jorge Rucks publicada el 21 de marzo de 2013 en el Semanario Búsqueda.)
Es evidente que el proyecto de Aratirí es uno solo; los propios representantes de la empresa han dicho que “no hay mina sin puerto y no hay puerto sin mina”. Solo el deseo de llegar a cualquier costo a la firma de un contrato puede explicar la pretensión de subdividir la evaluación. Si se acepta una evaluación parcial del distrito minero, luego será inevitable aceptar las otras partes, el mineroducto y el puerto, porque de lo contrario el proyecto sería inviable.
Entre otros aspectos técnicos que demuestran la unidad del proyecto, debe tenerse en cuenta que Aratirí prepone descargar en el océano las aguas contaminadas provenientes del drenaje ácido de las minas, las pilas de roca estéril, el embalse de relaves y la reserva de agua bruta a través del mineroducto y un emisario submarino paralelo a la terminal portuaria. ¿Cómo se podría iniciar la actividad en las minas sin saber cómo y adónde son descargadas esas aguas?
Sin licencia política ni social /
El proyecto de Aratirí ha generado una oposición en la sociedad y el sistema político uruguayos que invalida la pretensión del gobierno de firmar un contrato de inversión con esta empresa. Tras una declaración inicial del presidente Mujica de que este tema sería resuelto en un plebiscito, el gobierno convocó a una Comisión Multipartidaria que acordó a fines de 2011 los lineamientos políticos para tratar la minería de gran porte. Sin embargo, la propuesta del Poder Ejecutivo y el trámite de aprobación parlamentario de la Ley 19.126 ignoró aquellos lineamientos e hizo caer el acuerdo. La Ley de Minería de Gran Porte nació huérfana del necesario apoyo político.
Paralelamente a este proceso, se desarrolló un amplio movimiento social en defensa de la tierra, el agua y los bienes naturales que se ha expresado en cinco marchas nacionales en la capital y otras tantas en el interior, la recolección de firmas en varios departamentos e incluso la adopción por gobiernos departamentales de normas que prohíben la minería metalífera a cielo abierto en su territorio. Se refleja por último en la campaña por la realización de un plebiscito nacional.
Señores del gobierno: no se puede firmar un contrato con Aratirí en estas condiciones.
Si quieren tener la legitimidad política y moral para hacerlo, acepten la realización de un plebiscito nacional o, al menos, sométanlo expresamente a votación en las próximas elecciones nacionales, dejando claro algo que no figuraba hasta ahora en vuestro programa de gobierno.
URUGUAY LIBRE
(Movimiento pro-Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto)
Los ciudadanos uruguayos están haciendo frente a los intentos de compañías transnacionales de desarrollar proyectos netamente especulativos en su territorio. La presencia de paraísos fiscales e información errónea, y hasta mentirosa, entregada por la empresa marcan el sello del proyecto de hierro Aratirí, contra el que los ciudadanos mantienen una férrea batalla.
En un paraíso fiscal, Isla de Jersey, fue creada en el 2005 la empresa Zamin Ferrous, firma que no tiene antecedentes de gestión de minas de ninguna clase, pero controla el proyecto Aratirí, que tiene en pie de guerra al pueblo uruguayo.
Aratirí es una iniciativa minera de gran porte que busca extraer 18 millones de toneladas anuales, llevarlas por un mineroducto de 200 kilómetros y a través de un puerto de aguas profundas en la costa oceánica, para venderlo en el mercado asiático con los altos precios que hoy tiene el hierro, lo que hace muy rentable este proyecto.
Esto rompiendo con todos los cánones del desarrollo agrícola de la zona de Cuchilla Grande, tal como indicó Víctor Bacchetta del Movimiento Por Un Uruguay Sustentable.
En el día de ayer, miércoles 9 de enero, la empresa Aratirí salió a desmentir una afirmación realizada por el MOVUS (Movimiento por un Uruguay Sustentable) y otros analistas sobre el tiempo de duración de la extracción de hierro propuesta por la minera.
“No entiendo por qué hay gente que insiste en que nosotros decimos que el proyecto es a 12 años cuando no lo decimos, sino que es a 20 años y más. Y así está en el estudio”, afirmó el portavoz de Aratirí, Jorge Surraco, a un medio de prensa. Adicionalmente, la empresa emitió un extenso comunicado reiterando que la explotación podría durar 45 años y más.
