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El pasado 5 de marzo, el gobierno ecuatoriano firmó un contrato con la empresa minera Ecuacorriente (ECSA), abriendo la vía a la explotación minera a gran escala, hasta ahora inexistente en Ecuador. El próximo 22 de marzo, una marcha ciudadana conformada por comunidades indígenas, campesinas, mujeres, estudiantes y trabajadores, que desde hace dos semanas recorre el país, llegará a Quito para exigir el respeto de sus derechos y protestar contra el desarrollo minero a gran escala en Ecuador.
ECSA es una filial de Corriente Resources, empresa minera domiciliada en Canadá, controlada por capital canadiense entre 1983 y 2010, y desde entonces filial de la joint venture China Railway Construction Corporation y Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd (segundo productor de cobre en China). La firma del contrato permitirá a ECSA explotar cobre en la cordillera del Cóndor en la Amazonía ecuatoriana por una inversión estimada de más de 1 700 millones de dólares estadounidenses. El principal proyecto de explotación, el proyecto Mirador, está localizado en la provincia de Zamora Chinchipe.
En 2010, la FIDH y sus organizaciones miembro en Ecuador (CEDHU, CDES e INREDH) denunciaron el impacto probado y potencial del proyecto sobre los derechos de las comunidades locales [1]. Asimismo denunciaron las maniobras del Estado y de la empresa para intimidar a los integrantes de las comunidades afectadas que se opusieron a los proyectos de explotación, incluyendo actos violentos por parte de las fuerzas de seguridad. Igualmente deploraron la ausencia de consulta previa a las comunidades concernidas, particularmente a las comunidades indígenas Shuar, así como la ausencia de control estatal en los procesos de aprobación de los proyectos, junto con los riesgos medioambientales ligados a los mismos y sus posibles consecuencias sobre las comunidades indígenas y locales.
