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YPF, en caída libre un año después de la expropiación a Repsol

YPF, en caída libre un año después de la expropiación a Repsol | Various | Scoop.it

Parece que fue ayer pero ha pasado un año. Aquella mañana los directivos de YPF se desayunaron con el desembarco, en sus oficinas, de los enviados del Gobierno argentino. La cúpula de la petrolera tuvo un puñado de minutos para abandonar, con lo puesto, el imponente edificio donde aún funciona la "joya de la corona”, como se conoce históricamente a YPF. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, había dado la orden de intervención de la empresa y acto seguido anunciaba al mundo que le expropiaba a Repsol –que mantiene una participación del 12 por ciento- el 51 por ciento de sus acciones.

 

El compromiso con el flamante Gobierno de Mariano Rajoy, de no adoptar ninguna decisión hasta disponer de los informes de dos comisiones, una española y otra argentina, sobre la situación de YPF, quedó roto abrupta y unilateralmente. A partir de ese momento las relaciones entre ambos países dejaron de ser lo que eran y entraron en barrena. Las protestas del Gobierno español, con el respaldo de la Unión Europea, cayeron en saco roto y las represalias, con bloqueos a determinadas importaciones recíprocas, tensaron una cuerda que no llegó a romperse pero le faltó poco.

 

En ese escenario Argentina volvió a soñar con una YPF grande, nacional y rentable. El “saqueo”, “expolio” y “rapiña” atribuido a Repsol, herencia de los tiempos de la colonia, donde se llevaron “el oro”, había encontrado su réplica en abril del 2012. Los términos forman parte del repertorio de Axel Kicillof, el ideólogo de la estatización y favorito en aquella época de la presidenta. “No hay que poner un peso”, le garantizó a la viuda de Kirchner tras hacerle las cuentas de una expropiación que, en rigor, nunca se consumó porque el país aún no ha desembolsado un céntimo.

 

El senador y ex ministro Aníbal Fernández tuvo un lapsus y en medio del convulsivo proceso –ratificado en el Congreso- dijo que se pagarían “los valores que corresponden a la verdad” y no por el precio que “se le antoje a Antonio Brufau”. El presidente de la multinacional había pasado en pocos meses de ser el empresario ejemplar para Cristina Kirchner a la bestia negra. Repsol acudió al Ciadi, el arbitraje que depende del Banco Mundial para diferencias relativas a inversiones. Allí, la demanda sigue su curso.

 

La secuencia de los hechos, prevista por el Gobierno argentino, debería seguir con una historia de los grandes éxitos de la YPF nacional y popular pero la realidad dibuja otro escenario. Miguel Galuccio, economista y buen jinete de polo, aceptó tomar las riendas de YPF. En mayo del pasado año se trasladó a su país natal -importó su cuadrilla de caballos para continuar sus prácticas de equitación- y se puso manos a la obra. Un año más tarde el balance de la compañía arroja un beneficio neto de 3.902 millones de pesos, equivalente a unos 770 millones de dólares al cambio del momento. Esto es, un 12,2 por ciento menos que en 2011, cuando Repsol controlaba la empresa.

 

Las esperanzas de lograr socios para explotar el filón de “Vaca Muerta”, el pastel más goloso de la petrolera, hasta la fecha no se han concretado. Argentina suscribió un memorándum de entendimiento con la multinacional Chevron pero, de momento, se ha quedado en una declaración de intenciones. En diciembre, Galuccio firmó un acuerdo con la argentina Bridas International y en marzo con la filial estadounidenses Dow. El objetivo es, de nuevo, la explotación de Vaca Muerta, el yacimiento de petróleo y gas que se extiende sobre una superficie total de treinta mil kilómetros cuadrados, en el suroeste de Argentina.

 

Las estimaciones más optimistas consideran que el esfuerzo inversor para sacarle todo el jugo a Vaca Muerta, no será menor a veinticinco mil millones de dólares por año durante una década pero, aunque YPF continúe anunciando acuerdos nada hay materializado. En este contexto Chevron afronta una demanda en Ecuador por daños ecológicos que deja en la cuerda floja su sociedad virtual en Argentina.

 

“La situación de YPF, más allá de su estatización, es compleja y lo seguirá siendo porque los problemas que enfrenta tienen que ver con la supuesta argentinización de la empresa en febrero del 2008, con el ingreso del grupo Esquenaki como accionista y con cargos de dirección relevantes, acordados y avalados por la conducción de Repsol y por el Gobierno argentino”, recuerda Raúl Ochoa, ex subsecretario de Comercio Exterior. Aquella decisión significó, ”en la práctica un formidable pago de dividendos en efectivo, -90 por ciento de las utilidades por 10 años más 850 millones de dólares de las retenidas hasta el 2007- lo que ha llevado a que YPF, -que ya venía en un proceso de caída de producción y de reservas previo a ese acuerdo-, no tuviera luego fondos disponibles para hacer las inversiones destinadas a asegurar reservas y mantener la producción”.

 

La reflexión de Ochoa viene acompañada de las cifras de reducción de producción de hicrocarburos del 2012 que cayeron “un 0,6 por ciento”, tendencia que se mantiene y profundiza en lo que va de año.