Según su conveniencia, Aratirí maneja diferentes cifras sobre las reservas potenciales de mineral de hierro existentes en el yacimiento de Valentines, llegando a afirmar que serían entre 4.000 y 5.000 millones de toneladas. Si esto fuera cierto, la explotación minera duraría más de 80 años (¡!), pero no existe una verificación independiente de tales cifras.
Por esta razón, para salir del plano especulativo y propagandístico, el MOVUS basa sus análisis del proyecto de Aratirí en la documentación presentada por la empresa a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). Concretamente, en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) entregado por la minera en su Solicitud de Autorización Ambiental Previa (SAAP). Es con esta referencia que el Observatorio Minero del Uruguay habla de plazos. Citamos:
"Plazos, informes y estrategias
Y, en estrecha relación con lo anterior, llegamos a la duración estimada por los autores de la operación de megaminería a cielo abierto en el yacimiento de Valentines. De acuerdo con el Cronograma del Proyecto: “La operación se propone un horizonte de aproximadamente 20 años, aunque este período podría eventualmente extenderse en función del desarrollo del proceso productivo, otras áreas adicionales de explotación, y las condiciones de mercado”. Pero en otros pasajes del EIA, se aclara que son 12 años efectivos de producción.
En efecto, en la tabla donde se presenta el mineral de hierro a ser extraído, las cinco minas diseñadas suman 764 millones de toneladas que, a un tenor del 28% y un ritmo de 18 Mt por año, representan 12 años de producción. A la vez, la descripción del Capítulo 4 dice que “el estudio de factibilidad reciente ha definido que el proyecto tendrá una vida útil de 12 años” y explica que hablan de 20 años por las contingencias posibles en todo proyecto similar."
Como se puede apreciar, la cifra de 12 años no fue inventada por nosotros. Si Aratirí tiene la intención de extraer hierro por mucho tiempo más, en primer lugar, tendrá que demostrar que existen reservas y, en segundo lugar, tendrá que presentar otro proyecto.
Mientras esto no ocurra, seguiremos sosteniendo que el emprendimiento de Aratirí, un proyecto meramente extractivista, sin encadenamientos industriales en el país, duraría 12 años y que un país como el Uruguay no puede, por un negocio de ocasión, hipotecar una importante área de su territorio con pobladores asentados y una actividad productiva sustentable.
-- Área de Comunicación MOVUS - Movimiento por un Uruguay sustentable
por Víctor L. Bacchetta, en semanario Voces (13/12/12)
La propuesta del gobierno sobre la minería de gran porte “tiene dos puntos graves, uno es el alto impacto que tendría esa minería en este país y el otro que está ambientada en un contexto de especulación con respecto al valor de los minerales”, comenta el productor rural y escribano Julio Gómez, quien critica severamente además los cambios en las normas del código vigente.
Julio Gómez García es propietario de 295 hectáreas dedicadas a la ganadería en la zona de Cerro Chato, departamento de Florida, concedidas en parte para actividades de Aratirí. A la vez, como escribano graduado en la Universidad de la República atiende a clientes que enfrentan problemas similares con la minera. Tales circunstancias llevaron a Gómez a realizar el curso de posgrado sobre Derecho Minero en 2010 y lo han convertido en asiduo lector y asistente de cursos extracurriculares sobre temas de minería. Sus opiniones sobre el proyecto de ley de minería de gran porte reflejan la posición de los productores enfrentados al proyecto de Aratirí.
La minera Eurasian Natural Resources PLC (ENRC.LN) que cotiza en el Reino Unido declaró el miércoles haber reducido su gasto de capital para este año, y está revisando sus planes de crecimiento futuro después de informar de menores ingresos en la primera mitad, debido en parte a la caída de los precios de los productos básicos y mayores costos.
"Hemos puesto en marcha una revisión de los proyectos de inversión y estamos revisando el plan de desarrollo de nuestros activos de cobre en la República Democrática del Congo, con el fin de mejorar la eficiencia del capital", dijo Félix Vulis, consejero delegado de ENRC en un comunicado.
La revisión de los gastos de capital de ENRC sigue movimientos similares realizados por otras mineras como Anglo American PLC (AAL.LN), BHP Billiton Ltd. (BHP) y Xstrata PLC (XTA.LN), en medio de un panorama económico más débil.
También viene porque los ingresos de ENRC cayeron un 19% año con año a 3,25 miles de millones de dólares en el primer semestre de 2012, lo que resulta en una caída del 41% en los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (...).
