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Los 'despidos dorados' y los blindajes pasan por caja

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Desde hace algunas semanas una idea ronda la cabeza del equipo que dirige Cristóbal Montoro: "hay que penalizar fiscalmente las indemnizaciones millonarias que reciben algunos altos ejecutivos de numerosas empresas del sector privado en caso de despido improcedente".

 

Anunciar a bombo y platillo que las administraciones públicas y sus organismos autónomos dependientes también podrán aplicar despidos colectivos con indemnizaciones de 20 días por año trabajado en determinadas circunstancias y, al mismo tiempo, tener que leer diariamente en la prensa cuán magros son algunos despidos de los altos ejecutivos de las principales empresas españolas es cada vez más difícil de explicar a la opinión pública y, sobre todo, de digerir por parte de los máximos responsables de Hacienda.

 

Por ello, desde hace algunas semanas una idea ronda la cabeza del equipo que dirige Cristóbal Montoro: "hay que penalizar fiscalmente las indemnizaciones millonarias que reciben algunos altos ejecutivos de numerosas empresas del sector privado en caso de despido improcedente", admiten fuentes oficiales.

 

Para ello, los técnicos de Hacienda estudian qué fórmula aplicar, según adelantaron La Vanguardia y El Mundo. Las mismas fuentes explicaron que primero "habrá que definir qué es una indemnización millonaria". Algunas fuentes fijan el listón en 300.000 euros, otras dicen que el ministro quiere ir mucho más allá. El punto de partida será el sistema actual.

 

¿Cómo tributan en la actualidad las indemnizaciones por despido? En la legislación laboral se contempla que cuando un trabajador es despedido por su empresa de manera improcedente, la indemnización que percibe, ya sea de 45 días por año trabajado (según la norma anterior a la reforma laboral) o de 33 días (en aplicación del nuevo marco legal) está exenta de tributar a Hacienda.

 

Reducción del 40%

 

Ahora bien, toda cantidad que reciba dicho trabajador por encima de esas cuantías (45 o 33 días por año) sí debe ser declarada a Hacienda. En este segundo caso, es decir, cuando se ha cobrado un despido más generoso de lo que establece estrictamente la ley, todo lo que exceda de esos máximos debe tributar como rentas extraordinarias en un solo ejercicio.

 

En aras de que esa tributación no castigara por igual a los despidos meramente generosos frente a los retiros multimillonarios de verdad, el PSOE introdujo en la pasada legislatura una cláusula por la que se establecía que en los primeros 300.000 euros de indemnización, el contribuyente tenía derecho a una reducción del 40% de la cantidad que debía declarar al fisco, el resto tributaría a su tipo marginal sin derecho ya a aplicar más reducciones.

 

Dada esta situación, Hacienda admite que una posible penalización sería reducir ese porcentaje del 40% a la mitad o incluso menos.

 

La otra opción es clara: en lugar de aplicar al resto de la indemnización el tipo marginal del contribuyente en función de sus rentas, decretar una retención de hasta el 75%, según se ha apuntado en algunos círculos próximos al Ejecutivo de Mariano Rajoy. "Cómo se va a hacer es algo que todavía se está estudiando, la fórmula del cómo no está clara. Lo que sí queremos es trasladar un mensaje a quienes perciben esta clase de indemnizaciones y es que van a tener que pagar más impuestos por ellas", declaran desde Hacienda.

 

Frente a quienes aseguran que la medida se quiere que entre en vigor el próximo 1 de enero, tampoco son tajantes. "El objetivo es perfilar el modelo para que pueda aplicarse cuanto antes, pero tampoco está decidido el cuándo", subrayan las mismas fuentes. Desde el Gobierno se pretende desvincular este proyecto a los límites establecidos para los sueldos en las empresas públicas y en las entidades financieras que hayan recibido ayudas públicas.

 

Sueldos en el sector público

 

"Son supuestos que nada tienen que ver. Una cosa son los salarios en las empresas públicas, donde el Ejecutivo es obvio que sí puede poner límites. Otra cosa es en las entidades financieras que han necesitado de fondos públicos para sanear sus cuentas, donde los contribuyentes no entenderían que Hacienda no estableciera condiciones. Y la tercera, muy distinta, es actuar sobre el ámbito de las indemnizaciones por despido en el sector privado", explican fuentes oficiales.

 

Hacienda sostiene que no se trata de impedir que los altos ejecutivos negocien con las compañías los llamados blindajes, que son las indemnizaciones que cobrarán cuando finalice su relación laboral con la compañía. Algunos de estos pagos pueden llegar a equivaler a dos años completos de salario o más.

 

"Las empresas son libres de pactar con sus ejecutivos las clásulas que estimen oportunas, pero dentro de muy poco esas indemnizaciones deberán tributar de otra manera", insisten.

 

La iniciativa, impulsada desde Moncloa por el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, pretende además lanzar un claro mensaje a la opinión pública: "los sacrificios en tiempos de crisis no deben recaer en los más débiles".

 

De hecho, con una medida de este tipo se estaría, en parte, respondiendo a las acusaciones del principal partido en la oposición, el PSOE, que tacha al Gobierno de favorecer a las clases más altas eludiendo la puesta en práctica de un nuevo impuesto para las grandes fortunas, tal y como han hecho otros países europeos.

 

Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya puso la atención en uno de sus últimos informes sobre la necesidad de dotar de mayor transparencia a esta clase de indemnizaciones que reciben, entre otros, numerosos altos ejecutivos de las empresas que integran el Ibex 35 y resto de sociedades cotizadas.

