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La Amazonia es el bosque primario más grande que queda en el planeta y alberga más biodiversidad que cualquier otro sitio de la Tierra. Sin embargo, este maravilloso y único bosque tropical se encuentra atrapado entre dos fuerzas destructivas: la deforestación y el cambio climático.

En las últimas cuatro décadas, solo en Brasil, la Amazonia ha perdido una quinta parte de su superficie (unos 700.000 km2), lo que representa un área más grande que toda Francia. Si la tasa de deforestación sigue a este ritmo, la Amazonia podría desaparecer dentro de 50 años. Hasta el momento se estima que se ya se ha perdido cerca del 18% de la selva amazónica.

Brasil ocupa el cuarto lugar en el ranking de países emisores de gases de efecto invernadero (GEI), lo que le convierte en un país clave para la lucha contra el cambio climático. El 75% de estas emisiones de GEI brasileñas proceden de la deforestación.

El pasado 5 de marzo, el gobierno ecuatoriano firmó un contrato con la empresa minera Ecuacorriente (ECSA), abriendo la vía a la explotación minera a gran escala, hasta ahora inexistente en Ecuador. El próximo 22 de marzo, una marcha ciudadana conformada por comunidades indígenas, campesinas, mujeres, estudiantes y trabajadores, que desde hace dos semanas recorre el país, llegará a Quito para exigir el respeto de sus derechos y protestar contra el desarrollo minero a gran escala en Ecuador.

ECSA es una filial de Corriente Resources, empresa minera domiciliada en Canadá, controlada por capital canadiense entre 1983 y 2010, y desde entonces filial de la joint venture China Railway Construction Corporation y Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd (segundo productor de cobre en China). La firma del contrato permitirá a ECSA explotar cobre en la cordillera del Cóndor en la Amazonía ecuatoriana por una inversión estimada de más de 1 700 millones de dólares estadounidenses. El principal proyecto de explotación, el proyecto Mirador, está localizado en la provincia de Zamora Chinchipe.

En 2010, la FIDH y sus organizaciones miembro en Ecuador (CEDHU, CDES e INREDH) denunciaron el impacto probado y potencial del proyecto sobre los derechos de las comunidades locales [1]. Asimismo denunciaron las maniobras del Estado y de la empresa para intimidar a los integrantes de las comunidades afectadas que se opusieron a los proyectos de explotación, incluyendo actos violentos por parte de las fuerzas de seguridad. Igualmente deploraron la ausencia de consulta previa a las comunidades concernidas, particularmente a las comunidades indígenas Shuar, así como la ausencia de control estatal en los procesos de aprobación de los proyectos, junto con los riesgos medioambientales ligados a los mismos y sus posibles consecuencias sobre las comunidades indígenas y locales.