La minera centrada en Kazajstán está llevando a cabo una revisión estratégica de sus operaciones, junto con una investigación interna por la preocupación de filtraciones sobre las transacciones en las operaciones de la minera en África y Kazajstán. ENRC quiere simplificar su estructura con el fin de extraer más valor de sus operaciones, en particular de sus negocios internacionales, de los cuáles el presidente no ejecutivo de ENRC, Mehmet Dalman, ha dicho que no están bien reflejados en la cotización de la compañía.
Una demanda judicial por acceso a informaciones existentes en el Poder Ejecutivo sobre las negociaciones con la minera Aratirí y los proyectos de puerto en la costa oceánica, a pesar de una sentencia favorable y dos intimaciones de la justicia, atravesó cinco meses de negativas, forcejeos y zancadillas burocráticas para llegar a un final que no es feliz, pero prueba la importancia de ejercer el derecho de acceso a la información pública.
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El 6 de marzo de este año, con el patrocinio del Centro de Acceso a la Información Pública (CAinfo) y la intervención del abogado Martín Prats, iniciamos una acción judicial por la Ley 18.381 de Acceso a la Información Pública reclamando de la Presidencia de la República y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) la entrega de documentación relativa a los preacuerdos establecidos por el Poder Ejecutivo con la empresa minera Aratirí y a los proyectos de puertos de aguas profundas en la costa oceánica presentados por la misma Aratirí y por la Compañía Oriental de Desarrollo e Inversiones (CODIN).
“En la información solicitada no puede invocarse confidencialidad y se trata de información pública en posesión de organismos estatales que no es propiedad de los mismos. La información versa sobre asuntos de alto interés público que los ciudadanos tienen derecho a conocer”, expresa el texto de la demanda. El fundamento de la acción judicial fue el haberse sobrepasado, sin respuesta de parte de los organismos mencionados, el plazo de 20 días establecido en la ley 18.381 para la entrega de la documentación requerida.
La causa quedó a cargo del Juez Alejandro Martínez de las Heras de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, quien convocó a una audiencia tres días después. El 12 de marzo, Martínez de las Heras dictó sentencia amparando la solicitud de acceso presentada e intimó a las partes demandadas a entregar esa información en un plazo de 15 días. El juez dictó una segunda intimación, esta vez dirigida solo a la Presidencia, por un plazo de cinco días, sin que se haya logrado hasta el presente acceder a la información.
Claudia Perugorría, una productora rural que le ganó un juicio a Aratirí por los destrozos ocasionados por las perforadoras en su campo, fue desalojada por la minera ayer junto con su familia y los animales del campo lindero que arrendaba desde hace más de diez años.
por Roberto Aguilar (corresponsal del Observatorio Minero del Uruguay)
Claudia y Leo: una pareja de mediana edad con vocación rural, una hija, un predio propio de 50 hectáreas,en el lomo de la Cuchilla Grande. Pequeños productores, gente demasiado común para una historia que interese contar.
Cuando en el 2008, la Minera Aratirí, en tareas de exploración, destrozó sin miramientos ni consideración el lugar que habían elegido para vivir y trabajar, las cosas cambiaron radicalmente para esa familia.
De esas horas amargas, de la impotencia ante el atropello, nació la necesidad de contar su historia, primero con sus carteles caseros, después llamando a las radios, donde muchos periodistas la escucharon con atención y recogieron aquella historia de resistencia.
Otros bajaron de Montevideo y llegaron del exterior para enterarse.
Cuando Claudia Perugorría entabló el pleito a Aratirí, para cobrar los daños a su predio, llegaron otras certezas. En la conciliación, la minera le puso precio a su campo y ofreció comprárselo, incluyendo la reclamación. Allí se sintió descartable, algo que se compra –si complica mucho-se usa y se tira, antes habían destrozado su campo y ahora querían ponerle precio a su silencio.
Mientras tanto crecía, a lo largo y ancho del país, un movimiento de resistencia al proyecto minero, del cual su relato era una de las historias emblemáticas y que demostraba claramente que no había licencia social, ni nada que se le pareciera.
Ahora cliqueabas “Claudia Perugorría” en Internet y allí estaban su historia y sus fotos, en los diarios, en el Parlamento, hasta en Amnistía Internacional fue recibida. A pesar de los prestigiosos estudios capitalinos que patrocinaron a Aratirí, los daños a su predio fueron probados judicialmente y la minera fue condenada a pagar resarcimiento.