 

Matías Carugati, de la consultora Management & Fit observa que el principal problema de YPF es lograr acuerdos de inversión reales para explotar Vaca Muerta. Pero, en el actual contexto, “es casi imposible que el Estado pueda remplazar el aporte privado”, puntualiza Ochoa. La pregunta del millón es si la estatización resolvió los problemas de autoabastecimiento de Argentina. La respuesta, hoy por hoy, es negativa. Ochoa insiste en que “la política energética de Argentina está mal definida desde el 2003”, necesita de “urgentes rectificaciones” pero, aunque “estamos muy mal, quizás podríamos estar muy bien si los recursos del “shale” se transformaran en reservas que pudieran ser explotadas”.

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ISO 27037 Directrices de gestión de evidencias electrónicas

ISO 27037 Directrices de gestión de evidencias electrónicas | Various | Scoop.it

La recientemente publicada norma ISO / IEC 27037:2012 proporciona orientaciones sobre mejores prácticas en la identificación, adquisición y preservación de evidencias digitales potenciales que permitan aprovechar su valor probatorio. Se orienta a su uso en investigaciones forenses digitales, destinadas al esclarecimiento de hechos en los que interviene de alguna forma un recurso electrónico o digital.

 

La norma proporciona orientación para tratar situaciones frecuentes durante todo el proceso de tratamiento de la evidencia digital. Entre otros fines, pretende ayudar a las organizaciones en sus procedimientos de tratamiento de circunstancias excepcionales que involucran datos gestionados en ellas de forma que se pueda facilitar el intercambio de evidencias digitales potenciales con los ámbitos jurisdiccionales que sean de aplicación.

 


Via Javier Pagès López
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Fidel Bellido Hernández's curator insight, January 16, 2015 10:53 AM

Orientaciones en torno a la gestión de evidencias electrónicas

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Un fallo detiene la reforma judicial de Argentina

Un fallo detiene la reforma judicial de Argentina | Various | Scoop.it
La norma paralizada exigía a jueces y abogados a enrolarse en partidos para ser elegidos por los ciudadanos

 

Un juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, ordenó el pasado jueves una medida cautelar que suspende la vigencia de una de las seis leyes en que consiste la reforma judicial que ha impulsado la presidenta de Argentina, la peronista Cristina Fernández de Kirchner. La norma ahora paralizada es precisamente la más polémica de las seis aprobadas: aquella que establece que los jueces, abogados y académicos que integran el Consejo de la Magistratura (organismo encargado de seleccionar y destituir a los jueces) ya no serán elegidos entre sus pares sino en elecciones democráticas en las que los candidatos deberán enrolarse en los partidos políticos. Además, la ley establece la ampliación del número de miembros del consejo, de 13 a 19, con lo que jueces, abogados y académicos tendrán más peso que en la actualidad, en detrimento de los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Asociaciones de jueces y abogados y dirigentes opositores han presentado más de 100 recursos judiciales contra la reforma impulsada por Fernández y por el colectivo Justicia Legítima, en el que militan otros jueces, abogados y fiscales. Mientras el Gobierno considera que la legislación favorece la "democratización de la justicia", la oposición teme por la "independencia judicial".

La decisión de López ha sido la primera en contra de las nuevas leyes. Pero el Gobierno de Fernández la apelará y, por tanto, no está dicha la última palabra. El Ejecutivo puede recurrir a un tribunal de segunda instancia de Mar del Plata o puede pedir que el asunto vaya directamente a la Corte Suprema de Argentina, que al final de cuentas será la que decida.

Las elecciones de los nuevos consejeros estaban programadas para el 11 de agosto próximo, en coincidencia con los comicios legislativos primarios, en los que el voto es obligatorio. El 12 de junio es el último día que tienen los partidos para presentar sus candidatos a senadores, diputados y consejeros. En la fragmentada oposición a Fernández se está negociando la presentación de una papeleta unificada de candidatos a consejeros, de modo evitar que el órgano de selección y destitución de jueces quede bajo mayoría kirchnerista. Con la medida cautelar del juez López, la elección de consejeros ha quedado suspendida.

El juez de Mar del Plata, que acumula un largo historial de fallos contra medidas del Ejecutivo, considera que la ley cuestionada resulta inconstitucional porque, en su opinión, no respeta lo dicho por la Carta Magna en cuanto al equilibrio que en el Consejo de la Magistratura deberían mantener los representantes del Ejecutivo y el Legislativo, los jueces y los abogados. También ha habido presentaciones judiciales contra la ley que limita a seis meses las medidas cautelares de los jueces que suspendan normas del Estado, siempre que no se trate de cuestiones que afecten a la vida o a sectores vulnerables de la población. La reforma también crea tribunales de tercera instancia, obliga a publicar los actos y los patrimonios de los funcionarios y establece que el ingreso a la carrera sea por oposiciones, y ya no por arbitrio del juez a cargo de cada juzgado. Este último asunto fue el último aprobado por el Congreso, este jueves. La conservadora Propuesta Republicana (PRO), que votó en contra de esta ley, ahora propone que las oposiciones también se instauren para los que aspiran a ser empleados de los poderes Ejecutivo y Legislativo.


Via Julia Verónica
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