La Directiva 2019/1937, del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión obliga directamente a los Estados a implementar medidas concretas de protección, como la creación de canales y mecanismos de denuncia para las personas informantes (Whistleblowers) que, como fin último, supondrá la protección del interés público. (...)
Pero la norma comunitaria establece que los estados miembros podrán eximir de la obligación de la creación de estos canales internos a los municipios de menos de 10.000 habitantes o con una cantidad inferior a 50 trabajadores.
La planta municipal de España está conformada por 8.131 municipios, de los cuales, 7.372 cuentan con menos de 10.000 habitantes. Es decir, el 90,67 % son pequeñas y medianas entidades locales (PYMEL) en las que residen 9.535.294 personas, el 20,10 % de la población de nuestro país.