Esto era demasiado para una mujer, todavía del interior rural, que osaba desafiar las leyes sacrosantas del “mercado” y sus inversores. Debían acallarla. Larga mano tiene el dinero ….
Claudia ocupaba, como arrendataria, dos predios linderos al suyo, que aseguraban su viabilidad económica como productora rural. Aratirí intentó comprar ambos predios, logró comprar uno solo de ellos y la desalojó.
La notoriedad de su caso, la condena judicial a la minera, el apoyo de los movimientos de resistencia tuvieron su precio: el ganado con cría, la majada pariendo: hoy 30 de julio a las 13.30 horas fueron lanzados del predio ante la presencia solidaria de medio centenar de productores de la zona, a la sombra de banderas nacionales y de Artigas.
Triste día éste de hoy para un país que tiene en su escudo al vacuno como símbolo de su abundancia.
Triste día para un país que se ha jactado por décadas de la justicia social, de un Estado que creció diciendo ser el “escudo de los débiles “.
El semanario Búsqueda presenta una nota en la que se cita el estudio de la empresa en el que se reconocen solo 12 años de vida útil asegurada al proyecto y condiciona que la extensión "requiere nuevos proyectos y nuevas autorizaciones oficiales, las cuales no están incluidas en el presente proyecto, ni están siendo consideradas por la empresa"
El gobierno y la empresa minera Aratirí, del grupo Zamin Ferrous, trabajan en forma conjunta en el proyecto sobre minería de gran porte que será remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, anunció tras el Consejo de Ministros de este lunes que el gobierno “comenzó a trabajar conjuntamente con la empresa minera Aratirí” en el proyecto, según informó El País.
El pasado 3 de julio una delegación de Zamin Ferrous mantuvo una reunión con el presidente José Mujica. Tras la misma, Presidencia informó que “se unirán esfuerzos en el desarrollo del primer puerto de aguas profundas del Cono Sur, a construirse en la costa oceánica uruguaya”.
Una serie de decisiones del gobierno para la construcción de un puerto de aguas profundas en la costa oceánica revelaron una fuerte intencionalidad política y, al mismo tiempo, una gran improvisación en la gestión, si se comparan los anuncios con los requisitos legales y los tiempos necesarios y previsibles para definir proyectos de tales características.
Por decreto del 14 de junio último, el Presidente de la República aprobó la propuesta del informe final de la Comisión Interministerial designada para estudiar la viabilidad de la instalación de un puerto de aguas profundas en la costa este del país. El mismo decreto encomendó al Ministerio de Transporte y Obras públicas (MTOP) dictar los actos necesarios para el desarrollo del puerto a través de un contrato de participación público-privada (PPP) de acuerdo con lo dispuesto en la ley N° 18.786 del 19 de julio de 2011.
Según el referido decreto, el informe de la comisión incluye estudios técnicos, económicos, ambientales y legales que justifican la propuesta. Este informe solo puede tener un carácter general pues esa zona costera carece de estudios científicos apropiados para ese propósito. Además, no son suficientes para la aprobación del puerto de aguas profundas, ya que este proyecto no existe aún y para confirmar su viabilidad es necesario realizar los estudios del impacto socio ambiental y económico de una obra de esa envergadura.
Una vez definidos los estudios previos y las bases de contratación, la administración podrá realizar el llamado público a interesados, estableciendo el procedimiento competitivo a emplear así como los términos y condiciones aplicables al mismo. Durante el procedimiento de diálogo competitivo, "se dará un trato igualitario a todos los participantes y, en particular, no se les facilitará de forma discriminatoria información que pueda dar ventajas a determinados participantes con respecto al resto" (Art. 20 de la ley 18.786).
Decreto y ley/
Por resolución del mismo 14 de junio, el Presidente de la República aprobó "el Puerto de Aguas Profundas a instalarse en las costas del Océano Atlántico, Departamento de Rocha, entre las progresivas km 236,500 y km 242,000 de la Ruta Nacional N°10" (lugar conocido como El Palenque) de acuerdo con la propuesta de la Comisión Interministerial y comunicó esta resolución a la Asamblea General. Por el Artículo 85, inciso 9, de la Constitución de la República, la habilitación de puertos debe ser establecida por una ley.