 

Dicho organismo regulador calcula que solo en las empresas del índice selectivo habría más de 260 directivos cuyos contratos incluyen blindajes millonarios, remuneraciones que suelen contar con la única autorización del consejo de administración de la compañía de turno, siendo aprobadas, por tanto, al margen de la junta de accionistas.

 

Otras empresas, sin embargo, aseguran haber informado a la junta general de haber permitido la inclusión de este tipo de cláusulas. Solo resta por tanto saber el cómo y cuándo para concluir si será una medida puramente estética o algo más.

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Jubilaciones anticipadas en las cúpulas del Ibex para evitar el cerco de Hacienda a los blindajes

Jubilaciones anticipadas en las cúpulas del Ibex para evitar el cerco de Hacienda a los blindajes | autos blindados | Scoop.it

Los altos directivos de las compañías del Ibex 35 miran el calendario con preocupación. El plan del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quiere tener listo para comienzos de año un impuesto que grave las indemnizaciones millonarias y blindajes salariales ha provocado un terremoto en las cúpulas de las principales empresas del país. Los afectados tienen que valorar en el próximo mes y medio la conveniencia de continuar con su ejercicio profesional o rescindir su relación laboral para salvar del Fisco el grueso de las compensaciones salariales que tienen asociadas a sus cargos.

 

En ese contexto, ayer miércoles Telefónica afrontó la salida de otro destacado grupo de altos cargos de la compañía, cuya marcha forma parte de un plan del nuevo consejero delegado, José María Álvarez Pallete, por adelgazar la estructura directiva. Entre los salientes figuran el responsable de la Secretaría General Técnica de Presidencia, Luis Abril (64); el director general global de Recursos Humanos, Óscar Maraver (63); la directora de patrocinios, Belén Amatriain (50), exconsejera delegada de Telefónica España y de Páginas Amarillas; y el director general de Auditoría, Calixto Ríos.

 

Aunque las últimas salidas en la operadora se enmarcan dentro de un programa de ajustes, algunos de los directivos que han ido saliendo durante las últimas fechas han preferido formalizar su salida antes de fin de año en previsión. Esta situación es compartida por las cúpulas de otras cotizadas del Ibex 35, en la que los directivos más próximos a su edad de jubilación o con una larga trayectoria están valorando la posibilidad de adelantar su marcha antes de que concluya el año, dado que hay sospechas fundadas de que el nuevo marco fiscal esté en vigor a no más tarde del 1 de enero de 2013.

 

El plan de Hacienda pretende hacer frente a una práctica de gobierno corporativo que desentona con la coyuntura actual, en la que además de la alta tasa de paro y los recortes salariales destaca la reciente aprobación de la Reforma Laboral, por la que se habilita a las compañías a despedir con 20 días por año trabajado en caso de justificar previsión de pérdidas. En línea con esta actuación, el Gobierno considera equitativo someter a revisión fiscal todas aquellas indemnizaciones o blindajes superiores a 45 días por año, de manera que no exista un agravio legal respecto al grueso de asalariados.

 

De acuerdo con los planes de Montoro, la nueva legislación pretende eliminar la exención referida a los 45/33 días por año cuando en indemnizaciones cuantiosas, ya que los altos ejecutivos se benefician de la exención a pesar de que sus contratos no son ordinarios; rebajar el límite de 300.000 euros o el coeficiente de reducción del 40% para hace tributar en su integridad al tipo marginal todo lo que exceda de esta referencia; y tratar de sumar el límite máximo del IPRF y del Impuesto sobre el Patrimonio, de manera que los blindajes no tributen sólo al tipo marginal sino a un porcentaje próximo al 80%.

 

De acuerdo con el último informe de gobierno corporativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las empresas cotizadas tienen en sus estructuras de mando a más de 250 ejecutivos beneficiados por cláusulas de blindaje. Aunque en teoría estas prácticas forman parte de las políticas de empresa para retener a sus empleados más cualificados, en la práctica se ha convertido también en una mera salida onerosa para los agraciados, sin que importe cuál haya sido su gestión al frente del cargo.

 

 

Sueldos y prejubilaciones de lujo

 

Algunos ejemplos recientes, como el protagonizado por la cúpula de Novagalicia, se han convertido incluso en asunto de opinión pública, muy sensibilizada ya ante las movilizaciones de clientes afectados por preferentes y las actuaciones en contra de los desahucios. Las indemnizaciones abonadas a cuatro directivos de la caja de ahorros gallega, finalmente nacionalizada, han terminado con sus cuatro beneficiados en la Audiencia Nacional después de que la Fiscalía Anticorrupción reclamara la devolución de una parte de los millones de euros que recibieron en concepto de prejubilaciones.

 

Para atajar esta situación, el Gobierno del Partido Popular tomó ya cartas en el asunto al poco de llegar al poder. A este respecto, el ministro de Economía, Luis de Guindos, pretendió atajar esta vía de agua ante la opinión pública con una limitación de los sueldos de los directivos de las cajas nacionalizadas. A partir de este ejercicio, ningún alto cargo de una entidad financiera rescatada podrá cobrar más de 600.000 euros al año, una cantidad muy inferior, por ejemplo, a los 2,34 millones de euros que se embolsó Rodrigo Rato en su último curso antes de abandonar la presidencia de Bankia.

 

A pesar de la aparente congelación salarial de los consejos de administración y los cuadros de mando de las grandes del Ibex, los ajustes no han sido en ningún caso proporcionales a los resultados obtenidos por las empresas que gestionan, en algunos casos tras dejar sin dividendo a sus accionistas y en otras hasta registrando cuantiosas pérdidas. En el top ten empresarial español es común el caso de primeros directivos que tras más de diez años de antigüedad al frente de la compañía acumulan derechos millonarios para el día de su salida. Esta práctica queda ahora bajo la lupa de Hacienda.

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