La comunicación del Ejecutivo al Legislativo hace referencia a lo dispuesto por el artículo 473 de la Ley N° 18.719, Ley del Presupuesto Nacional 2010-2014, aprobada en diciembre de 2010. Significativamente, esta ley previó la habilitación del puerto de aguas profundas en algún lugar de la costa entre el Cabo Santa María y el arroyo Chuy. Según dicho artículo, "transcurridos treinta días de recibida la solicitud sin que la misma haya sido aprobada o rechazada por la Asamblea General, se tendrá por concedida la habilitación".
El proyecto de ley para la habilitación del nuevo puerto fue remitido al Parlamento el 2 de julio pasado, pero con respecto al trámite legislativo, juristas consultados consideran que el plazo de 30 días para la aprobación o rechazo de la ley sería inconstitucional. De acuerdo con estas opiniones, una ley no puede determinar el procedimiento para la aprobación de otra ley, éste es un atributo exclusivo de la Constitución. Y el antes mencionado Artículo 85 de la ley fundamental no establece plazos para la habilitación de los puertos.
El mismo día que envió a la Asamblea General el proyecto de ley de habilitación del puerto, el presidente designó "para ser expropiados por causa de utilidad pública, declarándose urgente su ocupación" 458 terrenos ubicados entre los kms. 236,500 y 242 de la Ruta Nacional Nro. 10, lugar del emplazamiento de dicha obra. La simultaneidad de resoluciones generó serias dudas en su tramitación, porque para declarar de utilidad pública ese acto debería estar habilitado el puerto y para esto debe ser aprobada primero la ley.
Todos para uno/
Al día siguiente, el martes 3 de julio, el presidente Mujica se reunió con la plana mayor de la trasnacional Zamin Ferrous, propietaria de la minera Aratirí. Al término del encuentro, la página Web de la Presidencia de la República anunció que "El Gobierno y el grupo minero Zamin Ferrous unirán esfuerzos en el desarrollo del primer puerto de aguas profundas del Cono Sur ... Las exportaciones de mineral de hierro podrían convertirse en la plataforma para concretar la construcción del puerto de aguas profundas"(sic).
Por un lado, para algunos sectores de la oposición política, la reunión con una empresa en particular y el anuncio posterior hecho por la Presidencia parecían poner en entredicho la decisión del Poder Ejecutivo de solo tres semanas atrás que, al inscribir el puerto de aguas en la ley de PPP, debía asegurar un trato igualitario a todas las empresas interesadas en el proyecto. El Correo de los Viernes, vocero del Foro Batllista, calificó directamente como "desprolija y poco transparente" la conducta seguida desde el gobierno.
Una de las empresas interesadas, la Compañía Oriental de Desarrollo e Inversiones (Codin), el consorcio de origen español que presentó a fines de 2010 un proyecto de puerto de aguas profundas en La Angostura, a través de su representante en el país, José Vila, no se mostró en cambio sorprendida por las últimas decisiones y aseguró que no tendrán inconveniente en trasladar su proyecto al lugar elegido por el gobierno uruguayo, si bien tendrán que rehacer los estudios de la zona y de los previsibles impactos de la obra.
Vila entiende que el gobierno, si sigue el procedimiento del "diálogo competitivo", citará a todas las empresas que hayan presentado proyectos de puerto en esa zona, que son tres: Aratirí, Codin y Christophersen. "Para un proyecto de esta magnitud se deben unir todas las fuerzas", explicó Vila y agregó que no le extrañaría que Codin fuera la última convocada, porque su proyecto, que incluye un polo tecnológico-industrial, una planta generadora de electricidad y la construcción de un ferrocarril, es el único puerto completo.
Toma y daca/
No obstante, el encuentro con Aratirí llamó la atención por tener implicaciones adicionales. La Comisión Interministerial descartó la propuesta de Aratirí de una terminal exclusiva para el hierro de Valentines y, por lo tanto, de ser aprobado, su proyecto debería adaptarse al puerto común. La presencia de Aratirí apoyando esta iniciativa junto al presidente de la República significó, por un lado, que la empresa acepta el cambio y, por el otro, obtuvo un respaldo oficial al proyecto que se encuentra a consideración de la Dinama.
Así lo interpretó Aratirí (ver recuadro) y la oposición política. Inclusive algunos integrantes de la Comisión Multipartidaria convocada por el gobierno para tratar la Minería de Gran Porte lo consideraron una violación de aquellos compromisos. "Yo advierto un adelantamiento de los procesos. El proyecto Aratirí tiene pendiente una ley marco de megaminería que el Gobierno comprometió enviar al Parlamento el pasado 31 de marzo, y no lo ha hecho", declaró el diputado nacionalista José Carlos Cardoso, activo firmante de ese acuerdo.
Los gestos del presidente y de algunos ministros hacia la empresa Aratirí y la forma como ésta hace uso publicitario de los mismos, cuando su propuesta esta siendo analizada por los organismos técnicos y legales correspondientes, configura una presión política obvia sobre estas instancias. El director de la Dinama, Jorge Rucks, en una entrevista dada a la prensa, reconoció explícitamente la existencia de esas presiones, aunque aseguró que no afecta la independencia técnica con que se desempeñan sus funcionarios.
El segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue presentado por Aratirí el 13 de octubre de 2011. La Dinama ha reiterado que el análisis de este EIA le insumiría unos 18 meses y a mediados de abril el proceso estaba enlentecido por la falta de respuesta de la empresa a pedidos adicionales de información del organismo. Con el cambio del puerto, Aratirí tendría que reformular el mineroducto y las instalaciones portuarias de su proyecto, que eran las etapas ya revisadas por la Dinama, lo cual enlentecerá aún más ese proceso.
EL ESTILO PUBLICITARIO DE ARATIRÍ
"Que el gobierno considere que la piedra fundamental del puerto de aguas profundas es Aratirí es una valoración positiva del proyecto. El gobierno y todos los partidos entienden que la minería a gran escala es posible en Uruguay, como surge del documento multipartidario, entonces yo entiendo que el país respalda el proyecto"(sic).
(Declaraciones de Fernando Puntigliano al semanario Búsqueda, 5/7/12)
Alentado por el encuentro presidencial, el gerente criollo de Zamin Ferrous reasumió con fuerza renovada la ofensiva propagandística en torno a los beneficios que traería al país el proyecto de Aratirí. No deja de ser sorprendente la insistencia con que Puntigliano reitera afirmaciones que son desmentidas por las mismas propuestas hechas por la empresa ante la autoridad a cargo de evaluar el proyecto, es decir la Dinama. Veamos algunas:
■ Dice Aratirí: le agrega valor al mineral de hierro que se extrae (...) ese material en el mercado vale U$S 5 la tonelada, es casi como vender pedregullo (...) pasa a valer 130 (...) y estamos generando las bases para potenciales desarrollos mayores.
● Los yacimientos uruguayos contienen una proporción de hierro del 28% y en el mercado internacional se requiere un 65%. La concentración es un proceso preindustrial necesario para vender el hierro en bruto. La materia prima es el hierro, la roca sola no vale nada.
● El Proyecto Valentines no tiene ninguna relación con una posible industrialización en el Uruguay. Aratirí solo propone extraer ese hierro, en grandes volúmenes y lo más rápido posible, a lo sumo 20 años, para venderlo en el exterior aprovechando los precios altos.
■ Dice Aratirí: Si a ese producto lo tratas como lo vamos a tratar nosotros, lo trituras, lo separas magnéticamente sin químicos.
● Aratirí no revela al público que toda la operación extractiva utiliza los siguientes elementos químicos y contaminantes que la empresa detalla en el EIA presentado a la DINAMA:
· Combustibles - 200.000 litros por día de diesel oil que producirán unas 30 toneladas por hora de gases de efecto invernadero, así como gases nitrosos y sulfurosos.
· Explosivos - 43.000 toneladas anuales de ANFO (90% de nitrato de amonio), que producen unas 40.000 toneladas de gases nitrosos y agua. Los primeros conducen a la formación de ozono, poderoso oxidante que ataca los tejidos pulmonares.
· Floculantes - Para decantar sólidos en suspensión en el agua, usarán poliacrilamida, que puede originar cáncer, lesiones genéticas y del aparato reproductor.
■ Dice Aratirí: Hay 327 minas a cielo abierto en todo el país.
● Puntigliano argumenta que Aratirí es más de lo mismo. No es así. No son lo mismo las canteras de materiales de construcción, de caliza, etc., que las minas metalíferas de hierro y oro. Y en cuanto a las minas de metales, las proporciones importan y mucho. Los cráteres de las minas San Gregorio y Arenal en Rivera, en Minas de Corrales, son cinco veces más pequeños que el menor de los cinco cráteres propuestos por Aratirí (cuatro cráteres de 100 hectáreas cada uno y un quinto de 400 hectáreas).
■ Dice Aratirí: El consumo de agua es mucho menor que algunos cientos de hectáreas de arroz.
● Para sostener esa afirmación, Aratirí debe referir solo aspectos parciales del proyecto, como el embalse de relaves y el mineroducto, pero no contabiliza que la actividad minera desviará varios arroyos y el río Yí, contaminará aguas superficiales, napas freáticas y aguas subterráneas por el escurrimiento de los cráteres y los depósitos de estériles, así como por la infiltración de los embalses de relaves y de agua bruta. ¿Esto no es consumo de agua?
■ Dice Aratirí: Tenemos las cinco minas restringidas a esas 500 hectáreas.
● En la propuesta de Aratirí a la Dinama, los cráteres de las minas ocupan 798 hectáreas. Son 4 cráteres de unas 100 hectáreas cada uno más otro de 400 hectáreas, con cerca de 400 m de profundidad. El mínimo de afectación a considerar debería ser todo el Complejo Minero (minas, cerros de estériles, embalses de relaves y de agua bruta, etc.) que ocupa 14.505 hectáreas. Pero es mucho más, porque las alteraciones del sistema hídrico de la región se extenderán entre 3 y 6 kilómetros desde el borde del complejo minero, de acuerdo con el informe de una consultora británica incluido en el segundo EIA de Aratirí.
● Y como no devuelve los títulos concedidos por Dinamige, el área total afectada por Aratirí es de 120.000 hectáreas, donde prosigue tareas de prospección y exploración
■ Dice Aratirí: Podemos asegurar que fuera de esa zona las condiciones de aire y sonido son las que establece la ley.
● A pesar de mojar los caminos, el EIA de Aratirí concluye, usando un modelo matemático, que el polvo respirable llegará a distancias entre 25 y 50 kilómetros de las minas.
● Aparte de los camiones, cintas mecánicas y plantas de trituración, la detonación cada dos días de 240 toneladas de explosivos genera un ruido de 103 decibeles a 40km del lugar.
■ Dice Aratirí: (después de la extracción) En algunos lados se rellena, en otros se hacen reservas de agua, hay un ejemplo en China con hoteles, se hacen resorts. Está el ejemplo de Alemania, que la zona más minera está repleta de lagos y parques.
● Los ejemplos de otros países no son una prueba de lo que se hará aquí. Debemos remitirnos a las propuestas concretas que son los compromisos reales.
● Al cierre del proyecto, al cabo de 12 años de producción, Aratirí ha propuesto:
· Rellenar los cinco cráteres con agua - La minera dice que llevará 80 años ese proceso y reconoce que la calidad de esa agua puede no ser apropiada para volcarla en los cursos de agua del lugar. ¿Quién se hará cargo de esto: Aratirí o Uruguay?
· Dejar expuestos a la lluvia y los vientos cinco cerros, de unos 100 metros de altura y una base tres veces mayor a los cráteres, formados por roca y polvo.
· Desecar el embalse de relaves y dejar al aire libre una represa de lodos contaminados de 2.400 hectáreas y 50 metros de altura, sobre la cuenca del arroyo Las Conchas.
· Vaciar la reserva de agua bruta - un embalse de agua contaminada de 250 hectáreas - en el Océano Atlántico a través del mineroducto y el emisario submarino. ¿Con la modificación del puerto, mantendrá Aratirí la propuesta de ese emisario? Y si no la mantiene, porque no se la aceptan, ¿adónde irán esas aguas contaminadas?
■ Dice Aratirí: Zamin Ferrous se convertirá en la mayor empresa exportadora en el Uruguay y el mineral de hierro será el principal producto de exportación con un 17,4% del total (esto no solo lo dice Aratirí, lo repite el sitio Web de la Presidencia).
● Mientras que las exportaciones del hierro ascenderían a 1.400 millones USD anuales, el Ministerio de Turismo calculó un ingreso superior a 2.000 millones USD en 2011 y el INAC estimó que por la carne entrarían 1.650 millones USD ese mismo año. Además, resulta engañoso comparar las exportaciones en un año de actividades productivas de distinta duración. La extracción del hierro llevaría 12 años, mientras que la producción de carne, la agricultura y el turismo han sido, son y serán permanentes.
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